Ciudad de México
Catalina Monreal es señalada de obtener contratos públicos en 2022

Catalina Monreal sigue los pasos corruptos de su padre, con la obtención de contratos para una empresa gasolinera, la cual figura ella como socia. Tema que es relevante ahora que ella es candidata para la alcaldía Cuauhtémoc, donde se puede observar los valores que tiene.
Caty Monreal, hija del senador Ricardo Monreal, ha sido objeto de escrutinio público debido a su presunta vinculación con contratos públicos en el año 2022. Una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha puesto bajo la lupa a Catalina, señalándola de beneficiarse del erario público a través de su participación en una empresa gasolinera llamada Multiservicio La Plata SA de CV.
Según el reportaje, esta empresa obtuvo un total de 71 contratos, de los cuales al menos 59 fueron otorgados por adjudicación directa de la Secretaría del Bienestar de Zacatecas, destinados a la adquisición de combustible y vales de gasolina. Lo que ha levantado suspicacias es el hecho de que Catalina Monreal figura como socia de dicha compañía, lo que sugiere un posible conflicto de intereses y un uso indebido de los recursos públicos en beneficio personal.
A pesar de la gravedad de estas acusaciones, ni el senador Ricardo Monreal ni su hija han emitido respuesta alguna hasta el momento. A pesar de mantener una presencia constante en las redes sociales, donde suelen compartir sus actividades y opiniones, el silencio respecto a estas acusaciones ha generado aún más incertidumbre y cuestionamientos sobre la transparencia y la integridad de la familia Monreal en el ejercicio del poder.
Estas revelaciones plantean serias dudas sobre la conducta ética y la probidad de Caty Monreal, así como sobre la posible influencia indebida de su posición familiar en la obtención de contratos públicos. En un momento en que la corrupción y el nepotismo son temas de preocupación generalizada en la sociedad mexicana, estas acusaciones solo profundizan la desconfianza en las instituciones públicas y en los funcionarios electos, exigiendo una respuesta clara y transparente por parte de los implicados.

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