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Política

¿Cómo es el “Permanecer en México” renovado?

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Personas que solicitaron asilo en Estados Unidos aguardan noticias sobre los cambios a las políticas en la frontera, el 19 de febrero de 2021, en Tijuana, México. (AP Foto/Gregory Bull)(ASSOCIATED PRESS)

El gobierno del presidente Joe Biden restableció el lunes una medida de su predecesor Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue la fecha de su audiencia en una corte migratoria de Estados Unidos, en un intento por cumplir con la orden de un tribunal y tras acceder a cambios y adiciones que exigió el gobierno mexicano.

Se reactivó inicialmente en El Paso, Texas, donde a diario se enviará a unos 50 migrantes de regreso a Ciudad Juárez, México, según un funcionario del gobierno federal que habló a condición de guardar el anonimato debido a que los detalles no fueron dados a conocer.

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El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el envío de migrantes hacia el lado mexicano de la frontera comenzó en un lugar y se expandirá a otros seis. Se negó a identificar cuál es esa ciudad y el número de migrantes que serán procesados, argumentando “motivos de seguridad operacional”.

La reanudación de la política “Permanecer en México” llega a pesar de que el gobierno de Biden maniobra para ponerle fin de una forma que salga airosa al escrutinio jurídico. Biden suspendió la medida, pero una demanda presentada por Texas y Missouri lo ha obligado a restablecerla, siempre y cuando tenga la aceptación de México.

¿QUÉ ES LA MEDIDA “PERMANECER EN MÉXICO”?

Aproximadamente 70.000 solicitantes de asilo se han visto obligados a aguardar en México a que llegue la fecha de su audiencia en una corte migratoria de Estados Unidos, en virtud a la política que estableció Trump en enero de 2019 y que Biden suspendió en su primer día de gobierno.

Los cruces fronterizos ilegales disminuyeron drásticamente después de que México, ante la amenaza de Trump de imponer aranceles más elevados, consintió en 2019 a la rápida expansión de la medida. Los solicitantes de asilo fueron víctimas de graves actos de violencia mientras aguardaban en México y enfrentaron una serie de obstáculos de índole jurídica, como el acceso a abogados y a la información de sus casos.

Sólo aproximadamente el 1% de los solicitantes de asilo sujetos a la medida recibieron refugio, según la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Cerca del 60% de las solicitudes fueron rechazadas o desestimadas, y el resto de los casos continúan pendientes.

Sólo uno de cada 10 solicitantes de asilo contaba con representación jurídica, muy por debajo del promedio en un tribunal migratorio de Estados Unidos.

Funcionarios del gobierno de Trump insisten en que la política fue fundamental para desalentar los cruces ilegales. Alejandro Mayorkas, actual secretario de Seguridad Nacional, dijo que posiblemente la medida contribuyó a un descenso en el número de cruces en 2019, pero con “costos humanos sustanciales e injustificables” para solicitantes de asilo que quedaron expuestos a la violencia mientras aguardaban en México. Los críticos dicen que la política, conocida oficialmente como “Protocolos de Protección a Migrantes”, hace caso omiso a las leyes federales de Estados Unidos y a las obligaciones internacionales en materia de asilo, afirmación que Trump llamó “una farsa”.

¿EN QUÉ ES DIFERENTE ESTA NUEVA VERSIÓN DE “PERMANECER EN MÉXICO”?

La versión de Biden expande la medida a migrantes de países del hemisferio occidental, mientras que Trump la limitó en gran medida a las naciones de habla hispana del hemisferio. Los mexicanos continúan estando exentos de ella.

La expansión es particularmente significativa para los haitianos, que formaron un enorme campamento en la localidad fronteriza de Del Rio, Texas, en septiembre. Los brasileños, que en buena medida resultaron exentos durante el mandato de Trump, también podrían resultar sumamente afectados.

Estados Unidos intentará completar los casos en un plazo de 180 días, una respuesta a las inquietudes del gobierno mexicano de que languidecerán sin resolverse en un sistema judicial que tiene 1,5 millones de casos pendientes.

Las autoridades estadounidenses les preguntarán a los migrantes si tienen miedo de regresar a México, en lugar de aguardar a que sean ellos los que expresen cualquier inquietud sin que se les solicite. Si los migrantes dicen tener temor, se les evaluará y contarán con 24 horas para encontrar un abogado o representante.

Los migrantes también tendrán una oportunidad para reunirse con abogados antes de cada audiencia, aseguran funcionarios federales. El Departamento de Estado trabaja de manera conjunta con México para establecer lugares con acceso vía telefónica y por video a abogados en Estados Unidos.

Muchos grupos de asistencia jurídica con sede en Estados Unidos que han representado a solicitantes de asilo que aguardan su turno en territorio mexicano dicen que ya no tomarán este tipo de casos. Los activistas se muestran sumamente escépticos de las afirmaciones de las autoridades estadounidenses y mexicanas de que probablemente otros abogados se ofrecerán a asumir los casos.

¿QUÉ DICE MÉXICO?

El juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk, designado al puesto por Trump en Amarillo, Texas, escribió en su fallo del 13 de agosto que el restablecimiento de la medida dependía de que el gobierno mexicano la aceptara. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó el jueves que permitiría los retornos por motivos humanitarios después de que se efectúen los cambios y adiciones prometidos por el gobierno de Biden.

Todos los migrantes sujetos a la política serán vacunados contra el COVID-19. Los adultos recibirán la vacuna de Johnson & Johnson, la cual sólo requiere una dosis. A los menores de edad que sean elegibles de acuerdo a los lineamientos federales estadounidenses se les aplicará la vacuna de Pfizer, y la segunda dosis una vez que lleguen a Estados Unidos para sus primeras audiencias.

Durante las negociaciones, las autoridades mexicanas expresaron preocupación acerca del envío de migrantes de regreso a la franja norte del estado de Tamaulipas, una zona fronteriza con Texas particularmente peligrosa y el corredor de cruces ilegales con mayor actividad. Solicitaron apoyo financiero de Estados Unidos para la instalación de más albergues, pero sólo recibieron compromisos en términos vagos.

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A la larga la medida será extendida a otras seis ciudades: San Diego y Calexico, en California; Nogales, Arizona, y las localidades fronterizas de Brownsville, Eagle Pass y Laredo, en Texas.

Ya se trabaja en acuerdos para brindar transporte en México desde y hacia la frontera. Los migrantes enviados de regreso a Tamaulipas desde Brownsville, Eagle Pass y Laredo podrían ser llevados a otras partes del interior del territorio mexicano para su seguridad personal.

Fuente: Los Angeles Times.

Nacional

Senadores del PRI decidieron no admitir a Manlio Fabio Beltrones

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Por mayoría de votos, los senadores del Grupo Parlamentario del PRI que estarán en la LXVI Legislatura decidieron no admitir al senador Manlio Fabio Beltrones dentro de la bancada, pues argumentaron que la decisión está basada en la gravedad de las acciones del priista.

En un comunicado, y tras la primera reunión con el dirigente Alejandro Moreno, los legisladores priístas manifestaron que el senador Beltrones Rivera ha atentado de manera significativa contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido.

Además, el sonorense queda en libertad de unirse a cualquier otro grupo parlamentario y en ningún caso sus dichos, declaraciones, votos o posicionamientos representan a la bancada del PRI ni al partido.

Recordaron que Beltrones actualmente enfrenta diversos procedimientos sancionadores de expulsión, conforme a los estatutos y normativas internas del PRI.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado se encuentra conformado por 15 senadoras y senadores, quienes «continúan trabajando con el compromiso y la dedicación que caracteriza a nuestra bancada».

La dirigencia determinó que Manuel Añorve será también el próximo coordinador en la Cámara Alta.

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Chihuahua

Anulan elección en sindicatura de Ocampo y llaman a votación extraordinaria

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El Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE) resolvió por unanimidad anular la elección de Sindicatura en el municipio de Ocampo, motivo por el cual el Congreso del Estado deberá llamar a elecciones extraordinarias en próximas fechas.

En ese mismo municipio se invalidó igualmente semanas atrás la elección a la Presidencia Municipal, por lo que, con la invalidación que se determinó en la elección de Sindicatura de la localidad de Dr. Belisario Domínguez, suman tres elecciones extraordinarias a efectuar nuevamente.

Los motivos que llevaron a los magistrados electorales a declarar como inválida esa elección fue la vulneración a la cadena de custodia de paquetes electorales que se dio en la totalidad de las casillas instaladas en dicho municipio.

Y es que, es preciso recordar que las 16 casillas instaladas en Ocampo que representan el 100 por ciento fueron robadas una vez concluida la jornada electoral y, posteriormente, doce aparecieron en ciudad Cuauhtémoc; sin embargo, se advirtió que no se tiene certeza de que su contenido refleje la voluntad de la ciudadanía.

Por lo anterior el Tribunal ordenó al Congreso del Estado y al Instituto Estatal Electoral que, en el ámbito de sus respectivas competencias, celebren elecciones extraordinarias de la Sindicatura del Ayuntamiento de Ocampo.

Por otra parte, en la misma sesión, se resolvieron treinta y ocho asuntos con los que se confirmaron los resultados de los Ayuntamientos de Chihuahua, Hidalgo del Parral y Nuevo Casas Grandes, donde si bien se modificaron las actas de cómputo no hubo cambios en las planillas ganadoras.

También se resaltó la nulidad de la votación en 20 casillas de la elección del Ayuntamiento de Chihuahua; once casillas en la elección de Hidalgo de Parral y cinco casillas en los comicios de Nuevo Casas Grandes.

En el tema de asignaciones de regidurías de representación proporcional (RP), mejor conocidas como “pluris”, el Pleno del TEE, modificó el acuerdo de asignación emitido por la Asamblea Municipal de Huejotitán, favoreciendo el principio de paridad de género.

Movimiento Ciudadano (MC) impugnó dicho acuerdo por una incorrecta asignación derivada de una supuesta inconstitucionalidad del Artículo 191 de la Ley Electoral local que señala que los partidos o candidaturas independientes tienen derecho a la asignación de regidurías por el citado principio, en el cual el TEE determinó que se encontraba impedido para realizar un análisis de constitucionalidad de dicho artículo, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró su validez.

Asimismo, MC se quejó de la incorrecta asignación de la última regiduría de RP de dicho Ayuntamiento, ya que argumentaban les correspondía; sin embargo, el Tribunal, al analizar dicho agravio, advirtió un error en una de las fórmulas para la asignación de las regidurías por lo que, en plenitud de jurisdicción, la realizó nuevamente, dando como resultado una posición más, correspondiente al Partido del Trabajo (PT) que sólo había postulado a una fórmula de regidurías por ese principio.

En consecuencia, con base en los criterios para el cumplimiento del principio de paridad de género e implementación de medidas afirmativas aplicables, el Tribunal determinó asignar la regiduría faltante de entre las mujeres postuladas en la planilla del PT, quedando la integración del Ayuntamiento, con cinco mujeres y cinco hombres.

Entre los otros asuntos que desahogaron se confirmaron los acuerdos relacionados con asignaciones de regidurías por RP emitidos por las Asambleas Municipales de Julimes, Aquiles Serdán, Matachí, Morelos, Guachochi, San Francisco de Conchos, Santa Isabel, Cuauhtémoc, López, Moris y Delicias.

En los dos procedimientos especiales sancionadores interpuestos por el partido Morena en contra de la titular del Poder Ejecutivo, María Eugenia Campos Galván y los partidos PRI, PAN y PRD, se declararon inexistentes las faltas atribuidas como lo fueron promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.

De la misma forma, se determinó declarar inexistente las infracciones de actos anticipados de campaña y promoción personalizada, en contra de Marco Antonio Bonilla y Sandra Elena Gutiérrez Fierro, por la difusión de una publicación en la red social Facebook.

En contraparte, se sancionó a Rodolfo Gardea Palma por la difusión de propaganda electoral con aparición de niñas, niños y/o adolescentes, así como a los partidos PAN, PRI y PRD por faltar a su deber de cuidado.

Ilse América García Soto fue sancionada por la difusión de propaganda electoral con la aparición de una persona infanto-juvenil, así como a los partidos Morena y del Trabajo por faltar a su deber de cuidado, mientras que a Rogelio Loya Luna por actos anticipados de campaña y a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática, por faltar a su deber de cuidado.

Finalmente, se determinó sancionar a Otto Alberto Valles Baca por actos anticipados de campaña, así como a los partidos políticos Morena y Del Trabajo, por faltar a su deber de cuidado.

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Política

Frente Amplio de Renovación convoca a priistas para rescatar al PRI de Alejandro Moreno

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La corriente Frente Amplio de Renovación, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que encabeza Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Corwell, Manlio Fabio Beltrones, entre otros, llaman a la militancia a conformar un “frente nacional” para “dar la batalla” y anular las reformas estatutarias avaladas en la pasada Asamblea Nacional del 7 de julio, entre las cuales se aprobó la reelección de sus dirigencias.

En un desplegado el Frente Amplio de Renovación llama a todos los que no estén de acuerdo con lo ocurrido en dicha asamblea, que informen a otros priistas para que se manifiesten y defender y rescatar al PRI de la ambición personal de Alejandro Moreno, de querer apoderarse del partido.

Llaman a “informe objetivamente al resto de la militancia lo que está sucediendo y despierte conciencias y mueva voluntades, para dar la batalla política y jurídica por la anulación de la Asamblea recién realizada, el mantenimiento del principio de ‘No reelección’ y por la restitución y fortalecimiento de los derechos y atribuciones de los órganos de dirección estatales y municipales, que deben prevalecer en un Partido demócrata, federalista, y fiel a los principios e ideales que nos dieron de origen”.

Advierten que el “despropósito de adueñarse y perpetuarse en el partido y convertirlo en una franquicia electorera a su servicio, sólo se logrará si la amplia militancia se los permite. Debemos vencer el desánimo de los recientes resultados electorales y de los atropellos de la actual dirigencia, elevando colectivamente la voz de nuestra inconformidad y evitando que, con nuestro silencio o inacción nos convirtamos en cómplices mudos que al cancelar espacios de resistencia propicien el alejamiento o franca deserción de cuadros prestigiados de larga trayectoria o de jóvenes militantes que desean incorporarse a la buena política sustentada en principios y valores”.

Los integrantes de la corriente interna como José Reyes Baeza, Fernando Lerdo de Tejada, Natividad González, Dulce María Sauri, Héctor Astudillo, José Encarnación Alfaro, Manlio Fabio Beltrones llaman a acudir al Instituto Nacional Electoral (INE) para “mostrar todas las irregularidades e ilegalidades en que incurrieron en el precipitado proceso de convocatoria a la Asamblea Nacional” del partido.

Los priistas demandan “unidad y acción en la militancia comprometida es hoy la consigna para generar la voluntad que sea capaz de rescatar al PRI e impulsar su efectiva refundación y resurgimiento”.

Al asegurar que dicha Asamblea se concretó con la elección de “delegados a modo”, pidió a los militantes del PRI que, “de ser necesario”, emprendan “la batalla jurídica» en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Insistió en la anulación de la Asamblea del 7 de julio y el mantenimiento del principio de “no reelección” y la restitución y fortalecimiento de los derechos y atribuciones de los órganos de dirección estatales y municipales, que deben prevalecer en un partido demócrata, federalista y fiel a los principios e ideales que dieron origen al PRI.

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