La decisión de la Suprema Corte de Justicia sentó un precedente legal para el país. Pero aplicarlo en todos los estados de México será un camino largo, y las mujeres todavía enfrentan persecución.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una decisión histórica el martes en la que declaraba que abortar no era un delito, activistas de todo el país lo celebraron. El miércoles, regresaron a trabajar, para comenzar con el largo y arduo proceso de asegurar que el cambio legal se aplique en todo México.

Una de sus prioridades es ayudar a las mujeres que más lo necesitan: las que se enfrentan a sanciones penales, en muchas ocasiones después de haber sido denunciadas ante las autoridades por intentar provocarse ellas mismas un aborto en condiciones de riesgo.

“Una mujer que decide abortar ya es vulnerable, y además tenemos que enfrentarnos a la terrible situación de creer que nos vamos a enfrentar a un castigo”, dijo Yetlanezi Pech, quien fue llevada de urgencia a un hospital, sangrando tras un intento de aborto, solo para que un médico de urgencias le negara la ayuda y la denunciara a las autoridades.

“Sentí mucho miedo, me sentí muy insegura, me sentí muy muy mal”, dijo. “Y también me sentí sola”.

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Pech es una de miles que han sido investigadas por abortar de forma ilegal en los últimos años. Tan solo en los primeros siete meses de este año, se abrieron 432 investigaciones en todo México por casos de aborto ilegal, según el gobierno mexicano.

La sentencia del martes sienta un precedente legal en el país y contrasta con la tendencia de Estados Unidos, donde, en fechas recientes, Texas y otros estados han restringido el aborto. La decisión del tribunal también planteó la posibilidad de que México se convierta con el tiempo en un destino para las mujeres estadounidenses que buscan interrumpir sus embarazos, dijeron quienes defienden esta práctica, aunque eso requeriría la eliminación de los muchos obstáculos que hacen que el aborto sea difícil de obtener en gran parte del país.

La decisión del martes solo aplica al estado fronterizo de Coahuila, y para ponerla en práctica en todo el país es necesario que se presenten recursos legales en cada uno de los 28 estados de México que aún penalizan el procedimiento o que las legislaturas estatales modifiquen la ley. Los ministros no especificaron en qué momento del embarazo una mujer puede abortar de manera legal, lo que significa que quizá esos términos se determinen a nivel estatal.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), uno de los organismos que encabezan la batalla por el derecho al aborto en México, explicó que presionaría para que el aborto sea legal en Coahuila hasta las 12 semanas después de la concepción como mínimo; un límite de tiempo establecido en la ley que hizo el aborto legal en Ciudad de México y que antes fue validado por la Suprema Corte.

Si ese fuera el caso, Coahuila tendría normas para el aborto más permisivas que el cercano estado estadounidense de Texas, donde hace poco la legislatura estatal implementó una ley que prohíbe la mayoría de los abortos después de las seis semanas de gestación. Esta ley podría motivar a las mujeres de Texas a cruzar la frontera para abortar, pero por ahora no habría suficiente infraestructura para satisfacer la necesidad, dijeron los activistas.

“Todavía falta para que las mujeres de Texas y las personas con capacidad de gestar puedan ir a Coahuila a solicitar este servicio”, dijo Melissa Ayala García, coordinadora de litigios de GIRE. “Aún nos falta un tramo por recorrer para garantizar que se provea de servicio”.

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La ley de Texas prohíbe los abortos una vez que se puede detectar actividad cardiaca en el embrión. En esta etapa del desarrollo no hay corazón, solo actividad eléctrica en las células en desarrollo que comienza alrededor de las seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan siquiera que están embarazadas.

Los activistas de México ya han empezado a trabajar en una estrategia para obligar a los estados a acatar la sentencia de la corte, aunque su lucha para que el aborto sea legal y seguro en todo el país podría ser larga. Antes del fallo del martes, solo Ciudad de México y tres estados permitían este procedimiento.

“Estamos ya organizadas y listas para aprovechar la coyuntura que brinda esta nueva sentencia de la corte”, dijo Arely Torres Miranda, defensora de los derechos reproductivos en el estado de San Luis Potosí. “Lo que tenemos que hacer es cambiar la ley”.

Es probable que ese plan encuentre resistencia. El conservador Partido Acción Nacional (PAN), uno de los principales partidos de oposición en México, ha combatido los esfuerzos para legalizar el procedimiento.

“El partido tiene claramente tanto en plataforma como en principios el derecho de la vida desde la concepción”,

dijo Damián Zepeda Vidales, senador del PAN y exlíder del partido.

Zepeda, quien dijo que en lo personal se opondría a los esfuerzos de legalización en el Senado, agregó que el partido estaba esperando a que la Suprema Corte publicara la decisión que sustenta el fallo del martes para determinar su estrategia nacional.

Desde que Ciudad de México legalizó el aborto en 2007, una red de activistas radicada en esa ciudad ha trabajado para ofrecer a las mujeres que desean abortar una vía segura, ya sea transportándolas a la capital o proporcionándoles misoprostol, un fármaco que suele utilizarse para inducir el aborto.

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Pero muchas mujeres están demasiado asustadas para acudir a esos grupos y optan por abortos clandestinos.

“Hemos tenido casos terribles”, dijo Torres Miranda, en los que las personas embarazadas utilizan ganchos, otros en “donde se golpean el vientre”, añadió. “Ponen en riesgo su vida”.

Cuando esos métodos salen mal o provocan un sangrado excesivo, las mujeres suelen acudir al hospital. Pero la ley federal exige a los proveedores de servicios médicos que notifiquen a las autoridades cuando una paciente presenta signos de haber estado involucrada en una actividad delictiva, como, por ejemplo, haber abortado.

“El fallo de ayer también nos permitirá, cuando modifiquemos la ley, eliminar la obligación del sector salud de informar cuando descubran un aborto”,

dijo Torres Miranda.

Por lo general, las mujeres más marginadas —que suelen ser pobres y vivir en zonas rurales— son las que se enfrentan a sanciones penales por abortar, dijo Torres Miranda.

No se sabe con certeza la cantidad total de mujeres que enfrentan en este momento un proceso judicial o están en prisión por haber abortado, dijeron los activistas, porque ha sido difícil reunir datos exhaustivos de los estados.

Pech dijo que en cuanto llegó a la sala de urgencias después de que su aborto en casa saliera mal hace dos años, la trataron como si no mereciera atención médica. El médico que la ingresó la acusó de ser drogadicta y convenció a sus colegas para que no le ofrecieran ninguna ayuda.

“Nadie quería acercarse a mí porque estaba en proceso de aborto”, dijo Pech. Cuando por fin la llevaron al quirófano, dijo, le dijeron a su pareja de entonces que ambos serían detenidos pronto por el delito de interrupción del embarazo.

“La misma doctora que me recibió le habló al Ministerio Público para que fueran a detenerme”, dijo. Pronto pudo contratar a un abogado y evitar la detención. Pero antes de que el abogado aceptase llevar el caso a los tribunales, se presentó en su casa para darle un ultimátum.

“Me dijo que le tenía que pedir perdón a Dios”, dijo. “Y que ya me iba a ayudar”.

Pech, quien tiene dos hijos, dijo que con la ayuda del abogado consiguió evitar las sanciones penales.

La decisión histórica del martes es el primero de varios casos sobre el derecho al aborto que abordará la Suprema Corte este mes. El jueves, los ministros examinarán si una disposición de una ley del estado de Sinaloa que protege la vida desde la concepción también es inconstitucional. Dadas las recientes sentencias del tribunal a favor del acceso al aborto, los analistas dicen que es muy probable que los ministros decidan anular la ley.

“También sería histórico”, dijo Ayala, de GIRE. “Estamos en un septiembre muy muy muy importante”.

Pero entre la población en general, el tema sigue siendo polémico: México es un país en su mayoría conservador desde el punto de vista social, en el que la Iglesia católica tiene una gran influencia. La mayoría de los mexicanos sigue oponiéndose al aborto legal, según las encuestas.

Pero las actitudes han cambiado con el tiempo. En 2005, solo el 12 por ciento del país estaba a favor de la legalización del aborto en todos los casos, según una encuesta de la firma de investigación Parametría. Una encuesta de 2019 realizada por el periódico El Financiero encontró que casi un tercio de los mexicanos dijo estar a favor de la legalización total.

La decisión de esta semana señaló, al menos para Pech, que el cambio puede finalmente llegar, y que otras mujeres pueden ahorrarse el sufrimiento que ella experimentó.

“Es una apertura de posibilidades que no pasen este tipo de situaciones”, dijo. “No tienen por qué suceder”.

Fuente: NY Times.