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Justicia

México despenaliza el aborto: ¿qué pasará ahora en los Estados del país?

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Concentración para celebrar la despenalización del aborto en México, el martes en Saltillo.DANIEL BECERRIL / REUTERS

Los tribunales pueden seguir juzgando a mujeres que aborten, pero no mandarlas a la cárcel. De los 32 Estados del país, solo cuatro de ellos tienen una ley de plazos que permite interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas

La decisión de la Corte Suprema de despenalizar el aborto en México ha sido celebrada (sin grandes alharacas en la calle) como la liberación de obstáculos que impulsará a los Estados que componen el país a legislar en consecuencia. Pero lo dictado por el tribunal no obliga al poder legislativo —es decir, los Congresos Estatales— a modificar sus Códigos Penales. Apenas Coahuila, el Estado sobre el que se presentó la cuestión de constitucionalidad, tendrá que intervenir sobre él, puesto que su artículo 196 ha quedado invalidado. El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, abogó por sacar de ese Código Penal todo lo referente al aborto, pero no fue el caso.

En México el aborto está autorizado por la Constitución, pero de los 32 Estados solo cuatro —la capital, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz— tienen una ley de plazos que permite la interrupción del embarazo libremente en las 12 primeras semanas de gestación. Y después de ese tiempo, en algunos supuestos como el peligro para la vida de la madre o malformaciones en el feto, entre otros.

A partir de ahora, ¿qué va a ocurrir en los otros Estados? Dependerá de su voluntad, es decir, de los diputados, redactar nuevas leyes a la luz de la decisión de la Corte. Podrán, entonces, seguir mandando a tribunales a las mujeres que aborten fuera de la normativa local, pero el proceso judicial no permitirá que entren en la cárcel. Eso es todo. Aunque no es poco. Y el mayor beneficio por ahora: las mujeres y quienes las ayudaron a abortar podrán salir de la cárcel. Beneficio retroactivo.

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La decisión de la Corte Suprema sienta jurisprudencia, pero eso solo significa que los jueces locales y federales deberán ceñirse a esa determinación. Y eso es así porque tras la última reforma del poder judicial basta con una resolución por mayoría calificada, ni siquiera unanimidad como la que se ha alcanzado en este caso, para que la jurisprudencia opere. Antes se precisaban cinco decisiones similares por unanimidad. No habrá, por tanto, cárcel para las mujeres. O como señaló el ponente de la resolución, Luis María Aguilar, “se destierra la amenaza de la prisión sobre las mujeres y el estigma”.

De esta forma, la interrupción libre del embarazo encuentra en los tribunales una amplia permisividad que no es tal en la mayoría de las leyes estatales. Esa diferencia no libra a las mujeres a transitar por un proceso jurídico, aunque sepan que lo van a ganar.

Ateniéndose solo a lo dictado por la Corte, México sería uno de los países más permisivos para abortar. Y no falta quien se pregunta si una embarazada puede decidir frenar su gestación porque le dé la gana en el séptimo mes, por ejemplo. Es cierto, como dijo la ministra Margarita Ríos Farjat, que “nadie se embaraza para abortar”, pero así como hay una enorme casuística a partir de la cual se puede comprender la necesidad de un aborto más allá de las 12 semanas de plazo (malformaciones que se detectan tardíamente, cambio radical en el estado de salud de la madre, descubrimiento del embarazo más allá de los meses previstos para frenarlo), no se entendería que se interrumpiera la gestación sin más ni más en el sexto mes. ¿Cómo salvar este extremo?

Concentración a favor del aborto en Saltillo (México), este martes.DANIEL BECERRIL / REUTERS

Los ministros de la Corte han debatido este asunto, y alguno se manifestó a favor de poner un plazo en el que limitar la despenalización, pero finalmente no se impuso porque el resto de los magistrados entienden que esto queda fuera de su quehacer y cae del lado del poder legislativo. Esa es la razón que puede animar a los Estados a remozar sus leyes. Dependerá, desde luego, del empuje de aquellos partidos políticos que estén dispuestos a dar un paso adelante en esta materia. Y en México los avances están llegando día con día, si bien más lentos de lo que desearían millones de mujeres.

“Es similar a lo que ha pasado con el matrimonio del mismo sexo, que tienen que presentar amparos para poder casarse. Lo que ocurre en estos casos es que los Estados pueden mirar para otro lado y no perseguir estos delitos, porque saben que acabarán en amparos que ganarán los demandantes porque ahora invocarán el derecho humano sobre el que ha sentenciado la Corte”, explica el ministro en retiro del Tribunal José Ramón Cossío.

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Los partidos que quieren promover cambios en las legislaciones locales encontrarán un obstáculo añadido. No pueden presentar una causa de inconstitucionalidad sobre la ley, puesto que eso solo puede hacerse en los 30 días siguientes a ser aprobada. Por tanto, primero tendrían que hacer una nueva ley y luego presentar la inconstitucionalidad. Una vía muerta si los gobiernos más conservadores se niegan a reformar la norma sobre el aborto.

Lo que sí han señalado los ministros en la exhaustiva ponencia de Aguilar es la necesidad de tutelar también al feto, más cuando más avanzada esté la gestación. Ahora el legislador tiene pistas para proceder. Todo conduce a una ley de plazos y supuestos. “Es posible que haya todavía jueces que dictan cárcel para algunas mujeres, y eso las obligaría a pleitear en los procesos locales y federales primero y a solicitar un amparo después ante un juez de distrito. Este sí tendría que seguir, finalmente, la jurisprudencia”, dice Melissa Ayala, abogada responsable de litigios en la organización por el aborto Gire. En todo caso, la prisión preventiva tampoco se contempla, porque solo se dicta para delitos graves.

Las organizaciones de mujeres, entre ellas Gire, que sostienen una lucha de décadas por esta causa, han manifestado su alegría por la decisión judicial de este martes. Aunque saben que falta mucho por andar, ahora hay menos piedras en el camino.

Fuente: El País.

Chihuahua

Sindicato Juárez Blancas Acusado de Intentar Atribuirse Logros de la CTM en AUMA

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Sindicato Juárez Blancas Acusado de Intentar Atribuirse Logros de la CTM en AUMA

El sindicato Juárez Blancas ha sido señalado por varios sectores laborales y sindicales de estar intentando apropiarse de los logros obtenidos por la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la planta AUMA, generando tensiones en el ámbito sindical. Según trabajadores y dirigentes cercanos a la CTM, los representantes del Juárez Blancas están buscando colgarse las medallas de los avances y beneficios que la CTM ha conseguido tras arduas negociaciones con la empresa.

La CTM, que lleva años representando a los trabajadores de AUMA y luchando por mejoras salariales, mejores condiciones laborales y derechos sindicales, ha expresado su descontento ante lo que consideran un intento oportunista por parte del Juárez Blancas de adjudicarse éxitos que no les corresponden. Desde aumentos salariales hasta beneficios adicionales en seguridad social, muchos de estos avances han sido fruto de largas negociaciones encabezadas por la CTM, que ha mantenido una presencia sólida en la planta.

Trabajadores afiliados a la CTM han manifestado su malestar, señalando que, mientras ellos han participado en las movilizaciones y en los procesos de negociación, el sindicato Juárez Blancas ha estado tratando de ganar relevancia a través de discursos públicos en los que se adjudican estos logros. Para algunos empleados, este comportamiento refleja una falta de ética por parte del Juárez Blancas, ya que los méritos de las conquistas laborales no deben ser objeto de apropiación por quienes no han participado activamente en su obtención.

Este escenario ha incrementado las divisiones entre los sindicatos en AUMA, donde la CTM ha mantenido históricamente una posición de liderazgo. La creciente presencia del Juárez Blancas, que ha tratado de ganar terreno en la planta, parece estar utilizando una estrategia de publicidad y retórica para presentar los logros ajenos como propios, con la aparente intención de atraer a nuevos simpatizantes entre los trabajadores.

Los líderes de la CTM han advertido que esta situación no solo erosiona la confianza entre los sindicatos, sino que también podría generar confusión entre los empleados de la planta, quienes podrían ser inducidos a creer que las recientes conquistas son producto de las gestiones del Juárez Blancas. Esto podría debilitar el frente sindical y entorpecer futuros esfuerzos de negociación colectiva.

Mientras tanto, desde el Juárez Blancas se ha guardado silencio respecto a estas acusaciones, lo que ha alimentado aún más las críticas. Sin embargo, queda claro que la lucha por el reconocimiento de los logros sindicales en AUMA se ha vuelto un terreno de disputa entre ambas organizaciones, lo que podría derivar en mayores conflictos dentro del entorno laboral.

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Empresas

COREMEX: un sindicato al servicio del crimen organizado en el Estado de México

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COREMEX: un sindicato al servicio del crimen organizado en el Estado de México

La reciente investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha sacado a la luz una preocupante realidad: la Confederación Obrera Revolucionaria Emprendedora de México (COREMEX), un sindicato que debería velar por los derechos de los trabajadores, está profundamente implicado en actividades delictivas. Según el informe, COREMEX no solo extorsiona a empresarios de la región, sino que también está vinculado a crímenes aún más graves, como homicidios y secuestros, lo que refleja una alarmante deriva hacia la delincuencia organizada.

Esta investigación forma parte de una revelación más amplia que apunta a la existencia de al menos diez sindicatos en el Estado de México que están involucrados en extorsión, un delito que ya ha sido identificado como una de las principales fuentes de ingreso de 25 organizaciones criminales activas en la región. Sin embargo, lo que distingue a COREMEX es la gravedad de las acusaciones que recaen sobre este grupo. Sus acciones no solo amenazan la seguridad empresarial, sino que también afectan de manera directa a la estabilidad social y económica del Estado de México.

El modus operandi de COREMEX es particularmente preocupante, ya que utiliza su estructura sindical como una fachada para sus actividades delictivas. A través de la intimidación, la extorsión y la violencia, este sindicato ha logrado establecer un control sobre ciertos sectores empresariales, quienes se ven obligados a ceder ante sus demandas bajo la amenaza de represalias violentas. La situación ha llegado a tal punto que algunos empresarios prefieren cerrar sus negocios antes que seguir siendo víctimas de las prácticas de COREMEX.

Pero el problema no termina ahí. La investigación de la FGJEM también ha revelado inquietantes vínculos entre COREMEX y actores políticos de la región, lo que plantea serias dudas sobre la intromisión del crimen organizado en la política local. ¿Cómo es posible que un sindicato implicado en homicidios y secuestros cuente con apoyo político? Esta realidad sugiere una peligrosa infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder locales, lo que agrava aún más la situación y pone en riesgo la seguridad de la población.

La pasividad con la que COREMEX ha operado durante años no solo evidencia la complicidad o la incapacidad de las autoridades para actuar, sino que también refleja la descomposición del sistema sindical en el Estado de México. Un sindicato que debería defender los intereses de los trabajadores se ha convertido en una herramienta de intimidación y violencia, socavando los principios mismos sobre los que debería estar basado.

Es imperativo que las autoridades estatales y federales actúen de manera contundente para desmantelar esta red de extorsión y violencia que COREMEX ha creado. La sociedad del Estado de México no puede permitirse seguir siendo rehén de un sindicato que, lejos de luchar por los derechos laborales, ha optado por abrazar el crimen organizado como su principal estrategia.

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Agustín «La Chancla» López Martínez: Un líder sindical con la reputación en declive

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Acusaciones de abuso y desconexión con la clase obrera del Ingenio San Nicolás, una mala gestión al frente de los obreros del Ingenio San Nicolás.

Agustín López Martínez, conocido entre los trabajadores como «La Chancla», enfrenta una severa crisis de reputación entre los obreros del Ingenio San Nicolás. Según los afiliados a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Agustín López Martínez es visto como un secretario general inoperante, ya que rara vez se le observa involucrado en las actividades cotidianas de la clase obrera que dice representar.

Diversas voces dentro del sindicato, algunas de ellas prefiriendo mantenerse en el anonimato, aseguran que Agustín López Martínez ha perdido todo contacto con los trabajadores, dedicándose únicamente a disfrutar de los beneficios derivados de las cuotas sindicales, su principal fuente de ingresos. Estas acusaciones también señalan que su vida personal está sostenida casi en su totalidad por los recursos sindicales, lo que ha generado un fuerte descontento entre los afiliados a la CROM.

Para muchos obreros, su desconexión es evidente. Afirman que Agustín López Martínez se presenta únicamente en eventos regionales para obtener protagonismo, aprovechando la oportunidad de que algunos periodistas locales lo fotografíen y lo difundan en redes sociales, con el fin de proyectar una imagen de cercanía con la clase trabajadora. Sin embargo, evita a los grandes medios de comunicación, quienes podrían cuestionar sus supuestos abusos y la falta de resultados en su gestión.

Con una creciente insatisfacción, los trabajadores del Ingenio San Nicolás exigen una mayor transparencia en la administración de los recursos del sindicato y un liderazgo más cercano y comprometido. Agustín López Martínez, mientras tanto, sigue siendo una figura controvertida, más asociada con su trono simbólico que con el bienestar de los obreros que representa.

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