Las apps de entrega y transporte parecen haber entrado en pánico con la iniciativa de Reforma a la Ley Federal del Trabajo, o al menos eso quieren que pensemos.

La reforma busca algo elemental: que los trabajadores de estas plataformas tengan acceso a seguridad social, contratos claros y reglas de juego justas. Que puedan trabajar sin sentirse desechables en cualquier momento.

Simplemente se trata de un acto de justicia porque los trabajadores de estas plataformas tienen un muy limitado reconocimiento de los derechos laborales, lo que no les gusta mucho a las empresas ¿A qué le temen? A que sus repartidores y conductores, quienes viven al filo del algoritmo, reciban seguridad social.

El modelo de negocios no cambia, se mantiene la flexibilidad de los horarios y la autonomía que los conductores y repartidores supuestamente aman. Se mantiene la libertad para que ellos sean los que definan el tiempo donde van a estar conectados en las plataformas. También se reconoce la subordinación discontinua y acotada al tiempo efectivamente trabajado.

La clave aquí es la formalización del trabajo. Se añade un capítulo a la Ley y se establece la creación de un régimen transitorio para que el IMSS implemente un piloto de 180 días de carácter obligatorio para las empresas. Habrá un alta en el IMSS a inicio de mes sin pago, con un ajuste retroactivo, y pago a final de mes. Se generarán registros patronales a nivel nacional para cada una de las plataformas digitales.

Con ello se asegura que todos los trabajadores que generen más de un salario mínimo accedan a seguros y servicios que incluyen desde riesgos de trabajo hasta pensiones y créditos del Infonavit. Y para los que no alcancen ese umbral, existe la opción de un régimen especial para trabajadores independientes.

Se incluyen conceptos como Claridad en las reglas de trabajo; Registro de contrato ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; además de una política de gestión algorítmica del trabajo (la que administra el tiempo dentro de la plataforma) que explique de manera clara lo trabajado.

Así que, no hay nada de qué preocuparse pues solo tendrán que cumplir con obligaciones básicas. Estamos hablando de cientos de miles de personas que trabajan día a día bajo un sistema que les da migajas de derechos laborales.

Las empresas parecen estar más preocupadas por perder su control absoluto sobre los trabajadores porque la flexibilidad no desaparece. La autonomía sigue en pie, solo que ahora también tendrán protección social.

La Alianza In México, que agrupa a varias de estas plataformas, podrían rechazar la presunta imposición de esta reforma, cuando más bien se durmieron. Estimaron que todo el cabildeo y la compra de conciencias había funcionado para frenarla.

La Alianza insiste en pedir un diálogo ya desde hace años ya se tuvo con la Secretaría del Trabajo. Desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se comenzó un diálogo con las principales empresas, también con organizaciones de trabajadores. Se realizaron 30 reuniones con los distintos representantes de la industria y del Gobierno de México. ¿Qué más quieren discutir?

Lo más irónico es que ahora las empresas se ponen de lado de los pobrecitos repas y conductores quienes seguramente darían su vida por defender su flexibilidad e independencia de contratación. El asunto es que la reforma no lo excluye ni lo prohíbe, al contrario; lo promueve y regula. Además ¿quiénes son esos trabajadores que cuestionan la reforma? ¿Los verdaderos independientes o los que ya parecen sindicato blanco?

Y luego está el tema de la tecnología. Algunos aseguran que el IMSS no tiene la capacidad para manejar un esquema donde se diferencian horas trabajadas y multipatrones. A lo mejor es cierto, pero eso no impide que se intente o se desarrolle desde cero. Por otro lado, dicen que las plataformas tampoco tienen la tecnología para identificar a todos sus «socios». ¿En serio? Estas empresas saben hasta qué cenaste anoche y ahora nos vienen a decir que no pueden identificar a sus propios trabajadores y su tiempo laboral.

Por cierto, se asegura que existe un mercado negro de celulares y motos que se rentan para que otros trabajen en las plataformas. Esto habla bastante mal de las empresas que, supuestamente, llevan años implementando sistemas rigurosos de autenticación y reconocimiento facial. Si realmente les importara tanto la autenticidad de su fuerza laboral este problema nunca se habría presentado.

Pero lo más preocupante es que la Reforma, así como le hicieron con el impuesto del 2 % en la CDMX; corre el riesgo de aprobarse, pero no aplicarse mediante amparos. Sin embargo, con la Reforma al Poder Judicial en marcha, tal vez esos jueces a modo ya no tengan tanto poder.

Nos quieren meter miedo con el cuento de que, si la reforma pasa, los servicios se van a encarecer en perjuicio de los trabajadores y el usuario final. Pero no nos engañemos, lo que realmente preocupa a las plataformas es perder el control y, de paso, un poquito de dinero.

La reforma no acaba con la flexibilidad ni con la independencia que tanto valoran los trabajadores de las apps. Solo se asegura que, mientras trabajan, tengan derechos laborales básicos y acceso a la seguridad social. ¿Es mucho pedir?

El potencial inteligente

Con la inteligencia artificial (IA), el panorama empresarial evoluciona de forma radical y veloz. Lo que antes parecía una tecnología del futuro ahora es una herramienta indispensable para mejorar la productividad y la eficiencia. Según un informe de McKinsey, el 60% de las empresas que han adoptado IA ya reportan aumentos significativos en su productividad. Esta tecnología permite automatizar procesos, reducir errores y optimizar la toma de decisiones estratégicas, como un diferenciador clave en un mercado cada vez más competitivo. Un ejemplo es el de Apple, cuya integración de IA ha transformado sus productos. Sin embargo, el verdadero éxito radica en su implementación personalizada. Como señalan expertos de empresas como Creai, la clave no es solo usar la tecnología, sino saber adaptarla a las necesidades específicas de cada empresa para obtener retornos de inversión rápidos y mejorar la competitividad. El desafío es grande: la falta de comprensión y la resistencia al cambio. Las empresas que superen estos obstáculos estarán mejor posicionadas para aprovechar todo el potencial de la IA y liderar en la próxima era digital.

La reciente investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha revelado una cruda y preocupante realidad: la Confederación Obrera Revolucionaria Emprendedora de México (COREMEX), un sindicato que debería abogar por los derechos de los trabajadores, está profundamente implicado en actividades delictivas. Lejos de cumplir su papel como defensor de los trabajadores, COREMEX ha utilizado su estructura sindical como una fachada para la extorsión, la violencia, e incluso crímenes más graves, como homicidios y secuestros.

Este informe forma parte de una investigación más amplia que ha identificado al menos diez sindicatos en el Estado de México involucrados en extorsiones, uno de los delitos que alimenta las finanzas de 25 organizaciones criminales activas en la región. Sin embargo, lo que distingue a COREMEX del resto es la gravedad y la extensión de las acusaciones en su contra. La implicación de este sindicato en una red delictiva organizada no solo pone en riesgo la seguridad empresarial, sino que también afecta gravemente la estabilidad social y económica del estado.

El modus operandi de COREMEX es alarmante. A través de la intimidación y la violencia, ha logrado imponer su control sobre ciertos sectores empresariales, obligando a los dueños de negocios a ceder ante sus demandas bajo la amenaza constante de represalias violentas. Empresarios han optado por cerrar sus operaciones antes que seguir siendo víctimas de este sindicato, lo que evidencia el nivel de control que COREMEX ha logrado establecer a través del miedo y el crimen.

Pero lo más inquietante de esta investigación es el hallazgo de vínculos entre COREMEX y actores políticos de la región. Esto plantea serias dudas sobre hasta qué punto el crimen organizado ha logrado infiltrarse en las estructuras de poder local. La existencia de un sindicato vinculado a homicidios y secuestros, que además cuenta con respaldo político, es un indicio claro de la gravedad del problema y de la profunda descomposición que afecta tanto al sistema sindical como al sistema político.

La complicidad o incapacidad de las autoridades para frenar a COREMEX durante años ha permitido que este sindicato se convierta en una herramienta de control criminal. La pasividad institucional no solo ha facilitado su operación, sino que ha contribuido a la desintegración de los principios sindicales que alguna vez fueron la base de la lucha obrera. COREMEX, que alguna vez debió haber luchado por los derechos de los trabajadores, ha optado por abrazar al crimen organizado como su principal estrategia.

Es urgente que las autoridades tomen medidas decisivas para desmantelar esta red de corrupción y violencia que COREMEX ha tejido. No se puede permitir que este sindicato, que ha abandonado su misión original, siga sometiendo a la población y a los empresarios a sus prácticas delictivas. La sociedad del Estado de México no puede continuar siendo rehén de una organización que ha desvirtuado por completo su propósito, poniendo en riesgo no solo el bienestar laboral, sino la seguridad de toda la región.

La intervención estatal y federal es imperativa para cortar los lazos de COREMEX con el crimen organizado y restaurar la confianza en los sindicatos como herramientas legítimas de defensa laboral. De lo contrario, el legado de terror y corrupción que este sindicato ha dejado en su camino seguirá afectando a las generaciones futuras.

Con 25 votos a favor y cinco en contra, el Congreso del Estado aprobó la reforma a la Constitución Política local para que, tal como sucederá a nivel federal, las y los jueces y magistrados estatales sean electos por votación popular, de entre un total de seis candidaturas propuestas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Las elecciones serán arbitradas por el Instituto Electoral del Estado (IEEC); en vez de 15 que podían estar en sus puestos, ahora durarán sólo 9 años, pero podrán aspirar a ser reelectos por una ocasión más, y en caso de ganar la votación popular, permanecer 18.

Cerca de la media noche del sábado, los sufragios a favor provinieron de los representantes de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional (PAN) y diputados que se declararon independientes entre 2021 y 2024, tras haber militado en el Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y el albiazul.

Mientras tanto, los cinco votos en contra fueron del PRI y de MC, que apoyaron una propuesta de reserva contra la reforma presentada por el diputado priista Ricardo Medina Farfán, aunque fue rechazada por los restantes 25 diputados asistentes.

En la iniciativa, promovida por la gobernadora Layda Sansores San Román, se establece que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), así como los del Tribunal de Disciplina Judicial, más los Jueces de Primera Instancia serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones estatales ordinarias del año que corresponda.

De igual manera, el TSJE se deberá de integrar por 16 magistrados, dos más que los existentes actualmente, para “guardar un justo equilibrio en las cargas de trabajo, así como, se sustituyen las referencias a Juzgados de Conciliación por la de Agencias de Paz”.

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La reforma constitucional al Artículo 78 establece que magistrados y jueces de primera instancia “durarán en el ejercicio de su encargo nueve años, podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determine el Capítulo XVII de esta Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.

IEEC, árbitro; las 6 candidaturas serán propuestas por los tres poderes

Asimismo, el árbitro será el Instituto Electoral del Estado (IEEC), que vigilará se cumplan las reglas de igualdad de competencia entre las seis candidaturas distribuidas así: dos propuestas por el Ejecutivo, dos por el Legislativo, y dos por el Judicial.

Antes, el Artículo 94 constitucional exigía para ser Juez conciliador o secretario, propietarios o suplentes, “ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos y con residencia no menor de dos años en el lugar”, pero ahora bastará con sólo “ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos”.

Se derogó el Artículo 71 constitucional, según el cual, era función del gobernante en turno “designar a las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y someter estos nombramientos a la aprobación del Congreso o de la Diputación Permanente (…) Pedir la destitución, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86, ante el Congreso del Estado, de cualquiera de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de los Jueces de primera instancia”.

“Para el caso de Juezas y Jueces de Primera Instancia la elección se realizará por distrito judicial (…) Estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna”.

Las campañas durarán 60 días, sin precampaña y habrá sanciones a quienes incumplan y haber obtenido un promedio general de al menos “ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y práctica profesional de cuando menos cinco años”.

Quedan fuera quienes hayan sido titulares de Secretaría en la Administración Pública o su equivalente, Fiscal o diputado local durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria respectiva por el Congreso del Estado.

También habrá elección popular para definir quiénes serán los cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.

Modifican Ley Orgánica de la FGJE: el fiscal ya no necesita 5 años de residencia

En la misma sesión, fue modificada la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche, según la cual para ocupar el cargo de titular de dicha institución, ya no será necesario haber residido en el Estado durante los últimos cinco años, sino simplemente tener la ciudadanía mexicana y contar con al menos dos años de vivir en el país.

También fue ratificado el nombramiento del ex vicefiscal y ex encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Jackson Villasís Rosado, como fiscal en funciones.

Se mantiene el requisito de ser nombrado por el titular la o el gobernante en turno, al cual seguirá rindiendo cuentas, y ratificado por el Congreso del Estado.