El Gobierno federal ordenó en 2022 suspender la operación de la mina de Vulcan en el estado Quintana Roo, alegando daños medioambientales que la compañía niega, y en 2023 fuerzas de seguridad locales ocuparon el puerto aledaño desde donde la firma exporta su producción a Estados Unidos.

«Antes de irme tengo que dejar resuelto eso y lo vamos a resolver legalmente. Ya hay una clausura, pero quiero que sea una clausura definitiva porque es mucho el daño que han causado», dijo el presidente López Obrador.

En mayo, AMLO negó que la clausura de las instalaciones de Vulcan sean una expropiación, en respuesta a unos comentarios ante una comisión del Senado estadounidense del secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, quien afirmó que la postura de México no es una buena forma de atraer inversiones.

El año pasado, AMLO anunció que ofrecía 6 mil 500 millones de pesos (unos 391 millones de dólares) para comprar el terreno donde opera Vulcan y resolver la disputa. Su plan para la zona es convertirla en un desarrollo turístico con un puerto para cruceros.

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La empresa con sede en EE.UU. —que interpuso una demanda de arbitraje internacional contra México en 2018— se ha visto envuelta en una gran disputa con AMLO. En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente ordenó una suspensión temporal de las operaciones en mayo debido a preocupaciones ambientales.

“Se tomó la decisión de cancelar por completo la obra. Y así como ellos [Vulcan] acudieron a tribunales internacionales, nosotros vamos a acudir a la ONU y a tribunales internacionales”,

aseveró AMLO en una conferencia.

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“No cancelamos la posibilidad del acuerdo [con la compañía], pero mientras estemos en el gobierno, apegados a la legalidad, no vamos a permitir que se extraiga material de construcción de [la filial de Vulcan] Calica”,

agregó el mandatario, quien acusó a la empresa de causar un desastre ambiental.

Vulcan dijo el mes pasado que había extraído piedra caliza legalmente en México durante más de 30 años y planea estudiar todas las vías legales disponibles para reanudar las operaciones con normalidad.

La compañía señaló que para el segundo semestre se espera una decisión sobre la solicitud de arbitraje de 2018 en virtud del TLCAN ante el rechazo de un acuerdo para liberar una parte de las reservas de agregados y el cierre de parte de sus operaciones de extracción.

AMLO ha sido un férreo crítico de la industria minera en México y ha supervisado el congelamiento de nuevas concesiones y la nacionalización del litio y ha adoptado un enfoque más estricto para el otorgamiento de permisos.

Fuente: BN Americas.

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