“No se trata de un convenio o no, se trata de un tema de seguridad, de alta seguridad; y se le respondió mediante oficio los argumentos de seguridad por los cuales no es posible hacerlo, (…) nos fuimos por los jefes de plaza y los tenemos en la cárcel. La pregunta que yo le haría es ¿Quiere ellos voten?“, dijo el gobernador.

En febrero de 2019, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las personas en prisión sin sentencia tienen derecho a votar, respaldando el principio de presunción de inocencia.

Ante ello, el gobernador veracruzano afirmó en conferencia de prensa, que los jefes de plaza de grupos criminales están en los mismos espacios que las personas no sentenciadas, y por ello, por razones de seguridad, no se permitirá ninguna actividad electoral.

“Es un problema de seguridad, porque es de altísima seguridad, sí, pero están juntos, o sea no es cualquier cosa, es un tema de alta seguridad y es legal”.

Insistió que las autoridades electorales tendrán que recurrir a amparos, si así se requiere, para realizar esta actividad contemplada en los procedimientos electorales.

El gobernador García Jiménez, insistió en que no se debe dejar votar a feminicidas, jefes de plaza y otros, que a pesar de ser señalados por presunción de delitos, no tienen sentencias.

“Que se quite la máscara y diga si quiere que voten feminicidas, que voten jefes de plaza, que voten, que lo diga con toda claridad, entonces violas un tema de seguridad”, reiteró.

García Jiménez dijo que es “gravísimo aflojar la seguridad”, cuando se tiene ese nivel de peligrosidad, refiriéndose a internos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, aunque estos delitos tendrían que ser del orden federal.

Asimismo, dijo que las autoridades electorales quieren vulnerar la seguridad con su petición y que de acceder a los penales “lo responsabilizará” de vulnerar la seguridad, “o va a respetar la seguridad que se tiene en los penales”, dijo.

Finalmente advirtió que el informe y respuesta a autoridades electorales estaba “bien documentada” para no vulnerar la seguridad que puede provocar dijo, la salida de algunas personas y afectar a la seguridad de la ciudadanía, incluso de personal de las instituciones electorales.

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