A partir del pasado 21 de enero los ciudadanos venezolanos necesitan usar una visa para entrar a México, luego de que apenas unas semanas el gobierno mexicano anunciara la decisión. Pero no nada más, sino que en los pasados meses México implementó el requerimiento de visa para ciudadanos de Ecuador y también de Brasil.

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La decisión del gobierno mexicano se dio para reducir el número de migrantes venezolanos en el país, muchos de los cuales están de paso para cruzar a Estados Unidos. En el caso de Venezuela, México se suma a una la larga lista de países que ya han impuesto la visa como requisito, sobre todo después de 2015, cuando empezó a incrementarse la migración proveniente de Venezuela. En 2017, Panamá impuso la exigencia de una visa para los venezolanos, mientras que en 2018 se sumó Chile y para 2019 también Perú, Trinidad y Tobago y Ecuador.

Sin embargo, la medida se suma también a la decisión de suspender los acuerdos de no visado que México tenía con Brasil y Ecuador en meses pasados.

¿Por qué la decisión de México?

Al anunciar la medida, el gobierno mexicano dijo que se ha identificado un incremento sustancial de venezolanos que ingresan al país “con una finalidad distinta a la permitida por la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”.

Asimismo, México dijo que se había incrementado la tendencia de ciudadanos venezolanos que estaba en tránsito para ir a un “tercer país”. Según el gobierno de México, se ha presentado un incremento de más del 1,000% el flujo de venezolanos, en comparación con los cinco años previos.

De acuerdo a las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero y noviembre pasado ingresaron a través de aeropuertos mexicanos 160,379 venezolanos, cifra que supera en más del quíntuple el registro del mismo período del 2020, que fue de 29,789.

Las autoridades mexicanas, asimismo, han reconocido que ha habido un aumento en declaraciones falsas sobre los motivos de viaje, la diversificación de rutas de tránsito, y algunos delitos asociados a la movilidad internacional, como la trata de personas y el tráfico de migrantes.

¿Ofrecer refugio y protección?

Diversas instituciones pidieron a México no implementar la medida. Amnistía Internacional envió una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador donde decía que la mayoría de los venezolanos que huyen de su país “son personas refugiadas y tienen derecho a protección internacional”.

En los últimos años más de seis millones de personas han salido de Venezuela, huyendo de la compleja crisis social y económica que golpea a la nación sudamericana, según cifras de las Naciones Unidas.

Debido al incremento de salida de su país por parte de ciudadanos venezolanos, la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados lanzaron en diciembre pasado un plan regional por $1,790 millones en apoyo a las crecientes necesidades de los refugiados y migrantes de Venezuela, y las comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe.

¿Presión de Estados Unidos?

Por otro lado, ha habido reportes que indican que la decisión del gobierno mexicano se debe a una presión por parte de Estados Unidos. La agencia de noticias Reuters escribió que una persona cercana a las relaciones entre México y Estados Unidos dijo que Washington había pedido a México imponer restricciones de visa a los venezolanos, y señaló que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se ha quejado del incremento de migrantes venezolanos que llegan al país.

El reporte de la agencia de noticias, publicado en noviembre pasado, agrega que otra fuente dijo que la presión por parte del gobierno estadounidense aumentó luego del verano pasado, cuando la llegada de venezolanos a Estados Unidos se había disparado.

Antes ya se había reportado que en octubre, el gobierno de Biden quería que México impusiera requisitos de visa a ciudadanos brasileños para complicar su camino a la frontera con Estados Unidos. Y en septiembre, México suspendió las exenciones de visa para ecuatorianos durante seis meses luego de un fuerte aumento en la llegada de ciudadanos de aquel país a la frontera de Estados Unidos

¿Qué pasó con Ecuador y Brasil?

Al igual que pasó con Venezuela, México suspendió recientemente los acuerdos de no visado con Brasily Ecuador para frenar el flujo de migrantes que van hacia Estados Unidos.

A partir del 11 de diciembre, los turistas brasileños deben presentar visa para entrar a México. El comunicado de la secretaría de Relaciones Exteriores de México decía que la decisión “obedece al incremento de flujos irregulares [de migración] y a que de manera lamentable, grupos delictivos lucran, con base en engaños, del interés de nacionales brasileños por migrar de manera irregular a Estados Unidos a través de México”.

Asimismo, a partir del 4 de septiembre y hasta marzo de 2022 —por el momento—, los viajeros ecuatorianos que vayan a México deben pedir autorización previa a las autoridades migratorias para entrar al país. Según cifras que el gobierno mexicano dio a conocer entonces, solo uno de cada tres ecuatorianos identificados como turistas que llega a México, vuelve a su país. Además, la cantidad de viajeros ecuatorianos que llega a México no ha dejado de crecer desde que se se había eliminado el requisito de visa, en noviembre de 2018.

Fuente: Dallas News.

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Unos optan por hacerlo de manera visible y en grupo, como la caravana que sigue avanzando por el sur, ya con menos de un millar de personas. Otros escogen las rutas clandestinas controladas por los traficantes, como aparentemente hicieron las casi 200 personas que las autoridades localizaron el miércoles hacinadas en un hotel del norte del país.

El Instituto Nacional de Migración (INM) indicó en un comunicado que 195 migrantes, la mayoría centroamericanos y entre los que había menores, fueron detectados en Apodaca, una localidad en las afueras de la ciudad de Monterrey, hacinados, “sin alimento ni agua, en cuartos de un hotel”.

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Ochenta eran de Honduras; 38 de El Salvador; 36 de Guatemala; 36 de Nicaragua; una de Cuba; una de Perú y tres de la República Dominicana.

Los migrantes, que fueron detectados por la fiscalía estatal, quedaron bajo tutela del INM, que ante este tipo de situaciones suele retenerlos en estaciones migratorias o devolverlos a sus países de origen.

El mismo miércoles, también en el norte del país, la fiscalía federal informó en un comunicado de la localización de 54 migrantes de Honduras, Guatemala y Nicaragua que aparentemente estaban en cautiverio en tres domicilios distintos de la ciudad de Nogales, fronteriza entre los estados de Sonora y Arizona.

En las últimas semanas, las acciones de detención de migrantes que transitan por México de manera irregular han ido acompañadas de ofrecimientos de regularización propuestos por el INM a los integrantes de la caravana, la cual lleva casi un mes caminando por el sur de México. En un momento dado llegó a reunir a unas 4.000 personas.

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Después de recorrer casi 500 kilómetros desde que el 23 octubre salieron de la ciudad de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, apenas queda un millar de personas, que el miércoles pasaban la noche en una comunidad del municipio de Jesús Carranza, en el estado de Veracruz. El resto se ha ido separando del grupo o ha aceptado la propuesta del gobierno.

“Voy a confiar en ellos, ya no quiero seguir caminando, no puedo. Yo lo que quiero es trabajar y, si es cierto, lo voy a aprovechar”, dijo el hondureño José Luis Rodríguez, que confiaba en obtener los papeles de regularización y encontrar un empleo en Monterrey, donde amigos suyos le dijeron que necesitaban mano de obra.

A lo largo del miércoles, mientras unos grupos se subían a plataformas de camiones para avanzar más rápido y otros seguían caminando, aproximadamente medio centenar de migrantes hicieron lo mismo que Rodríguez. Según el INM, más de 1.500 habían aceptado la propuesta que miembros del instituto les reiteran en cada parada del camino.

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“No los vamos a regresar en Tapachula”, garantizaba el martes desde el vecino estado de Oaxaca Héctor Martínez Castuera, el funcionario del INM que ha estado negociando con los integrantes de la caravana.

“A nombre del gobierno federal, reiteramos lo que el Instituto Nacional de Migración ha venido manifestando: Uno, regularizar a todas las mujeres embarazadas con su núcleo familiar; los menores con su núcleo familiar; a las personas en estado vulnerable y su núcleo familiar; a discapacitados y a adultos mayores con su núcleo familiar”.

La desconfianza, sin embargo, persiste porque el INM decía que, para poder acogerse a esta propuesta, los migrantes debían ser trasladados a otros estados del país.

Fuente: Los Angeles Times.

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