Castillo, según testimonios anónimos por miedo a represalias, prometió «el cielo y las estrellas» a los empleados, solo para sumirlos en un ciclo de amenazas y agresiones. Empleados y empresarios describen como grupos vinculados al sindicato irrumpen en las empresas, creando «un ambiente de terror» para forzar la firma de contratos colectivos que sólo benefician a la cúpula sindical.

 Eduardo Castillo es acusado de emplear un discurso populista para atraer a los trabajadores, vendiéndoles una «solución mágica» a sus problemas laborales que nunca se materializa. Detrás de la fachada de Transformación Sindical se esconde una estrategia de manipulación y engaño, donde las promesas de mejoras laborales y protección se evaporan ante la dura realidad de su gestión tiránica.

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La comunidad empresarial de Querétaro está en alerta. Informes indican que Castillo y su sindicato no dudan en usar golpeadores para imponer su voluntad, socavando las prácticas éticas de negociación y el marco legal que protege a empleadores y empleados. La violencia física y las amenazas son herramientas comunes en su arsenal para presionar a los directivos y obtener beneficios ilícitos.

Las autoridades y expertos en derecho laboral subrayan la urgencia de establecer controles más rigurosos sobre las actividades sindicales para proteger a los trabajadores de prácticas abusivas. La comunidad espera acciones firmes para restaurar la confianza en los sindicatos y asegurar que estos cumplan su verdadero propósito de defender los derechos laborales de manera justa y transparente.

Mientras Eduardo Castillo continúa desplegando su red de engaños y manipulaciones, los trabajadores de Querétaro claman por justicia y el fin de la impunidad. La situación demanda una intervención inmediata para terminar con los abusos y restaurar la seguridad y la integridad en el ambiente laboral. La pregunta persiste: ¿Hasta dónde llegará Eduardo Castillo con sus tácticas coercitivas? La respuesta, aún incierta, es esperada con urgencia por toda la sociedad queretana.

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Los señalamientos hacia Urióstegui se centran en su aparente falta de compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Cuernavaca. La percepción de que prioriza sus intereses políticos personales sobre las necesidades urgentes de la población ha generado malestar y desconfianza entre los habitantes de la ciudad.

En un contexto donde la violencia y el crimen organizado son problemas endémicos, la ausencia de liderazgo y la falta de continuidad en las políticas de seguridad pueden tener consecuencias graves para la ciudadanía. Los ciudadanos esperan que sus autoridades estén presentes y comprometidas en la búsqueda de soluciones efectivas para garantizar la tranquilidad y el bienestar de todos.

La decisión de José Luis Urióstegui de dejar la presidencia municipal de Cuernavaca para dedicarse a su campaña política ha suscitado debates sobre la responsabilidad ética y moral de los funcionarios públicos frente a las crisis y desafíos que enfrentan las comunidades que representan. En medio de la incertidumbre y la inseguridad, la ciudadanía demanda liderazgo, compromiso y acción por parte de quienes tienen el privilegio y la responsabilidad de servirles.

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En lo que respecta a la seguridad, las cifras alarmantes de criminalidad y violencia han dejado en evidencia la incapacidad de Urostegui para garantizar la protección de los habitantes. Los índices delictivos han alcanzado niveles preocupantes, con un aumento constante en delitos como robos, asaltos y homicidios. La sensación de inseguridad se ha arraigado en la población, minando la confianza en las autoridades y generando un clima de temor generalizado.

Además, la falta de servicios públicos básicos ha exacerbado los problemas en las comunidades bajo el liderazgo de Urostegui. La deficiente infraestructura vial, el precario suministro de agua potable y la escasez de servicios de salud y educación han afectado negativamente la calidad de vida de los ciudadanos. Las promesas incumplidas y la falta de acción por parte del candidato han dejado a muchos habitantes en una situación de desamparo y desesperanza.

Ante esta situación, la campaña de Urostegui se ve empañada por el peso de su historial en el cargo. Los intentos de desviar la atención de sus fracasos en seguridad y servicios públicos resultan cada vez más infructuosos frente a la evidencia contundente de su gestión deficiente. Los votantes enfrentan ahora la difícil decisión de respaldar un liderazgo que ha demostrado su incapacidad para abordar los problemas fundamentales que afectan a sus comunidades.

En última instancia, los pésimos resultados en seguridad y servicios públicos bajo la administración de José Luis Urostegui plantean interrogantes sobre su idoneidad para ocupar cargos de responsabilidad política. Los ciudadanos esperan un cambio significativo en la dirección de sus comunidades y están dispuestos a ejercer su derecho al voto para impulsar un nuevo rumbo que garantice su bienestar y seguridad.

Fuente: Morelos News

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En una escalada alarmante de violencia, Zacatecas se vio envuelto en una serie de bloqueos carreteros y quema de vehículos que se extendieron desde la tarde del domingo hasta la madrugada de este lunes. Los incidentes, que dejaron a comunidades enteras en estado de temor y con interrogantes sin respuesta, fueron atribuidos a operativos y detenciones de presuntos miembros del Cártel de Sinaloa.

Los municipios de Pánfilo Natera, Troncoso, Calera, entre otros, fueron testigos de los actos violentos que sembraron el caos y la incertidumbre entre la población. En un comunicado difundido a través de su página web, el Gobierno de Zacatecas confirmó que todos los detenidos durante los incidentes se identificaron como miembros del grupo delictivo conocido como Cártel de Sinaloa.

Los Monreal vuelven a demostrar que son los culpables de estos actos delictivos que suceden en Zacatecas, desde la llegada de ellos al estado la violencia y crimen organizado continúa en aumento, logrando que la sociedad sienta miedo y preocupación de caminar por las calles sin tener seguridad de regresar a casa.

Este brote de violencia ha suscitado una preocupación generalizada entre los habitantes de Zacatecas, quienes se cuestionan la eficacia del gobierno local y la razón detrás del incremento en los índices de violencia en la región. La falta de respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades contribuye a un clima de inseguridad y desasosiego en la población, que clama por soluciones inmediatas ante esta situación preocupante.

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Cuernavaca, capital del estado de Morelos, enfrenta una escalada preocupante de violencia que ha sumido a sus habitantes en un estado de constante temor e inseguridad. Los recientes sucesos han puesto de manifiesto la gravedad de la situación, evidenciando la falta de control y atención por parte del presidente municipal con licencia José Luis Uróstegui que hoy con todo el cinismo busca la reelección del municipio.

El pasado 27 de abril, la tranquilidad de la ciudad se vio sacudida por un acto de violencia sin precedentes, como si se tratara de una película de acción, encapuchados irrumpieron en el Hospital Center Vista Hermosa, amedrentando a médicos, pacientes y familiares presentes en el lugar para rematar a un joven herido de bala que había ingresado minutos antes.

Este lamentable episodio no es más que la punta del iceberg de una problemática que ha ido en aumento en los últimos tiempos. La falta de atención y acción por parte del gobierno local, encabezado por José Luis Uróestegui, ha permitido que la violencia se enraíce en la ciudad, afectando a todos los sectores de la sociedad. Lo que alguna vez fue un destino turístico próspero y tranquilo, hoy se ha convertido en un lugar marcado por el miedo y la inseguridad. Los habitantes de Cuernavaca ya no se sienten seguros ni siquiera en sus propios hogares, siendo víctimas potenciales de la creciente ola delictiva que azota la ciudad.

El aumento de los feminicidios asaltos a mano armada y homicidios a plena luz del día son solo algunos de los síntomas de un problema que requiere una pronta y eficaz respuesta por parte de las autoridades competentes. La presencia y el avance del crimen organizado en la capital morelense son una clara señal de la urgencia de actuar antes de que la situación se descontrole por completo.

Resulta alarmante la omisión del gobierno municipal que lejos de enfrentar el problema con determinación, parece estar más preocupado por cuestiones políticas y electorales con el presidente municipal Uróestegui buscando la reelección a pesar del deterioro evidente de la seguridad en la ciudad.

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El ataque fue consignado en las redes sociales del colectivo, donde por la tarde de este martes 16 de abril, informaron sobre el hecho y lo condenaron: “este acto de violencia no solo es un ataque directo a su integridad, sino también a la misión de búsqueda de desaparecidos”.

La agrupación reconoció “la rápida intervención de las autoridades que acompañaban a las buscadoras, cuya acción oportuna permitió resguardar la seguridad del grupo ante esta situación de extremo peligro”, pero también demandaron “que se refuercen las medidas de protección para las buscadoras y que se realice una investigación exhaustiva para llevar ante la justicia a los responsables de estos actos deleznables”.

Autoridades niegan enfrentamiento armado

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado (FGESLP) informó de la detención de tres personas armadas y del aseguramiento de una camioneta en Tamuín, mientras se llevaba a cabo lo que denominó como un operativo de búsqueda de personas.

Los hechos, detalla el comunicado, se registraron en la carretera 70 y el entronque Camino a la Rosita, en la localidad de Graciano Sánchez, donde los cuerpos policiales avistaron una camioneta con sujetos que efectuaban maniobras sospechosas.

“Se les marcó el alto”, indica el documento, “se les sometió a una revisión y se les encontró en su poder diversas armas largas”; sin embargo, aseguran que “en ningún momento se dieron disparos ni hubo agresiones”.

Al menos 3 detenidos con arsenal y equipo táctico

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, informó que en el operativo se registró el arresto de varios hombres armados que viajaban en una camioneta.

Confirmó que en el lugar se encontraba personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, del Ejército Mexicano, Guardia Civil Estatal, Policía de Investigación de la FGE y agentes de la Policía Municipal, quienes tuvieron contacto con delincuentes armados.

La dependencia también contradijo la versión de las víctimas y aseguró que no hubo un intercambio de disparos, ni personas lesionadas.

Personas buscadoras, en riesgo constante

La presidenta de la asociación civil Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, Edith Pérez Rodríguez afirmó que afortunadamente, tanto las buscadoras, como el personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se encuentran a salvo.

Sin embargo, dijo, la situación es preocupante y pone de manifiesto los riesgos que enfrentan quienes dedican su esfuerzo a encontrar a los desaparecidos.

Pérez Rodríguez, quien también está organizando una brigada de búsqueda a nivel nacional, expresó su sorpresa y preocupación ante este violento ataque:

“La labor de estas buscadoras es vital para la sociedad, y su integridad debe ser protegida. Justo nos encontrábamos organizando una brigada nacional con otros colectivos para poner en el centro esta problemática”.

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La Fiscalía General del Estado informó este martes que la agresión ocurrió el 24 de marzo minutos antes de las 9 de la noche, cuando el menor y su acompañante fueron interceptados por otro vehículo.

La comunidad de San Antonio Matute del municipio de Ameca se encuentra consternada después de que un niño fue asesinado por sujetos desconocidos quienes lo agredieron con una arma blanca.

La Fiscalía Estatal informó este martes que el 24 de marzo a las 20:51 horas, el menor y un adulto transitaban en un vehículo por la carretera Guadalajara-Ameca.

La Fiscalía detalló que al ir pasando por la ranchería El Quelite, en la comunidad de San Antonio Matute, el vehículo fue interceptado por varios sujetos desconocidos que iban en un carro.

De éste descendieron varios hombres con el rostro cubierto, quienes los agredieron con una arma blanca y luego se dieron a la fuga.

Ambos fueron auxiliados y posteriormente trasladados a un hospital, en donde recibieron atención médica; sin embargo, el menor murió.

La dependencia de procuración de justicia indicó que la Fiscalía Regional ya inició una carpeta de investigación.

El menor fue identificado como Ángel Gabriel y vivía en la comunidad donde fue agredido. A través de redes sociales, los habitantes de San Antonio Matute y de la región Valles han pedido que el caso no quede impune, con el hashtag #JusticiaPara Ángel y #ConLosNiñosNo.

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«No puedo informar mucho sobre eso por razones obvias. Decirles que se dieron estos secuestros. Afortunadamente, ya la mayoría han sido rescatados o han regresado a sus casas bien”, indicó el mandatario este lunes durante su conferencia matutina.

López Obrador no detalló qué grupos estaban involucrados, aunque el principal en el estado es el Cártel de Sinaloa.

Como lo había informado ayer el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, López Obrador confirmó que en total fueron 66 personas secuestradas, de las cuales ya se localizaron a 58, pero faltan ocho.

“Ya se tiene la identidad de algunos de los ocho (secuestrados). No hay afortunadamente menores de edad. Y es una confrontación de bandas, es una confrontación de bandas”, explicó el Presidente.

Dijo que hay mil 800 elementos de las Fuerzas Armadas trabajando en el operativo para dar con los responsables e indicó que en estas tareas hubo un enfrentamiento, donde “lamentablemente perdió la vida un soldado y se retuvieron a tres personas”.

Tras enviar su pésame a la familia del soldado caído, López Obrador precisó que otro militar que resultó herido se reporta fuera de peligro.

“Y desear que aparezcan los ocho restantes, los ocho que todavía no aparecen y decirle a sus familiares también que se está haciendo la búsqueda y que estamos actuando”, añadió.

Estos hechos ocurren luego de que la semana pasada autoridades informaron del asesinato de Samuel Ibarra Peralta, alias «El Pía», jefe de plaza de Los Chapitos o La Chapiza del Cártel de Sinaloa en Sonora y Baja California, en medio de una disputa de bandas.

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El presidente del Comisariado, Braulio Pablo Antonio, informó en un comunicado dirigido al procurador agrario federal, Luis Hernández Palacios Mirón, que las personas armadas expulsaron a trabajadores de áreas de explotación y han amenazado a los habitantes de la comunidad.

“Cerca de 500 armados suspendieron nuestros trabajos que se realizaban en el paraje El Manzanal, amagando con golpear y quitando los radios y celulares que nuestros compañeros portaban, después trasladaron a nuestra gente a la ranchería de Cofradía en donde amenazaron con usar las armas si no se salían de sus ‘propiedades’”, destacó.

Imagen: Comisariado de Bienes Comunales San Pedro el Alto

El comisariado indicó que desde el domingo pasado arribaron estas personas armadas, pero durante el miércoles, también se apostaron en la comunidad, donde amenazaron a mujeres y niños.

El día de hoy, personas armadas de Teojomulco llegaron de nueva cuenta a la ranchería La Cofradía, donde está el campamento de operación de nuestra unidad forestal, amenazan a los comuneros, esposas y niños que están en la comunidad.

Ante esta situación, la comunidad de San Pedro el Alto solicitó la intervención del Gobierno del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para establecer una Brigada de Operaciones Mixtas en la zona de conflicto.

Foto: Comisariado de Bienes Comunales San Pedro el Alto

“Evitando con ello un nuevo derramamiento de sangre” y proteger la seguridad de los habitantes.

Asimismo, hizo un llamado para que el caso sea abordado en la Mesa de Seguridad Nacional y considerado como parte de los asuntos tratados en la Mesa Agraria Nacional.

“Que el caso sea planteado en la Mesa de Seguridad Nacional por ser uno de los principales focos rojos agrarios del país en donde suponemos que la contraparte está actuando impunemente y apoyada por grupos ajenos.”, apuntaron las autoridades del Comisariado.

La autoridad comunal pidió que, para construir una ruta de solución definitiva, “se considere el caso como parte de los asuntos que se tratan en la Mesa Agraria Nacional“.

El problema con la comunidad vecina de Santo Domingo Teojomulco, y San Pedro el Alto, data de varias décadas en medio de graves confrontaciones y desacato a la ley, confirmaron los solicitantes.

Según el presidente de la Comisaría, Braulio Pablo Antonio, la comunidad fue fundada desde el año 1400, y una resolución de 19 de mayo de 1954 sobre la delimitación territorial, aparentemente reconocidos por el Gobierno Federal.

Sin embargo, aseguró que esto no ha detenido a los pobladores de Santo Domingo Tlajomulco; y aunque han pedido seguridad desde hace un año coma ninguna autoridad les ha enviado dijo, “ni una patrulla”.

Foto: Comisariado de Bienes Comunales San Pedro el Alto

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La población, junto con los comisarios ejidales, se reunieron con representantes de la Secretaría General de gobierno de Guerrero, Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Sedena, el Presidente Municipal y la Policía Municipal.

Durante la reunión, las autoridades de gobierno estatal propusieron un diálogo entre los atacantes y los líderes de la comunidad de San Jerónimo, con la finalidad de lograr un acuerdo de paz.

Eso luego de darse a conocer que 150 personas armadas rodearon el lugar y atentaron contra la comunidad dejando como saldo, una persona sin vida, dos lesionadas y una vivienda quemada.

Según Constantino “N”, residente de la comunidad, este acuerdo ya se había hecho en 2015, pero fue roto por personas de las comunidades vecinas de Xochiatenco y Nuevo Amanecer.

Reveló que el motivo de la agresión, según Constantino, se debe a desacuerdos sobre la colaboración en los gastos del pueblo, el uso de servicios públicos y la carretera.

“Estos no quieren colaborar con los gastos del pueblo, con las costumbres que tienen, usan el servicio público, usan la carretera, y como comisarios les dicen que deben de cooperar con el pueblo; esto le molestó a estas dos pequeñas comunidades divididas de San Jerónimo, y convocaron a todas las comunidades que fueron a agredirlos, porque no están de acuerdo que les estén diciendo que deben de cooperar“, afirmó Constantino”N”.

La población de San Jerónimo, afirmó que que estaría dispuesta a aceptar un nuevo acuerdo siempre y cuando se detenga a las personas involucradas en la agresión y enfrenten a las autoridades.

Por su parte, la Secretaría General de Gobierno de Guerrero, informó a través de sus redes sociales sobre esta reunión de la que dijo, espera iniciar diálogos para la pacificación entre comunidades.

“(…) a través de la Dirección de Gobernación, acudió este miércoles a las comunidades de San Jerónimo Palantla y Alcozacán, ambos del municipio de Chilapa de Álvarez, para sostener un encuentro con pobladores y autoridades de la CRAC-PC-PF y del CIPOG-EZ, con la finalidad de iniciar un diálogo que permita la construcción de un acuerdo de paz“, publicó.

Señaló que en las reuniones, participaron representantes del municipio de Chilapa y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde se dio a conocer la voluntad del Gobierno del Estado por establecer los mecanismos necesarios para la pacificación.

Además de “garantizar las condiciones de seguridad en bien de la sociedad.”.

Tras el encuentro, la Secretaría General de gobierno, a cargo de Ludwig Marcial Reynoso Nuñez, acordó la presencia de operativos de seguridad en la zona, y la visita de diferentes dependencias de gobierno “para brindar atención a las víctimas de la violencia”.

El Centro de Derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello, luego de dar información respecto al ataque del miércoles, emitió un comunicado en el que instó a las autoridades, a garantizar la seguridad e integridad física y emocional de la población agredida.

“Que se investigue y deslinden responsabilidades por los ataques armados perpetrados en contra de los habitantes de San Jerónimo Papantla. Exigimos el cese inmediato de los ataques armados contra la población civil en el estado de Guerrero”, pidió el organismo encabezado por el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio.

Además de estos desencuentros entre comunidades, el Centro ha denunciado agresiones con drones y otro tipo de violencia perpetrada por la delincuencia organizada en Guerrero.

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