Los agentes arrestaron a dos miembros de Lev Tahor sospechosos de estar involucrados en tráfico de personas y cometer ofensas sexuales graves, incluyendo violación, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

Uno de los menores rescatado del campamento, de 3 años de edad, fue puesto en un vuelo con destino a Israel.

• Así es Lev Tahor, la secta ultraortodoxa judía asentada en Guatemala y envuelta en un escándalo por secuestro infantil en Estados Unidos
• Exclusiva BBC Mundo: habla Lev Tahor, la secta judía en Guatemala envuelta en un escándalo

El grupo Lev Tahor (Corazón Puro en hebreo) se conoce por sus prácticas extremas y por imponer un régimen estricto a sus miembros.

Te puede interesar: DEA retira avión de México, en nuevo golpe a cooperación antidrogas entre ambas naciones.

Aboga por los matrimonios infantiles, impone castigos severos a las transgresiones más pequeñas y les pide a las mujeres y a las niñas desde los 3 años de edad que se cubran completamente con túnicas.

Los líneamientos le han ganado el apodo del Talibán judío, debido a las similitudes que su código de vestimenta tiene con el que impone el grupo islamista sunita que controla Afganistán.

El operativo

La policía entró en el campamento, situado unos 17 kilómetros al norte de la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, en la mañana del pasado viernes.

Un juez federal dio la orden de arrestar a varios líderes del grupo de los cuales se sospecha la participación en abuso a menores, después de una investigación llevada a cabo por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Una fuente israelí con conexiones al operativo de rescate dijo que los niños y niñas fueron separados rápidamente del resto del grupo, ante el temor de que otros miembros los pusieran en riesgo al intentar impedir el rescate.

Se encontró a 26 miembros del grupo en el campamento, dentro de los cuales había israelíes con ciudadanía doble de países que incluían Canadá, EE.UU. y Guatemala, explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

Agregó que en el operativo se arrestó a un ciudadano canadiense y un ciudadano israelí. Otros dos miembros requeridos por la justicia se encuentran a la fuga después de abandonar el campamento dos días antes dela acción policial.

Otros cinco fueron detenidos por presunta violación de las leyes migratorias.

El resto de los miembros de la secta se encuentran en instalaciones de la Secretaría de Bienestar de México, a la espera de la decisión que se tome con ellos, dijo la Cancillería israelí.

El menor de 3 años era el hijo de un israelí, Yisrael Amir, quien abandonó el grupo anteriormente. Amir voló con su hijo a Israel este lunes.

«Culto peligroso»

La policía de México trabajó en conjunto con un grupo de cuatro voluntarios de Israel, incluyendo exagentes del Mossad, para llevar a cabo la operación.

La unidad élite de policía que llevó a cabo la redada «de manera muy cuidadosa y sin acudir a métodos violentos» incluía agentes masculinos y femeninos por el gran número de mujeres y niños en la secta, dijo la fuente israelí.

«Las autoridades mexicanas cumplieron con su labor de la mejor manera posible», añadió.

La operación echó a andar aproximadamente hace dos años, cuando Amir y otros familiares de miembros de la secta le pidieron ayuda a los exagentes del Mossad.

El equipo viajó entre Israel y Guatemala, donde la agrupación religiosa se instaló en 2014, y llevó a cabo operaciones de seguimiento en colaboración con autoridades locales, agencias de seguridad y un investigador privado guatemalteco.

En enero, unos 40 o 50 miembros de la secta cruzaron la frontera de forma ilegal hacia México, donde se les siguió hasta una zona selvática en el norte de Tapachula.

El grupo en Guatemala

El liderazgo del grupo en Guatemala está en el centro de la investigación de un caso de secuestro desde 2018, cuando dos menores que fueron llevados a Nueva York por su madre luego de escapar de la comunidad fueron raptados nuevamente.

Fueron rescatados tres semanas después en México.

Nueve miembros de la secta fueron acusados por este caso:

• Cuatro -incluido el hijo del fundador de la secta y actual líder, Nachman Helbrans- están en prisión.
• Uno fue condenado, pero quedó en libertad por sentencia cumplida.
• Se espera que otro sea sentenciado en noviembre.
• Otros dos están a la espera de juicio y uno está bajo custodia en Guatemala.

El rabino Shlomo Helbrans formó Lev Tahor en Israel en 1988 y luego se mudó a EE.UU.

Estuvo preso dos años después de ser sentenciado por secuestro en 1994. Se ahogó en México en 2017.

Te recomendamos leer: Drones y escudos humanos en guerra de México contra el narco.

El grupo cuenta con unos 350 miembros y ha sido obligado a mudarse de país en país en los últimos años después de estar bajo escrutinio de las autoridades locales.

Actualmente se extiende por Israel, EE.UU., Macedonia del Norte, Marruecos, México y Guatemala. Por lo menos 70 u 80 de sus miembros permanecen en el país centroamericano.

Mientras algunos describen a Lev Tahor como ultraortodoxo, el grupo sigue sus propias reglas y ha sido considerado un «culto peligroso» por una corte israelí.

Sus líderes niegan haber violado leyes locales y dicen que son perseguidos por sus convicciones.

Fuente: BBC https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63054397.

La entrada Lev Tahor: rescatan en México a niños y adolescentes de un campamento del grupo judío ultraortodoxo se publicó primero en México 24 siete.

Desde el pasado 16 de mayo, México supera esta cifra en su registro oficial de personas desaparecidas en el país, lo cual da una idea de la auténtica «crisis humanitaria» que supone esta tragedia, tal y como la calificó el gobierno el año pasado.

Aunque el conteo oficial inició en 1964, las desapariciones aumentaron vertiginosamente desde que en 2006 se inició la llamada «guerra contra el narco» del entonces presidente Felipe Calderón.

Durante su última visita a México, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas denunció que el crimen organizado es el perpetrador central de estos hechos, aunque también señaló como responsables a funcionarios públicos.

Por ello, instó a tomar acciones para acabar con la impunidad que campa a sus anchas -casi un 95% de los delitos en México quedan sin resolver- y a instaurar una política nacional que sirva para prevenir y erradicar las desapariciones.

«Se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda, ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora (…) y a buscar fosas clandestinas porque no se debe de olvidar que hubo una guerra contra el narcotráfico» durante la que «murieron muchos y los desaparecieron»,

declaró el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tras conocerse el reciente y triste récord de desaparecidos en el país.

Te puede interesar: Hasta encontrarles: 14 personas desaparecen cada día en México.

En los últimos meses, el estado norteño de Nuevo León ha estado bajo el foco por el aumento de desaparición de mujeres -especialmente jóvenes, con algunos casos tan mediáticos como el de Debanhi Escobar- y por las irregularidades cometidas y reconocidas por la Fiscalía estatal durante la investigación.

Pero miles de otras desapariciones no atraen la misma atención y son los familiares de las víctimas quienes luchan a diario para impedir que, con el paso del tiempo, sus casos caigan en el olvido de las autoridades y de la sociedad.

Porque la cifra de 100.000 desaparecidos recién alcanzada es mucho más que un número: esconde historias de búsquedas en terreno con las propias manos de las familias que, en ocasiones, acaban prácticamente destrozadas de por vida a causa de la tragedia.

El de la joven Frida Flores, desaparecida el año pasado también en Nuevo León, es uno de ellos. Su madre, Erika Navarro, compartió entre llantos su historia con BBC Mundo y aseguró que ni todo el dolor del mundo le hará desistir de buscar hasta encontrar a su hija.

Getty

Personas desaparecidas en México

• 100.017desaparecidas y no localizadas.

• Hombresson el 74,7%.

• 20-39 añoses el rango de edad de la mayoría de desaparecidos.

• Estadoscon más desaparecidos: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León.

Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México (1964 – 16 de mayo de 2022)

Mi hija Frida Yoatsi desapareció el 29 de agosto de 2021 en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. El 7 de septiembre ella cumplía 19 años.

Me dijo que iba a comer con unos amigos y me dijo que estuviera tranquila, que no se iba a tardar.

Te recomendamos leer: El país de los 100,000 desaparecidos.

La última vez que hablé con ella por teléfono fue a las 5:00 de la tarde, cuando me dijo que ya en un rato volvía. Pero pasaron las horas y no llegaba, así que empecé a preocuparme mucho.

Volví a llamarla y ya no respondía. Pasadas las 9:00 de la noche, su teléfono estaba ya apagado.

Me la pasé toda la noche sentada, esperando y esperando, hasta que en la mañana siguiente fui a poner la denuncia. ¿Dónde estaba mi hija? ¿Quién se la llevó?

Lo que pasó fue que al salir de un restaurante con una amiga, las abordó una camioneta. Las subieron a las dos. La amiga dice que no vio a la persona que las subió, solamente que era una mujer.

A la amiga la bajaron cerca de su casa, pero a mi hija se la llevaron. Ahí se pierde el contacto y ya no se sabe nada. Desde entonces, no se sabe nada. Es como que a Frida se la hubiera tragado la tierra.

Nueve meses de angustia

Como Sabinas es un foco rojo donde hay muchas desapariciones, en aquellas primeras horas sí pensé que quizá no la iba a volver a ver, o que la iba a ver… no sé cómo.

La Fiscalía me dice que están en la búsqueda y trabajando en ello. Y de alguna manera les comprendo, porque son miles de casos, pero en lo personal me duele mucho que hasta ahorita no tengo respuesta de nadie. Dicen que han hecho su trabajo, pero no me han resuelto nada.

15 días antes de su desaparición, en la zona se habían llevado a otras muchachas. A Frida le dije muchas veces que no fuera a Sabinas, que estaba peligroso… Pero ella tenía amistades allá, porque aunque ahora vivimos en Apodaca, se criaron en Villaldama, un pueblo junto a Sabinas.

Te compartimos: La ONU llama a México a reforzar la búsqueda de personas desaparecidas a la fuerza.

Siempre le he intentado dar buenos consejos a Frida porque soy muy nerviosa hacia la inseguridad aquí en Nuevo León, donde uno ve diario que ya hace años que se roban muchachitas, que las violan, las matan, las secuestran… y jamás veo que encuentren al responsable. Hay muchísima impunidad.

Estos casi nueve meses son meses de angustia, de sufrimiento. Pero yo voy a seguir alzando la voz y buscando a mi hija hasta encontrarla.

Me duele tanto y estoy pasando una situación tan difícil, que a nadie se la deseo. Aún así, yo no busco culpables, solo quiero el regreso de Frida y que se acabe esta pesadilla.

He sufrido mucho este tiempo. Me he enfermado, me atacan los nervios, me entra mucho pánico y no duermo por la noche. El psicólogo me tiene medicada, pero no descanso al 100%.

He perdido mi trabajo como enfermera. Voy nada más si me sale una guardia específica. Al no dormir, no aguanto mi cabeza y me duele todo el cuerpo. No puedo buscar un trabajo estable porque no me concentro.

Eso también me repercute para sobrevivir, claro. Mi hija mayor me ayuda mucho, mis hermanas y mi prima… Yo voy vendiendo cosas que no necesito, porque ¿para qué quiero nada ahora?

Una familia destrozada

Desde que enviudé hace un año, me quedé al frente de mis tres hijas. Yo voy a cumplir 42 años. Mi hija mayor de 21 ha estado al pie del cañón, ha sufrido y sufre a la par conmigo.

Tengo otra niña de 16 años, que está con su abuelita. Por el momento no está conmigo porque yo me la he pasado saliendo a buscar a Frida, alzando la voz. A la niña también la ha trastornado todo esto y acude al psicólogo.

Estamos todas muy mal, física y emocionalmente. Pero sé que tengo que estar bien para seguir buscando a Frida.

Frida es una estudiante de la facultad, estudia para contador público. Ella no tiene problemas con nadie ni debe nada, se dedica a su estudio.

Es muy inteligente y aplicada. Estudiar es su sueño y ella me decía: «Yo le prometí a mi papá que yo me iba a graduar y trabajar después para ayudarles mucho a la familia». Esos eran sus planes.

Continúa leyendo: Marzo, el mes más sangriento del año y el baile de las cifras de muerte.

Ella vivía conmigo mientras estudiaba. Siempre estábamos juntas, era muy apegada a mi. Íbamos al centro, a comer, a visitar a mis hermanas… Ella siempre ha sido la alegría de la casa, muy bailadora, muy risueña y alegre.

Este Día de las Madres (10 de mayo) fue un día muy triste, lleno de dolor. Me puse muy mal, tuve que ir al doctor porque me dolía mucho mi cabeza.

Aunque la verdad es que todos los días para mí han sido grises desde que Frida no está con nosotros. Porque es muy triste y duro pasar esta situación y no tener hasta la fecha respuesta alguna. No se sabe nada.

Inseguridad diaria

En la tele dicen que casi diario aquí en Nuevo León pasan muchos crímenes, secuestros, levantones… así que ni la veo porque me pongo muy mal.

Me siento insegura en la calle, es una inseguridad muy grande, yo veo como foco rojo todo el estado. No ando a gusto en la calle, siento miedo pese a que somos personas de trabajo y no debemos nada ni tenemos problemas con nadie.

Ya uno al salir a la calle carga su gas pimienta. Sales a lo que vas y regresas, como más tardar a las 5:00 de la tarde. Porque si en el día es peligroso, no se diga salir en las noches.

A mis hijas les digo: «Ustedes creen que están bien, seguras y que jamás te va a pasar esto». Igual que yo no imaginé nunca pasar por esta situación tan difícil. Nos ha afectado mucho porque jamás pensamos que nos sucedería esto en la familia, esta gran pesadilla. Todos estamos consternados.

Ahora lee: México reporta 23 mil asesinatos de mujeres pero juzgan como feminicidios solo 5 mil.

No sé a qué se deba, pero yo me cansé de tocar puertas a los medios de comunicación para hacer ruido por Frida, para que saliera en las televisoras. Créame que nadie vino a hacerme una entrevista hasta ahora que han pasado muchas cosas del caso de Debanhi (Escobar) para acá. Ahí es que han venido algunas personas a interesarse.

A algunos casos como el de Debanhi y otras jovencitas se les ha hecho mucho ruido. Pero a mi, nueve meses después, no me hacían caso. Apenas que pasaron esas desgracias tan grandes han mirado para mí.

Me dicen que confíe en la autoridad, que me van a ayudar, que van a agilizar todas las investigaciones y van a mandar elementos a Sabinas. Yo creo y confío en ellos, pero ojalá que no solo me lo platiquen, sino que lo hagan.

A la autoridad le pedí que me acompañaran a buscar a Frida, porque si no son ellos, ¿quién le respalda a una? Pero nunca he ido a campo porque no se ha dado la oportunidad de que yo vaya. Y sola no me atrevería por la inseguridad.

«Mi hija está viva»

Yo tengo la fe y la certeza de que mi hija está viva. Mi corazón de madre me dice que lo está.

Anoche me dormí como a las 6:00 horas, porque solo duermo como dos o tres horas al día. Cuando me quedé dormida, soñé que Frida había llegado. Y ella, que es muy gritona, me decía: «Ya llegué, mami, estoy bien, ya estoy contigo». Y me abrazaba. Me abrazaba con tantas ganas…

Consulta: México, el fracaso en frenar la violencia feminicida.

Así como tengo mi de fe de que va a volver, también quiero que termine esta pesadilla, como Dios la mande.

Aquí está lleno de casos de desapariciones que llevan años y años. Yo no quiero ser una más y vivir toda la vida con eso de que no la veo, buscando y buscando, que no llega y no te resuelven nada. Pero tengo tanta fe de que ella va a volver, tanta certeza de que mi hija va a regresar bien, solita…

Lo que quiero es que el caso de Frida no se quede impune, que no termine como otros que tienen 10 o 15 años y sus carpetas de investigación se quedan olvidadas.

Pediría al señor gobernador que pida refuerzos. Que entre la Marina a Nuevo León para que se compongan las cosas, que entren elementos especializados para que nos protejan de tanta cosa que se está viviendo.

En definitiva, quiero que me escuchen. Yo no busco culpables. Y si la persona que tiene a Frida me escucha, que se toque el corazón y sepa que su madre está sufriendo mucho por ella, igual que sus hermanitas. Que Dios toque su corazón para que ella pueda regresar a casa.

Fuente: BBC.

La entrada México: «Uno ve a diario que se roban muchachitas y jamás veo que encuentren al responsable» se publicó primero en México 24 siete.

Las autoridades reportan estos más de 5 mil feminicidios en los últimos siete años: un total de 412 en 2015; 608 en 2016; 742 en 2017; 896 en 2018; 947 en 2019; 949 en 2020 y 969 en 2021. No obstante, si se suman los homicidios dolosos cometidos contra mujeres en ese mismo periodo (17 mil 842), la cifra de mujeres muertas de forma violenta asciende a los más de 23 mil asesinatos.

No hay una cifra o dato oficial por parte del Gobierno que dé cuenta del total de mujeres asesinadas en la última década. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) reporta homicidios dolosos de mujeres y feminicidios a partir del año 2015; sin embargo, si se toman en cuenta los datos de la ONU Mujeres México, obtenidos a partir de las estadísticas vitales de mortalidad del INEGI, el número de víctimas ascendería a los 33 mil 916, ya que, de acuerdo con la ONU, entre el 2011 y 2014 se registraron al menos 10 mil 477 fallecimientos de mujeres con presunción de homicidio.

Te puede interesar: El feminicidio de una adolescente de 13 años conmociona México.

Aunque las cifras de feminicidios registradas en las estadísticas oficiales, a partir de 2015, muestran una tendencia al alza, su investigación y clasificación aún no supera el 27 por ciento del total de asesinatos de mujeres.

En el año 2015, del total 2 mil 146 asesinatos de mujeres sólo el 19.19 estaban clasificados como feminicidios; para el año posterior, del total de 3 mil 716 asesinatos de mujeres, el 26.07 por ciento (969) fue investigado con perspectiva de género.

La deficiente clasificación de los feminicidios, que propicia a que pueda existir un alto subregistro de feminicidios, es un problema que persiste en México y que organizaciones de la sociedad civil y víctimas han denunciado por años, debido a que provoca que las cifras no permitan dimensionar la magnitud real de la violencia feminicida, señala el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

“Una de las cosas por las que hemos venido luchando es porque se acredite el delito […] siempre ha sido muy complicado tener datos muy actualizados. Lo que vemos es que los números de femicidios no reflejan la realidad de la violencia feminicida en México porque la autoridad sigue teniendo resistencias para acreditar el delito”, expresó en entrevista con SinEmbargo, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Te recomendamos leer: El caleidoscopio maldito de la violencia.

La activista se dijo convencida de que, de los más de 23 mil asesinatos de mujeres, más de la mitad tienen características de feminicidios, pero no todos son clasificados correctamente porque —dijo— aún hay resistencias de las autoridades para acreditar el delito, porque esto les genera mala fama o no les da votos.

“Como en el caso de Guanajuato, prefieren tener más de 300 asesinatos de mujeres, pero es irrisorio que sólo tengan 29 feminicidios”.

María de la Luz Estrada reiteró que el Observatorio —como organización que ha acompañado varios casos— ha encontrado que las autoridades optan por clasificar o dejar como suicidios crímenes que en realidad son feminicidios.

“La autoridad siempre va retrasada en estadística”, destacó la activista.

“CAMPO ALGODONERO”, EL ANTECEDENTE

El término de feminicidio se empezó a nombrar en México y surgió como una respuesta política del movimiento feminista en la década de los 90, luego de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero no fue hasta el año 2007 cuando por primera vez ésta violencia contra las mujeres fue reconocida en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

El caso “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, Chihuahua —referente a la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez— llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar en noviembre de 2009 un fallo histórico en el que condenó al Gobierno mexicano por negligencias en las investigaciones; este fue uno de los casos que generó mayor presión para que el feminicidio fuera reconocido y tipificado.

El feminicidio fue tipificado en México en el año 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal en el artículo 325, pero llevarlo a la práctica costó mucho más tiempo. Por medio recomendaciones y presiones de organizaciones nacionales e internacionales para el año 2014, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género recomendó al Estado Mexicano aplicar el protocolo en “todos los casos de muertes violentas de mujeres”, es decir, investigarlas con perspectiva de género.

LAS PRINCIPALES RESISTENCIAS

María de la Luz Estrada explicó que una de las principales resistencias que aún existen con las autoridades, es el hecho de que las fiscalías no quieren clasificar los asesinatos de niñas como feminicidios, sino que lo clasifican como homicidio dolosos o parricidio.

La negativa a clasificar como feminicidio a las mujeres que fueron localizadas sin vidas y contaban con un reporte de desaparición es parte de otras de las prácticas dilatorias a las que se enfrentan los colectivos, indicó Estrada.

“Por lo general esos casos se van a reserva o archivo porque la autoridad ya no los quiere investigar. Muchas de las autoridades nos han dicho que ese tipo de casos los expone a un mayor riesgo y ellos no están protegidos o no cuentan con suficiente personal para seguir una investigación de lo que significa este tipo de delitos”, detalló.

La falta de personal especializado en las fiscalías, como peritos que hagan análisis del contexto de violencia del primer círculo de la víctima, es otro de los retos y pendientes.

Te compartimos: México, el fracaso en frenar la violencia feminicida.

La directora del OCNF explicó que contar con peritos es necesario porque las pruebas periciales, no solamente las de criminalística sino también las forenses, son fundamentales para que las hipótesis en las líneas de investigación lleven a la verdad y justicia que requieren las víctimas; “pero realmente no contamos con expertos y la autoridad no tiene metodologías de investigación para este tipo de delitos”, dijo.

Además, los familiares de las víctimas de feminicidio también padecen de la indolencia, irregularidades y violencias institucionales en el proceso de la investigación. Entre ellas, explicó María de la Luz, es que no les dan acceso a las carpetas de investigación, a pesar de ser un derecho que tienen las víctimas.

“Nosotras tenemos que estar metiendo recursos de amparo para que la víctima pueda tener derecho o acceso a la carpeta de investigación”.

La directora del Observatorio Nacional del Feminicidio indicó que aún hay grandes desafíos y pendientes porque los jefes de Estado y los gobiernos siguen sin reconocer la gravedad de la violencia contra las mujeres, tema central en la agenda y que sí tiene que ver con un contexto de discriminación de la cultura machista

“No han entendido que esta cadena de impunidad, que protege y es permisiva, es una violencia institucional porque al final la misma autoridad está generando las condiciones (para que sigan los feminicidios). ¿De qué sirve tener tantas fiscalías sino cuentan con las personas adecuadas? Y, por el otro lado, no están investigando para lograr la política de prevención del delito. Siguen minimizando, sin entender que los problemas son diversos y por eso debemos tener esos diagnósticos”, apuntó.

Te invitamos a leer: Víctimas de violencia sexual buscan alternativas.

La defensora destacó que debe de haber un compromiso real por parte de los gobiernos para diagnosticar adecuadamente los diversos contextos en que está inmersa la violencia que pone en riesgo a las mexicanas.

“Sí están tratando de hacer algunos esfuerzos, pero esos esfuerzos siguen quedando cortos para la gravedad de las violencias contra las mujeres”,

sentenció.

Finalmente, la especialista abundó que también es necesario que los gobiernos, federal y estatales, incorporen herramientas y políticas de evaluación de los resultados.

“Necesitamos resultados que se evalúen, de cuánto se invirtió y qué impacto de mejora hubo en la atención prevención y sanción de la violencia”,

mencionó.

Fuente: Zona Franca.

La entrada México reporta 23 mil asesinatos de mujeres, pero juzgan como feminicidios sólo 5 mil se publicó primero en México 24 siete.

La última vez que la madre de Lourdes Mañon vio a su hija de 13 años, la chica vestía un pantalón de mezclilla, una camiseta rosa con animales y unos tenis blancos. Desaparecida desde el 30 de enero, el cuerpo de Lulú, como le decía su familia, fue encontrado en un terreno baldío con signos de violencia física y sexual una semana después.

Te puede interesar: El caleidoscopio maldito de la violencia.

La joven vivía con su familia en el municipio de Zumpango, Estado de México, la entidad con más feminicidios del país en 2021, con 110 homicidios. Lourdes Mañon desapareció a la salida del Fraccionamiento Paseos de San Juan. Su madre no dudó ni un momento en buscar a su hija y acudió a las autoridades ese mismo día para poder dar con ella.

En el Centro de Justicia, la familia de la adolescente de 13 años ha declarado a la prensa que las autoridades fueron omisas y que se negaron a abrir una carpeta de investigación hasta el 3 de febrero, cuando su madre pudo interponer la denuncia.

El viernes 4, después de encontrar el cadáver de la joven de 13 años, las autoridades detuvieron a Luis ‘N’, como presunto feminicida. De acuerdo a un video de una cámara de vigilancia, se encontraron pruebas para detener al sospechoso. Los grupos feministas que acompañan el caso señalan que en las imágenes se ve como presuntamente el hombre sube a la niña en una camioneta. Según las autoridades del municipio, en el celular del detenido se ha encontrado un video que lo incrimina en los hechos.

Te recomendamos leer: México: “Los más vulnerables sufren más asesinatos, con más saña y brutalidad“.

Pese a la indignación, la familia y los grupos de la sociedad civil que han dado seguimiento al caso temen que el detenido pueda quedar en libertad por ser hijo de un policía local.

En 2021 Estado de México además de estar a la cabeza en violencia feminicida, también encabezó los primeros lugares del país en otros delitos contra las mujeres, como secuestro, extorsión, violencia familiar y violación. Ante esta situación crítica, hay 25 alertas por violencia de género declaradas en 22 de los 32 Estados del país. Solo el Estado de México tiene declaradas no una, sino dos alertas por violencia machista. Una medida urgente y excepcional para atender situaciones críticas de violencia feminicida que no sirve para poner remedio a casos tan espantosos como el feminicidio de Lourdes Mañon.

Te compartimos: Falta de medicamentos, feminicidios, desempleo: el deterioro de la vida en México.

La violencia generalizada, la pandemia y los recortes presupuestarios han provocado el alza de las agresiones machistas en el país. El año pasado fue el más violento para las mujeres mexicanas, con más de 3.000 asesinadas, mientras que el delito de feminicidio se incrementó un 4% durante el Gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Fuente: El País.

La entrada El feminicidio de una adolescente de 13 años conmociona México se publicó primero en México 24 siete.

A los 10 años, siendo una niña, empezó a ayudar a su madre a vender droga. Solo cuatro años después, ingresó en un cartel del narco y aprendió a matar.

La historia de Susana* es una de tantas que demuestra que los tentáculos del narcotráfico en México se extienden también, y cada vez más, sobre quienes ni siquiera han cumplido la mayoría de edad.

Sin embargo, la falta de datos concisos -diferentes organizaciones y autoridades estiman que los niños y adolescentes con vínculos con el crimen organizado en México pueden oscilar entre los 35.000 y 460.000- hace que su realidad se torne casi invisible y pareciera que no existe.

Pero sus experiencias, algunas realmente estremecedoras, están ahí. Muchos son utilizados como carne de cañón y captados por los carteles porque saben que sus condenas, en caso de ser capturados, serán mucho menores.

La ONG Reinserta, que trabaja con jóvenes que entran en contacto con el sistema de justicia penal, escuchó decenas de estos duros relatos en centros de internamiento y arrojó luz sobre su realidad gracias a su reciente estudio «Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada».

La de Susana, ahora con 17 años, es una de esas historias de «niños del narco» y que BBC Mundo reproduce con autorización de Reinserta.

Nací en Monterrey, Nuevo León, en una familia estricta. Mi mamá siempre quiso lo mejor para mí y mis hermanos, por eso era muy dura con nosotros en cuestiones de educación y valores.

Ella tenía dos trabajos: en el primero era ayudante de cocina, trabajaba de siete de la mañana a siete de la noche. Después entraba a su segundo trabajo como bailarina en un bar, de ahí salía a las cuatro de la mañana. Estábamos solos mucho tiempo.

No sé mucho de mi papá biológico, solo sé que trabajaba para la delincuencia organizada y que lo mataron unas personas de un cartel contrario cuando yo tenía 3 años. Por eso mi mamá hizo una nueva familia, y mi padrastro fue el que me dio sus apellidos y me adoptó como hija.

Desde pequeña estuve en contacto con armas. Mi mamá tenía una pistola calibre 22 y un revólver 38, eso lo veíamos normal. Mi mamá y mi padrastro peleaban mucho, su relación ya no iba bien porque él se drogaba todo el tiempo y eso no le gustaba a mi mamá, por eso decidieron separarse.

Te puede interesar: El caleidoscopio maldito de la violencia.

Como mi mamá no nos podía cuidar, convivimos casi todo el día con la niñera. A mi mamá no le alcanzaba el dinero, y cada vez nos veía menos, empezó a buscar una forma de conseguir algo extra.

Un hermano de ella le dijo que podía conseguir más dinero vendiendo droga. Así se fue metiendo en eso, vendía crack y cocaína. Como era buena vendiendo la contrataron los del cartel, primero los Zetas y luego los Sinaloas.

Yo era muy apegada a mi mamá, era muy cariñosa conmigo, siempre andaba diciendo que me iba a hacer mis 15 años. La admiraba, quería ser como ella, era muy fuerte en todas las cosas, salía adelante ella sola.

Pero, así como mi mamá, nosotros [mis hermanos y yo] también empezamos a meternos en el narcomenudeo. A los 10 años empezamos a vender droga para ayudarle con los gastos de la casa. Era el negocio familiar.

Cuando el cartel del Golfo se apoderó de la zona, mi mamá empezó a trabajar para ellos. Ahí la regó, porque a los del otro cartel no les gustó nada que ella se haya ido con el enemigo, por eso dieron la orden de asesinarla.

A mi mamá la mató un sicario, le dio tres disparos. Yo tenía 12 años cuando me quedé huérfana, había perdido a la persona más importante en mi vida: mi madre.

Te recomendamos leer: Víctimas de violencia sexual buscan alternativas.

A partir de ese día, cada uno de mis hermanos tomó caminos diferentes. Yo me quedé en la casa de mi mamá y empecé a consumir drogas, fumaba marihuana, me metía píldoras, cocaína… Poco a poco me fui haciendo adicta a ellas, yo era una niña, no sabía cómo salir adelante, era cobarde con la vida, no sabía cómo enfrentarla.

A los 14 años conocí a un hombre que se volvió mi novio, él era mucho más grande que yo, fue quien me envició con drogas más fuertes como el tolueno [una sustancia inhalante que tiene efectos narcóticos y alucinógenos] y el crack. Empecé a drogarme diario.

El mundo en el que me sumergí me envolvió, mis nuevos amigos me enseñaron a robar tiendas de autoservicio y autos. Poco a poco me empecé a volver famosa porque era «muy temeraria», asaltaba y robaba sola.

Hasta que un día llegó un muchacho que me dijo que era del cartel del Noroeste, me enseñó fotos donde yo estaba robando y me dijeron: «¿Qué onda, te metes a jalar o te doy cuello?». Tenía 14 años, no tuve de otra. «Dame armas, droga, carros, yo le entro».

Al poco tiempo de entrar al cartel me detuvieron y me acusaron de delitos contra la salud, pero solo estuve internada un mes. Cuando salí lo tenía muy claro: no quería vender droga, yo quería matar gente. El cartel tiene diferentes áreas: venta de droga, secuestro o extorsión, trata de personas y sicariato. Ese era el grupo al que quería entrar.

Para eso tenía que pasar varias pruebas. La primera fue asesinar a un hombre afuera de un bar. Me dieron un arma calibre 40 color negro, sabía cómo se utilizaban las armas por lo que veía en las películas, pero en realidad nunca había disparado una. Eso no me detuvo: sabía que tenía que realizar el encargo porque de eso dependía mi vida y la posibilidad de trabajar para el cartel.

Le disparé cuatro veces. Salí corriendo, con la adrenalina a tope. Me gustó, quería más, se me hizo una adicción. Finalmente había encontrado algo me hacía sentir mejor que la droga: asesinar.

Te compartimos: México, el fracaso en frenar la violencia feminicida.

La segunda prueba fue torturar a un muchacho, le tenía que cortar la mano. Ahí sí me quería desmayar, pero la persona que me estaba enseñando me dijo que era normal, que le siguiera.

Fui entrenada para disparar, asesinar, mutilar y vender droga, pero lo que más me llamaba la atención era asesinar personas. Me llevaban a matar a puras mujeres. Yo preguntaba si tenían familia, cuando me decían que sí, les decía: «Con más razón».

[Para mí] era una forma de liberar el enojo que había sentido cuando mataron a mi mamá. Pensaba: «Pues si ellos le hicieron eso a mi mamá, ¿por qué yo no lo voy a hacer?». Mis víctimas eran mujeres que tuvieran hijos, quería que ellos sintieran lo que yo había sentido, las mataba enfrente de los niños.

También me encargaba de reclutar a nuevos integrantes. Buscaba a aquellos que no les importara morir o matar, no importaba la edad. Aunque nunca recluté niños, sabía que eran una herramienta útil, ya que el cartel puede aprovecharse de ellos y culparlos de los delitos que cometan otros, porque ellos salen pronto de los centros de internamiento. Yo creo que por eso me agarraron a mí.

Me sentía poderosa dentro del cartel, sentía que tenía más valor que muchos otros hombres con los que trabajaba. Unos se paniqueaban y gritaban al momento de disparar, pero yo no, no sentía miedo ni remordimientos. Teníamos una cuota de dos homicidios diarios, se nos daba la información y teníamos todo el día para cumplir. Si no, no se nos pagaba.

Tenía 15 años cuando me mandaron a vigilar la casa de un hombre al que íbamos a matar, pero alguien dio aviso a la policía y me agarraron por segunda vez.

Me costó cinco meses de cárcel. Durante el tiempo que estuve internada, no escuché noticias del cartel, me dieron la espalda. Por eso quise salirme.

Cuando salí, me fui a vivir nuevamente con mi papá y su esposa, pero ellos no me querían. Él prefirió estar con ella a estar conmigo.

Me regresé a casa de mi mamá, tenía 16. Para esto, el cartel del narco me andaba buscando para que regresara a trabajar y me encontraron. Les dije que yo no había desertado, que ellos me habían dejado morir en el tutelar.

Para perdonarme la vida me llevaron a casa de una señora para que le sacara información, me dijeron que le mochara los dedos, yo no quería, ya no quería matar, los meses que estuve internada me cambiaron… pero ni modo, era la vida de ella o la mía, así que hice lo que tenía que hacer.

Seguí trabajando para el cartel y un día nos mandaron, a mí y a unos compañeros, a robar un carro que traía «pacas de ropa». Yo era la encargada del grupo, así que di órdenes, pero mis compañeros hicieron lo que quisieron, destruyeron el carro, perdieron las armas y a mí me dieron diez tablazos como castigo. Los golpes eran tan fuertes que me hice del baño encima, me acuerdo de ese día y me hierve el coraje.

Te invitamos a leer: Ataque en Michoacán, México, deja 10 militares lesionados.

Después de ese incidente, dejé de recibir mi pago. Cuando vi que pasaban y pasaban las quincenas, decidí desertar definitivamente y dedicarme a la venta de droga de manera independiente junto a mi hermano. Pero como la policía me tenía en la mira, me agarraron y me metieron nuevamente a la cárcel por delitos contra la salud.

Ahorita estoy en un centro de internamiento cumpliendo un año de medida privativa de la libertad. Viene a visitarme uno de mis hermanos y disque mi papá también me está apoyando. Para mí, estar aquí es una oportunidad de rehacer mi vida y reforzar la relación con mi familia, es lo único que quiero.

Quiero seguir estudiando y cumplir el sueño que tenía de niña: ser criminóloga. Pero, sobre todo, quiero alejarme por completo del mundo de la delincuencia organizada. Para mí, estar en internamiento significa estar en paz. Mi vida dejó de correr riesgo cuando entré aquí, además he hecho buenas amistades y tengo el apoyo que no tuve de niña.

Si yo puedo dar un consejo a un niño o adolescente es que no se meta en esto, porque nada más lo van a utilizar. En esta vida es el encierro o la muerte, no hay de otra. Si a mi mamá no la hubieran asesinado, no habría pasado todo lo que estoy viviendo hoy.

* El nombre real de la protagonista de esta historia ha sido modificado para proteger su identidad.

«Contextos violentos y de maltrato»

Lo que más llamó la atención de los responsables del estudio de Reinserta que escucharon historias como la de Susana fue el impacto psicológico sufrido por la gran mayoría de entrevistados en forma de ansiedad, depresión o estrés postraumático tras haber estado expuestos a tal grado de violencia.

«Casi todos venían de contextos violentos, de maltrato hacia ellos. Muchos fueron abandonados a temprana edad, desertaban de la escuela y tenían acceso a drogas incluso a los 10 años, lo que era un escalón previo para vincularse a la delincuencia organizada»,

destaca Marina Flores Camargo, directora de investigación de la ONG y quien lideró el estudio.

Otros factores comunes hallados fueron las dificultades económicas de unas familias mayoritariamente disfuncionales.

«Este escenario les hace ver que, tras dejar la escuela, o están en su casa o se vinculan a la delincuencia. Y esta es la opción que les permite ganar dinero. No hay metas ni expectativas», le dice a BBC Mundo.

• «Era tan pequeño que lo pusieron en el mismo ataúd que a su papá»: los miles de niños que son las víctimas invisibles del narco en México

Sus testimonios permitieron entender los diferentes modos de operar según la zona del país. En el norte, por su cercanía con la frontera de EE.UU., es donde los jóvenes confesaban mayor facilidad para transportar droga y donde los entrenamientos para ser sicarios, con apoyo de exmilitares, son más violentos y largos (de hasta seis meses).

Continúa leyendo: Periodistas de todo México dicen basta de asesinatos y agresiones contra la prensa.

Sin embargo, entre sus roles asignados no había grandes diferencias en función de género, como el caso de Susana. «Lo que sí les diferencia es que las historias de ellas son mucho más violentas. Algunas ya habían vivido abuso sexual, embarazos no deseados, abortos, maltrato… Eran historias en términos de violencia de género mucho más crudas», recuerda Flores Camargo.

La experta lamenta la carencia de programas sociales que faciliten la reinserción social de los menores de edad, lo que contribuye también a que tras su detención continúen en el mundo de la delincuencia, al igual que muchas de sus familias.

«Es necesario crear centros comunitarios sobre todo donde ya se ha identificado la violencia, detectar casos a tiempo en las escuelas para poder canalizarlos… no ver esta problemática de forma integral es un error»,

concluye la experta de Reinserta.

Fuente: BBC.

La entrada Los niños del narco en México se publicó primero en México 24 siete.

Y de nuevo en Tijuana, el pasado domingo, encontraron el cadáver de la reportera Lourdes Maldonado con el rostro acribillado. Hace tres años acudió a una conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que temía por su vida. Los esquemas de seguridad fallan, una y otra vez, mientras los criminales, a menudo vinculados a los carteles de narcotraficantes, siguen impunes. Este martes una cadena de concentraciones en 23 Estados del país pedirá al Gobierno que actúe para proteger a los comunicadores y garantizar el derecho a la información.

Te puede interesar: Pese a «fuerte retórica» de AMLO, México quedó entre los más corruptos de 2021.

Pero la violencia contra los periodistas no es la única imagen terrible de ese caleidoscopio. Ciudad Juárez ha sido escenario, de nuevo, de un feminicidio que ha revuelto a una comunidad ya acostumbrada a convivir con ese abismo. El doble crimen de Tania y Nohemí, asesinadas y tiradas en la cuneta, encierra además todo el odio contra el colectivo LGTB+. Lo inhumano ha convulsionado también a Puebla, donde el cuerpo de un bebé de tres meses fue arrojado en el basurero de una cárcel tras haber sido robado en un cementerio de Iztapalapa, en Ciudad de México. Por este escalofriante caso, de momento, han sido detenidos 19 funcionarios del penal. Y más víctimas: el viernes dos turistas murieron en una balacera en un hotel cinco estrellas del parque temático Xcaret en la Riviera Maya.

Política y diplomacia

A pesar de la brutalidad de la semana, México ha tenido otros dos focos informativos. Uno estrictamente político, por el nombramiento de 16 nuevos embajadores y altos cargos en plazas clave en América Latina y Europa. El presidente eligió a personas de confianza, pero sus designaciones -entre las que figuran ex dirigentes del PRI y un historiador acusado de acoso sexual, Pedro Salmerón, que ha provocado una enorme indignación- se configuran como un campo de batalla interno de Morena, el partido que sostiene al Gobierno.

Fuente: El País.

La entrada El caleidoscopio maldito de la violencia se publicó primero en México 24 siete.

La activista indígena me’phaa tiene 44 años y a partir de 2021 ya no recorre ese trayecto sólo para hacer compras o trámites en Ayutla; ahora lo hace para llegar a un refugio que ella misma ayudó a construir: La “Casa de los Saberes” (Gúwa Kúma, en lengua me’phaa), un lugar que se inauguró a finales de septiembre para atender a mujeres víctimas de violencia, incluida sexual, como la que sufrió Inés.

Te puede interesar: México, el fracaso en frenar la violencia feminicida.

El 22 de marzo de 2002, cuando tenía 25 años, Inés fue víctima de abuso sexual a manos de efectivos del Ejército mexicano. Al denunciar, asegura, se enfrentó a la discriminación por ser mujer e indígena y a la ineficiencia de las autoridades mexicanas. El tiempo pasó y al no obtener la justicia a través de un proceso penal, Inés buscó otras alternativas, lo mismo que se ven obligadas a hacer muchas otras mexicanas, cuyas denuncias por violencia sexual no derivan en una sentencia contra su agresor. Algunas llevan su caso a instancias internacionales o denuncian públicamente, otras se acompañan entre sí durante el proceso de denuncia y algunas más simplemente intentan resignificar lo que vivieron. En la “Casa de los Saberes”, éstas y más opciones están al alcance de quien las necesite.

“Este centro representa una parte de la justicia que he estado esperando por casi 20 años. He tenido que recorrer un camino muy difícil para llegar aquí. En estos años de lucha, viví amenazas y hostigamientos, mi esposo fue amenazado y perdí a mi hermano Lorenzo, lo mataron porque yo exigí justicia”, dice Inés.

Esta historia fue realizada con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.

____

Te recomendamos leer: México: Deficientes investigaciones de feminicidios en el Estado de México violan los derechos de las mujeres a la vida, integridad personal y al acceso a la justicia.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, organismo que ha dado seguimiento al caso de Inés, al acudir al Ministerio Público municipal, un día después de la violación que refiere Inés, las autoridades se negaron a tomar su declaración e iniciar su denuncia. Argumentaron que estaba mintiendo y tuvo que solicitar acompañamiento a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero para poder acudir a la fiscalía estatal. Sin embargo, añade el CDHM, en algún punto del proceso esa comisión perdió las pruebas ginecológicas que se realizan obligatoriamente en este tipo de casos para probar los hechos.

Eventualmente las autoridades civiles transfirieron el caso al fuero militar de la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero. El ejército dice que investigó, pero concluyó que no se había cometido ningún delito y que los nueve militares acusados eran inocentes. El caso fue cerrado.

En 2005, cuando se agotaron los recursos internos en México tras haber apelado en diversas instancias, Inés llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con apoyo del CDHM. De ahí pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que el 30 de agosto de 2010 emitió una sentencia en la que declaró al Estado mexicano culpable de ejercer violencia institucional castrense en su contra.

La CoIDH ordenó al Estado mexicano, entre otras cosas, que todos aquellos casos en los que elementos del Ejército se vean involucrados en violaciones a derechos humanos sean remitidos a instancias civiles, es decir, que sean juzgados como cualquier otra persona y no en un tribunal militar. A raíz de esto, el gobierno restableció el proceso y en 2013 se arrestó a dos de los presuntos agresores de Inés. Años más tarde, según informaron las autoridades, uno de ellos falleció en la prisión del Campo Militar, en las afueras de Ciudad de México, y otro permanece ahí mismo sin ser sentenciado.

Te compartimos: La impunidad crece en México: un 94,8% de los casos no se resuelven.

El proceso continúa abierto e Inés sigue esperando a que el Estado castigue a quienes hace 19 años la agredieron. “Lo que estoy viviendo hoy es sólo una parte de la justicia que busco. Yo quiero que esta persona pague y sigo esperando a que el gobierno se haga cargo”, dice Inés.

Otra de las medidas de reparación que estableció la CoIDH en su resolución fue la construcción de un centro comunitario para promover los derechos humanos y los de la mujer. Once años después de la sentencia y casi veinte después de la agresión, el Estado concretó la reparación del daño a Inés y así nació la “Casa de los Saberes”.

“La creación de este centro es un poco de la justicia que he buscado para mí y para quienes viven situaciones de violencia en nuestras comunidades para que no vivan lo que yo viví, que no tuve un espacio en el que fuera escuchada y en el que encontrara justicia”, expresa Inés. “Esta parte de justicia la encontré yo con la sentencia de la Corte Interamericana porque no se dio por voluntad del gobierno mexicano sino que (el Estado) fue sentenciado a reparar los daños que me ocasionó”.

____

LOS IMPACTOS DE LA DENUNCIA EN LAS VÍCTIMAS

La CoIDH ayudó a visibilizar internacionalmente la violencia que Inés sufrió por parte de los militares y de las autoridades mexicanas, pero también evidenció la impunidad que se vive en el fuero civil al momento de denunciar violencia sexual. Testimonios de víctimas de ese tipo de agresiones recopilados por The Associated Press de marzo a octubre de 2021 muestran que la justicia penal en estos casos es revictimizante, es decir, que cuando las mujeres acuden a las dependencias a denunciar, son tratadas como si hubieran provocado el abuso en su contra y las autoridades no actúan para atender adecuadamente sus reclamos.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) de 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de todas las causas para no denunciar, el 61% lo atribuye a la autoridad. Y del total de este porcentaje, un 34% lo considera una pérdida de tiempo, 14% desconfía de la autoridad, 7% cree que los trámites son largos y difíciles, 4% no lo hace por la actitud hostil de los funcionarios y un 1% teme ser extorsionado.

En México, las denuncias que se hacen por violencia sexual son muy pocas. De acuerdo con datos publicados por el INEGI a finales de 2020, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8%). La información se obtiene de tres instrumentos de información clave que genera el INEGI: La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y los registros administrativos de los Censos Nacionales de Gobierno.

Te puede interesar: México: Hallan 10 cuerpos en Zacatecas, 9 colgados de un puente.

Según los datos de los censos nacionales de procuración e impartición de justicia realizados por el INEGI de 2014 a 2018, casi 145.000 víctimas de presuntas violaciones y abusos sexuales presentaron una denuncia formal en contra de sus agresores ante una agencia del Ministerio Público. No obstante, sólo cinco de cada 100 de esos casos derivaron en una sentencia. Del resto, una gran parte se quedó en las agencias del MP como indagatorias que “siguen en curso” o fueron archivadas por distintas causas.

Ana Katiria Suárez, penalista defensora de género que en 2013 representó a una joven acusada de homicidio calificado por matar a su violador en defensa propia, considera que lo anterior responde a los estándares de misoginia en los que se basan las investigaciones y a la falta de estructura que existe en México para atender este tipo de casos.

En México las denuncias por violencia sexual se presentan en la agencia del Ministerio Público más cercana al lugar de los hechos o al domicilio de la persona denunciante y de ahí se le remite a la oficina de la Fiscalía del estado que corresponda. Alrededor del 90% de éstas cuentan con un área especializada en Delitos Sexuales.

Te recomendamos leer: Falta de medicamentos, feminicidios, desempleo: el deterioro de la vida en México.

Ya sea ahí o en la oficina general, la víctima relata lo sucedido y luego acude con un médico legista para que se le realice una revisión ginecológica. Después un perito debe realizarle una entrevista y pruebas psicológicas, y la persona afectada se entrevista con un miembro de la policía de investigación para que se recopilen datos sobre el tiempo y espacio en el que ocurrió el hecho y sobre el presunto agresor que cometió el delito. Con esa información se integra una carpeta de investigación que la víctima podrá consultar aproximadamente 15 días después. Entonces se le designará a un MP que dará seguimiento a su caso.

Sin embargo, el proceso no es tan sencillo como parece.

“En este país, el primer obstáculo de las víctimas de delitos sexuales es que se enfrentan a la criminalización por parte de quien tendría que brindarles protección. La idiosincrasia de las autoridades gira en torno a cómo la víctima provocó lo que sucedió y a cómo lo pudo haber evitado, cuando en realidad nada justifica la conducta del agresor”, explica Ana Katiria Suárez, que también se especializa en derechos humanos.

La litigante detalla que las personas que vivieron este tipo de violencia muchas veces no denuncian o no concluyen el proceso porque creen que tienen que protegerse incluso de las autoridades ante las que denuncian. “El proceso es muy lascivo. La mayoría de las veces, desde que llegan a la barandilla, ya hay prejuicios culturales en su contra y por lo general se encuentran con la minimización de estas conductas (abusos sexuales)”, destaca la abogada. “‘No fue tan grave’. ‘Hay asuntos más delicados’. ‘Toma tu turno y regresa en seis horas’. ‘No tenemos médico legista’. Es entonces cuando volteamos a ver al aparato organizacional y operativo de las autoridades y nos damos cuenta de que no se tiene la infraestructura para atenderlas”.

Te compartimos: Fiscal de Paraguay: México no quiso cooperar con la justicia.

Por otro lado, el impacto psicoemocional que provoca en las personas reconocerse como víctimas de violencia sexual es devastador y el presentar una denuncia, en ocasiones, llega a intensificarlo. “En cuanto una persona abre temas como éstos, inmediatamente vienen las preguntas y cuestionamientos hacía la víctima y no necesariamente de personas distantes o de publicaciones de las redes sociales. A veces de parte de personas cercanas”, expresa Valeria Moscoso, psicóloga especialista en atención y trabajo psicosocial.

“Son como distintas rupturas de corazón una tras otra, distintos duelos uno tras otro. Se dan cuenta de que no hay una capacidad de conectar con las personas en las que confiaban y de que entiendan lo que implica un hecho de violencia sexual”, comenta la experta. “Si eso es difícil, imagínate estar siendo cuestionada constantemente por distintas autoridades y revisitar la situación violenta una y otra vez. Implica un desgaste emocional muy fuerte”.

La especialista explica que estas experiencias llegan a provocar ansiedad, problemas psicosomáticos, depresión, desconexión y momentos de despersonalización que afectan en sus relaciones interpersonales y laborales. “Por eso hay quienes deciden parar o bien compaginar su proceso con otras alternativas que les permitan acceder a la justicia que el estado de cierta forma les niega”, añade la psicóloga.

____

MÁS ALLÁ DE LA JUSTICIA PENAL

Han pasado más de 15 años desde que Claudia Hernández, licenciada en Ciencias Políticas de 39 años, fue arrestada durante una manifestación en el centro de México mientras, como parte de su tesis profesional, documentaba la protesta.

El 3 y 4 de mayo de 2006, por orden del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, quien sería presidente del país entre 2012 y 2018, se realizó un operativo policial en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, que rodea la capital del país. El objetivo era acabar con una protesta enarbolada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), movimiento que se oponía a la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona. El saldo del operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales del país fue de dos muertos, más de 200 detenidos y decenas de denuncias por detenciones arbitrarias, abusos, tortura y tortura sexual.

Tras su detención, al igual que a otras 50 mujeres, Claudia relata que se le trasladó a un penal para procesarla por los delitos de ataques a las vías de comunicación, terrorismo y asociación delictuosa. Los cargos por los últimos dos delitos se retiraron, pero el primero se mantuvo y aunque se le permitió salir un mes después del arresto, se le sometió a un proceso penal que duró cinco años. En 2011 se determinó que era inocente. La entonces estudiante cuenta que, mientras se defendía de dichas acusaciones, ella y otras 21 mujeres denunciaron formalmente que en su traslado al penal sufrieron abusos y violaciones sexuales por parte de la policía cuando fueron trasladadas.

Al igual que Inés, al agotar todas las instancias judiciales en el país, en 2008 Claudia y otras diez mujeres llevaron su caso a la CIDH. En 2018, la CoIDH condenó a México por no investigar, juzgar ni sancionar a todos los responsables del operativo policial tanto a nivel material como intelectual. Es decir, no sólo a los policías, sino también a la cadena de mando y a los funcionarios públicos que participaron en la planeación del operativo. Sin embargo, a tres años de esa determinación de la CoIDH, la investigación continúa estancada. Se han procesado a decenas de policías y médicos legistas, pero ningún funcionario público ha sido vinculado a proceso y hasta la fecha no hay sentencias condenatorias.

Melissa Zamora es co-coordinadora del área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organismo que representa a Claudia y a sus compañeras. Ella explica que elevar las denuncias de las mujeres a instancias internacionales o de derechos humanos porque el Estado no les responde es un tipo de justicia que se deriva del agotamiento de recursos. “Se busca cuando ya no hubo ninguna otra alternativa o cuando si bien seguían encaminados o seguían abiertos ciertos procesos ya se habían vencido los plazos razonables para que determinada investigación se llevara a cabo”, asegura la abogada.

Sobre la sentencia que emitió la CoIDH por su caso, Claudia asegura haberse sentido liberada aunque al paso del tiempo se dio cuenta de que la condena seguiría pendiente. “Dije: ‘Ya acabó, vamos a obtener justicia. Lo logramos, avanzamos, pero no. Es increíble ver la falta de coordinación administrativa e interinstitucional (del gobierno), la falta de compromiso por cumplir sus competencias y sus atribuciones”, expresa. “Ha sido difícil, pero tenemos la sentencia de la Corte que nos avala y aunque va a ser una lucha muy larga, no vamos a dejar de insistir hasta que se cumpla”.

En paralelo al proceso penal, en 2014 las mujeres de Atenco lanzaron una campaña llamada “Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la tortura sexual” que busca visibilizar esta práctica, promover la denuncia y generar solidaridad con otras sobrevivientes. Desde el punto de vista de Claudia, crear lazos como éste con otras sobrevivientes ayuda a los procesos de sanación de cada una y muchas veces el apoyo y acompañamiento que se gesta es clave para poder acceder a la justicia.

“Cuando a mí me pasó, tuve que enfrentar a mi familia y explicarles que había sido violada y que no había sido mi culpa. Te tienes que enfrentar a ellos, al Estado y demostrar que fuiste víctima de violación”, explica. “Quien me empujó a salir adelante fueron en un principio mis amigas y después ahí estuvieron los colectivos y las organizaciones, esperándonos con los brazos abiertos. Tener la compañía de esa gente que te hace entender que tú no eres culpable de nada te permite seguir luchando”.

Edith Escareño, psicóloga especializada en violencia de género y violaciones a derechos humanos, opina que este tipo acompañamientos se han convertido en otra alternativa a la justicia penal para las víctimas de violencia sexual. “El sistema, así como está, a las mujeres no nos están sirviendo. Por eso se crean estas otras formas de justicia que buscan resignificar sus experiencias con quien sí escucha y entiende y acompañar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Es apabullante porque cuando el sistema falla y no se castiga la violencia como tal, hay un contrapunteo de resistencia”, explica la experta. “La colectividad les ayuda a no vivir el proceso solas y a tomar fuerza para exigir que se respeten sus derechos”.

Para las 11 mujeres de Atenco, la justicia se alcanzará cuando el Estado sancione a todos los implicados en el operativo de 2006, cuando se concrete la creación de un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de la entonces Policía Federal (PF) —hoy Guardia Nacional— y cuando se garantice la no repetición de este tipo de crímenes. “No queremos que ninguna otra mujer pase por lo que nosotras pasamos porque te rompe la vida definitivamente y ninguna mujer tiene que ser violentada a tal extremo”, recalca Claudia.

____

JUSTICIA INSTITUCIONAL Y DENUNCIA PÚBLICA

Amy Lira, de 29 años, lo tiene claro: “Ninguna mujer que haya sido víctima de violencia sexual tendría que vivir un proceso de denuncia tan revictimizante como el que se vive en México”. Y lo dice por experiencia propia.

En junio de 2016, la actriz y activista decidió denunciar penalmente por abuso sexual a un director de teatro y profesor mexicano que laboraba en distintas universidades del país. Amy relata que nunca imaginó que además de asimilar la agresión que vivió tendría que enfrentar la “ineptitud” y “la nula perspectiva de género” del sistema de justicia mexicano.

“Desde el momento en el que llegas (al Ministerio Público) te enfrentas a los juicios de todos los funcionarios que te atienden. Desde el MP, hasta los médicos legistas, los auxiliares, los peritos y hasta de los propios abogados”, relata Amy. “Las evaluaciones médicas son terribles y para realizarlas llegas a esperar horas. Redactan las denuncias como quieren, entonces además de estar reviviendo tu experiencia a cada momento, tienes que cerciorarte de que en realidad están escribiendo lo que tú estás diciendo”.

Amy se enfrentó a ese sistema durante tres años. Se presentaba en el MP constantemente para revisar la carpeta de su investigación, pero nada cambiaba. A veces le llegaban a su casa citatorios para acudir al MP aunque ya habían vencido y acudía ante las autoridades a reportar la situación, pero meses más tarde volvía a suceder. Eventualmente optó por no darle continuidad a la denuncia. “Decidí no seguir después de la última queja de inconformidad que metí en junio del 2019 por la revictimización que viví”, afirma.

No obstante, dejar de lado la vía penal no evitó que Amy continuara buscando justicia. Desde finales de 2017, comenzó a colaborar con Casa Mandarina, organización no gubernamental creada hace 21 años para erradicar la violencia sexual y con su ayuda realizó denuncias públicas e institucionales contra el profesor agresor, quien además acumulaba denuncias por parte de otras estudiantes y actrices. “Abarcamos todos los lugares en donde este señor estaba relacionado institucionalmente. Le habían ofrecido un puesto en Tlalnepantla (Estado de México) con el gobierno de ese entonces. Casa Mandarina presentó un escrito como denuncia institucional informando de la situación y ya no le dieron ese trabajo”, cuenta Amy.

“Lo denunciamos frente a la Sociedad General de Escritores de México (Sogem). Nos pusieron muchísimos peros, pero logramos que no le renovaran el contrato de arrendamiento del Teatro Coyoacán. Y pues enviamos la denuncia a las universidades en las que había trabajado pero ahí sólo nos comunicaron que ya no laboraba ahí”, añade. Paralelamente, la activista realizó una denuncia pública que propició que su agresor ya no hiciera producciones teatrales, pues siempre convocaba a personas jóvenes. “Yo lo que creo es que la denuncia penal ayudó a dar un sustento, absurdo, pero había una denuncia en trámite y eso presionó muchísimo a las instituciones porque siempre preguntaban si ésta existía”, detalla.

Amy también optó por acompañar a otras sobrevivientes de violencia sexual. En 2019 se convirtió en la directora de acompañamiento de Casa Mandarina, pues está convencida de que los procesos de sanación no deben transitarse en soledad y de que la vía penal no es la única opción para obtener justicia. “Nuestra recomendación siempre es denunciar para generar un antecedente (penal) y porque tiene mucho que ver con el recuperar la voz, pero no todas quieren eso y hay que respetarlo”, explica. “Hay alternativas como las denuncias institucionales, académicas o las denuncias públicas o masivas que circulan sobre todo en redes sociales”.

Movimientos como el #MeToo y #Yosítecreo que surgieron en 2017 y 2018 para denunciar agresiones y acosos sexuales son para Amy ejemplos de que la denuncia pública funciona. “Lo que pudimos observar es que hay muchísimas sobrevivientes que quieren denunciar a sus agresores y lo hacen buscando justicia social, pero también para generar una advertencia y un antecedente, pues en muchas ocasiones a través del sistema judicial eso no sucede y es importante prevenir a la sociedad de un delito que puede repetirse”, asegura.

____

UN PANORAMA DIFUSO EN MÉXICO

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2018 a julio de 2021, en México se han denunciado 151.264 delitos en contra de la libertad y seguridad sexual.

La AP buscó en reiteradas ocasiones a la Fiscalía de Delitos Sexuales y a la Fiscalía Especializada de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (FEVIMTRA) solicitando su opinión sobre la alta incidencia de estos delitos, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, el gobierno ha admitido anteriormente que en denuncias de violencia sexual predomina la impunidad.

En su diagnóstico sobre la atención por violencia sexual de 2016, la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) señala que “existen niveles importantes de impunidad de los delitos de carácter sexual, resultado de diversas causas, entre las que se encuentran la cultura que culpabiliza a las víctimas (…) la desconfianza de las víctimas hacia los(as) operadores del sistema de justicia penal, la inacción de las autoridades ante las denuncias de carácter sexual, el maltrato de algunas autoridades a las víctimas y, otra vez, el desconocimiento de los(as) operadores(as) del sistema de justicia penal que, se limitan a la aplicación de una marco jurídico local —con frecuencia carente de enfoques psicosocial, de género, diferencial y especializado, así como de derechos humanos—”.

La ENVIPE de 2020 realizada por INEGI reveló que en 2019, la cifra de delitos no denunciados o denunciados que no derivaron en carpeta de investigación ascendió a 92.4% a nivel nacional. Considerando que, según la ENVIPE, en promedio sólo el 2% de los casos de violencia sexual se denuncian, es difícil saber exactamente cuántas mujeres han experimentado este tipo de agresiones, cuántas requieren apoyo y cuántas siguen en búsqueda de justicia, aunque ésta no sea penal.

Inés es firme: para todas las mujeres que viven situaciones de violencia sexual denunciar y no quedarse calladas es primordial. “Se necesita de mucha fuerza para exigir justicia pero hay que hacerlo, de la manera que sea. (Las sobrevivientes de violencia sexual) vivimos situaciones muy difíciles todos los días, por eso la justicia que busco no es sólo para mí, es para ellas, es para todas”.

Claudia, por su parte, cree que el proceso de cada sobreviviente es distinto y que las formas de sanar y obtener justicia también lo son. “Algunas están en procesos de sanación, otras de lucha y otras no quieren salir del cascarón y las entiendo. No están solas. Hablar de lo que pasó ayuda mucho porque demuestras que esto existe y que el Estado mexicano no está haciendo nada para solucionarlo”. Tras una breve pausa, Claudia respira y sonríe: “Nunca vuelves a ser la misma, pero te reconstruyes a partir de lo que tienes”.

Fuente: Los Angeles Times.

La entrada Víctimas de violencia sexual buscan alternativas se publicó primero en México 24 siete.