En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.

Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.

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Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.

Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora. EL PAÍS se ha desplazado a ambas regiones para comprender mejor los matices de la tragedia.

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Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía sobre esta situación: “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Priorizar la búsqueda

El registro de desaparecidos era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, explica que “antes de 2019, el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”. Nombrada con el nuevo Gobierno, su primer paso fue pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. “Lo que se ha hecho es comenzar a crear una institucionalidad”, dice Quintana. ¿Qué tan real es entonces el registro? “Mi lectura”, dice la comisionada, “es que las fiscalías tienen más información de la que han dado en los últimos años; pero también podrían tener información desactualizada”.

Aún así, esa información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Debanhi Escobar o Yolanda Martínez han puesto el foco en los fallos del sistema, el número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el resto de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y uno de los que cuenta más desaparecidos (6.405 personas), el porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los Estados y de todas las instituciones en el país con el registro “es muy dispar”, según Quintana, que apunta: “Todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional”.

A la crisis de los desaparecidos se suma otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. “El sistema tradicional requiere identificar [los cuerpos] uno a uno. Eso está bien en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares con crisis como México”, señala Quintana.

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Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos tres años se concentra en cinco Estados, que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa suman más de 15.700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más o menos 15.000 personas de las que se ignoran datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible, es posible identificar al menos tres zonas donde la situación es especialmente grave: la central, que incluye Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.

Los confines de Irapuato

En un taller a las afueras de Irapuato, dos operarios muestran divertidos una pegatina. Es el plástico que envuelve las bolsitas de marihuana que compran habitualmente en el barrio, donde un niñito rubio, con un enorme fusil en las manos, sonríe al cliente. Dos palabras dominan la imagen arriba y abajo del muchacho: “CJNG” y “Élite”. “Así la venden ahora”, dice unos de los operarios.

La pegatina resume una guerra por el dominio de la venta de droga al por menor en los barrios de Irapuato, en Guanajuato, ciudad golpeada por la violencia en los últimos años. Los operarios, vecinos de estos mismos parajes híbridos entre lo agrícola y lo industrial, dicen que es justo aquí donde más se ha notado la violencia, en los ranchos que hacen de esponja entre Irapuato y Salamanca. Aunque no es solo por la droga.

Preguntados por los motivos, ambos señalan además los ductos de combustible, riqueza de la región. En la vecina Salamanca, Pemex opera una refinería y en el subsuelo funcionan enormes tubos que conducen gasolina a León, la capital del Estado. Irapuato queda en medio. Desde hace años, cuadrillas de criminales locales apoyados por trabajadores de la petrolera han ordeñado los ductos, almacenando combustible para venderlo en el mercado negro.

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“Antes estaban los de El Marro, pero luego llegaron los jaliscos e hicieron limpia”, dice el otro operario. Sus nombres verdaderos no salen aquí por su seguridad. El Marro y los Jaliscos son los nombres coloquiales del cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las marcas criminales más mediáticas de los últimos años. En la narrativa criminal mexicana, las limpias son procesos por los cuales un grupo criminal expulsa a otro de un territorio más o menos acotado. Cuando hablan de la limpia de Irapuato, los operarios se refieren a un proceso que inició hace unos cuatro o cinco años, cuyo fin viven actualmente.

El simbolismo de las pegatinas es evidente. No son tanto un reclamo, sino una demostración de poder, un recordatorio de lo que ha ocurrido. Genaro, uno de los operarios, recuerda el principio de todo aquello en su barrio. Fue en noviembre de 2020. “Hubo una semana completa de balaceras. Un lunes empezaron a balacear una casa, martes igual, miércoles… Es que ahí estaba El Marro, por el huachicol [el robo de combustible de los ductos]. Y en una casa vendían droga y se iban y le tiraban, hasta granadas y todo… Mataron a varios”, dice, mientras muestra un mosaico en su móvil de sus muertos, sus amigos muertos del barrio. “Ahí en el rancho, entre muertos y desaparecidos son como unos 50 de cinco años para acá”.

Es la guerra del extrarradio, ajena a la pompa de las siglas. En la actual Administración, Irapuato se ha convertido en el foco rojo de las desapariciones en el Estado. Es la ciudad que más casos cuenta, por encima de León, la misma Salamanca o Celaya. Son 228 reportes desde diciembre de 2018, por 99 durante los 12 años anteriores. El horror aquí es presente porque muchas veces los perpetradores siguen campando a sus anchas por el barrio.

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Es el caso de Rosalba Granados. En ocho días de agosto de 2019, criminales asesinaron a su hijo mayor y desaparecieron al pequeño, que quería cobrar venganza. “Nosotros somos de un rancho de ahí entre Salamanca y Celaya. Y ahí estuvo la guerra de los marros contra los jaliscos. Ahora parece que ya se calmaron, porque las personas que andan en eso ya se pasaron a la nueva generación”, explica.

En 2019, la situación era distinta. “Mi hijo mayor sí se drogaba y por lo mismo iba con esta gente”, dice, en referencia a integrantes del grupo de El Marro, detenido en agosto de 2020. “A veces bromeaba y me decía, ‘a lo mejor un día me meto con ellos’. Y yo le decía, ‘sí, papasito, tú métete y me recoges tus cosas y te vas, porque ya no tienes mamá’. Pero luego me decía que era broma”. Así, entre broma y broma, se andaba el hijo mayor, Giovanni, que siempre andaba “cargándoles” a sus compañeros de barrio.

Dice Granados que quizá un día las bromas fueron demasiado. “Le parecía que eran tontos, no sé”. Un sábado, el muchacho no volvió a casa. Se fue con uno de “ellos” y apareció muerto, al día siguiente, en un pueblo cercano. Granados sabe quién era la persona con quien se fue. Lo ve de vez en cuando. Nunca se ha atrevido a preguntar.

El que sí preguntó fue José Antonio, su hijo pequeño, que pronto supo quién había matado a su hermano, según Granados. Parece que el muchacho clamó venganza. Se corrió la voz. Ocho días más tarde, los mismos que habían acabado con el primero desaparecieron al segundo. “Fue cerca del panteón”, explica la madre, “ellos habían ido a sepultar a unos fulanos y cuando lo vieron… Él había ido a un taller cerca de ahí a reparar su moto. Sí me dijeron que cuando lo vieron le gritaron, ¿te sientes muy verga? Ya no sé más”.

Los gritos de las madres en el desierto de Sonora

Sinthya Gutiérrez tiene 40 años y una tristeza que le dobla el cuerpo. Desde 2017 no sabe nada de su hijo Gustavo, que tenía 15 años cuando fue desaparecido. El chico salió con un amigo y no regresó: lo último que se supo de ambos –el otro joven también falta– fue que la policía los tenía esposados en una calle de Guaymas, un municipio de Sonora de 150.000 habitantes. Ella y su marido recorrieron las celdas municipales sin encontrarlo. “Ahí es cuando empezó mi angustia”, dice la mujer, chiquita en la esquina del sofá. En un mueble de madera a su lado, Gutiérrez honra a su hijo desaparecido. Entre latas de Tecate y crisantemos amarillos, también homenajea a su hijo Marco Antonio, baleado a 50 metros de su casa, y a una compañera que buscaba a su marido cuando fue asesinada.

2017 fue “un año muy pesado”, recuerda Gutiérrez. Desde el inicio del conteo en la década de los sesentas hasta 2016, Sonora registró 1.650 desapariciones. En los siguientes cinco años, se alcanzó un número muy similar en este Estado del norte del país: 1.400 personas desaparecidas en ese período. Antes de que un comando armado baleara el Palacio Municipal de Guaymas durante una manifestación feminista en noviembre de 2021 y matara a tres personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había identificado el corredor que va desde esa ciudad hasta Cajeme, a una hora y media, como “uno de los más violentos” del país.

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Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, atribuye la violencia desatada en los últimos cinco años a “la negligencia e irresponsabilidad” de las autoridades, pero también a la militarización de la seguridad pública, que empezó a notarse en la zona a partir de 2018, según Bernal. Los últimos dos comisarios de Guaymas, por ejemplo, fueron capitanes de la Marina y en las calles se ven militares en camionetas de la Policía Municipal. La estrategia, dice Bernal, “está siendo contraproducente”: “Hace 25 o 26 años, Sonora era zona segura. La gente venía de Nuevo León, de Coahuila, de todas las zonas azotadas por la violencia”. Y ahora, en cambio, suben los homicidios y se acumulan las fichas de búsqueda.

Otro factor, dice la analista, es la geografía del lugar. Guaymas, que nace en el mar y se extiende entre cerros del color del piloncillo plantados de sahuarios, es un área privilegiada para el tráfico de drogas, de mercancías, de personas. Su puerto recibe barcos internacionales; está rodeada de grandes extensiones de tierra; la frontera con Estados Unidos se ubica a 500 kilómetros. El crimen organizado se disputa desde hace algunos años ese territorio. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ocho grupos operan en Sonora. Los Salazares y los Chapitos, una escisión del Cártel de Sinaloa, son los que actúan en Guaymas y los municipios de alrededor, según periodistas y activistas de la zona.

Cuando el número de desaparecidos empezó a crecer, Sinthya Gutiérrez fue una de las madres que se organizó para crear Guerreras Buscadoras, un colectivo que en Guaymas llegó agrupar a 40 familias y hoy solo reúne a 15. Por temor hay personas que han dejado de buscar, dice. A las que quedan, sobre todo madres, esposas, primas, hermanas, les dicen que son unas chivas locas: “Porque andamos en los cerros”. Cuando buscan, normalmente orientadas por datos que les envían de forma anónima, salen bien temprano y caminan durante kilómetros a temperaturas que pueden superar los 40 grados. Si hunden una varilla en la tierra y al quitarla trae el olor de un cuerpo, empiezan a cavar.

Hace tiempo que Gutiérrez dejó de ir a la Fiscalía para conocer avances sobre el caso de su hijo. Rosario Gutiérrez, que busca desde hace un año y nueve meses al suyo, también se cansó de acudir al ministerio público. “No los buscan como nosotros. Ellos llegan [a las fosas], recogen lo que quieren y se van. Y nosotras llegamos al otro día y encontramos muchos restos”, critica la mujer de 53 años. Jesús Gabriel, de 29, se fue a la playa en Semana Santa y ella no ha sabido nada sobre él desde entonces. Si no lo busca, no sabe qué más hacer: “Mi mundo se torna cuatro paredes y un rostro mojado”.

Como ella, otras madres sienten que rastrearlos es el único consuelo. Guadalupe Loaiza, de 48 años, busca a su hija, Yosineidy Hernández, y al papá de la joven, que se fue con ella cuando dos hombres vinieron a su casa a llevársela. Loaiza sonríe cuando recuerda cómo le gustaba a su hija el carnaval y enseguida llora. Los ve a los dos de espalda, yéndose por la puerta, abrazados. “Hemos encontrado a muchos niños, pero a veces digo ‘cómo encuentro a otros y no la encuentro a ella”. En el desierto, en la orilla del mar, en el monte, donde sea que estén buscando, conversan, se ríen como no lo hacen en sus casas, gritan los nombres de sus desaparecidos: “¡Gustavo! ¡Jesús Gabriel! ¡Yosineidy!”. “No andamos buscando justicia”, dice Sinthya Gutiérrez. Ni quién lo hizo, ni quién lo va a pagar: “Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.

Fuente: El País.

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«La demanda de drogas en los Estados Unidos, así como el contrabando de dinero en efectivo y de armas a México desde los Estados Unidos, han alimentado la violencia relacionada con el narcotráfico en México”.  

El tema de la inseguridad pude provocar que durante el 2022 las relaciones entre México y Estados Unidos se tensen, advierte un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense.

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En el reporte denominado “México: antecedentes y relaciones con Estados Unidos”, se refiere que durante más de una década los homicidios en México han ido al alza, impulsados en gran parte por la actuación del crimen organizado al cual se le atribuyen, según datos de Lantia Consultores, que se citan en el reporte, 23,525 homicidios en el 2021.

Para dicho año, cabe mencionar, se registraron de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 33,315 víctimas de homicidio doloso en el país.

“La demanda de drogas en los Estados Unidos, así como el contrabando de dinero en efectivo y de armas a México desde los Estados Unidos, han alimentado la violencia relacionada con el narcotráfico en México durante más de una década. La violencia reciente puede atribuirse a la competencia por la producción (entre cárteles) y el tráfico de opioides sintéticos”,

se precisa.

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En el reporte se acota que si bien el gobierno mexicano ha enfocado esfuerzos en atender a los sectores más vulnerables aún no hay información disponible sobre la efectividad de dicha estrategia.

“La administración (de López Obrador) lanzó un programa que brinda becas a jóvenes para asistir a la universidad o completar pasantías. Nadie ha evaluado los efectos del programa sobre la empleabilidad de los jóvenes o la prevención del delito y los auditores han descubierto irregularidades en la implementación del programa”,

se indica.

A su vez el análisis indica que desde el gobierno mexicano se ha dado la orden a las fuerzas de seguridad de no hacer uso de la fuerza, con el objetivo de que disminuyan las víctimas civiles que resultan de esas operaciones.

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“Los informes sugieren que a medida que disminuyeron las operaciones federales, las organizaciones criminales comenzaron a usar tecnología cada vez más letal, como bombas montadas en drones, para expandir su territorio”,

se indica.

Aunado a esto, las fuerzas policiales estatales y municipales, encargadas de indagar la mayoría de los ilícitos en el país han recibido menos apoyo del gobierno federal durante la administración del presidente López Obrador que durante las administraciones anteriores.

Violencia a comunicadores

Otro factor que provocaría que las relaciones bilaterales se tensen es, por una parte, el reconocimiento del gobierno estadounidense de la crisis de violencia hacia periodistas y, por el otro, las críticas del gobierno mexicano sobre el financiamiento de EU a las organizaciones civiles que indagan corrupción.

“El gobierno sigue recibiendo críticas por no proteger a periodistas, defensores de derechos humanos, migrantes, y otros.

“Los críticos del presidente (Andrés Manuel) López Obrador lo han acusado de promover un ambiente de intimidación y autocensura mediática al continuar agrediendo verbalmente a los periodistas”,

se indica.

Financiamiento

En el informe se divulgan datos sobre recursos otorgados por el gobierno estadounidense a México para el combate a los narcóticos y la inseguridad, así como apoyos económicos, y los cuales, durante los años fiscales del 2019 al 2022 de Estados Unidos —durante la administración lopezobradorista— ascenderían a más de 500 millones de dólares.

De acuerdo con el reporte dichos recursos se dividen en Fondo de Apoyo Económico; Control Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley; Financiamiento Militar Extranjero; Educación y entrenamiento militar internacional y el Programa de no proliferación, antiterrorismo, desminado y relacionados.

Fuente: El Economista.

La entrada Inseguridad, factor para tensión entre México y EU se publicó primero en México 24 siete.

Mientras que se preparan, en su pueblo, para despedir al octavo periodista mexicano asesinado en lo que va del año, muchos de sus colegas protestan en Morelia —en el occidente del país—, y le reclaman al presidente más protección y que los crímenes no queden impunes.

“El gremio periodístico de Michoacán le pide a todos los servidores públicos que se ahorren sus condolencias”,

dijo el miércoles el reportero Rodolfo Montes durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay indignación… hay rabia, hay impotencia por esta ola de asesinatos”, agregó y advirtió ante el mandatario: “les van a faltar balas, somos muchos”.

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En tanto, en el congreso de Morelia, la capital del estado de Michoacán, decenas de compañeros de Armando Linares tomaron el hemiciclo con carteles que decían “Gobierno pacifista no mata periodistas” y “Prensa, no disparen”.

Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán, fue asesinado a balazos el martes en su domicilio de Zitácuaro, un mes y medio después de que mataran a otro compañero del mismo medio, Roberto Toledo, mientras se preparaba para hacer una entrevista.

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Por su parte, López Obrador lamentó el asesinato en su conferencia, le envió sus condolencias a la familia de Linares y repitió que en su gobierno no hay impunidad, pero volvió a hablar de las “mentiras” de los medios y de periodistas “mercenarios”.

“No hay en ninguno de estos asesinatos elementos para señalar como responsables a servidores públicos”, afirmó. Además, “el finado no aceptó la protección” oficial.

Linares, sin embargo, había denunciado amenazas y tras la muerte de su compañero el 31 de enero le dijo a The Associated Press que las autoridades le habían activado el mecanismo de protección asignándole efectivos de la Guardia Nacional para su custodia.

“Las llamadas de alerta y auxilio de Armando no fueron escuchadas”, aseguró el miércoles en un comunicado el colectivo “Ni Uno Más Michoacán”, que también denunció que tanto el gobierno federal como el estatal pusieron en duda su profesionalidad y desestimaron las amenazas contra Monitor Michoacán, un medio que, entre otras cosas, denuncia casos de corrupción.

“En México la protección surte efecto tres días y luego se les olvida”, se lamentó Magdalena Alonso, propietaria del Noticiero al Aire Zitácuaro, localidad de donde era Linares.

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México es el país más peligroso para la prensa del hemisferio occidental, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés). “Los matan en zonas de guerra, los matan en áreas donde políticos y criminales están coludidos”, dijo su representante en México, Jan-Albert Hootsen, en referencia a dos periodistas que fueron asesinados también el martes en Ucrania.

“En un mundo donde la desinformación y la manipulación de cada narrativa es un objetivo brutalmente perseguido por quienes tienen el poder y están dispuestos a usar la violencia letal, los periodistas son considerados objetivos legítimos y la impunidad es la herramienta más poderosa para silenciarlos”,

denunció Hootsen.

El presidente López Obrador, durante su conferencia mañanera dijo que en ningún asesinato había involucrados servidores públicos, sino que son crímenes cometidas por bandas de delincuentes.

Fuente: Dallas News.

La entrada México: Asesinan al octavo periodista en el año; la prensa protesta y reclama a AMLO en conferencia se publicó primero en México 24 siete.

Al confirmar que 252 comunicadores han sido asesinados de 2006 a la fecha (55 de ellos en el actual sexenio), el coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque, urgió a reformar el artículo 73 constitucional para expedir la ley general en la materia y fortalecer la protección a dichos grupos.

“Con esa reforma ya podríamos generar una postura institucional esta misma semana, a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y trabajar en conjunto para que, en el segundo periodo ordinario de sesiones, a más tardar en septiembre, ya podamos presentar una iniciativa de ley general”,

señaló.

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En reunión de trabajo con los legisladores integrantes de la referida comisión en el Palacio de San Lázaro, el funcionario precisó que los años con mayor número de asesinatos contra periodistas fue 2012, con 23, seguido de 2010, 2018 y 2020, con 20 cada uno de esos años.

Detalló que en el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 101 asesinatos contra periodistas; en la administración de Enrique Peña Nieto, 96, y en la de Andrés Manuel López Obrador, 55.

“De los 252 asesinatos que tenemos documentados de 2006 a la fecha, hablamos de 220 periodistas hombres y 32 mujeres”,

dijo.

Irazoque informó que al día de hoy mil 559 personas se encuentran incorporadas al Mecanismo de Protección, lo que representa un aumento de 95 por ciento con respecto a las 798 que se encontraban registradas al comienzo de la actual administración.

Del total, 515 son periodistas (140 mujeres y 375 hombres), y mil 44 defensores de derechos humanos (565 mujeres y 479 hombres).

El también titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación señaló los elementos centrales de la ley general, como la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en esa materia y la creación de un sistema nacional de prevención y protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

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“Hay que decirlo con todas sus letras: el mecanismo por sí solo no va a resolver la inercia de asesinatos que siguen existiendo en contra de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos. Si el mecanismo no cuenta con la coordinación, colaboración y la claridad de los demás órdenes de gobierno, la situación no se va a revertir y es allá adonde tenemos que apuntar”,

dijo.

Admitió que el Estado no ha podido generar las acciones necesarias para romper la inercia de agresiones que hasta el día de hoy prevalecen.

Fuente: Milenio.

La entrada En México han sido asesinados 252 periodistas de 2006 a la fecha: Enrique Irazoque se publicó primero en México 24 siete.

«Hemos visto las amenazas que se han hecho contra periodistas en México, es un hecho»,

dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, al ser preguntada al respecto por Efe en su rueda de prensa diaria.

La portavoz reaccionaba así al comentario de López Obrador de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, debía estar «mal informado» cuando denunció, en un tuit, que hay un «alto número» de periodistas asesinados en México este año.

«El secretario Blinken estaba expresando su preocupación de parte de Estados Unidos sobre esos abusos (contra periodistas en México). Estaba hablando sobre los hechos que hemos visto sobre el terreno»,

subrayó Psaki.

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Este martes, Blinken escribió en su cuenta de Twitter que el «alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes».

«Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad»,

añadió.

López Obrador aseguró este miércoles que creía que Blinken «está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe».

«Lo que él está sosteniendo no es cierto», dijo el presidente mexicano en su conferencia de prensa matutina, en la que agregó que «no hay impunidad, no son crímenes de Estado».

Añadió que su Gobierno está «atendiendo» esos crímenes y opinó que al secretario de Estado estadounidense sus asesores «lo están engañando o lo están utilizando».

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El presidente aseguró que dio instrucciones al canciller, Marcelo Ebrard, para que envíe a Blinken una relación de todos los casos de periodistas asesinados en México.

La semana pasada, el Gobierno mexicano presentó un informe sobre las investigaciones de asesinatos a periodistas y manifestó su respeto a quienes ejercen el oficio. De forma paralela, lamentó que se utilicen los asesinatos de periodistas para fomentar una campaña mediática contra su Administración.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo del mundo y suma ya cinco reporteros asesinados en lo que va de 2022, una cifra elevada que ha conmocionado a la nación.

Desde el año 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 138 son hombres y 12 son mujeres.

Un total de 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 30 en el actual de López Obrador (2018-2024). EFE

Fuente: Swiss Info.

La entrada EEUU responde a México que violencia contra periodistas mexicanos es un hecho se publicó primero en México 24 siete.

La presentadora de televisión y modelo mexicana Michelle Pérez Tadeo, conocida como Michell Simon, fue hallada sin vida el martes al sur de la capital mexicana, según informaron las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó de que su cuerpo fue encontrado, envuelto en sábanas, por trabajadores que trataban de apagar un incendio en la carretera Picacho-Ajusco.

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Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato y la policía está llevando a cabo inspecciones e interrogatorios a testigos en el lugar, dijo el portavoz policial Ulises Lara López en Twitter. Familiares y amigos de la periodista, originaria del sureño estado de Veracruz, denunciaron su desaparición el pasado viernes y la han identificado tras el hallazgo del cadáver por los tatuajes que portaba en los brazos.

La Fiscalía ha informado de lo sucedido a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que ha indicado que trabaja en la hipótesis de que se trata de un feminicidio, aunque no descartan otras líneas de investigación..

Periodista deportiva

Además de haber aparecido en programas de televisión del ámbito deportivo, la periodista era también conocida por su faceta más artística. Había llevado a cabo trabajos como actriz, bailarina y animadora que promocionaba en sus redes sociales.

Era una gran aficionada al fútbol, el boxeo, la lucha libre y especialmente el béisbol, deportes sobre los que realizaba crónicas en varios medios de comunicación. La joven, de 29 años, se trasladó en 2013 de Coatzacoalcos a la capital para cumplir su sueño de ser periodista deportiva.

Asimismo, Michell Simon se había mostrado crítica en múltiples ocasiones con los prejuicios hacia las mujeres que trabajan en la industria del cine con desnudos. Según explicó en una entrevista que le realizaron hace unos meses y que se compartió en Youtube, ella misma empezó a compartir contenido sensual en diciembre del pasado año en su propio perfil de OnlyFans. «En algún momento (las críticas) me afectaron, pero ya después no hice caso», había llegado a afirmar en alguna ocasión. Este hecho le habría costado algunas enemistades y críticas en su entorno.

Sexta periodista asesinada

Se trata de la sexta trabajadora de medios asesinada en México este año, unas cifras que evidencian un preocupante ascenso de este tipo de crímenes. El pasado año, en todo 2021, un total de siete periodistas fueron asesinados, según documenta Artículo 19, una organización defensora de la libertad de expresión.

Los grupos de protección de los medios y los activistas sostienen que los grupos criminales y las bandas de narcotraficantes, así como los funcionarios corruptos, molestos por el trabajo de los reporteros, son sospechosos de llevar a cabo muchos de los asesinatos.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el martes que la cantidad de periodistas asesinados en México este año es preocupante. «Me uno a los que piden mayor protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de quienes dieron su vida por la rendición de cuentas de la verdad», dijo Blinken en el mensaje en Twitter.

Periodistas en la ciudad fronteriza norteña de Tijuana realizaron protestas la semana pasada para instar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a poner fin a la violencia contra los trabajadores de los medios.

Fuente: El Periódico.

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El asesinato de un periodista en el estado de Michoacán conmocionó nuevamente a México y al mundo. El reportero Roberto Toledo fue baleado el último lunes (31.01.) por tres sujetos en el estacionamiento del edificio de la redacción del portal Monitor Michoacán donde trabajaba. Con él, ya son cuatro los comunicadores asesinados en el país en las primeras cuatro semanas de 2022.

Días antes, la organización Artículo 19, que defiende la libertad periodística en el mundo, contabilizaba 148 periodistas mexicanos asesinados desde el 2000 hasta la fecha. 28 de esos crímenes ocurrieron durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en 2018. DW habló con Paula Saucedo, oficial del programa Protección y Defensa de la oficina mexicana de Artículo 19, que, además del reciente asesinato, ha seguido los casos de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa.

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DW: Señora Saucedo, el director del portal Monitor de Michoacán ha declarado que su medio ya venía recibiendo amenazas. ¿Por qué exactamente y quién se podría haber incomodado con el trabajo de Toledo?

Paula Salcedo: Lo que sabemos hasta el momento es que, por lo menos, desde el 27 de enero el equipo recibía amenazas. Fue justo tras publicar un video en la página de Monitor de Michoacán, que cubría principalmente algunos casos de detenciones arbitrarias y extorsión que habría realizado la Policía Municipal en Zitácuaro. Roberto Toledo colaboraba de distintas formas en el medio, saliendo a reportear o tomando fotografías. Pero es muy importante mencionar que las amenazas iban contra todo el medio. Por eso es esencial que en las investigaciones se incluya la labor informativa del medio, no importando de qué manera colaboraba Roberto Toledo.

Ante las amenazas, ¿sabe usted si el periodista o sus colegas estaban tomando algunas medidas de seguridad?

Al parecer había entre ellos un cierto tipo de monitoreo y el mismo 27 de enero querían contactar al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Personas Defensoras, de la Secretaría de Gobernación. Pero, desafortunadamente, no lo hicieron antes del lunes, cuando asesinaron al periodista. Ahora ya están en contacto con las autoridades. Sin embargo, justo en este punto, hay un problema del Mecanismo, al que le falta un enfoque más preventivo, porque muchas veces para recibir protección se tiene que haber recibido una agresión.

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¿Qué significa para México el asesinato del periodista Toledo, el cuarto en apenas un mes?

Hoy en día ser periodista en México significa muchos riesgos y se ejerce en un contexto bastante hostil. En Artículo 19 registramos que cada 14 horas un periodista es atacado por ejercer su labor. Existe una estigmatización contra el periodismo, principalmente llevada a cabo por el presidente y otros servidores públicos, además de la precarización en la que se ejerce la labor. Por todo esto, el periodismo en México está bajo asedio y amenaza constante. Y cuando la prensa de un país está en esa situación, la democracia de ese país también está en juego o es una democracia simulada. No se puede hablar de democracia sin una prensa libre.

La Fiscalía de Michoacán informó que ya realiza investigaciones para determinar si el homicidio de Toledo está relacionado con su actividad periodística o con el despacho de abogados en el que también colaboraba. ¿Cree usted que, de cierto modo, se minimiza el caso emitiendo pronunciamientos prematuros?

Una de las principales cosas que establece el protocolo homologado para investigar crímenes contra la libertad de expresión es que se tiene que respetar la línea de investigación. Para eso es muy importante que las autoridades se abstengan de emitir juicios sobre los casos hasta que las líneas de investigación no estén agotadas. Porque si desde un comienzo se está delimitando, restringiendo o ignorando la labor informativa del medio, difícilmente van a llegar a conclusiones robustas.

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Precisamente algo parecido ocurrió tras el asesinato del periodista Margarito Martínez, el 17 de enero en Tijuana, sobre el cual las autoridades comunicaron que, según los primeros datos, podría tratarse de problemas personales entre vecinos…

Estas declaraciones pueden estigmatizar al periodista y desvirtúan la investigación. De esta forma re victimizan y sacan conclusiones sin siquiera haber pasado muchas veces 24 horas de los crímenes. Siendo honestos, ojalá así de rápido avanzaran las investigaciones en México, pero eso no ocurre.

Teniendo en cuenta experiencias parecidas en los últimos meses, ¿por qué las autoridades mexicanas no ofrecen ayuda rápida cuando un periodista alerta que está siendo amenazado?

Como dije, las autoridades no tienen un enfoque preventivo. Además, hay una gran burocratización dentro de los Mecanismos, como de otras instancias estatales, para brindar protección. Muchas veces, cuando se conjuga la necesidad de los medios de sacar varias notas y más fuentes de ingresos, debido a la precarización de los medios, es difícil para muchos periodistas cumplir con los requisitos que solicitan las autoridades para que se les brinde protección. El Estado está obligado a proteger no solo a la prensa, sino a cualquier persona en territorio mexicano.

Precisamente, el actor que más agrede a la prensa en México es el Estado y sus funcionarios públicos. Entre un 40 y 45 por ciento, en promedio anual, de las agresiones a comunicadores están directamente vinculadas a servidores públicos. Y la mayoría de los periodistas que son atacados cubren temas de corrupción y política, como en el caso de Toledo, Maldonado, Martínez y Gamboa.

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¿Qué seguridad da estar inscrito en el Mecanismo de Protección para Periodistas, como lo estaba Lourdes Maldonado? Ella, incluso, le llegó a decir cara a cara al presidente López Obrador «Temo por mi vida”.

El Mecanismo de por sí es necesario, pero es insuficiente. Por ejemplo, este no tiene las facultades que tienen las fiscalías. Y la impunidad, justamente, permite la reproducción de esta violencia. Atacar a un periodista en México es muy barato. No hay garantías de que no vuelva a ocurrir, no hay reparación al daño y no hay acceso a la justicia para las víctimas. Entonces, difícilmente los mecanismos van a poder implementar todas las cuestiones necesarias para prevenir la violencia, cuando hay otras autoridades de los tres niveles de gobierno que no están actuando.

Además de abstenerse de estigmatizar a la prensa y rechazar públicamente estos crímenes, las autoridades tienen que fortalecer los mecanismos de forma financiera y técnica. Sin olvidarse de las fiscalías, donde, por ejemplo, no hay capacidades forenses porque están saturados.

Fuente: DW.

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A los 10 años, siendo una niña, empezó a ayudar a su madre a vender droga. Solo cuatro años después, ingresó en un cartel del narco y aprendió a matar.

La historia de Susana* es una de tantas que demuestra que los tentáculos del narcotráfico en México se extienden también, y cada vez más, sobre quienes ni siquiera han cumplido la mayoría de edad.

Sin embargo, la falta de datos concisos -diferentes organizaciones y autoridades estiman que los niños y adolescentes con vínculos con el crimen organizado en México pueden oscilar entre los 35.000 y 460.000- hace que su realidad se torne casi invisible y pareciera que no existe.

Pero sus experiencias, algunas realmente estremecedoras, están ahí. Muchos son utilizados como carne de cañón y captados por los carteles porque saben que sus condenas, en caso de ser capturados, serán mucho menores.

La ONG Reinserta, que trabaja con jóvenes que entran en contacto con el sistema de justicia penal, escuchó decenas de estos duros relatos en centros de internamiento y arrojó luz sobre su realidad gracias a su reciente estudio «Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada».

La de Susana, ahora con 17 años, es una de esas historias de «niños del narco» y que BBC Mundo reproduce con autorización de Reinserta.

Nací en Monterrey, Nuevo León, en una familia estricta. Mi mamá siempre quiso lo mejor para mí y mis hermanos, por eso era muy dura con nosotros en cuestiones de educación y valores.

Ella tenía dos trabajos: en el primero era ayudante de cocina, trabajaba de siete de la mañana a siete de la noche. Después entraba a su segundo trabajo como bailarina en un bar, de ahí salía a las cuatro de la mañana. Estábamos solos mucho tiempo.

No sé mucho de mi papá biológico, solo sé que trabajaba para la delincuencia organizada y que lo mataron unas personas de un cartel contrario cuando yo tenía 3 años. Por eso mi mamá hizo una nueva familia, y mi padrastro fue el que me dio sus apellidos y me adoptó como hija.

Desde pequeña estuve en contacto con armas. Mi mamá tenía una pistola calibre 22 y un revólver 38, eso lo veíamos normal. Mi mamá y mi padrastro peleaban mucho, su relación ya no iba bien porque él se drogaba todo el tiempo y eso no le gustaba a mi mamá, por eso decidieron separarse.

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Como mi mamá no nos podía cuidar, convivimos casi todo el día con la niñera. A mi mamá no le alcanzaba el dinero, y cada vez nos veía menos, empezó a buscar una forma de conseguir algo extra.

Un hermano de ella le dijo que podía conseguir más dinero vendiendo droga. Así se fue metiendo en eso, vendía crack y cocaína. Como era buena vendiendo la contrataron los del cartel, primero los Zetas y luego los Sinaloas.

Yo era muy apegada a mi mamá, era muy cariñosa conmigo, siempre andaba diciendo que me iba a hacer mis 15 años. La admiraba, quería ser como ella, era muy fuerte en todas las cosas, salía adelante ella sola.

Pero, así como mi mamá, nosotros [mis hermanos y yo] también empezamos a meternos en el narcomenudeo. A los 10 años empezamos a vender droga para ayudarle con los gastos de la casa. Era el negocio familiar.

Cuando el cartel del Golfo se apoderó de la zona, mi mamá empezó a trabajar para ellos. Ahí la regó, porque a los del otro cartel no les gustó nada que ella se haya ido con el enemigo, por eso dieron la orden de asesinarla.

A mi mamá la mató un sicario, le dio tres disparos. Yo tenía 12 años cuando me quedé huérfana, había perdido a la persona más importante en mi vida: mi madre.

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A partir de ese día, cada uno de mis hermanos tomó caminos diferentes. Yo me quedé en la casa de mi mamá y empecé a consumir drogas, fumaba marihuana, me metía píldoras, cocaína… Poco a poco me fui haciendo adicta a ellas, yo era una niña, no sabía cómo salir adelante, era cobarde con la vida, no sabía cómo enfrentarla.

A los 14 años conocí a un hombre que se volvió mi novio, él era mucho más grande que yo, fue quien me envició con drogas más fuertes como el tolueno [una sustancia inhalante que tiene efectos narcóticos y alucinógenos] y el crack. Empecé a drogarme diario.

El mundo en el que me sumergí me envolvió, mis nuevos amigos me enseñaron a robar tiendas de autoservicio y autos. Poco a poco me empecé a volver famosa porque era «muy temeraria», asaltaba y robaba sola.

Hasta que un día llegó un muchacho que me dijo que era del cartel del Noroeste, me enseñó fotos donde yo estaba robando y me dijeron: «¿Qué onda, te metes a jalar o te doy cuello?». Tenía 14 años, no tuve de otra. «Dame armas, droga, carros, yo le entro».

Al poco tiempo de entrar al cartel me detuvieron y me acusaron de delitos contra la salud, pero solo estuve internada un mes. Cuando salí lo tenía muy claro: no quería vender droga, yo quería matar gente. El cartel tiene diferentes áreas: venta de droga, secuestro o extorsión, trata de personas y sicariato. Ese era el grupo al que quería entrar.

Para eso tenía que pasar varias pruebas. La primera fue asesinar a un hombre afuera de un bar. Me dieron un arma calibre 40 color negro, sabía cómo se utilizaban las armas por lo que veía en las películas, pero en realidad nunca había disparado una. Eso no me detuvo: sabía que tenía que realizar el encargo porque de eso dependía mi vida y la posibilidad de trabajar para el cartel.

Le disparé cuatro veces. Salí corriendo, con la adrenalina a tope. Me gustó, quería más, se me hizo una adicción. Finalmente había encontrado algo me hacía sentir mejor que la droga: asesinar.

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La segunda prueba fue torturar a un muchacho, le tenía que cortar la mano. Ahí sí me quería desmayar, pero la persona que me estaba enseñando me dijo que era normal, que le siguiera.

Fui entrenada para disparar, asesinar, mutilar y vender droga, pero lo que más me llamaba la atención era asesinar personas. Me llevaban a matar a puras mujeres. Yo preguntaba si tenían familia, cuando me decían que sí, les decía: «Con más razón».

[Para mí] era una forma de liberar el enojo que había sentido cuando mataron a mi mamá. Pensaba: «Pues si ellos le hicieron eso a mi mamá, ¿por qué yo no lo voy a hacer?». Mis víctimas eran mujeres que tuvieran hijos, quería que ellos sintieran lo que yo había sentido, las mataba enfrente de los niños.

También me encargaba de reclutar a nuevos integrantes. Buscaba a aquellos que no les importara morir o matar, no importaba la edad. Aunque nunca recluté niños, sabía que eran una herramienta útil, ya que el cartel puede aprovecharse de ellos y culparlos de los delitos que cometan otros, porque ellos salen pronto de los centros de internamiento. Yo creo que por eso me agarraron a mí.

Me sentía poderosa dentro del cartel, sentía que tenía más valor que muchos otros hombres con los que trabajaba. Unos se paniqueaban y gritaban al momento de disparar, pero yo no, no sentía miedo ni remordimientos. Teníamos una cuota de dos homicidios diarios, se nos daba la información y teníamos todo el día para cumplir. Si no, no se nos pagaba.

Tenía 15 años cuando me mandaron a vigilar la casa de un hombre al que íbamos a matar, pero alguien dio aviso a la policía y me agarraron por segunda vez.

Me costó cinco meses de cárcel. Durante el tiempo que estuve internada, no escuché noticias del cartel, me dieron la espalda. Por eso quise salirme.

Cuando salí, me fui a vivir nuevamente con mi papá y su esposa, pero ellos no me querían. Él prefirió estar con ella a estar conmigo.

Me regresé a casa de mi mamá, tenía 16. Para esto, el cartel del narco me andaba buscando para que regresara a trabajar y me encontraron. Les dije que yo no había desertado, que ellos me habían dejado morir en el tutelar.

Para perdonarme la vida me llevaron a casa de una señora para que le sacara información, me dijeron que le mochara los dedos, yo no quería, ya no quería matar, los meses que estuve internada me cambiaron… pero ni modo, era la vida de ella o la mía, así que hice lo que tenía que hacer.

Seguí trabajando para el cartel y un día nos mandaron, a mí y a unos compañeros, a robar un carro que traía «pacas de ropa». Yo era la encargada del grupo, así que di órdenes, pero mis compañeros hicieron lo que quisieron, destruyeron el carro, perdieron las armas y a mí me dieron diez tablazos como castigo. Los golpes eran tan fuertes que me hice del baño encima, me acuerdo de ese día y me hierve el coraje.

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Después de ese incidente, dejé de recibir mi pago. Cuando vi que pasaban y pasaban las quincenas, decidí desertar definitivamente y dedicarme a la venta de droga de manera independiente junto a mi hermano. Pero como la policía me tenía en la mira, me agarraron y me metieron nuevamente a la cárcel por delitos contra la salud.

Ahorita estoy en un centro de internamiento cumpliendo un año de medida privativa de la libertad. Viene a visitarme uno de mis hermanos y disque mi papá también me está apoyando. Para mí, estar aquí es una oportunidad de rehacer mi vida y reforzar la relación con mi familia, es lo único que quiero.

Quiero seguir estudiando y cumplir el sueño que tenía de niña: ser criminóloga. Pero, sobre todo, quiero alejarme por completo del mundo de la delincuencia organizada. Para mí, estar en internamiento significa estar en paz. Mi vida dejó de correr riesgo cuando entré aquí, además he hecho buenas amistades y tengo el apoyo que no tuve de niña.

Si yo puedo dar un consejo a un niño o adolescente es que no se meta en esto, porque nada más lo van a utilizar. En esta vida es el encierro o la muerte, no hay de otra. Si a mi mamá no la hubieran asesinado, no habría pasado todo lo que estoy viviendo hoy.

* El nombre real de la protagonista de esta historia ha sido modificado para proteger su identidad.

«Contextos violentos y de maltrato»

Lo que más llamó la atención de los responsables del estudio de Reinserta que escucharon historias como la de Susana fue el impacto psicológico sufrido por la gran mayoría de entrevistados en forma de ansiedad, depresión o estrés postraumático tras haber estado expuestos a tal grado de violencia.

«Casi todos venían de contextos violentos, de maltrato hacia ellos. Muchos fueron abandonados a temprana edad, desertaban de la escuela y tenían acceso a drogas incluso a los 10 años, lo que era un escalón previo para vincularse a la delincuencia organizada»,

destaca Marina Flores Camargo, directora de investigación de la ONG y quien lideró el estudio.

Otros factores comunes hallados fueron las dificultades económicas de unas familias mayoritariamente disfuncionales.

«Este escenario les hace ver que, tras dejar la escuela, o están en su casa o se vinculan a la delincuencia. Y esta es la opción que les permite ganar dinero. No hay metas ni expectativas», le dice a BBC Mundo.

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Sus testimonios permitieron entender los diferentes modos de operar según la zona del país. En el norte, por su cercanía con la frontera de EE.UU., es donde los jóvenes confesaban mayor facilidad para transportar droga y donde los entrenamientos para ser sicarios, con apoyo de exmilitares, son más violentos y largos (de hasta seis meses).

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Sin embargo, entre sus roles asignados no había grandes diferencias en función de género, como el caso de Susana. «Lo que sí les diferencia es que las historias de ellas son mucho más violentas. Algunas ya habían vivido abuso sexual, embarazos no deseados, abortos, maltrato… Eran historias en términos de violencia de género mucho más crudas», recuerda Flores Camargo.

La experta lamenta la carencia de programas sociales que faciliten la reinserción social de los menores de edad, lo que contribuye también a que tras su detención continúen en el mundo de la delincuencia, al igual que muchas de sus familias.

«Es necesario crear centros comunitarios sobre todo donde ya se ha identificado la violencia, detectar casos a tiempo en las escuelas para poder canalizarlos… no ver esta problemática de forma integral es un error»,

concluye la experta de Reinserta.

Fuente: BBC.

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Y de nuevo en Tijuana, el pasado domingo, encontraron el cadáver de la reportera Lourdes Maldonado con el rostro acribillado. Hace tres años acudió a una conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que temía por su vida. Los esquemas de seguridad fallan, una y otra vez, mientras los criminales, a menudo vinculados a los carteles de narcotraficantes, siguen impunes. Este martes una cadena de concentraciones en 23 Estados del país pedirá al Gobierno que actúe para proteger a los comunicadores y garantizar el derecho a la información.

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Pero la violencia contra los periodistas no es la única imagen terrible de ese caleidoscopio. Ciudad Juárez ha sido escenario, de nuevo, de un feminicidio que ha revuelto a una comunidad ya acostumbrada a convivir con ese abismo. El doble crimen de Tania y Nohemí, asesinadas y tiradas en la cuneta, encierra además todo el odio contra el colectivo LGTB+. Lo inhumano ha convulsionado también a Puebla, donde el cuerpo de un bebé de tres meses fue arrojado en el basurero de una cárcel tras haber sido robado en un cementerio de Iztapalapa, en Ciudad de México. Por este escalofriante caso, de momento, han sido detenidos 19 funcionarios del penal. Y más víctimas: el viernes dos turistas murieron en una balacera en un hotel cinco estrellas del parque temático Xcaret en la Riviera Maya.

Política y diplomacia

A pesar de la brutalidad de la semana, México ha tenido otros dos focos informativos. Uno estrictamente político, por el nombramiento de 16 nuevos embajadores y altos cargos en plazas clave en América Latina y Europa. El presidente eligió a personas de confianza, pero sus designaciones -entre las que figuran ex dirigentes del PRI y un historiador acusado de acoso sexual, Pedro Salmerón, que ha provocado una enorme indignación- se configuran como un campo de batalla interno de Morena, el partido que sostiene al Gobierno.

Fuente: El País.

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Solo han pasado unos días desde que comenzó el 2022 y dos periodistas ya han sido asesinados en México. El director del medio digital Inforegio, José Luis Gamboa, fue apuñalado el 10 de enero en el Puerto de Veracruz, y este lunes por la mañana, el fotógrafo Margarito Martínez recibía varios disparos en la puerta de su vivienda en Tijuana. Ellos son el nuevo rostro de la violencia que sufren los periodistas en el país, que es el más letal del mundo para la prensa. En 2021, nueve reporteros murieron de forma violenta.

Unas horas más tarde de que la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) confirmara la muerte de José Luis Gamboa en Veracruz, en la otra punta del país, el grupo Cadena despedía a su reportero gráfico Margarito Martínez en Baja California. Las asociaciones de periodistas han exigido a las fiscalías investigar si los crímenes fueron a causa de su trabajo.

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Vestía pantalón de mezclilla y camisa color café cuando encontraron en el suelo el cuerpo de José Luis Gamboa en una calle del fraccionamiento Floresta, al sur del Puerto de Veracruz, según han informado medios locales. Gamboa provenía de una reputada familia de periodistas en Veracruz. Su padre, Apolonio Gamboa, fue fundador del diario La Noticia, del que José Luis fue director; su hermano Polo también era un distinguido comunicador en el Estado.

El reportero había fundado en 2003 una página de noticias semanales llamada El Regional del Norte o Inforegio, en la que colgaba artículos de información política y de sucesos. Además, era muy activo en su cuenta de Twitter y subía editoriales en vídeo a YouTube. En estos tres medios, Gamboa compartía las supuestas conexiones entre el crimen organizado y las élites políticas de Veracruz: “La tragedia de México es que lo que está sometiendo al país por municipios es el narcotráfico, a la inversa de combatirlo, toda la estructura de poderes gubernamentales está vinculada en una gran asociación delictuosa”.

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Sus señalamientos eran directos y llegaban hasta el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y sus familiares, todos ligados a las alcaldías de distintos municipios del Estado. “El Puerto de Veracruz tiene 35 años bajo el dominio del crimen internacional. El CJNG opera en la zona portuaria, donde se vinculan familias de poder político entre ellos los Yunes”, escribió el periodista, que insistía una y otra vez en sus artículos en que Veracruz se había convertido en la puerta de entrada del fentanilo a Estados Unidos.

Aunque la CEAPP ha confirmado que no había denuncias previas de amenazas al reportero, Gamboa era consciente del peligro de sus afirmaciones: “Desde el momento que la prensa mexicana exhibe o señala vínculos de actores políticos o empresariales con el narcotráfico, la autoridad debe proceder a la investigación, y sucede a la inversa el Estado y sus instituciones investigan y persiguen al periodista, si es que antes no lo matan”.

Balazos en la puerta de la vivienda de Margarito Esquivel

Esta mañana, alrededor de las 12.45 horas, el fotógrafo Margarito Esquivel salía de su casa en Tijuana, en la colonia Sánchez Taboada. Allí fue abatido con arma de fuego. El reportero gráfico, de 49 años, estaba especializado en sucesos y noticias policiales. Trabajaba para el Grupo Cadena y el semanario Zeta, además colaboraba con medios internacionales como la BBC.

“Información revelada por testigos señalan que uno de los vecinos de Martínez Esquivel, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes, identificado solo con el nombre de Juan, fue quien disparó a Margarito Martínez”, 

apunta el semanario donde laboraba el fotógrafo.

Según los testigos, los dos hombres tenían una disputa por la propiedad de unos terrenos. “Lo cual, señala la autoridad en la primera línea de investigación, sería el móvil del asesinato. El identificado como sospechoso, Juan, huyó del lugar con rumbo desconocido”, publica el medio.

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México es el país más mortífero del mundo para la prensa, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Jan-Albert Hoosten, representante del CPJ, explicaba a EL PAÍS que México es la única nación donde los niveles de violencia letales contra los periodistas no han cambiado, sino que se mantienen con los distintos Gobiernos:

“La violencia es una constante. Y la conclusión después de tres años de Gobierno de López Obrador es que no solo no ha podido resolver las decenas de asesinatos de periodistas, defensores y activistas, sino que ha hecho muy poco para prevenirlos”.

La organización, que lleva desde 1992 un conteo global de estos ataques, registró hasta final del 2021 138 asesinatos en México. Artículo 19, una organización mexicana defensora de la libertad de expresión, computa cifras todavía más altas: 145 desde 2000.

Fuente: El País.

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