Un grupo de 10 personas, conformado por tres familias con niños y adolescentes, fueron las primeras en refugiarse en uno de los albergues de la Unidad Deportiva Reforma, acondicionada por autoridades municipales y del estado mexicano de Baja California y ubicada a unos 15 kilómetros del puerto fronterizo de San Ysidro.

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Enrique Lucero, director de Atención al Migrante de Tijuana, dijo a EFE que el principal desafío que enfrenta la ciudad con la llegada y retorno de migrantes es el alojamiento, “el poder brindarles un techo y que no duerman en la calle”.

Por ello, las autoridades acondicionaron con todos los servicios y atención esta unidad deportiva, que tiene capacidad para alojar a 300 personas y servicios de atención médica y psicológica disponibles hasta el próximo 1 de diciembre.

“Los apoyaremos mientras determinan su situación, ya sea que decidan retornar a su país, incorporarse a la vida laboral en Tijuana o continuar con el proceso de asilo a Estados Unidos”,

dijo el funcionario.

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Mencionó que los venezolanos llegan a Tijuana en circunstancias adversas y en mal estado emocional por la travesía desde su país hasta esta frontera, además de que en centros de detención no se les informa a dónde los llevan y por dónde los están retornando.

La incertidumbre ha aumentado desde que Estados Unidos anunció el mes pasado que otorgaría más de 20.000 visas humanitarias para venezolanos que lleguen por aire y tengan un patrocinador, pero, a la par, expulsará de inmediato a quienes crucen la frontera terrestre.

Jesús Bonillo, migrante venezolano alojado en el albergue, compartió a EFE que está en la ciudad con su esposa y sus dos hijos, quienes fueron retornados la noche del martes después de que el pasado domingo se entregaran a las autoridades migratorias estadounidenses por la frontera de Ciudad Juárez.

“Por ahora estamos aquí y mi familia se siente bien, tenemos dónde dormir, dónde bañarnos y estamos positivos, con la frente en alto y con ganas de seguir luchando y lograr nuestro objetivo”,

sostuvo.

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Bonillo dijo que a su país no regresa porque lo abandonó por la inestabilidad económica y lo que quiere es “darle un mejor futuro a los hijos en Estados Unidos, que es el país de las oportunidades.

Desde el pasado 13 de octubre, cuando comenzaron a retornar a migrantes por la frontera de Tijuana, hasta la fecha han llegado 1.057 venezolanos y, según autoridades, la mayoría ha desistido de quedarse en la ciudad.

El hecho refleja la migración récord en la región hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detuvo en el año fiscal 2022 a un número inédito de más de 2,76 millones de indocumentados, una cifra que incluye incrementos sustanciales en las capturas de cubanos y venezolanos.

Fuente: The San Diego Union-Tribune https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/bc/articulo/2022-11-02/abren-albergues-en-la-fronteriza-tijuana-para-venezolanos-deportados-a-mexico.

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Se agolpan por toda la frontera de México con Estados Unidos, llenan campamentos improvisados y caminan en el polvo bajo un puente internacional con afiches que piden ayuda: “S.O.S. HELP”.

En Honduras, Guatemala y Nicaragua duermen en las calles, piden comida y se preocupan por su destino. Algunos han recurrido a las autoridades locales para solicitar un salvoconducto de regreso a casa. Otros han prometido perseverar y llegar hasta Estados Unidos.

Un cambio abrupto en la política de inmigración del gobierno de Joe Biden en este mes ha dejado, prácticamente de la noche a la mañana, a decenas de miles de migrantes venezolanos —que recorren desde el sur de Centroamérica hasta la frontera entre México y EE. UU.— varados en un limbo burocrático.

El país que muchos habían dejado atrás, Venezuela, ha caído en el autoritarismo y la ruina económica, ocasionando la mayor crisis migratoria en el hemisferio occidental. Desde 2015, alrededor de uno de cada cuatro venezolanos ha salido de su hogar.

El país al que intentan llegar, Estados Unidos, les cerró la puerta a la mayoría de ellos el 12 de octubre, al imponer una regla que obligó a muchos a volver a México, una respuesta radical frente a un problema humanitario complejo que ha enviado a una cantidad récord de personas a la frontera este año.

“Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar”, dijo Darrins Arrechedra, de 31 años, un hombre de Venezuela que dijo que había atravesado 10 países para llegar a Estados Unidos y arribó a la frontera un día después de que la gestión de Biden dejó de admitir venezolanos.

Arrechedra, quien había intentado vivir en Chile antes de emprender el viaje al norte, estaba detrás de una oficina de ayuda a los migrante en Ciudad Juárez con vista al perfil de El Paso al otro lado del río Bravo, en Texas.

Dijo que tenía amigos en Estados Unidos que le habían prometido trabajo y que para llegar tan lejos había vendido sus pertenencias y agotado sus ahorros. “En realidad no tengo como que un plan ahorita”, dijo.

En los últimos meses, grandes cantidades de migrantes venezolanos han salido de Sudamérica al correrse la voz de que Estados Unidos no tenía un modo fácil de mantener fuera a la mayoría de ellos y que se les permitiría entrar al país y pedir asilo.

Casi todos han pasado por el Tapón del Darién, un tramo selvático peligroso que conecta Centro y Sudamérica y que se ha convertido en escenario de una batalla lacerante en el que los migrantes enfrentan deshidratación, hambre e incluso la muerte.

El aumento ayudó a impulsar un intenso debate en Estados Unidos por la inmigración. Gobernadores republicanos enviaron migrantes a comunidades demócratas en el norte por avión y autobús, lo que ocasionó que la ciudad de Nueva York construyera un campamento y declarara un estado de emergencia para poder enfrentar su llegada.

El 12 de octubre, tras una presión política cada vez mayor, el gobierno de Biden anunció que ampliaría la aplicación de una regla de salud pública de la presidencia de Donald Trump que le permite expulsar a los venezolanos que llegan a la frontera.

La meta, según una explicación de la política publicada en la gaceta oficial de la federación, era “mejorar la seguridad” en la frontera “al reducir la migración irregular de ciudadanos venezolanos”.

México había aceptado recibirlos tras un acuerdo que incluía una mayor cantidad de visas estadounidenses para migrantes de México, Centroamérica y Haití.

La medida fue criticada de inmediato por muchos grupos de defensa de los migrantes, que dijeron que representaba una ampliación de una política que despojaba ilegalmente a las personas del derecho a pedir asilo así como una respuesta inhumana ante una crisis devastadora.

Al anunciar que cerraría el paso a la mayoría de los venezolanos, Estados Unidos creó un programa humanitario para que 24.000 de ellos puedan ingresar al país si hacen la solicitud de manera remota.

Se espera que las expulsiones de venezolanos superen por mucho esa cantidad y más de 50.000 personas atravesaron el Darién en las primeras tres semanas de octubre, según las autoridades panameñas.

“Esta política no reconoce que el desplazamiento venezolano está en el mismo nivel que el de cualquier país devastado por la guerra”, dijo Maria Corina Vegas, parte del liderazgo de ABIC Action, un grupo de defensoría estadounidense que impulsa una reforma migratoria que beneficie a las empresas. “No atiende nuestro sistema disfuncional de inmigración ni tampoco la escasez de mano de obra que afecta nuestros negocios y economía”.

Sin embargo, el gobierno de Biden argumentó que estaba fomentando una vía de entrada más segura para algunos migrantes venezolanos.

“Quienes sigan el proceso lícito tendrán la oportunidad de viajar de forma segura a Estados Unidos y ser elegibles para trabajar aquí”, dijo el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, al presentar el programa.

Antes de la nueva medida, a la mayoría de los venezolanos que cruzaban la frontera se les permitía comenzar la solicitud asilo, un proceso que puede llevar años en decidirse y para el que solo califica un pequeño porcentaje de migrantes.

Unos 1200 venezolanos cruzaban la frontera suroeste al día antes de que el gobierno de Biden anunciara la nueva política, dijeron las autoridades estadounidenses. En días recientes, la cantidad cayó a unos 150 diarios.

Durante los primeros 10 días de la política, alrededor de 5100 venezolanos fueron devueltos a México, según Naciones Unidas.

Pero la medida parece haberse concebido sin un plan claro para quienes son expulsados a México.

Muchos vendieron sus hogares y pertenencias para hacer el viaje y gastaron los últimos ahorros para poder llegar hasta la frontera.

El viernes, el gobierno mexicano organizó una reunión de emergencia con las organizaciones de ayuda para discutir los pasos siguientes.

En un mensaje a los medios, el gobierno de México anunció que estaba aumentando la capacidad de sus albergues y que contemplaba trabajar con organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas y la Cruz Roja, para permitir a los migrantes permanecer en México, lo que podría incluir otorgar permisos de trabajo.

Pero en los últimos días, los venezolanos en Ciudad Juárez que habían sido devueltos de la frontera recibieron una forma de la autoridad migratoria mexicana que indicaba que tenían que salir del país “por sus propios medios” en los siguientes 15 días. Cuando se le pidió comentar, un funcionario de inmigración dijo que los migrantes podrían prolongar su estadía si solicitaban asilo.

Por todo México y Centroamérica, muchos venezolanos intentan dilucidar qué sigue ahora y hay pocas respuestas.

En Guatemala, Panamá y Honduras, las autoridades de migración trabajan con los consulados venezolanos y las Naciones Unidas para ayudar a las personas que desean volver a Venezuela.

Pero la situación se complica debido a que muchas personas no cuentan con pasaportes ni con dinero para costear un boleto de avión.

Tras el anuncio de la nueva política estadounidense, el gobierno de Guatemala dijo que más de 90 migrantes venezolanos habían decidido recientemente volver a casa, y que se les asignarían vuelos luego de que amigos o familiares accedieran a pagar sus pasajes.

La crisis en Venezuela empezó hace casi una década cuando la corrupción y la mala gestión de un gobierno autoritario de inspiración socialista ocasionaron una debacle económica, que ha sido exacerbada por las sanciones de Estados Unidos.

Durante años, los venezolanos migraron a países vecinos en Sudamérica, pero dado que la pandemia y la inflación global han golpeado a esas economías, muchas personas partieron rumbo a Estados Unidos.

Este mes, las Naciones Unidas dijo que más de 7,1 millones de personas han salido de Venezuela desde 2015, lo que convierte al éxodo del país en el más numeroso del mundo.

El programa creado por las autoridades estadounidenses que permite a algunos venezolanos solicitar el ingreso legal desde otros lugares sigue el modelo de una iniciativa diseñada para los ucranianos. Requiere que los venezolanos tengan un pasaporte válido y a alguien en Estados Unidos dispuesto a auspiciarlos.

Mientras que el programa ucraniano está abierto para una cantidad ilimitada de personas, la versión para los venezolanos tiene un límite de 24.000 participantes.

Este año, al menos 150.000 venezolanos han llegado a la frontera con Estados Unidos.

Algunas organizaciones que trabajan con temas migratorios elogiaron la creación de un camino legal, aunque sea estrecho. Cuatro venezolanos llegaron al país recientemente gracias al nuevo proceso.

Pero los críticos dicen que el programa va a descalificar a los venezolanos más pobres, muchos de los cuales carecen de los documentos requeridos y no conocen a nadie en Estados Unidos. El programa también descalifica a las personas que ingresaron a Panamá o México después del 19 de octubre, lo cual incluye a muchas de las que actualmente viajan hacia la frontera estadounidense.

“Es algo devastador el saber que de nada sirvió toda esta travesía”, dijo Margaret Diaz, de 28 años, quien llegó a la frontera de Estados Unidos dos días después de que se anunció la política de expulsión.

Diaz dijo que su esposo y las hijas pequeñas de ambos vendieron “lo poco que teníamos” y pidieron dinero prestado antes de salir de su hogar en Chile el mes pasado.

Cuando Diaz y su familia se presentaron ante las autoridades estadounidenses el 14 de octubre, fueron trasladados a un centro de detención. Recuerda haber pensado: “Si nos reciben es porque ya somos ganadores”.

Varios días después, no obstante, los subieron a un autobús que ya llevaba a otros venezolanos y los dejaron en Ciudad Juárez.

Recordó voltear a ver a su esposo, quien estaba llorando.

Para llegar a Estados Unidos, Jonnaleth Hidalgo, de 22 años, había caminado con su esposo y su hija pequeña por el Darién, que describió como “infierno en la Tierra”.

En el camino casi se ahogaron.

La semana pasada, en Ciudad Juárez, mientras la fuerza del sol empezaba a calentar una mañana fría, Hidalgo era una de alrededor de 60 venezolanos que avanzaron a una zona de la frontera que se halla justo enfrente de un puesto migratorio estadounidense del otro lado del río.

Bajo la mirada de los agentes, el grupo desplegó mantas que pedían ayuda.

Vestida con una camiseta blanca, describió la protesta como un intento desesperado “para mostrar a los que están del otro lado que tenemos derechos humanos”.

Fuente: The New York Times https://www.nytimes.com/es/2022/10/24/espanol/venezolanos-estados-unidos-mexico.html.

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En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.

Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.

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Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.

Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora. EL PAÍS se ha desplazado a ambas regiones para comprender mejor los matices de la tragedia.

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Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía sobre esta situación: “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Priorizar la búsqueda

El registro de desaparecidos era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, explica que “antes de 2019, el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”. Nombrada con el nuevo Gobierno, su primer paso fue pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. “Lo que se ha hecho es comenzar a crear una institucionalidad”, dice Quintana. ¿Qué tan real es entonces el registro? “Mi lectura”, dice la comisionada, “es que las fiscalías tienen más información de la que han dado en los últimos años; pero también podrían tener información desactualizada”.

Aún así, esa información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Debanhi Escobar o Yolanda Martínez han puesto el foco en los fallos del sistema, el número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el resto de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y uno de los que cuenta más desaparecidos (6.405 personas), el porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los Estados y de todas las instituciones en el país con el registro “es muy dispar”, según Quintana, que apunta: “Todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional”.

A la crisis de los desaparecidos se suma otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. “El sistema tradicional requiere identificar [los cuerpos] uno a uno. Eso está bien en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares con crisis como México”, señala Quintana.

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Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos tres años se concentra en cinco Estados, que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa suman más de 15.700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más o menos 15.000 personas de las que se ignoran datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible, es posible identificar al menos tres zonas donde la situación es especialmente grave: la central, que incluye Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.

Los confines de Irapuato

En un taller a las afueras de Irapuato, dos operarios muestran divertidos una pegatina. Es el plástico que envuelve las bolsitas de marihuana que compran habitualmente en el barrio, donde un niñito rubio, con un enorme fusil en las manos, sonríe al cliente. Dos palabras dominan la imagen arriba y abajo del muchacho: “CJNG” y “Élite”. “Así la venden ahora”, dice unos de los operarios.

La pegatina resume una guerra por el dominio de la venta de droga al por menor en los barrios de Irapuato, en Guanajuato, ciudad golpeada por la violencia en los últimos años. Los operarios, vecinos de estos mismos parajes híbridos entre lo agrícola y lo industrial, dicen que es justo aquí donde más se ha notado la violencia, en los ranchos que hacen de esponja entre Irapuato y Salamanca. Aunque no es solo por la droga.

Preguntados por los motivos, ambos señalan además los ductos de combustible, riqueza de la región. En la vecina Salamanca, Pemex opera una refinería y en el subsuelo funcionan enormes tubos que conducen gasolina a León, la capital del Estado. Irapuato queda en medio. Desde hace años, cuadrillas de criminales locales apoyados por trabajadores de la petrolera han ordeñado los ductos, almacenando combustible para venderlo en el mercado negro.

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“Antes estaban los de El Marro, pero luego llegaron los jaliscos e hicieron limpia”, dice el otro operario. Sus nombres verdaderos no salen aquí por su seguridad. El Marro y los Jaliscos son los nombres coloquiales del cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las marcas criminales más mediáticas de los últimos años. En la narrativa criminal mexicana, las limpias son procesos por los cuales un grupo criminal expulsa a otro de un territorio más o menos acotado. Cuando hablan de la limpia de Irapuato, los operarios se refieren a un proceso que inició hace unos cuatro o cinco años, cuyo fin viven actualmente.

El simbolismo de las pegatinas es evidente. No son tanto un reclamo, sino una demostración de poder, un recordatorio de lo que ha ocurrido. Genaro, uno de los operarios, recuerda el principio de todo aquello en su barrio. Fue en noviembre de 2020. “Hubo una semana completa de balaceras. Un lunes empezaron a balacear una casa, martes igual, miércoles… Es que ahí estaba El Marro, por el huachicol [el robo de combustible de los ductos]. Y en una casa vendían droga y se iban y le tiraban, hasta granadas y todo… Mataron a varios”, dice, mientras muestra un mosaico en su móvil de sus muertos, sus amigos muertos del barrio. “Ahí en el rancho, entre muertos y desaparecidos son como unos 50 de cinco años para acá”.

Es la guerra del extrarradio, ajena a la pompa de las siglas. En la actual Administración, Irapuato se ha convertido en el foco rojo de las desapariciones en el Estado. Es la ciudad que más casos cuenta, por encima de León, la misma Salamanca o Celaya. Son 228 reportes desde diciembre de 2018, por 99 durante los 12 años anteriores. El horror aquí es presente porque muchas veces los perpetradores siguen campando a sus anchas por el barrio.

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Es el caso de Rosalba Granados. En ocho días de agosto de 2019, criminales asesinaron a su hijo mayor y desaparecieron al pequeño, que quería cobrar venganza. “Nosotros somos de un rancho de ahí entre Salamanca y Celaya. Y ahí estuvo la guerra de los marros contra los jaliscos. Ahora parece que ya se calmaron, porque las personas que andan en eso ya se pasaron a la nueva generación”, explica.

En 2019, la situación era distinta. “Mi hijo mayor sí se drogaba y por lo mismo iba con esta gente”, dice, en referencia a integrantes del grupo de El Marro, detenido en agosto de 2020. “A veces bromeaba y me decía, ‘a lo mejor un día me meto con ellos’. Y yo le decía, ‘sí, papasito, tú métete y me recoges tus cosas y te vas, porque ya no tienes mamá’. Pero luego me decía que era broma”. Así, entre broma y broma, se andaba el hijo mayor, Giovanni, que siempre andaba “cargándoles” a sus compañeros de barrio.

Dice Granados que quizá un día las bromas fueron demasiado. “Le parecía que eran tontos, no sé”. Un sábado, el muchacho no volvió a casa. Se fue con uno de “ellos” y apareció muerto, al día siguiente, en un pueblo cercano. Granados sabe quién era la persona con quien se fue. Lo ve de vez en cuando. Nunca se ha atrevido a preguntar.

El que sí preguntó fue José Antonio, su hijo pequeño, que pronto supo quién había matado a su hermano, según Granados. Parece que el muchacho clamó venganza. Se corrió la voz. Ocho días más tarde, los mismos que habían acabado con el primero desaparecieron al segundo. “Fue cerca del panteón”, explica la madre, “ellos habían ido a sepultar a unos fulanos y cuando lo vieron… Él había ido a un taller cerca de ahí a reparar su moto. Sí me dijeron que cuando lo vieron le gritaron, ¿te sientes muy verga? Ya no sé más”.

Los gritos de las madres en el desierto de Sonora

Sinthya Gutiérrez tiene 40 años y una tristeza que le dobla el cuerpo. Desde 2017 no sabe nada de su hijo Gustavo, que tenía 15 años cuando fue desaparecido. El chico salió con un amigo y no regresó: lo último que se supo de ambos –el otro joven también falta– fue que la policía los tenía esposados en una calle de Guaymas, un municipio de Sonora de 150.000 habitantes. Ella y su marido recorrieron las celdas municipales sin encontrarlo. “Ahí es cuando empezó mi angustia”, dice la mujer, chiquita en la esquina del sofá. En un mueble de madera a su lado, Gutiérrez honra a su hijo desaparecido. Entre latas de Tecate y crisantemos amarillos, también homenajea a su hijo Marco Antonio, baleado a 50 metros de su casa, y a una compañera que buscaba a su marido cuando fue asesinada.

2017 fue “un año muy pesado”, recuerda Gutiérrez. Desde el inicio del conteo en la década de los sesentas hasta 2016, Sonora registró 1.650 desapariciones. En los siguientes cinco años, se alcanzó un número muy similar en este Estado del norte del país: 1.400 personas desaparecidas en ese período. Antes de que un comando armado baleara el Palacio Municipal de Guaymas durante una manifestación feminista en noviembre de 2021 y matara a tres personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había identificado el corredor que va desde esa ciudad hasta Cajeme, a una hora y media, como “uno de los más violentos” del país.

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Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, atribuye la violencia desatada en los últimos cinco años a “la negligencia e irresponsabilidad” de las autoridades, pero también a la militarización de la seguridad pública, que empezó a notarse en la zona a partir de 2018, según Bernal. Los últimos dos comisarios de Guaymas, por ejemplo, fueron capitanes de la Marina y en las calles se ven militares en camionetas de la Policía Municipal. La estrategia, dice Bernal, “está siendo contraproducente”: “Hace 25 o 26 años, Sonora era zona segura. La gente venía de Nuevo León, de Coahuila, de todas las zonas azotadas por la violencia”. Y ahora, en cambio, suben los homicidios y se acumulan las fichas de búsqueda.

Otro factor, dice la analista, es la geografía del lugar. Guaymas, que nace en el mar y se extiende entre cerros del color del piloncillo plantados de sahuarios, es un área privilegiada para el tráfico de drogas, de mercancías, de personas. Su puerto recibe barcos internacionales; está rodeada de grandes extensiones de tierra; la frontera con Estados Unidos se ubica a 500 kilómetros. El crimen organizado se disputa desde hace algunos años ese territorio. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ocho grupos operan en Sonora. Los Salazares y los Chapitos, una escisión del Cártel de Sinaloa, son los que actúan en Guaymas y los municipios de alrededor, según periodistas y activistas de la zona.

Cuando el número de desaparecidos empezó a crecer, Sinthya Gutiérrez fue una de las madres que se organizó para crear Guerreras Buscadoras, un colectivo que en Guaymas llegó agrupar a 40 familias y hoy solo reúne a 15. Por temor hay personas que han dejado de buscar, dice. A las que quedan, sobre todo madres, esposas, primas, hermanas, les dicen que son unas chivas locas: “Porque andamos en los cerros”. Cuando buscan, normalmente orientadas por datos que les envían de forma anónima, salen bien temprano y caminan durante kilómetros a temperaturas que pueden superar los 40 grados. Si hunden una varilla en la tierra y al quitarla trae el olor de un cuerpo, empiezan a cavar.

Hace tiempo que Gutiérrez dejó de ir a la Fiscalía para conocer avances sobre el caso de su hijo. Rosario Gutiérrez, que busca desde hace un año y nueve meses al suyo, también se cansó de acudir al ministerio público. “No los buscan como nosotros. Ellos llegan [a las fosas], recogen lo que quieren y se van. Y nosotras llegamos al otro día y encontramos muchos restos”, critica la mujer de 53 años. Jesús Gabriel, de 29, se fue a la playa en Semana Santa y ella no ha sabido nada sobre él desde entonces. Si no lo busca, no sabe qué más hacer: “Mi mundo se torna cuatro paredes y un rostro mojado”.

Como ella, otras madres sienten que rastrearlos es el único consuelo. Guadalupe Loaiza, de 48 años, busca a su hija, Yosineidy Hernández, y al papá de la joven, que se fue con ella cuando dos hombres vinieron a su casa a llevársela. Loaiza sonríe cuando recuerda cómo le gustaba a su hija el carnaval y enseguida llora. Los ve a los dos de espalda, yéndose por la puerta, abrazados. “Hemos encontrado a muchos niños, pero a veces digo ‘cómo encuentro a otros y no la encuentro a ella”. En el desierto, en la orilla del mar, en el monte, donde sea que estén buscando, conversan, se ríen como no lo hacen en sus casas, gritan los nombres de sus desaparecidos: “¡Gustavo! ¡Jesús Gabriel! ¡Yosineidy!”. “No andamos buscando justicia”, dice Sinthya Gutiérrez. Ni quién lo hizo, ni quién lo va a pagar: “Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.

Fuente: El País.

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Los casos de migrantes reportados como desaparecidos en México, en su mayoría hondureños, casi se triplicaron entre 2020 y 2021, en un momento en que el país busca contener los grandes flujos de personas indocumentadas hacia Estados Unidos, según un informe difundido el miércoles.

De acuerdo con el documento presentado por el Programa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), una organización de derechos humanos en América Latina, los reportes de extranjeros desaparecidos crecieron en un 292%, de 89 a 349 episodios.

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«Hay lugares en donde se encuentran albergues y cárteles del narcotráfico al acecho de migrantes para levantarlos e integrarlos a sus filas», dijo Luis Macías, director del SJM en México.

Según el estudio, el 44% de los migrantes desaparecidos tenían entre 18 y 29 años, el 42% entre 30 a 59 años y un 14% no superaba los 17 años. El Instituto Nacional de Migración (INM) local no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios de Reuters sobre el informe.

La mayoría de las víctimas procedían de Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, países de los que parten cada año decenas de miles de migrantes que viajan por territorio mexicano a Estados Unidos y son blanco de secuestros, asesinados u otros delitos.

La organización también dijo que del 75% de las personas que lograron localizar estaban detenidas en alguna estación migratoria o estancia provisional de estados sureños como Chiapas y Tabasco, donde por meses miles de migrantes esperan documentos para avanzar hacia estados Unidos sin ser detenidos.

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No obstante, precisó que existe un subregistro significativo en las desapariciones de personas en situación de migración que se agrava al no existir información articulada entre instituciones de gobierno responsables de dar seguimiento a las acciones de búsqueda.

«La política de contención de los flujos migratorios ha aumentado los casos de detención e incomunicación y, en consecuencia, los reportes de desaparición presentados por sus familiares»,

dijo a Reuters Adrián Estrada, coordinador del Área de Atención a migrantes del SJM en la capital mexicana.

Fuente: El Economista.

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Hace casi seis meses el haitiano John Telisma se vio forzado a cambiar de planes y esperar en la ciudad industrial de Monterrey, en el norte de México, antes de seguir su recorrido hacia Estados Unidos, donde pretendía solicitar refugio tras un recorrido continental.

Sin saberlo Telisma, de 36 años, su esposa Violene Marseille, de 42, y sus dos hijos John y Rebeca, de 4 y 9 años, emprendieron una nueva travesía: recorrer la burocracia mexicana para regularizar su estancia en el país.

“Ha sido difícil conseguir trabajo, papeles para trabajar”,

dijo Telisma a The Associated Press en su apartamento en el bullicioso centro de esta ciudad en Nuevo León, estado colindante con Texas.

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AP ha seguido el caso de Telisma y su familia desde su arribo a Monterrey en septiembre para conocer cómo ha sido su proceso de integración y regularización en el país.

En el albergue Casa INDI, donde recibieron alimento y vivienda temporal durante unos meses tras su llegada, le informaron que debían iniciar un largo proceso con el fin de obtener autorizaciones para permanecer y trabajar en México.

Días antes Telisma y su familia habían decidido permanecer en Monterrey ante los operativos migratorios del gobierno estadounidense para contener el ingreso de miles de haitianos. Por entonces unos 14.000 haitianos se habían apostado debajo del puente fronterizo entre Ciudad Acuña, en el norteño estado de Coahuila, y Del Rio, en Texas.

Telisma, su esposa y sus hijos se instalaron en Santiago de Chile en 2016, donde lograron regularizar su estancia y obtuvieron empleo. Sin embargo, la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 y el endurecimiento de las políticas migratorias en la nación sudamericana los obligó a migrar nuevamente.

En la última década Haití ha experimentado una salida masiva de sus habitantes que comenzó tras el devastador terremoto de 2010 y sucesivos desastres naturales, inestabilidad política y estancamiento económico.

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En Monterrey, Telisma comenzó un largo proceso de trámites ante las autoridades mexicanas. Primero solicitó una cita ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que desde el año pasado está saturada de peticiones. En 2021 la comisión recibió 131.362 solicitudes, un incremento de 219% en comparación con las presentadas en 2020, de acuerdo con cifras oficiales.

Telisma consiguió una audiencia en la oficina de la agencia en Monterrey que le fue concedida a fines de diciembre. Ahí agentes de la COMAR le informaron que no era elegible para recibir el estatus de refugiado.

El caso de Telisma no es el único que ha sido rechazado. En una entrevista Andrés Ramírez, titular de la COMAR, dijo a AP que la mayoría de las solicitudes de haitianos son rechazadas ya que no califican para ser considerados refugiados.

Según Ramírez muchos de ellos abandonaron su país hace años y buscan mejores oportunidades laborales tras vivir un período en otras naciones como Brasil o Chile, no huyen de la violencia o la persecución.

“Estamos trabajando en condiciones sumamente complicadas. Más de la mitad de esta administración hemos estado bajo el COVID y con un mayor número (de solicitudes) con muy reducido personal”,

dijo Ramírez.

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Sin embargo, una constancia que le fue entregada a Telisma en la COMAR le permitió continuar su recorrido burocrático. Con ella acudió a las oficinas del registro civil en Monterrey, donde le concedieron la clave oficial llamada CURP que en México sirve como número de identificación personal y que le permitió conseguir su primer empleo como guardia de una tienda.

“Luego me dieron una cita en migración y ahí ya a principios de marzo me dieron la visa humanitaria pero sólo a mí, porque no recibieron a mi esposa ni hijos, ellos tuvieron que hacer citas aparte”,

explicó Telisma.

Ya con la visa descubrió nuevas trabas. Los empleadores le solicitaron una clave fiscal que aún no ha conseguido y que debe tramitar ante las autoridades de hacienda mexicanas.

“Todo ha sido de hacer citas y citas, me preocupa cómo pagar la renta, no he tenido un trabajo estable”,

declaró el haitiano que recientemente abandonó el empleo como guardia por el que recibía apenas 200 dólares mensuales.

Pese a las trabas burocráticas dijo que desde su llegada él y su familia han tenido una experiencia positiva en Monterrey, donde asociaciones civiles y albergues como Casa INDI les han proporcionado ayuda.

Sus dos hijos, por ejemplo, comenzaron a acudir a escuelas públicas cerca de donde viven y para ello sólo tuvieron que presentar los CURP que les dieron en el registro civil.

“Nos gusta Monterrey, nos han tratado bien, pero aún queremos ir a Estados Unidos en unos años”,

declaró.

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Cerca del apartamento de Telisma en el centro, donde se ha concentrado un gran número de haitianos y es común escuchar conversaciones en creole, André Ceneus, de 26 años, explicó a AP que su recorrido también ha incluido innumerables trámites para regularizar su situación en México.

“No ha sido fácil estar aquí, pero me gusta la ciudad”,

dijo Ceneus en una tienda de conveniencia Oxxo, donde fue contratado en noviembre tras conseguir una visa humanitaria.

También llegó a Monterrey atraído por los comentarios de amigos y conocidos que habían arribado en septiembre y le hablaron de las oportunidades en la región, donde empresas han lanzado programas para contratar a migrantes y refugiados.

Una de esas compañías es el gigante FEMSA, propietario de la cadena de tiendas Oxxo, que desde 2019 ha contratado a más de 800 migrantes y refugiados en sus tiendas, de acuerdo con cifras proporcionadas a AP por la empresa.

Sin embargo, en otros lugares como la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas, colindante con Guatemala, cientos de migrantes haitianos y de otras nacionalidades no han corrido con la misma suerte que Ceneus y Telisma.

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Desde mediados de enero grupos de migrantes han organizado protestas casi a diario frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en esa ciudad para exigir agilidad en sus trámites de regularización y libre tránsito hacia el norte de México.

Defensores de derechos de los migrantes han denunciado que Tapachula se ha convertido en una especie de corral, ya que muchas personas han permanecido varadas allí durante meses a la espera de que sus solicitudes sean procesadas.

Ceneus, quien vivió y trabajó desde 2019 en Brasil, también dijo que esperará unos años en Monterrey pero que su objetivo es llegar a Estados Unidos.

“Allá tengo familiares y los quiero alcanzar algún día para poder enviar dinero a parientes que siguen en Haití”,

dijo Ceneus.

Fuente: Independent.

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Las autoridades estadounidenses contabilizaron 12,011 niños no acompañados en la frontera sur durante el mes de febrero, en comparación con los 8,760 de enero, según datos revelados ayer por la CBP (por sus siglas en inglés).

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A finales de la semana pasada, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos decidieron que la norma sanitaria conocida como Título 42, que permite expulsar a los migrantes, deje de poder aplicarse a los menores no acompañados, aunque sigue vigente para los adultos y las familias.

La norma, impuesta por el expresidente republicano Donald Trump, permite expulsar a los migrantes con motivo de la pandemia alegando que pueden ser portadores del COVID-19.

En total, en febrero las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a 164.973 personas que cruzaron la frontera terrestre suroeste, un aumento del 7% en comparación con enero. 

De ellas 91,513, es decir el 55%, eran eligibles para ser expulsadas bajo el Título 42 mientras que 73,460 entraban dentro del Título 8, es decir el aplicable a personas que aspiran a entrar legalmente, debido a su estatus de refugiado u otros motivos, pero carecen de la documentación necesaria o quedan fuera de las cuotas.

La inmensa mayoría de las personas que cruzan la frontera provienen de México y de Centroamérica pero han aumentado las originarias de Ucrania, un país bajo fuego desde que Rusia lanzó una ofensiva militar el 24 de febrero para invadirlo.

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En febrero entraron 1,147 ucranianos, casi el doble que en el mismo periodo de 2021 (585), y 2,025 rusos, frente a los 720 del mismo mes del año pasado, según datos de CBP.

De todos modos, según un funcionario del CBP que pidió el anonimato, «el porcentaje general de inmigrantes rusos y ucranianos interceptados es bajo, en comparación con otros países de origen» y desde 2019 se ha registrado «un promedio en ambos casos de entorno al 1%».

Fuente: NVI noticias.

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Decenas de migrantes de Haití, Cuba y países africanos, que llegaron a México, arrojaron piedras y palos a policías y funcionarios de migración en la ciudad sureña de Tapachula.

El incidente estalló después de las quejas de que el procesamiento de las solicitudes de asilo o visa humanitario estaba tardando demasiado.

El Instituto Nacional de Migración, en un comunicado, dijo que los que atacaron a la policía insistieron en que tomen su propia acción ante quienes ya tienen citas impidiéndoles ingresar a una oficina de migración.

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Unas 100 personas quemaron neumáticos y basura, bloqueando una carretera en la zona durante varias horas, después de que la policía obligara a los migrantes a abandonar la zona.

Algunos arrojaron piedras y palos a la policía y los funcionarios de migración.

Y no se hizo ninguna declaración oficial sobre heridos en el enfrentamiento.

Fuente: TRT Español.

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Una decena de migrantes indocumentados se cosió la boca el martes como una medida desesperada que busca llamar la atención de las autoridades a fin de obtener un prometido permiso para transitar por México sin ser detenidos, mientras intentan llegar a Estados Unidos.

Los migrantes, en su mayoría centro y sudamericanos, tomaron aguja e hilo de plástico y se ayudaron entre sí a hilvanar sus labios, dejando apenas un pequeño espacio para poder consumir líquidos, según videos vistos por Reuters y el testimonio de un fotógrafo en el sitio.

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Sólo usaron alcohol para limpiar las gotas de sangre que salían de las puntadas y aguantaron estoicamente el dolor. Algunos llevaban a sus hijos en brazos cuando realizaron la dramática protesta en Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, que desde hace meses está rebasada por la presencia de miles de migrantes contenidos a la espera de papeles.

“Lo hago por mi hija, hasta esta hora no ha comido nada y no veo solución (…) de las autoridades”,

dijo Yorgelis Rivera, una venezolana a quien se le veían los hilos colgando de su boca.

“Estamos como unos presos aquí”, agregó la joven quien aseguró que ha esperado por más de un mes en Tapachula una respuesta del Instituto Nacional de Migración (INM) para obtener un documento que le permita libre tránsito por el país para llegar a Estados Unidos.

El INM no comentó inmediatamente de la protesta pero dijo que a diario reciben a más de un centenar de solicitantes en las oficinas de la sureña ciudad.

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En los últimos años, el número de migrantes que han llegado a México -huyendo de la violencia, pobreza y otras problemáticas en sus países- se ha disparado. En 2021 la nación registró un incremento de casi 87% en el número de solicitudes de asilo, principalmente de haitianos y Hondureños. Lee la historia.

Recientemente la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) dijo que México debe considerar nuevos esquemas de ayuda para personas en movilidad, ante un inminente aumento en la llegada de extranjeros, muchos de ellos venezolanos, a quienes recientemente México impuso visa para su ingreso al país. Lee la historia.

“Se cosen los labios los migrantes en señal de protesta, comienzan también una huelga de hambre y esperemos que el Instituto Nacional de Migración pueda ver que sangran, que son seres humanos”, 

dijo a Reuters Irineo Mujica, un activista de derechos humanos que acompañó la manifestación.

Fuente: Forbes.

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A los 10 años, siendo una niña, empezó a ayudar a su madre a vender droga. Solo cuatro años después, ingresó en un cartel del narco y aprendió a matar.

La historia de Susana* es una de tantas que demuestra que los tentáculos del narcotráfico en México se extienden también, y cada vez más, sobre quienes ni siquiera han cumplido la mayoría de edad.

Sin embargo, la falta de datos concisos -diferentes organizaciones y autoridades estiman que los niños y adolescentes con vínculos con el crimen organizado en México pueden oscilar entre los 35.000 y 460.000- hace que su realidad se torne casi invisible y pareciera que no existe.

Pero sus experiencias, algunas realmente estremecedoras, están ahí. Muchos son utilizados como carne de cañón y captados por los carteles porque saben que sus condenas, en caso de ser capturados, serán mucho menores.

La ONG Reinserta, que trabaja con jóvenes que entran en contacto con el sistema de justicia penal, escuchó decenas de estos duros relatos en centros de internamiento y arrojó luz sobre su realidad gracias a su reciente estudio «Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada».

La de Susana, ahora con 17 años, es una de esas historias de «niños del narco» y que BBC Mundo reproduce con autorización de Reinserta.

Nací en Monterrey, Nuevo León, en una familia estricta. Mi mamá siempre quiso lo mejor para mí y mis hermanos, por eso era muy dura con nosotros en cuestiones de educación y valores.

Ella tenía dos trabajos: en el primero era ayudante de cocina, trabajaba de siete de la mañana a siete de la noche. Después entraba a su segundo trabajo como bailarina en un bar, de ahí salía a las cuatro de la mañana. Estábamos solos mucho tiempo.

No sé mucho de mi papá biológico, solo sé que trabajaba para la delincuencia organizada y que lo mataron unas personas de un cartel contrario cuando yo tenía 3 años. Por eso mi mamá hizo una nueva familia, y mi padrastro fue el que me dio sus apellidos y me adoptó como hija.

Desde pequeña estuve en contacto con armas. Mi mamá tenía una pistola calibre 22 y un revólver 38, eso lo veíamos normal. Mi mamá y mi padrastro peleaban mucho, su relación ya no iba bien porque él se drogaba todo el tiempo y eso no le gustaba a mi mamá, por eso decidieron separarse.

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Como mi mamá no nos podía cuidar, convivimos casi todo el día con la niñera. A mi mamá no le alcanzaba el dinero, y cada vez nos veía menos, empezó a buscar una forma de conseguir algo extra.

Un hermano de ella le dijo que podía conseguir más dinero vendiendo droga. Así se fue metiendo en eso, vendía crack y cocaína. Como era buena vendiendo la contrataron los del cartel, primero los Zetas y luego los Sinaloas.

Yo era muy apegada a mi mamá, era muy cariñosa conmigo, siempre andaba diciendo que me iba a hacer mis 15 años. La admiraba, quería ser como ella, era muy fuerte en todas las cosas, salía adelante ella sola.

Pero, así como mi mamá, nosotros [mis hermanos y yo] también empezamos a meternos en el narcomenudeo. A los 10 años empezamos a vender droga para ayudarle con los gastos de la casa. Era el negocio familiar.

Cuando el cartel del Golfo se apoderó de la zona, mi mamá empezó a trabajar para ellos. Ahí la regó, porque a los del otro cartel no les gustó nada que ella se haya ido con el enemigo, por eso dieron la orden de asesinarla.

A mi mamá la mató un sicario, le dio tres disparos. Yo tenía 12 años cuando me quedé huérfana, había perdido a la persona más importante en mi vida: mi madre.

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A partir de ese día, cada uno de mis hermanos tomó caminos diferentes. Yo me quedé en la casa de mi mamá y empecé a consumir drogas, fumaba marihuana, me metía píldoras, cocaína… Poco a poco me fui haciendo adicta a ellas, yo era una niña, no sabía cómo salir adelante, era cobarde con la vida, no sabía cómo enfrentarla.

A los 14 años conocí a un hombre que se volvió mi novio, él era mucho más grande que yo, fue quien me envició con drogas más fuertes como el tolueno [una sustancia inhalante que tiene efectos narcóticos y alucinógenos] y el crack. Empecé a drogarme diario.

El mundo en el que me sumergí me envolvió, mis nuevos amigos me enseñaron a robar tiendas de autoservicio y autos. Poco a poco me empecé a volver famosa porque era «muy temeraria», asaltaba y robaba sola.

Hasta que un día llegó un muchacho que me dijo que era del cartel del Noroeste, me enseñó fotos donde yo estaba robando y me dijeron: «¿Qué onda, te metes a jalar o te doy cuello?». Tenía 14 años, no tuve de otra. «Dame armas, droga, carros, yo le entro».

Al poco tiempo de entrar al cartel me detuvieron y me acusaron de delitos contra la salud, pero solo estuve internada un mes. Cuando salí lo tenía muy claro: no quería vender droga, yo quería matar gente. El cartel tiene diferentes áreas: venta de droga, secuestro o extorsión, trata de personas y sicariato. Ese era el grupo al que quería entrar.

Para eso tenía que pasar varias pruebas. La primera fue asesinar a un hombre afuera de un bar. Me dieron un arma calibre 40 color negro, sabía cómo se utilizaban las armas por lo que veía en las películas, pero en realidad nunca había disparado una. Eso no me detuvo: sabía que tenía que realizar el encargo porque de eso dependía mi vida y la posibilidad de trabajar para el cartel.

Le disparé cuatro veces. Salí corriendo, con la adrenalina a tope. Me gustó, quería más, se me hizo una adicción. Finalmente había encontrado algo me hacía sentir mejor que la droga: asesinar.

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La segunda prueba fue torturar a un muchacho, le tenía que cortar la mano. Ahí sí me quería desmayar, pero la persona que me estaba enseñando me dijo que era normal, que le siguiera.

Fui entrenada para disparar, asesinar, mutilar y vender droga, pero lo que más me llamaba la atención era asesinar personas. Me llevaban a matar a puras mujeres. Yo preguntaba si tenían familia, cuando me decían que sí, les decía: «Con más razón».

[Para mí] era una forma de liberar el enojo que había sentido cuando mataron a mi mamá. Pensaba: «Pues si ellos le hicieron eso a mi mamá, ¿por qué yo no lo voy a hacer?». Mis víctimas eran mujeres que tuvieran hijos, quería que ellos sintieran lo que yo había sentido, las mataba enfrente de los niños.

También me encargaba de reclutar a nuevos integrantes. Buscaba a aquellos que no les importara morir o matar, no importaba la edad. Aunque nunca recluté niños, sabía que eran una herramienta útil, ya que el cartel puede aprovecharse de ellos y culparlos de los delitos que cometan otros, porque ellos salen pronto de los centros de internamiento. Yo creo que por eso me agarraron a mí.

Me sentía poderosa dentro del cartel, sentía que tenía más valor que muchos otros hombres con los que trabajaba. Unos se paniqueaban y gritaban al momento de disparar, pero yo no, no sentía miedo ni remordimientos. Teníamos una cuota de dos homicidios diarios, se nos daba la información y teníamos todo el día para cumplir. Si no, no se nos pagaba.

Tenía 15 años cuando me mandaron a vigilar la casa de un hombre al que íbamos a matar, pero alguien dio aviso a la policía y me agarraron por segunda vez.

Me costó cinco meses de cárcel. Durante el tiempo que estuve internada, no escuché noticias del cartel, me dieron la espalda. Por eso quise salirme.

Cuando salí, me fui a vivir nuevamente con mi papá y su esposa, pero ellos no me querían. Él prefirió estar con ella a estar conmigo.

Me regresé a casa de mi mamá, tenía 16. Para esto, el cartel del narco me andaba buscando para que regresara a trabajar y me encontraron. Les dije que yo no había desertado, que ellos me habían dejado morir en el tutelar.

Para perdonarme la vida me llevaron a casa de una señora para que le sacara información, me dijeron que le mochara los dedos, yo no quería, ya no quería matar, los meses que estuve internada me cambiaron… pero ni modo, era la vida de ella o la mía, así que hice lo que tenía que hacer.

Seguí trabajando para el cartel y un día nos mandaron, a mí y a unos compañeros, a robar un carro que traía «pacas de ropa». Yo era la encargada del grupo, así que di órdenes, pero mis compañeros hicieron lo que quisieron, destruyeron el carro, perdieron las armas y a mí me dieron diez tablazos como castigo. Los golpes eran tan fuertes que me hice del baño encima, me acuerdo de ese día y me hierve el coraje.

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Después de ese incidente, dejé de recibir mi pago. Cuando vi que pasaban y pasaban las quincenas, decidí desertar definitivamente y dedicarme a la venta de droga de manera independiente junto a mi hermano. Pero como la policía me tenía en la mira, me agarraron y me metieron nuevamente a la cárcel por delitos contra la salud.

Ahorita estoy en un centro de internamiento cumpliendo un año de medida privativa de la libertad. Viene a visitarme uno de mis hermanos y disque mi papá también me está apoyando. Para mí, estar aquí es una oportunidad de rehacer mi vida y reforzar la relación con mi familia, es lo único que quiero.

Quiero seguir estudiando y cumplir el sueño que tenía de niña: ser criminóloga. Pero, sobre todo, quiero alejarme por completo del mundo de la delincuencia organizada. Para mí, estar en internamiento significa estar en paz. Mi vida dejó de correr riesgo cuando entré aquí, además he hecho buenas amistades y tengo el apoyo que no tuve de niña.

Si yo puedo dar un consejo a un niño o adolescente es que no se meta en esto, porque nada más lo van a utilizar. En esta vida es el encierro o la muerte, no hay de otra. Si a mi mamá no la hubieran asesinado, no habría pasado todo lo que estoy viviendo hoy.

* El nombre real de la protagonista de esta historia ha sido modificado para proteger su identidad.

«Contextos violentos y de maltrato»

Lo que más llamó la atención de los responsables del estudio de Reinserta que escucharon historias como la de Susana fue el impacto psicológico sufrido por la gran mayoría de entrevistados en forma de ansiedad, depresión o estrés postraumático tras haber estado expuestos a tal grado de violencia.

«Casi todos venían de contextos violentos, de maltrato hacia ellos. Muchos fueron abandonados a temprana edad, desertaban de la escuela y tenían acceso a drogas incluso a los 10 años, lo que era un escalón previo para vincularse a la delincuencia organizada»,

destaca Marina Flores Camargo, directora de investigación de la ONG y quien lideró el estudio.

Otros factores comunes hallados fueron las dificultades económicas de unas familias mayoritariamente disfuncionales.

«Este escenario les hace ver que, tras dejar la escuela, o están en su casa o se vinculan a la delincuencia. Y esta es la opción que les permite ganar dinero. No hay metas ni expectativas», le dice a BBC Mundo.

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Sus testimonios permitieron entender los diferentes modos de operar según la zona del país. En el norte, por su cercanía con la frontera de EE.UU., es donde los jóvenes confesaban mayor facilidad para transportar droga y donde los entrenamientos para ser sicarios, con apoyo de exmilitares, son más violentos y largos (de hasta seis meses).

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Sin embargo, entre sus roles asignados no había grandes diferencias en función de género, como el caso de Susana. «Lo que sí les diferencia es que las historias de ellas son mucho más violentas. Algunas ya habían vivido abuso sexual, embarazos no deseados, abortos, maltrato… Eran historias en términos de violencia de género mucho más crudas», recuerda Flores Camargo.

La experta lamenta la carencia de programas sociales que faciliten la reinserción social de los menores de edad, lo que contribuye también a que tras su detención continúen en el mundo de la delincuencia, al igual que muchas de sus familias.

«Es necesario crear centros comunitarios sobre todo donde ya se ha identificado la violencia, detectar casos a tiempo en las escuelas para poder canalizarlos… no ver esta problemática de forma integral es un error»,

concluye la experta de Reinserta.

Fuente: BBC.

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Y de nuevo en Tijuana, el pasado domingo, encontraron el cadáver de la reportera Lourdes Maldonado con el rostro acribillado. Hace tres años acudió a una conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que temía por su vida. Los esquemas de seguridad fallan, una y otra vez, mientras los criminales, a menudo vinculados a los carteles de narcotraficantes, siguen impunes. Este martes una cadena de concentraciones en 23 Estados del país pedirá al Gobierno que actúe para proteger a los comunicadores y garantizar el derecho a la información.

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Pero la violencia contra los periodistas no es la única imagen terrible de ese caleidoscopio. Ciudad Juárez ha sido escenario, de nuevo, de un feminicidio que ha revuelto a una comunidad ya acostumbrada a convivir con ese abismo. El doble crimen de Tania y Nohemí, asesinadas y tiradas en la cuneta, encierra además todo el odio contra el colectivo LGTB+. Lo inhumano ha convulsionado también a Puebla, donde el cuerpo de un bebé de tres meses fue arrojado en el basurero de una cárcel tras haber sido robado en un cementerio de Iztapalapa, en Ciudad de México. Por este escalofriante caso, de momento, han sido detenidos 19 funcionarios del penal. Y más víctimas: el viernes dos turistas murieron en una balacera en un hotel cinco estrellas del parque temático Xcaret en la Riviera Maya.

Política y diplomacia

A pesar de la brutalidad de la semana, México ha tenido otros dos focos informativos. Uno estrictamente político, por el nombramiento de 16 nuevos embajadores y altos cargos en plazas clave en América Latina y Europa. El presidente eligió a personas de confianza, pero sus designaciones -entre las que figuran ex dirigentes del PRI y un historiador acusado de acoso sexual, Pedro Salmerón, que ha provocado una enorme indignación- se configuran como un campo de batalla interno de Morena, el partido que sostiene al Gobierno.

Fuente: El País.

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