Como en los viejos tiempos, un póster clavado en la pared pone precio a la cabeza de los capos. Se trata de la nueva campaña de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra el cartel de Sinaloa. Una ristra de láminas con la cara de siete de sus jefes, desde históricos como El Mayo Zambada a los hijos del El Chapo Guzmán, ha aparecido esta semana desplegada por la frontera. Un recompensa total de 900 millones de pesos -unos 45 millones de dólares- a cambio de información que dé con su captura.

Ni los carteles de “se busca”, ni los nombres ni el dinero ofrecido es nuevo, la página web de la DEA lleva años con los mismos anuncios. Lo llamativo ha sido el modo de presentarlos, todos juntos, a la vieja usanza y recorriendo los 3.000 kilómetros de la frontera. Un mensaje de firmeza destinado el vecino del sur en un momento en que la relación de México con EE UU, y en particular con la DEA, se ha tensado tras los recientes desencuentros en materia de seguridad.

El cierre de la unidad de élite mexicana de investigación antidrogas, que durante más de 25 años trabajó mano a mano con su homóloga estadounidense, ha sido el último capítulo de una serie de desavenencias con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El carpetazo al grupo de antinarcóticos, que compartía información confidencial con la DEA y que participó en operaciones clave como la detención de El Chapo Guzmán, se conoció a finales de abril por una información de la agencia Reuters pero la decisión fue tomada hace más de un año. El presidente mexicano defendió su decisión acusando al grupo que trabajaba con al DEA de “fabricar delitos”, “estar infiltrado por la delincuencia” y “hacer lo que querían”.

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La supuesta libertad de movimientos en territorio mexicano fue el mismo argumento utilizado por López Obrador hace dos años para poner coto a la actividad dentro del país de los servicios de inteligencia extranjeros. Una medida especialmente centrada en los agentes estadounidenses y que fue uno de los primeros focos de tensión con el vecino del norte en plena transición, entonces, con el Gobierno de Joe Biden. Los desencuentros con la DEA de protagonista han sido solo una de las aristas en la agenda de seguridad dentro de relación bilateral, donde también entra el desafío migratorio, que ha centrado buena parte de las últimas conversaciones.

El perfil bajo con el que se manejó el carpetazo del grupo de élite antinarcóticos por parte de ambos gobiernos da una muestra del comprometido momento que atraviesan las negociaciones, que tienen como prioridad echar a andar el nuevo marco de colaboración. El llamado Entendimiento Bicentenario, anunciado formalmente a finales del año pasado, sucede a la Iniciativa Mérida, vigente durante 14 años. El nuevo plan está más volcado sobre el papel hacia la prevención y con más peso de la agenda mexicana. El combate al tráfico de armas, una de las demandas históricas de México, es una de las cuestiones que ha ganado relevancia, pero que sigue necesitando de progresos diplomáticos para hacerse realidad.

El rastro del fentanilo

En ese contexto se produce la llamativa campaña de la DEA contra el cartel de Sinaloa. “No es inusual la recompensa, pero sí la voluntad de hacerlo tan público. Puede interpretarse como una señal de que la relación con la DEA se ha deteriorado y lanzan un mensaje de que van a por ellos aunque para el Gobierno de México no sean una prioridad”, apunta el analista de seguridad Alejandro Hope. Pese a la consolidación de la militarización impuesta por López Obrador con la creación de la Guardia Nacional y el despliegue masivo del Ejército en las calles, la estrategia del Gobierno está más centrada en la contención que en el ataque hacia las mafias del crimen organizado. Una política encarnada en uno de los lemas preferidos del presidente: “abrazos y no balazos”.

Las cifras de la violencia, sin embargo, apenas dan un respiro. Al cierre del año pasado, al cruzar el ecuador del sexenio obradorista , se registró una interrupción de la tendencia al alza de los asesinatos, una leve caída del 4% desde el techo alcanzado hace dos años. Mientras tanto, al otro lado de la frontera la espiral de muertes provocada por las sobredosis de opiáceas sintéticos continúa desbocada. Solo el año pasado provocó en EE UU más muertes que la suma de fallecidos por armas de fuego y accidentes de coche, según cifras oficiales. Las autoridades estadounidenses mantiene la alerta roja ante la epidemia del fentanilo, un potente opiáceo químico 50 veces más fuerte que la heroína y cuyo rastro pasa cada vez más por México.

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“EE UU percibe un cambio importante a partir de 2019″, añade el experto en seguridad. “China comienza a imponer controles a la exportación de fentanilo en formato acabado. México deja por tanto de ser un país de tránsito para esta droga y empieza a producirla a partir de los precursores asiáticos”. La fabricación de pastillas de otras drogas cortadas con fentanilo está detrás de la crecida de muertes por sobredosis involuntarias y es una de las máximas preocupaciones de la agencia de drogas estadounidense. Y ahí aparece con fuerza la mafia de Sinaloa, con presencia en 14 de los 32 Estados mexicanos según un reciente estudio, y cuyos laboratorios de fentanilo son uno de sus negocios más lucrativos.

Fuente: El País.

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El suceso en este municipio, bastión del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y donde nació su líder Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, dista mucho de ser una amenaza puntual.

En unas tres semanas, el Ejército mexicano desactivó al menos 250 explosivos caseros en esta zona conocida como Tierra Caliente, revelado como un auténtico campo minado para mayor terror de la población local.

Las minas antipersona, que recuerdan a las estrategias utilizadas en países de grandes conflictos armados, se suman así al arsenal de los carteles mexicanos que han aumentado su poder y diversificado sus armas hasta contar con muchas de las utilizadas por militares y ejércitos en guerra.

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«Ahora el crimen organizado utiliza minas artesanales en los caminos y drones cargados con explosivos. Entonces, o te cuidas del suelo que pisas, o te cuidas de lo que hay sobre tu cabeza», 

resume la situación para BBC Mundo Gilberto Vergara, párroco de Aguililla, donde en febrero se desplegaron efectivos del Ejército para tratar de recuperar su control.

En efecto, a medida que la violencia aumentó en México, los grupos criminales adoptaron en la última década un enfoque cada vez más militarizado en sus tácticas y, sobre todo, en sus armas.

De contar con viejas armas soviéticas en el pasado, los carteles pasaron a utilizar desde fusiles característicos de ejércitos en guerra hasta los drones con explosivos de tecnología más sofisticada, pasando por la fabricación de sus propios vehículos blindados o incluso submarinos. Y ahora, también minas improvisadas.

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Para Robert J. Bunker y John P. Sullivan, autores de dos libros sobre los avances en las tácticas de los carteles mexicanos en los últimos años y sobre la evolución de su armamento con artefactos explosivos aéreos, la adopción de minas terrestres o drones armados refleja «una escalada de violencia potencialmente indiscriminada».

«Representan amenazas potenciales significativas a las que el Ejército mexicano tendrá que responder y evitar antes de que proliferen entre otros grupos dentro del país»,

dice Bunker, entrevistado por BBC Mundo.

BBC Mundo solicitó comentarios sobre este tema de la Secretaría de Defensa de México (Sedena), que desplegó efectivos para desactivar las minas en Michoacán, pero no obtuvo respuesta.

Según autoridades militares citadas por el diario El Universal, en el rastreo en la zona se encontraron minas fabricadas de modo casero, colocadas a unos 150 metros una de otra, y escondidas no solo a las afueras de las comunidades sino también en su interior.

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En un comunicado del 9 de febrero, la Sedena aseguró que «se logró restablecer la transitabilidad y la paz social» en Aguililla tras el ingreso de soldados al municipio «con la finalidad de realizar operaciones para fortalecer el estado de derecho en la región», pero no hubo mención al hallazgo de las minas.

Sin embargo, el alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, fue asesinado menos de un mes después.

«Llevamos ya meses trabajando, porque estaba tomada toda esa región, trabajando con programas sociales (…) y se está avanzando, ya empezó a regresar la gente, recogieron sus cosechas, están inscribiéndose en los programas de Bienestar. Sin embargo, sigue habiendo tensiones», 

dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo logran estas armas?

Los expertos consultados sitúan el inicio de esta evolución y militarización de las armas del crimen organizado en México en el momento en que el Cartel del Golfo desplegó hace años por primera vez a exsoldados profesionales como parte de los Zetas, su antiguo brazo armado.

Aquello fue el detonante para que cuando un cartel intentaba sobrevivir y competir contra grupos rivales, optara por reforzar sus unidades utilizando armamento de grado militar, opinan los fundadores del sitio web de análisis de conflictos y grupos criminales en América Latina Small Wars Journal-El Centro.

En opinión de Bunker, «esto resultó en una ‘revolución militar de carteles’ que aún continúa».

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El origen de dichas armas pueden ser tres. En el pasado, los carteles mexicanos obtuvieron armas de arsenales de gobiernos centroamericanos como rifles de asalto, lanzagranadas, ametralladoras, armas antitanque y granadas.

De un mercado ilegal más lejano llegaban armas de grado militar fabricadas en países como China, Rusia, Corea del Sur o Sudáfrica. Estas líneas de tráfico, sin embargo, no son hoy tan sólidas como cuando los cárteles estaban presentes en algunos puertos de México, apunta Bunker.

Por el contrario, un segundo e importante origen actual de estas armas continúa siendo Estados Unidos.

Del país con el que México comparte la frontera terrestre más transitada del mundo proceden miles de los rifles Barret calibre 50 o los fusiles semiautomáticos utilizados por los carteles, y que son compradas por intermediarios en aquel país para luego ser introducidas en México escondidas en vehículos.

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Según datos del gobierno mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México.

Por ello, el Ejecutivo interpuso el año pasado una demanda contra un grupo de empresas estadounidenses de armas que sigue su curso.

«Hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada», aseguró entonces el presidente López Obrador.

Esta procedencia de las armas fue visible en multitud de sucesos.

Durante la fallida operación para capturar en 2019 a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «el Chapo» Guzmán, se identificaron en manos del cartel de Sinaloa armas como fusiles de asalto AK47 o ametralladoras como la Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de EE.UU.

Pero un tercer origen de estas armas es, sin embargo, el propio México.

Según Bunker, «los carteles han obtenido armas de funcionarios policiales, militares y gubernamentales corruptos. Incluso cuando las autoridades se incautan de armas de grado militar de los carteles, no siempre se destruyen y pueden volver a ellos por un precio acordado».

Fabricación propia

En los últimos años, los carteles han aumentado además sus conocimientos y capacidades para fabricar sus propias armas como las recientes minas terrestres improvisadas o drones armados. Una de sus principales fuentes de aprendizaje es la interacción con otros grupos criminales.

«A veces, eso se aprende en prisión. Tales habilidades tácticas de armamento se han transmitido de grupos como las FARC de Colombia al CJNG, por ejemplo, cuando los grupos cooperan y forman alianzas», destaca Sullivan.

De hecho, si hay algo que para los expertos representa esta militarización de las armas de los carteles y que es su mejor ejemplo de fabricación casera son los conocidos como «monstruos» o «narcotanques».

«Estos vehículos blindados han evolucionado desde solo tener puertos de armas desde los cuales pegar cañones de armas a monturas de armas fijas (para ametralladoras y rifles Barret calibre .50) a torretas blindadas giratorias que contienen estas armas», dice Bunker.

Otra muestra de este poderío son el uso de drones, que ha pasado de un uso como artefacto explosivo improvisado de detonación puntual a un elemento con capacidades de bombardeo aéreo.

El pasado enero, un video grabado desde un dron del CJNG permitió ver el momento en que el artefacto lanzaba varias bombas sobre un campamento en Michoacán, del que las personas huían despavoridas.

Poderío del CJNG

De hecho, el grupo liderado por el Mencho es, hoy por hoy, el cartel considerado más avanzado operativamente en su carrera armamentística.

Así se encargan de mostrarlo en videos en los que exhiben sin pudor, a plena luz del día e incluso a cara descubierta, parte de su equipamiento como cuando desfilaron en tanques caseros por Aguililla el año pasado entre gritos de «¡Pura gente del Mencho!» y «Ahora paseamos los de las 4 (letras, en referencia al CJNG)»:

«Estas ‘demostraciones de fuerza’ son una muestra de poder para impresionar a la población y a sus rivales, pero también tienen una utilidad táctica verdadera. Son propaganda con capacidad operativa real», analiza Sullivan.

De cara al futuro, los expertos consideran que la especialización en armas vista actualmente en la región en disputa de Tierra Caliente podría extenderse a otras zonas de México donde los grupos criminales vean la necesidad de lograr una ventaja táctica.

«Una vez que allí haya un cartel definitivamente en control, la violencia e innovación serán menos pronunciadas. A medida que el conflicto se traslade a otros frentes donde los carteles compiten, esas nuevas áreas en disputa se convertirán en incubadoras de innovación táctica», pronostica Sullivan.

Además, recuerda que grupos colombianos que usaron minas terrestres como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o bandas criminales como el Clan del Golfo han interactuado en diversos grados con los carteles mexicanos. «Se puede esperar que las minas continúen proliferando», concluye el analista.

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Bunker remarca sin embargo que el Ejército mexicano sigue teniendo mucho más poder armamentístico que los carteles en forma de tanques, artillería o helicópteros.

Uno de sus puntos débiles, sin embargo, es que «los carteles se involucran en actos de corrupción que socaban las instituciones del gobierno mexicano. Las unidades de la Secretaría de Defensa en terreno pueden ser vulnerables a la corrupción si se despliegan en un área por periodos prolongados», alerta.

Fuente: BBC.

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En un video aparentemente grabado por un residente de la localidad de San José de Gracia, en el estado occidental de Michoacán, y publicado en las redes sociales, estallaron ráfagas de disparos y el humo cubrió la escena.

La grabación se corta, pero algunos asumieron que todos los hombres, tal vez hasta 17, murieron fusilados.

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La fiscalía de Michoacán afirmó que no puede decir cuántas personas pudieron haber sido asesinadas en ese lugar porque los atacantes habrían limpiado la escena, lavaron la acera y supuestamente se llevaron los cuerpos. En el lugar, los investigadores sólo encontraron casquillos de bala y una bolsa llena con restos de cerebro.

El ataque del domingo ocurrió afuera de un funeral de la madre de un presunto sicario del cártel de Jalisco Nueva Generación.

Esta organización criminal, una de las más poderosas de México, ha estado librando sangrientas batallas territoriales en Michoacán contra un grupo local rival, los Viagras, también conocido como Cárteles Unidos.

Adrián López Solís, fiscal de Michoacán, señaló que miembros de un grupo contrario al que estaba en el velorio acudieron al lugar en busca del presunto sicario, a quien las autoridades solo identificaron como Alejandro.

Según López Solís, ese hombre aparentemente murió en el lugar y los demás cuerpos fueron apilados en camionetas y se los llevaron los atacantes. Otros videos publicados en las redes sociales mostraban dos o tres cuerpos arrojados a una camioneta.

El fiscal agregó que el ataque ocurrió a pocas cuadras de la alcaldía, donde estaban de servicio tres policías locales, pero la policía no fue al lugar ni hizo sonar una alarma, y argumentaron que no tenían fuerza suficiente para intervenir.

Autoridades federales indicaron que ya enviaron un equipo para colaborar en las investigaciones, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana en un comunicado.

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La policía local en México a menudo es superada en armamento y en número por los integrantes de las bandas delincuenciales.

No es la primera vez que los cárteles aprovechan los velorios y funerales de familiares de sus contrarios para atacar contra ellos y tampoco es extraño que estos grupos se lleven a los muertos para hacerlos desaparecer.

Jorge Luis Anguiano, el alcalde del municipio en donde está la comunidad de San José de Gracia, indicó que antes del ataque se vio entrar un gran convoy de vehículos desde el vecino estado de Jalisco, sede del cártel del mismo nombre, y los agentes locales no tenían armamento para intervenir.

Fuente: Los Angeles Times.

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A los 10 años, siendo una niña, empezó a ayudar a su madre a vender droga. Solo cuatro años después, ingresó en un cartel del narco y aprendió a matar.

La historia de Susana* es una de tantas que demuestra que los tentáculos del narcotráfico en México se extienden también, y cada vez más, sobre quienes ni siquiera han cumplido la mayoría de edad.

Sin embargo, la falta de datos concisos -diferentes organizaciones y autoridades estiman que los niños y adolescentes con vínculos con el crimen organizado en México pueden oscilar entre los 35.000 y 460.000- hace que su realidad se torne casi invisible y pareciera que no existe.

Pero sus experiencias, algunas realmente estremecedoras, están ahí. Muchos son utilizados como carne de cañón y captados por los carteles porque saben que sus condenas, en caso de ser capturados, serán mucho menores.

La ONG Reinserta, que trabaja con jóvenes que entran en contacto con el sistema de justicia penal, escuchó decenas de estos duros relatos en centros de internamiento y arrojó luz sobre su realidad gracias a su reciente estudio «Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada».

La de Susana, ahora con 17 años, es una de esas historias de «niños del narco» y que BBC Mundo reproduce con autorización de Reinserta.

Nací en Monterrey, Nuevo León, en una familia estricta. Mi mamá siempre quiso lo mejor para mí y mis hermanos, por eso era muy dura con nosotros en cuestiones de educación y valores.

Ella tenía dos trabajos: en el primero era ayudante de cocina, trabajaba de siete de la mañana a siete de la noche. Después entraba a su segundo trabajo como bailarina en un bar, de ahí salía a las cuatro de la mañana. Estábamos solos mucho tiempo.

No sé mucho de mi papá biológico, solo sé que trabajaba para la delincuencia organizada y que lo mataron unas personas de un cartel contrario cuando yo tenía 3 años. Por eso mi mamá hizo una nueva familia, y mi padrastro fue el que me dio sus apellidos y me adoptó como hija.

Desde pequeña estuve en contacto con armas. Mi mamá tenía una pistola calibre 22 y un revólver 38, eso lo veíamos normal. Mi mamá y mi padrastro peleaban mucho, su relación ya no iba bien porque él se drogaba todo el tiempo y eso no le gustaba a mi mamá, por eso decidieron separarse.

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Como mi mamá no nos podía cuidar, convivimos casi todo el día con la niñera. A mi mamá no le alcanzaba el dinero, y cada vez nos veía menos, empezó a buscar una forma de conseguir algo extra.

Un hermano de ella le dijo que podía conseguir más dinero vendiendo droga. Así se fue metiendo en eso, vendía crack y cocaína. Como era buena vendiendo la contrataron los del cartel, primero los Zetas y luego los Sinaloas.

Yo era muy apegada a mi mamá, era muy cariñosa conmigo, siempre andaba diciendo que me iba a hacer mis 15 años. La admiraba, quería ser como ella, era muy fuerte en todas las cosas, salía adelante ella sola.

Pero, así como mi mamá, nosotros [mis hermanos y yo] también empezamos a meternos en el narcomenudeo. A los 10 años empezamos a vender droga para ayudarle con los gastos de la casa. Era el negocio familiar.

Cuando el cartel del Golfo se apoderó de la zona, mi mamá empezó a trabajar para ellos. Ahí la regó, porque a los del otro cartel no les gustó nada que ella se haya ido con el enemigo, por eso dieron la orden de asesinarla.

A mi mamá la mató un sicario, le dio tres disparos. Yo tenía 12 años cuando me quedé huérfana, había perdido a la persona más importante en mi vida: mi madre.

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A partir de ese día, cada uno de mis hermanos tomó caminos diferentes. Yo me quedé en la casa de mi mamá y empecé a consumir drogas, fumaba marihuana, me metía píldoras, cocaína… Poco a poco me fui haciendo adicta a ellas, yo era una niña, no sabía cómo salir adelante, era cobarde con la vida, no sabía cómo enfrentarla.

A los 14 años conocí a un hombre que se volvió mi novio, él era mucho más grande que yo, fue quien me envició con drogas más fuertes como el tolueno [una sustancia inhalante que tiene efectos narcóticos y alucinógenos] y el crack. Empecé a drogarme diario.

El mundo en el que me sumergí me envolvió, mis nuevos amigos me enseñaron a robar tiendas de autoservicio y autos. Poco a poco me empecé a volver famosa porque era «muy temeraria», asaltaba y robaba sola.

Hasta que un día llegó un muchacho que me dijo que era del cartel del Noroeste, me enseñó fotos donde yo estaba robando y me dijeron: «¿Qué onda, te metes a jalar o te doy cuello?». Tenía 14 años, no tuve de otra. «Dame armas, droga, carros, yo le entro».

Al poco tiempo de entrar al cartel me detuvieron y me acusaron de delitos contra la salud, pero solo estuve internada un mes. Cuando salí lo tenía muy claro: no quería vender droga, yo quería matar gente. El cartel tiene diferentes áreas: venta de droga, secuestro o extorsión, trata de personas y sicariato. Ese era el grupo al que quería entrar.

Para eso tenía que pasar varias pruebas. La primera fue asesinar a un hombre afuera de un bar. Me dieron un arma calibre 40 color negro, sabía cómo se utilizaban las armas por lo que veía en las películas, pero en realidad nunca había disparado una. Eso no me detuvo: sabía que tenía que realizar el encargo porque de eso dependía mi vida y la posibilidad de trabajar para el cartel.

Le disparé cuatro veces. Salí corriendo, con la adrenalina a tope. Me gustó, quería más, se me hizo una adicción. Finalmente había encontrado algo me hacía sentir mejor que la droga: asesinar.

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La segunda prueba fue torturar a un muchacho, le tenía que cortar la mano. Ahí sí me quería desmayar, pero la persona que me estaba enseñando me dijo que era normal, que le siguiera.

Fui entrenada para disparar, asesinar, mutilar y vender droga, pero lo que más me llamaba la atención era asesinar personas. Me llevaban a matar a puras mujeres. Yo preguntaba si tenían familia, cuando me decían que sí, les decía: «Con más razón».

[Para mí] era una forma de liberar el enojo que había sentido cuando mataron a mi mamá. Pensaba: «Pues si ellos le hicieron eso a mi mamá, ¿por qué yo no lo voy a hacer?». Mis víctimas eran mujeres que tuvieran hijos, quería que ellos sintieran lo que yo había sentido, las mataba enfrente de los niños.

También me encargaba de reclutar a nuevos integrantes. Buscaba a aquellos que no les importara morir o matar, no importaba la edad. Aunque nunca recluté niños, sabía que eran una herramienta útil, ya que el cartel puede aprovecharse de ellos y culparlos de los delitos que cometan otros, porque ellos salen pronto de los centros de internamiento. Yo creo que por eso me agarraron a mí.

Me sentía poderosa dentro del cartel, sentía que tenía más valor que muchos otros hombres con los que trabajaba. Unos se paniqueaban y gritaban al momento de disparar, pero yo no, no sentía miedo ni remordimientos. Teníamos una cuota de dos homicidios diarios, se nos daba la información y teníamos todo el día para cumplir. Si no, no se nos pagaba.

Tenía 15 años cuando me mandaron a vigilar la casa de un hombre al que íbamos a matar, pero alguien dio aviso a la policía y me agarraron por segunda vez.

Me costó cinco meses de cárcel. Durante el tiempo que estuve internada, no escuché noticias del cartel, me dieron la espalda. Por eso quise salirme.

Cuando salí, me fui a vivir nuevamente con mi papá y su esposa, pero ellos no me querían. Él prefirió estar con ella a estar conmigo.

Me regresé a casa de mi mamá, tenía 16. Para esto, el cartel del narco me andaba buscando para que regresara a trabajar y me encontraron. Les dije que yo no había desertado, que ellos me habían dejado morir en el tutelar.

Para perdonarme la vida me llevaron a casa de una señora para que le sacara información, me dijeron que le mochara los dedos, yo no quería, ya no quería matar, los meses que estuve internada me cambiaron… pero ni modo, era la vida de ella o la mía, así que hice lo que tenía que hacer.

Seguí trabajando para el cartel y un día nos mandaron, a mí y a unos compañeros, a robar un carro que traía «pacas de ropa». Yo era la encargada del grupo, así que di órdenes, pero mis compañeros hicieron lo que quisieron, destruyeron el carro, perdieron las armas y a mí me dieron diez tablazos como castigo. Los golpes eran tan fuertes que me hice del baño encima, me acuerdo de ese día y me hierve el coraje.

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Después de ese incidente, dejé de recibir mi pago. Cuando vi que pasaban y pasaban las quincenas, decidí desertar definitivamente y dedicarme a la venta de droga de manera independiente junto a mi hermano. Pero como la policía me tenía en la mira, me agarraron y me metieron nuevamente a la cárcel por delitos contra la salud.

Ahorita estoy en un centro de internamiento cumpliendo un año de medida privativa de la libertad. Viene a visitarme uno de mis hermanos y disque mi papá también me está apoyando. Para mí, estar aquí es una oportunidad de rehacer mi vida y reforzar la relación con mi familia, es lo único que quiero.

Quiero seguir estudiando y cumplir el sueño que tenía de niña: ser criminóloga. Pero, sobre todo, quiero alejarme por completo del mundo de la delincuencia organizada. Para mí, estar en internamiento significa estar en paz. Mi vida dejó de correr riesgo cuando entré aquí, además he hecho buenas amistades y tengo el apoyo que no tuve de niña.

Si yo puedo dar un consejo a un niño o adolescente es que no se meta en esto, porque nada más lo van a utilizar. En esta vida es el encierro o la muerte, no hay de otra. Si a mi mamá no la hubieran asesinado, no habría pasado todo lo que estoy viviendo hoy.

* El nombre real de la protagonista de esta historia ha sido modificado para proteger su identidad.

«Contextos violentos y de maltrato»

Lo que más llamó la atención de los responsables del estudio de Reinserta que escucharon historias como la de Susana fue el impacto psicológico sufrido por la gran mayoría de entrevistados en forma de ansiedad, depresión o estrés postraumático tras haber estado expuestos a tal grado de violencia.

«Casi todos venían de contextos violentos, de maltrato hacia ellos. Muchos fueron abandonados a temprana edad, desertaban de la escuela y tenían acceso a drogas incluso a los 10 años, lo que era un escalón previo para vincularse a la delincuencia organizada»,

destaca Marina Flores Camargo, directora de investigación de la ONG y quien lideró el estudio.

Otros factores comunes hallados fueron las dificultades económicas de unas familias mayoritariamente disfuncionales.

«Este escenario les hace ver que, tras dejar la escuela, o están en su casa o se vinculan a la delincuencia. Y esta es la opción que les permite ganar dinero. No hay metas ni expectativas», le dice a BBC Mundo.

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Sus testimonios permitieron entender los diferentes modos de operar según la zona del país. En el norte, por su cercanía con la frontera de EE.UU., es donde los jóvenes confesaban mayor facilidad para transportar droga y donde los entrenamientos para ser sicarios, con apoyo de exmilitares, son más violentos y largos (de hasta seis meses).

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Sin embargo, entre sus roles asignados no había grandes diferencias en función de género, como el caso de Susana. «Lo que sí les diferencia es que las historias de ellas son mucho más violentas. Algunas ya habían vivido abuso sexual, embarazos no deseados, abortos, maltrato… Eran historias en términos de violencia de género mucho más crudas», recuerda Flores Camargo.

La experta lamenta la carencia de programas sociales que faciliten la reinserción social de los menores de edad, lo que contribuye también a que tras su detención continúen en el mundo de la delincuencia, al igual que muchas de sus familias.

«Es necesario crear centros comunitarios sobre todo donde ya se ha identificado la violencia, detectar casos a tiempo en las escuelas para poder canalizarlos… no ver esta problemática de forma integral es un error»,

concluye la experta de Reinserta.

Fuente: BBC.

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Un ataque perpetrado por un grupo de la delincuencia organizada en el estado de Michoacán, en el centro-oeste de México, dejó un saldo de 10 militares lesionados, informó el domingo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La Sedena indicó en un comunicado que en el operativo también fueron detenidos 15 presuntos delincuentes, que fueron puestos a disposición de las autoridades.

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La dependencia señaló que el suceso ocurrió el sábado pasado en la denominada Tierra Caliente de Michoacán, donde elementos militares, de la Guardia Nacional y de la Policía estatal realizaban actividades para fortalecer el estado de derecho.

“Durante el avance, el personal militar sufrió cuatro agresiones con explosivos, armas de fuego y vehículos con blindaje artesanal, así como con palos y piedras, por parte de miembros de la delincuencia organizada y de los integrantes de su base social respectivamente”,

anotó la Sedena en el comunicado.

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Precisó que “diez militares resultaron lesionados y un vehículo dañado, logrando la detención y puesta a disposición de la autoridad competente, de nueve agresores, nueve armas largas, equipo táctico y dos vehículos blindados; así como de seis integrantes de la referida base social”.

Apuntó que como resultado de las acciones de las fuerzas de seguridad mexicanas se liberaron varios caminos que estaban en control de la delincuencia, con lo que 1.182 habitantes de la zona podrán regresar a sus hogares.

Fuente: teleSurtv.

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Solo han pasado unos días desde que comenzó el 2022 y dos periodistas ya han sido asesinados en México. El director del medio digital Inforegio, José Luis Gamboa, fue apuñalado el 10 de enero en el Puerto de Veracruz, y este lunes por la mañana, el fotógrafo Margarito Martínez recibía varios disparos en la puerta de su vivienda en Tijuana. Ellos son el nuevo rostro de la violencia que sufren los periodistas en el país, que es el más letal del mundo para la prensa. En 2021, nueve reporteros murieron de forma violenta.

Unas horas más tarde de que la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) confirmara la muerte de José Luis Gamboa en Veracruz, en la otra punta del país, el grupo Cadena despedía a su reportero gráfico Margarito Martínez en Baja California. Las asociaciones de periodistas han exigido a las fiscalías investigar si los crímenes fueron a causa de su trabajo.

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Vestía pantalón de mezclilla y camisa color café cuando encontraron en el suelo el cuerpo de José Luis Gamboa en una calle del fraccionamiento Floresta, al sur del Puerto de Veracruz, según han informado medios locales. Gamboa provenía de una reputada familia de periodistas en Veracruz. Su padre, Apolonio Gamboa, fue fundador del diario La Noticia, del que José Luis fue director; su hermano Polo también era un distinguido comunicador en el Estado.

El reportero había fundado en 2003 una página de noticias semanales llamada El Regional del Norte o Inforegio, en la que colgaba artículos de información política y de sucesos. Además, era muy activo en su cuenta de Twitter y subía editoriales en vídeo a YouTube. En estos tres medios, Gamboa compartía las supuestas conexiones entre el crimen organizado y las élites políticas de Veracruz: “La tragedia de México es que lo que está sometiendo al país por municipios es el narcotráfico, a la inversa de combatirlo, toda la estructura de poderes gubernamentales está vinculada en una gran asociación delictuosa”.

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Sus señalamientos eran directos y llegaban hasta el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y sus familiares, todos ligados a las alcaldías de distintos municipios del Estado. “El Puerto de Veracruz tiene 35 años bajo el dominio del crimen internacional. El CJNG opera en la zona portuaria, donde se vinculan familias de poder político entre ellos los Yunes”, escribió el periodista, que insistía una y otra vez en sus artículos en que Veracruz se había convertido en la puerta de entrada del fentanilo a Estados Unidos.

Aunque la CEAPP ha confirmado que no había denuncias previas de amenazas al reportero, Gamboa era consciente del peligro de sus afirmaciones: “Desde el momento que la prensa mexicana exhibe o señala vínculos de actores políticos o empresariales con el narcotráfico, la autoridad debe proceder a la investigación, y sucede a la inversa el Estado y sus instituciones investigan y persiguen al periodista, si es que antes no lo matan”.

Balazos en la puerta de la vivienda de Margarito Esquivel

Esta mañana, alrededor de las 12.45 horas, el fotógrafo Margarito Esquivel salía de su casa en Tijuana, en la colonia Sánchez Taboada. Allí fue abatido con arma de fuego. El reportero gráfico, de 49 años, estaba especializado en sucesos y noticias policiales. Trabajaba para el Grupo Cadena y el semanario Zeta, además colaboraba con medios internacionales como la BBC.

“Información revelada por testigos señalan que uno de los vecinos de Martínez Esquivel, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes, identificado solo con el nombre de Juan, fue quien disparó a Margarito Martínez”, 

apunta el semanario donde laboraba el fotógrafo.

Según los testigos, los dos hombres tenían una disputa por la propiedad de unos terrenos. “Lo cual, señala la autoridad en la primera línea de investigación, sería el móvil del asesinato. El identificado como sospechoso, Juan, huyó del lugar con rumbo desconocido”, publica el medio.

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México es el país más mortífero del mundo para la prensa, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Jan-Albert Hoosten, representante del CPJ, explicaba a EL PAÍS que México es la única nación donde los niveles de violencia letales contra los periodistas no han cambiado, sino que se mantienen con los distintos Gobiernos:

“La violencia es una constante. Y la conclusión después de tres años de Gobierno de López Obrador es que no solo no ha podido resolver las decenas de asesinatos de periodistas, defensores y activistas, sino que ha hecho muy poco para prevenirlos”.

La organización, que lleva desde 1992 un conteo global de estos ataques, registró hasta final del 2021 138 asesinatos en México. Artículo 19, una organización mexicana defensora de la libertad de expresión, computa cifras todavía más altas: 145 desde 2000.

Fuente: El País.

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El alcalde de un municipio indígena ubicado en el central estado mexicano de Morelos, colindante con Ciudad de México, fue asesinado a balazos este martes (11.01.2022), informaron autoridades locales.

«Lamento profundamente el cobarde asesinato del alcalde de Xoxocotla, Benjamín López»,

dijo en Twitter el gobernador de Morelos y exfutbolista profesional, Cuauhtémoc Blanco.

«Condeno este atroz crimen, llegaremos hasta las últimas consecuencias para llevar a los responsables ante la justicia»,

agregó.

La fiscalía de Morelos dijo por su parte que tras el ataque «se desplegó un operativo especial» en el que participaron policías estatales, militares y miembros de la Guardia Nacional.

López Palacios había asumido apenas once días atrás como alcalde del municipio, que fue creado en 2019 tras separarse de la localidad de Puente de Ixtla.

Ola de violencia en México

Morelos, vecino de Ciudad de México, es sede de varios balnearios pero también tiene territorios amenazados por el crimen organizado en el camino hacia el popular puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, una zona también azotada por la violencia del narcotráfico.

A mediados de diciembre, Tania Mendoza, una actriz que participó en una película inspirada en la novela La Reina del Sur del autor español Arturo Pérez-Reverte, fue asesinada a balazos en Cuernavaca, capital de Morelos.

A inicios de año, el gobernador del estado se vio envuelto en una polémica cuando la prensa mexicana publicó una fotografía, cuya fecha se desconoce, donde aparece abrazando a tres presuntos narcotraficantes, uno de ellos ya abatido.

«Yo no pacto con delincuentes. No voy a fiestas con delincuentes, aunque me inviten», se defendió Blanco. «Me tomo fotos con todo el mundo porque no soy grosero».

México es golpeado por una ola de violencia en medio de la cual más de 300.000 personas han sido asesinadas desde diciembre de 2006, según recuentos oficiales que atribuyen la mayoría de estos crímenes al narcotráfico.

Fuente: DW.

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Una bebé de entre 7 y 9 meses de edad fue hallada muerta envuelta en una cobija azul en un paraje rural habitado mayoritariamente por indígenas, en el Estado de México. Es el último caso que busca esclarecer la activista mexicana conocida como Frida Guerrera. A través de las redes sociales y de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado, la activista lanzó un llamado para localizar a los familiares de «La beba de los conejitos«, así llamada por llevar puesto un pantalón rosa con motivos de conejos y una sudadera morada con la palabra «love».

«La mayoría de estos bebés son asesinados por sus padres, padrastros o madres. Obviamente no habrá quien busque justicia. Hemos tenido varios casos que hemos trabajado en conjunto con otras mujeres. En cuanto sabemos de casos como el de «La beba de los conejitos», encontrada en noviembre de este año, en una zona mazahua, indígena, en la sierra, empezamos nuestra labor, para impedir que estas pequeñas se queden sin justicia ni verdad, y que estos crímenes queden impunes»,

afirma Frida Guerrera en conversación con DW.

La activista protege su identidad y las de sus compañeras de lucha debido a las múltiples amenazas que ha recibido desde que asumió un primer caso en 2017. Trabaja junto con una artista forense que reconstruye los rostros de las víctimas con dibujos a lápiz y con la líder de la ONG «Siguiendo tus Huellas».

El caso de Lupita encontró justicia parcial

«En el caso de Lupita, que fue el primer caso que acompañamos bajo circunstancias parecidas, nos tardamos ocho meses en dar con su identidad y con la familia de los asesinos». Lupita, una niña de 3 años hallada muerta y con signos de violación en Ciudad Netzahualcóyotl, en los suburbios de la capital mexicana, recibió inicialmente el sobrenombre de «calcetitas rojas», por ser ésto lo único que llevaba puesto. El violador sigue libre, aunque no sus asesinos.

«El desenlace es que su madre y su padrastro están sentenciados a 88 años de cárcel cada uno por haberla asesinado. Lupita no estaba registrada y hubo que registrarla post mortem. Lo más grave del caso de Lupita es que fue asesinada a golpes por su padrastro y su mamá, la fueron a tirar a un terreno baldío, y un tercer agresor, que hasta el momento se ignora quien es, ya muerta, la violó. Ese es el terror que viven las bebés en este país», dice Frida.

La activista decidió desde entonces dar voz a quienes sufren violaciones graves a los Derechos Humanos. Su foco son los feminicidios y la violencia contra las mujeres, niñas y niños. «Los más vulnerables están siendo cada vez más asesinados, con más saña, con mucha brutalidad. A menudo por las personas que deberían cuidarlas. Algo que se está extendiendo a las ancianas, los feminicidios de mujeres de la tercera edad».

A través de un blog, de su canal de YouTube, la activista lucha desde hace años contra la impunidad en casos de feminicidio, sobre todo de menores de edad. Acude regularmente a las conferencias matutinas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para cuestionar la estrategia de su gobierno en el combate del feminicidio. Entre sus reclamos figura la creación de una fiscalía especializada para esclarecer los casos de feminicidio. López Obrador asegura que su gobierno es el que más protege a las familias, a las mujeres, a las niñas y a los niños.

Los asesinatos por razón de género siguen al alza después de registrarse 842 casos entre enero y octubre de 2021, un aumento de un 4,9% con respecto al mismo período en 2020, según ONU Mujeres. México ha registrado los años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinatos en 2019 y 34.588 en 2020.

Aumento de feminicidios, impulsados por el encierro

La investigadora de la Universidad de Guadalajara Silvia Valencia Abundiz, estudia el feminicidio desde la psicología social; un problema que se extiende a toda América Latina en donde el 98% de los casos siguen impunes. Entre los más vulnerables figuran no solo las mujeres, con diez asesinatos diarios, según cifras oficiales, sino también los niños, los jóvenes y los ancianos.

«El feminicidio es uno de los delitos que se ha incrementado, favorecido por factores relacionados con la pandemia, como fue el encierro, el trabajo en casa. Tengo la impresión, como muchos otros investigadores, de que no hay un interés genuino por cambiar el rumbo. Hay un discurso que no concuerda con los hechos, es un desinterés no solo del presidente, sino de los titulares de las instituciones a los que no parece importarles ni la seguridad ni la protección de las mujeres».

Ejemplo de ello, según la investigadora, fue el cierre de las estancias infantiles, así como de los albergues para mujeres maltratadas. Ambos figuraron entre las primeras medidas adoptadas por López Obrador al llegar al poder en diciembre de 2018.

«El cerrar las estancias infantiles, una gran ayuda a las madres trabajadoras, tuvo una gran afectación al proceso de desarrollo de los niños, porque significó dejarlos en cualquier lado, o encerrarlos, o dejarlos con las abuelas. No todos los abuelos están en condiciones de hacerse cargo de sus nietos. Luego cerraron los albergues para mujeres maltratadas; esto también ha sido un golpe porque mina la posibilidad de que las mujeres que son amenazadas o que viven procesos de agresión muy fuerte, tengan un lugar en donde cobijarse y protegerse»,

explica.

Retroceso en el Estado de derecho

La académica destaca que pese a que México fue uno de los primeros países de la región en tipificar el feminicidio como delito, hay mucha incomprensión del fenómeno. «Por el simple hecho de ser mujer, se vive en esta condición de agresión permanente y en muchos casos se llega a la muerte. Sobre todo en entornos como el crimen organizado, la trata de personas y el narcotráfico».

Silvia Valencia sostiene que hay un retroceso en el Estado de derecho en México, sin una concepción sobre el problema. «Ciertamente en toda América Latina estamos enfrentando este fenómeno. En México el retroceso empieza en que ya no se escucha a las mujeres. A las protestas de las mujeres se les pone vallas de contención. Les importa más que pongan pintas o que no hagan una manifestación ordenada, que escucharlas, darles foro, entender cómo se afecta su vida. Las madres que están buscando a sus hijas e hijos desaparecidos tampoco son escuchadas».

No hay un plan que, según Valencia Abundiz, puede ser la clave del éxito en otros países al atacar el problema: «En este punto también hemos perdido. El gobierno está en conflicto con universidades y centros de Investigación. Se acusa a la ciencia de ser neoliberal. Sin una política pública no hay forma de revertir el problema, al contrario, se acelera. Hay un enorme margen de feminicidios que desconocemos, hay jueces a quienes todavía les cuesta entender que la acción de la agresión es en función de ser mujer».

La investigadora concluye señalando que las personas transgénero son los que más sufren la violencia de género, pero no hay políticas que busquen entender el fenómeno. «Agreden a la investigación, cierran los fondos, los fideicomisos y se acusa a la ciencia de ser neoliberal».

Fuente: DW.

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Los cuerpos de cinco hombres fueron localizados el martes a un costado de un camino en el sur de México, informaron las autoridades.

Los cuerpos se encontraban tendidos en un camino cerca de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, en la costa del Pacífico.

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La fiscalía estatal señaló que los cinco hombres tenían heridas de arma blanca en el rostro y cuello, lo que suponía que les habían cortado la garganta.

Los cuerpos también fueron localizados en una zona en donde existen disputas territoriales entre grupos del narcotráfico. En el área también hay actividad de las autodefensas, que en ocasiones están vinculadas al crimen organizado.

Además el martes, las autoridades informaron que los restos óseos encontrados en noviembre en en el estado de Sonora, limítrofe con Estados Unidos, pertenecen a 25 personas distintas.

Buscadores voluntarios encontraron 14 fosas comunes en un matorral que contenían huesos, algunos de ellos calcinados, y cuerpos en descomposición. Los restos estaban tan revueltos que les tomó más de un mes a los investigadores determinar el número de cuerpos.

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Grupos voluntarios de búsqueda, conformados por familiares de personas desaparecidas, encontraron las fosas comunes cerca de una autopista al oeste de Hermosillo, capital del estado.

Sonora ha sido escenario de disputas por las rutas del narcotráfico entre facciones del Cártel de Sinaloa, aliados al Cártel Jalisco Nueva Generación, y un grupo aliado del capo Rafael Caro Quintero.

Fuente: Voz de América.

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El cártel de Jalisco, la banda del narco más fuerte en términos militares en México, ha comenzado a organizar a gente del pueblo para que actúen como escudos humanos contra los militares, que ahora solo tratan de mantener separados a los cárteles rivales.

“Si ellos entran otra vez, ponemos 2.000 personas aquí para pararlos”, dijo Habacuc Solórzano, un agricultor de 39 años que lidera el movimiento civil asociado con el cártel.

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Su declaración, como la mayor parte de lo que sale del lado de Jalisco, no es mera jactancia: ya tenía unos 500 vecinos marchando la semana pasada —luego vadeando un río— para enfrentarse a un escuadrón militar que bloquea un camino de terracería para salir del territorio de Jalisco.

Los habitantes de Aguililla están hartos de la estrategia del Ejército de simplemente separar al cártel de Jalisco de los Viagras, sus rivales que operan en el estado vecino de Michoacán. La política del Ejército permite que los Viagras, más conocidos por secuestrar y extorsionar, coloquen barricadas y retenes que han bloqueado todo el comercio con Aguililla. Los limones y el ganado que salen, o los suministros que llegan, deben pagar un impuesto de guerra a los Viagras.

“¡Preferimos que nos maten ustedes a que nos maten los criminales!”, gritó un manifestante a los soldados durante un tenso enfrentamiento de una hora entre personas que protestaban y una docena de soldados que se resguardaron detrás de una barricada de neumáticos de automóviles. Muchos de los manifestantes llevaban piedras y hondas, pero no las usaban.

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Los residentes quieren que el Ejército luche contra ambos cárteles o al menos deje que las dos organizaciones criminales se enfrenten.

“Que dejen que los cárteles se matan solos”, gritó otro manifestante. ”¡El cártel Jalisco va a topar con todos!”.

Esa opinión está muy extendida. “Lo que necesita este pueblo es que un cártel fuerte entre y tome el control e imponga algún semblanza de calma”, dijo un sacerdote local. “Hasta el momento, todo parece indicar que ese grupo es Jalisco”.

Sobre todo, lo que quieren los residentes es que se quiten los retenes de los Viagras y se vuelva a abrir la carretera. Debido a que ocasionalmente deben transitar por esos caminos cerrados, ninguno de los habitantes quiso dar su nombre por temor a represalias.

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Pero uno lo explicó así a los militares: “La única entrada nacional que tenemos hacia el pueblo de Aguililla está bloqueada y está controlada por un cártel, el cual está a escasos 500 metros de ustedes (el Ejército), y ustedes no están haciendo nada para que se cumpla nuestro derecho de libre tránsito”. Y agregó: “Ustedes no saben lo difícil que es para nosotros tener que estar costeando una guerra que viene a matarnos a nosotros”.

Esa es en realidad una descripción bastante precisa de la política gubernamental: preservar el status quo y hacer que cada cártel permanezca en su territorio.

Pero Jalisco no aceptará al gobierno como árbitro de las divisiones territoriales de los grupos de la droga; el líder local del cártel de Jalisco dice que el Ejército solo está tratando de proteger al más débil de las dos agrupaciones, los Viagras, por razones de corrupción.

Jalisco está en todas partes en Aguililla, desde camionetas y carros blindados caseros con las iniciales del cártel hasta los pequeños trampolines que la organización instaló para los niños en cada pueblo.

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Algunos residentes dicen que los presionan mucho para participar en las protestas, por temor a que les corten el agua o la electricidad si no lo hacen. Otros simplemente están cansados de pagar los impuestos de guerra de los Viagras y de estar aislados del mundo exterior. Una manifestante describió cómo murió su padre a principios de 2020 porque los Viagras no les permitieron llegar al hospital.

Decenas de sicarios del narco usan abiertamente chalecos antibalas estampados con las iniciales “CJNG” (Cártel Jalisco Nueva Generación) en la parte posterior, y en el frente, “FEM” (Fuerzas Especiales de Mencho), una referencia al apodo del líder, Nemesio Oseguera.

Jalisco es el único cártel en México que no oculta lo que es y no juega con la política de las relaciones públicas con la prensa o la moderación.

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“Nosotros somos narcos”, dijo el líder local de Jalisco, quien no dio su nombre. “Que cada quien se dedique a lo suyo”. Y agrega que el problema con los Viagras y otras bandas locales con las que están enfrentados es porque “ellos quieren todo para ellos”.

Jalisco mantiene su considerable ejército funcionando con una importante mezcla de dinero —el cártel tiene mucho proveniente del tráfico de fentanilo y metanfetamina que envía a Estados Unidos— y cocaína, que transporta por aire desde Costa Rica.

Mientras el jefe local se encuentra en un puesto de mando improvisado en la calle, se detiene una camioneta llena de hombres de Jalisco armados con fusiles de asalto AR15. El conductor dice: “Dice el escorpión que necesita mercadería”, y el jefe mete la mano en su propia camioneta y le entrega al copiloto una bolsa de plástico con lo que parece ser un kilogramo de cocaína, aparentemente para “las tropas”.

Fuente: Los Angeles Times.

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