Con esa calificación, México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.

México sigue siendo el país peor evaluado de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En el G20, México ocupa la posición 18 de 19 países evaluados.

Transparencia Internacional presentó la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Este instrumento registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada una de las 180 naciones evaluadas.

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En la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción, México mantuvo una calificación de 31 puntos, la misma que en 2020, en una escala que va de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible. Con esa calificación, México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional. 

México comparte la misma calificación (31 puntos) que Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea. Los países mejor evaluados en el IPC 2021 son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda (con 88 puntos de 100 posibles), seguidos de Noruega, Singapur y Suecia (con 85 puntos). Los países peor evaluados fueron Siria y Somalia con 13 puntos, mientras que Sudán del Sur, obtuvo solo 11 puntos.

México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En el G20, México ocupa la posición 18, por encima de Rusia que se ubicó en la posición 19. La Unión Europea, que también forma parte del G20, no es evaluada en bloque sino por país.

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El control de la corrupción ha sido una prioridad de la sociedad mexicana en los últimos años y uno de los factores que definió la elección federal en 2018. La lucha contra la corrupción ha sido el eje principal de la administración federal 2018-2024 que en esta agenda cuenta con un amplio apoyo social para avanzar. Sin embargo, los casos definidos como emblemáticos —Estafa maestra, Odebrecht, Agronitrogenados, Ex-presidentes, entre otros—, no han sido aún sancionados en materia penal. Tampoco hay una recuperación de los activos desviados por estos y otros casos de gran corrupción y la reparación del daño a las víctimas, es prácticamente inexistente. 

Hay una creciente preocupación por el uso político-electoral en las fiscalías mexicanas, que pese a gozar en muchos casos de autonomía formal, no son vistas como órganos independientes al gobierno. Su actuación presenta sesgos favorables o negativos dependiendo del grupo político al que se investiga. 

Recomendaciones para México

• La gran corrupción debe pasar de las investigaciones a las sanciones efectivas. Los integrantes de las redes deben ser sancionados y los activos desviados deben reintegrarse al patrimonio nacional.
• El Sistema Nacional Anticorrupción es la suma de sus partes. Las instituciones y organismos que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción deben ser evaluados en términos de su desempeño individual, con un enfoque de resultados y no solo de procesos. Es central mantener la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia anticorrupción.
• Uno de los eslabones más débiles de la política anticorrupción en México, y no solo en el gobierno federal, es la recuperación de activos. Es momento de cumplir la promesa gubernamental de “devolverle al pueblo lo robado”. 
• El gobierno de México tiene que aprovechar el amplio apoyo social en esta materia para enfrentar a las redes de corrupción que se mantienen vivas, operantes, y en muchos casos vinculadas a redes criminales.

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Consulta los resultados para los 180 países aquí.

Descarga los materiales del IPC 2021:

• Comunicado de prensa 
• Informe Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021
• Mapa global Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)
• Índice de Percepción de la Corrupción para las Américas
• Puntuación de los países de América Latina y el Caribe
• Preguntas frecuentes
• Nota breve sobre la metodología
• Nota técnica sobre la metodología
• Descripción completa de las fuentes

Fuente: Transparencia Mexicana.

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Un viaje a Guatemala rodeado de polémica ha provocado la caída de la secretaria de Turismo de la Ciudad de México. Paola Félix aterrizó la tarde del viernes en un avión privado en la capital guatemalteca acompañada de otra decena de pasajeros. En un control rutinario, los policías de la aduana incautaron 35.000 dólares en efectivo no declarados en una de las maletas. Los hechos, rodeados de rumores y suposiciones, corrieron como la pólvora por los mentideros de la política mexicana. Felix negó la tarde del sábado haber sido detenida y cualquier relación con el dinero, pero puso su cargo a disposición de la jefa capitalina, Claudia Sheinbaum, que confirmó su salida del Gabinete apenas una hora más tarde.

Para más polémica, el destino del viaje era la boda entre Carla Humphrey, consejera del organismo electoral, y Santiago Nieto, director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), detrás de las más sonadas investigaciones del Gobierno contra la corrupción. Además, este fin de semana se celebra el Gran Premio de México de Formula 1, uno de los mayores atractivos turísticos del año en la capital. El cese de Felix se escenificó con un escueto comunicado oficial de Sheinbaum: “Los principios de la Austeridad Republicana son fundamentales para el Gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia”.

Según el acta levantada por las autoridades guatemaltecas, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la propietaria de la maleta con el dinero es Erika Telich, asistente personal de Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo del diario El Universal. Los policías encontraron dentro de un bolso negro siete sobres de color blanco con 50 billetes de 100 dólares. El dinero, que no fue declarado en los formularios de entrada, fue incautado por infringir la ley de lavado de dinero del país. Y Telich llevada ante la Fiscalía especializada en lavado del dinero para “acreditar el origen del mismo”.

En su declaración ante los policías, Telich afirmó que el dinero es en realidad de su jefe, Juan Francisco Ealy, que viajaba “con su mujer y sus hijos así como personas amigas de él”. La asistente del director del diario dijo también que cargaba la suma de 35.000 dólares en efectivo para pagar “varias citas con médicos especialistas en EE UU”. En concreto, en Los Ángeles, donde tenían pensado viajar el lunes una vez finalizada la boda del fin de semana.

El documento del fiscalía no revela la identidad del reto de pasajeros. El diario Reforma da el nombre el productor teatral Alex Gou, a quien se adjudicó por designación directa la producción del reciente desfile de Día de Muertos por más de 15 millones de pesos. La caída de Felix se produce al poco de haber tomado posesión del cargo, a finales de septiembre. De 34 años y abogada de formación, antes había dirigido oficinas intermedias del ramo y en 2018 fue candidata de Morena para la alcaldía de Cuajimalpa. Antes de ingresar en el partido oficialista, Félix había sido diputada por el Partido Verde.

Fuente: El País.

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Según informó el Consejo de la Judicatura Federal, el magistrado dictó prisión preventiva justificada al considerar fundados los argumentos de la fiscalía que afirmó que Lozoya no había cumplido con los requisitos de colaboración con la justicia necesarios para permanecer en libertad condicional. La Unidad de Investigaciones Financieras agregó, además, que había riesgo de fuga.

Emilio Lozoya dirigió Pemex de 2012 a 2016. Después de dejar su cargo huyó a España, donde fue arrestado y fue extraditado a México en 2020.

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En julio del año pasado, después de que se comprometió a entregar evidencia y testificar en contra de otros ex funcionarios a cambio de no ser encarcelado, obtuvo la libertad condicional.

Poco después, Lozoya dijo que el ex presidente Enrique Peña Nieto y su brazo derecho, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, entre ellos a cinco senadores, para que apoyaran una controversial reforma energética y otras entre 2013 y 2014.

En octubre protagonizó un sonado escándalo cuando fue fotografiado en un restaurante de lujo, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “inmoral” y un “acto de provocación” por mucho que fuera legal.

El exdirector de Pemex ha participado en varias audiencias de forma virtual. En la del miércoles, la primera presencial desde el inicio de la pandemia, pidió el uso de la palabra, dijo que era inocente y que estaba llegando a un acuerdo para reparar el daño, aunque no haya tenido responsabilidad.

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El juez rechazó sus argumentos pero la defensa ya adelantó que recurriría. El magistrado decretó también un mes más de investigación complementaria.

Emilio Lozoya también enfrenta cargos por corrupción relacionados con la compra a precio inflado de una planta de fertilizantes y por millones de dólares en sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

Ha dicho que Peña Nieto y Videgaray le indicaron que utilizara 4 millones de dólares procedentes de Odebrecht para pagarles a asesores de campaña extranjeros que trabajaron en la campaña electoral de Peña Nieto en 2012.

Fuente: Los Angeles Times.

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Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó que entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y en la Ciudad de México utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela.

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Según registros de comercio exterior las empresas facturaron más de 64 millones de dólares, equivalentes unos mil 200 millones de pesos.

Esta nueva red es diferente a la que surgió a finales del sexenio pasado, cuando la entonces PGR implicó a 25 empresas y personas físicas en el lavado de 156 millones de pesos, y que fueron perdonados en el 2018 tras un «acuerdo reparatorio» que consistió en un donativo de 3 millones de dólares para la ONU.

REFORMA informó ayer que la UIF denunció ese acuerdo por ilegal y avalado por ex funcionarios del Gobierno de Enrique Peña.

La nueva estructura también es operada por Alex Saab -actualmente preso en EU- y compra alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP).

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En 2018, las compras de México para los CLAP se detuvieron al exhibirse la mala calidad de alimentos vendidos con sobrecosto y con un aparente esquema de corrupción, lavado y evasión fiscal.

Pero entre 2019 y 2020 revivió una nueva estructura con importadoras ubicadas en Fresnillo, Zacatecas, Veracruz y CDMX, y empresas de lácteos, granos y abarrotes de Nuevo León y Guanajuato.

Los dueños de esos negocios se asociaron con Patricia Mundarain Guzmán, acusada de desvío de fondos públicos en Venezuela y con Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa del ex alcalde chavista Jonnathan Teodoro Marín Sanguino, también acusado de corrupción en aquel país.

Fuente: Heraldo.

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