La construcción del Tren Maya, el medio de transporte de pasajeros y de carga que recorrerá una distancia de 1.500 kilómetros por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, no solo traerá grandes beneficios para los ciudadanos de dichas entidades, según el Gobierno de México; lo que algunos pensarían que es una oportunidad de detonar la economía en el sureste del país, para otros se trata de una “paulatina pérdida de la identidad cultural”.

Una de las comunidades más afectadas por la construcción de esta obra, serían los artesanos de la selva lacandona de la región de Palenque, en el estado de Chiapas. De acuerdo con el diario El Universal, los trabajadores serán removidos de sus centros de trabajo para reubicarlos en un Centro de Atención a Visitantes, donde “prevalecerá lo económico pero no lo cultural”, refiere el medio. Dichos centros serán plazas comerciales turísticas donde no solo se ofertarán artesanías, también se venderá comida típica de la región e, incluso, postales o recuerdos de la zona. “No queremos reubicación, queremos la remodelación de nuestro espacio”, exigen los chiapanecos.

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Algunos de los trabajadores expresaron su descontento antes las acciones del Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y exigen una consulta de ciudadanos indígenas para que su voz sea escuchada y “no se deje fuera a los originarios de esa región”. La demanda de los lacandones es que su cultura “no se siga perdiendo” con la urbanización y conectividad de la selva con otras ciudades.

Los ingenieros civiles del Tren Maya –la mayoría pertenecientes al Ejército Mexicano– planificaron que, los artesanos chiapanecos sean removidos de sus centros de trabajo y reubicados a unos cuatro kilómetros de ahí, en un espacio destinado exclusivamente para ellos, como parte del proyecto maestro. Los pobladores aseguraron que, sus abuelos y sus padres vivieron y trabajaron en esas tierras durante décadas “como para que, de la noche a la mañana, gente en el poder las quiere ocupar”.

Hasta el momento, AMLO ni otro integrante de su círculo cercano han hecho o fijado un posicionamiento o postura a este respecto.

Al inicio de su administración, AMLO dijo que el Tren Maya iba a significar “una inversión de 150.000 millones de pesos –cerca de 7.500 millones de dólares– y, por haber tomado la decisión de construir el AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) y cancelar el NAICM (Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), en Texcoco, ahorramos 125.000 millones de pesos –cerca de 6.250 millones de dólares–, es decir, con este ahorro se está financiando el Tren Maya”.

Algunos analistas aseguran que, los montos previstos por AMLO para la construcción del Tren Maya, hoy distan de ser los números finales. De acuerdo con expertos, las modificaciones que ha tenido el proyecto han elevado su costo a casi 230.000 millones de pesos (más de 11.246 millones de dólares). Uno de los cambios más costosos fue electrificar casi 700 kilómetros de la ruta que comprende el tramo de Mérida a Chetumal, con el objetivo de disminuir el impacto en el medioambiente; cabe mencionar que, algunas de estas, son vías dobles. Asimismo, el Gobierno de México gastó una suma importante en la reubicación de 20.000 árboles e, incluso, en la deforestación de otros 1.000 ejemplares.

AMLO y la lucha por el control de la información

Hace unas semanas, en el marco del Día Mundial del Agua, celebridades del país azteca dieron a conocer siete videos en los que explicaron los riesgos del Tren Maya que comprende una longitud de más de 1.500 kilómetros, y en al menos un tramo de 50 kilómetros, su construcción ocasionaría daños irreversibles al medio ambiente. Entre las luminarias más destacadas se encuentran Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, Natalia Lafourcade, Arturo Islas Allende, Kate del Castillo, Regina Blandón, Rubén Albarrán, Marisol Rueda, Bárbara Mori, Miguel Rodarte, Rebecca Jones y Omar Chaparro.

Luego de que la campaña “#SélvameDelTren” adquiriera fuerza y notoriedad en México y varias partes del mundo, AMLO envió un contundente mensaje a algunos de los involucrados en los vídeos, asegurando que son “pseudoambientalistas”. En su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano expresó: “Convencen o contratan a  artistas, a pseudoambientalistas, supuestamente preocupados  por la defensa del medio ambiente, lo que hace una campaña en contra del Tren Maya”.

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La polémica se acrecentó cuando Eugenio Derbez, en una entrevista con periodistas mexicanos, contestó: “A estas alturas de mi carrera no tengo la necesidad de que venga alguien a pagarme unos pesos para que yo apoye cierto movimiento o cierto partido. Al contrario, soy apartidista, partidos van y partidos vienen, y el país no cambia”. Derbez argumenta que, uno de sus principales enojos, es que por la premura de terminar la obra, el Gobierno de México cambió la ruta original de construcción y está afectando tramos importantes de selva virgen en ciudades como Tulum o Cancún, en el estado de Quintana Roo.

Fuente: Independent.

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Con una popularidad por encima del 63 por ciento en diversas encuestas pero un gobierno plagado de errores, una consulta popular en puerta sobre la revocación de su mandato –impulsada por él mismo y vista como un ejercicio inédito de reafirmación democrática por algunos, y como mera propaganda populista por otros– y en pleno proceso con miras a una sucesión anticipada, Andrés Manuel López Obrador cumple este 1 de diciembre un trienio de su llegada al poder en México, luego de haberlo perseguido por 18 años.

En medio de una polarización social cada vez más acentuada, con una inflación que supera el 7% –la cifra más alta en dos décadas– y el apuro por terminar sus grandes obras de infraestructura, el presidente mexicano se ha preocupado por dejar en claro que nunca buscaría cambiar las leyes para pretender reelegirse, mientras se recarga cada vez más en las Fuerzas Armadas para gobernar porque sus titulares –afirma– le aligeran la carga.

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A menos de tres años de concluir su mandato, AMLO -como se le conoce por su acrónimo- tiene el firme propósito de concretar al menos otras tres reformas constitucionales que le permitan asegurar su prometida ‘Cuarta Transformación’ de la vida pública del país, también conocida bajo la famosa consigna ‘4T’. 

Un gobierno más cercano al ciudadano y la búsqueda de reducir la desigualdad, entre los aciertos de López Obrador

Estos tres años de López Obrador en el poder han sido “un esfuerzo por usar parte de la maquinaria del gobierno para introducir cambios más sustantivos», asegura el doctor Lorenzo Meyer, catedrático de El Colegio de México (Colmex), en diálogo con France 24. «Lo que se quiere es disminuir algo que viene de los últimos siglos y que es la desigualdad, no sólo económica sino en la influencia que tienen pequeños grupos de ciudadanos sobre el entorno», afirma.

Para el historiador, es muy importante subrayar que el cambio de gestión política que busca López Obrador y su partido es por la vía pacífica, lo que considera como «una característica única de este proceso de transformación». En ese sentido, apunta que, aunque parcialmente, se ha conseguido que en lo político el voto sea un instrumento más o menos efectivo. Si bien no es algo exclusivo de este gobierno, a juicio de Meyer sí se ha acelerado con el actual mandatario.

Para lograr esta sociedad menos injusta se requiere un gobierno que tenga “instrumentos más o menos útiles para dirigir el barco, sin que se haga del control absoluto de la vida política, pero sí de instituciones –como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad– que le ayuden a llevar al país por un camino que no sea tan concentrador de la riqueza”, sostiene el académico.

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Meyer resalta que se busca poner al gobierno más al alcance del ciudadano normal, que no sean dos esferas tan alejadas, teniendo en cuenta que “llegaron a ser dos mundos muy distantes, el de la política bajo un sistema de partido casi único, presidencial en extremo, sin división de poderes, y el de la esfera de la vida cotidiana del ciudadano”.

En ello coincide en cierta medida el doctor Luis Carlos Ugalde, director de la consultora Integralia y expresidente del Instituto Federal (hoy Nacional) Electoral. El especialista ve como uno de los aspectos positivos de estos tres años de gobierno el que López Obrador “ha devuelto una dosis de esperanza a la población mexicana respecto de la política y los políticos, y eso es algo importante porque llevábamos un proceso de 20 o 30 años en el que había un deterioro de la confianza en los políticos, en las instituciones», lo que genera «un mejor clima social en el país”.

Al abordar los aciertos, Ugalde remarca lo que a su juicio, y paradójicamente, es un aspecto positivo de la gestión de López Obrador. Contrario a lo que pregona el presidente de haber terminado con “la pesadilla” del neoliberalismo, para el analista ha reafirmado dos de las grandes apuestas neoliberales de los años 80 y 90: la estabilidad macroeconómica con base en el manejo responsable de las finanzas públicas y la integración económica con América del Norte a través del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC).

La falta de seguridad, un flagelo estructural que la gestión de López Obrador no logra controlar

Los especialistas entrevistados, Meyer y Ugalde, coinciden en ubicar la inseguridad no sólo como una de las fallas de este gobierno, sino como una señal de alerta.

«Un ejecutivo que no es capaz de tener el control efectivo de la seguridad –apunta Lorenzo Meyer– incumple lo estipulado por Max Weber sobre el Estado como la única institución que debe tener el control legítimo de la violencia. La inseguridad y la violencia no son compatibles, ya no digamos con el proyecto de López Obrador, sino de cualquier proyecto político de gobierno», advierte.

El especialista del Colmex recuerda que las estrategias pasadas, como la de Felipe Calderón, de usar la fuerza pública para deshacer a los cárteles no funcionó –porque los grupos de la droga tienen su fuerza en el mercado norteamericano–, y reconoce que López Obrador busca atacar las causas que arrojan a los jóvenes a las organizaciones criminales, llevándoles programas sociales. Sin embargo, precisa que ello no será suficiente y alerta que en materia de seguridad hay una especie de hoyo negro, “y no creo que Andrés Manuel y los suyos estén encontrando la fórmula para resolverlo”.

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En tanto, Luis Carlos Ugalde expresa su preocupación por la cada vez más profunda penetración del crimen organizado en los gobiernos estatales, un fenómeno que si bien existía ya desde hace 10 o 15 años, se ha intensificado con la inacción del gobierno federal y su política de “abrazos, no balazos”.

Otras señales de retroceso que ve Ugalde son el desmantelamiento de instituciones y áreas de regulación del propio gobierno con capacidades técnicas; el criterio, dentro de la administración pública, de que el conocimiento y la experiencia parecen valer menos que la lealtad; y un combate a la corrupción más ligado a la retórica que a hechos contundentes.

La consulta para la revocación de mandato, bajo dos interpretaciones

Nadie más que el propio presidente, su partido Morena, y sus seguidores están impulsando una consulta popular para la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. 

El tabasqueño está empecinado en someterse a la voluntad de los ciudadanos para decidir si culmina su período en septiembre de 2024 o lo da por concluido de manera anticipada, pues “el pueblo da y el pueblo quita”. Y aunque él fue elegido en las urnas para un ciclo de seis años, el morenista reta a sus adversarios a que acudan a votar en la consulta y muestren un rechazo mayoritario, para entonces forzar su retiro de la política para siempre.

Los partidos de oposición critican que, si bien la Constitución contempla la consulta de revocación de mandato, los partidarios del obradorismo están haciendo una campaña irregular porque están promoviendo la “ratificación” de mandato.

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Para Lorenzo Meyer, revocación o ratificación son dos caras de la misma moneda y “meter un proceso casi electoral a la mitad del sexenio lleva en situaciones ideales a una de las dos metas». «O se revoca el mandato y se dice ‘hasta aquí, listo, dimos 30 millones de votos pero ya no estamos conformes’; y el otro es decir ‘sí, renovamos la fuente de poder para el siguiente trienio’, cosa que no ha ocurrido en la historia política de México. Entonces o se renuevan las fuentes de poder o se secan. Y es una opción que puso sobre la mesa el propio Andrés Manuel”, explica.

En contraste, Ugalde, exconsejero presidente del organismo electoral, considera esta consulta como “un instrumento de propaganda para reoxigenar la capacidad de movilización del gobierno». «Es generar una amenaza falsa para activar los comités de defensa de la ‘4T’ y darle al presidente la oportunidad de decir que hay un grupo de conservadores que quieren acabar la transformación que él encabeza, y activar la movilización y mantener viva la polarización que el populismo requiere”, disparó.

Para que la consulta de revocación se lleve a cabo como está previsto, en abril de 2022, primero debe reunirse la cantidad de firmas necesarias para hacerla posible, de acuerdo con la ley. Es decir, se necesita al menos el respaldo del 3 % de los ciudadanos registrados en el padrón electoral, un total de 2.758.227 firmas. El plazo para recabar esas rúbricas vence el 15 de diciembre.

Las polémicas reformas que impulsa López Obrador para la segunda mitad de su mandato

Además de su afán por concluir sus tres grandes obras emblemáticas –el aeropuerto internacional en la base aérea militar de Santa Lucía, la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y el Tren Maya, todas envueltas en polémica–, López Obrador ha instruido a los legisladores de su partido a sacar adelante tres importantes reformas constitucionales: la eléctrica, la electoral y la de la Guardia Nacional, para que ese cuerpo pase a formar parte del Ejército.

El mandatario decidió comenzar por la más controvertida, la reforma eléctrica, que, entre otras cosas, destinaría el 60% de la industria al control del Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, acotando la participación del sector privado, y dejaría bajo control absoluto del Estado la explotación del litio.

Los partidos de oposición en el Congreso, así como algunos analistas, aseguran que la iniciativa contraviene el espíritu del TMEC y será impugnada en los tribunales nacionales e internacionales.

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El presidente y los legisladores de su partido, en contraste, sostienen que se apega a la soberanía del país, que salvaguarda el tratado, y lo que busca es evitar una situación de precios disparados por la energía eléctrica, como está sucediendo en España.

Lo cierto es que el escenario político y la correlación de fuerzas, sobre todo en el Senado, son complicados para López Obrador, cuyo partido y sus aliados no cuentan con mayoría calificada de las dos terceras partes en ninguna de las dos cámaras. De modo que la batalla legislativa que se verá muy seguramente a partir de febrero será de grandes proporciones. 

Mientras tanto, en la defensa de sus pretendidas reformas y de sus proyectos de infraestructura, AMLO arremete contra quienes aseguran que atentan contra las energías limpias o la ecología. Y en ese embate carga contra los ambientalistas e incluso asegura que movimientos ecologistas y hasta feministas fueron alentados por el neoliberalismo para distraer la atención del saqueo y el pillaje.

Las ‘corcholatas’ de la sucesión presidencial

Durante décadas en México el juego político de la sucesión tenía sus propias reglas. Los aspirantes a la candidatura presidencial debían ser muy discretos y disciplinados. De ahí la máxima que acuñara un añejo líder sindical: «El que se mueve no sale en la foto».

Dentro de esa dinámica, el presidente en turno ejercía la facultad no escrita de elegir a quien seguramente sería su sucesor, en un sistema con designaciones de dudosa neutralidad. Así, existía la figura del “tapado”, ese político, generalmente del gabinete presidencial, que gozaba de la confianza y simpatía del mandatario federal para sucederlo, pero cuya identidad no era conveniente revelar.

En julio pasado, López Obrador, al insistir en que no influirá para determinar quién será el candidato oficial para buscar relevarlo en la Presidencia de la República, aludió a esta figura y sostuvo que ya no es como antes, que ya no hay «tapado» y que cualquiera puede aspirar a sucederlo.

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“Hay muchas mujeres y hombres para el relevo; hay muchos, todos los que están en el gabinete, gobernadores, todos tienen posibilidad, dirigentes parlamentarios, todos. Ahora sí que ya no hay tapados, yo soy el destapador y mi corcholata favorita es la del pueblo. La gente en su momento va a elegir de forma libre, democrática, quién debe representarnos», prometió.

Y así, con esa metáfora, son varias las ‘corcholatas’ -palabra que refiere a un tapón metálico utilizado en las botellas- que buscan ser la efectiva. Pero también son muchas las voces que afirman que, a juzgar por el trato que le da y la manera como se refiere a ella, sería Claudia Sheinbaum, la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la virtual candidata, por encima del canciller Marcelo Ebrard o el dirigente parlamentario en el Senado, Ricardo Monreal.

No obstante, cuando ha sido cuestionado al respecto, López Obrador insiste en negarlo y llama a definir al candidato por el método de las encuestas.

“No tengo ningún preferido, a ninguna preferida, hablando en términos de pluralidad y de género. El ciudadano elegirá al candidato. Se hace una encuesta, dos, tres, y se ve quién es quién», remarcó.

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Para el historiador y politólogo Lorenzo Meyer, hay quien quiere seguir pensando que estamos en otros tiempos, marcados por el autoritarismo, cuando la realidad es que ya es normal que varios políticos alcen la mano para querer competir por la presidencia, aun faltando tres años para el relevo.

Hasta ahora, de parte de la oposición –coinciden varios analistas– no se vislumbra un aspirante fuerte, capaz de atraer las simpatías suficientes para representar un desafío al obradorismo. 

Luis Carlos Ugalde apunta que este proceso de sucesión anticipada no le hará sombra a López Obrador sino hasta el sexto año, pero sí considera probable escuchar, después de la consulta de revocación de mandato, algunas voces que clamen por la reelección del morenista, aunque él haya descartado esa posibilidad y legalmente sea prácticamente imposible. Al menos por ahora.

Fuente: France 24.

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