Monterra anunció que presentaron una Notificación de la Intención de someter una reclamación a arbitraje al gobierno de México por acciones ilegales y discriminatorias que impiden las operaciones de su terminal de importación de combustibles en el puerto de Tuxpan en Veracruz.

La empresa señaló que los daños derivados de las acciones discriminatorias pueden ascender a aproximadamente 667 millones de dólares.

Las Notificaciones de intención bajo acuerdos internacionales prevén una fase inicial de negociación y consulta para resolver la controversia, buscando evitar la necesidad de iniciar un arbitraje internacional.

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Monterra Energy y Monterra Energy Holdings mandaron dicha notificación tras la clausura de su terminal de combustibles hace cinco meses, alegan que con esto se está negando el debido proceso y violando provisiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevé en el Anexo 14-C, con respeto a inversiones existentes como la de Monterra, la interposición de una reclamación a arbitraje de conformidad con el capítulo 11 del TCLAN.

La terminal de Monterra es una de varias que han sido clausuradas por la administración de Andrés Manuel López Obrador, estas acciones bloquean la importación de bienes de origen estadounidense y ponen en riesgo puestos de empleo en México y Estados Unidos.

“Hemos hecho más de lo que se pudiera esperar para resolver de manera cooperativa este asunto, a fin de seguir apoyando la economía y seguridad energética de México y de proveer empleos bien remunerados,”

aseguró Arturo Vivar, CEO de Monterra a través de un comunicado.

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Además, dijo que se ha intentado de manera reiterada resolver la clausura, incluyendo al proveer amplia evidencia de su cumplimiento total con el marco legal y regulatorio, pero las autoridades mexicanas han ignorado la evidencia.

“Simplemente pedimos que México salvaguarde el Estado de derecho y cumpla con sus obligaciones bajo tratados internacionales. Nuestra preferencia sería una alcanzar una resolución amistosa, pero las acciones realizadas hasta ahora por el gobierno de México no dejan otra alternativa que perseguir todas las opciones jurídicas disponibles”,

sentenció Vivar.

La terminal de Monterra (Servitux) obtuvo un permiso de 30 años de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 4 de mayo de 2018.

El órgano regulador en materia energética realizó varias visitas de inspección a la terminal antes de que entrara en operación y en julio del 2021 la compañía cumplió con el requisito del permiso de dar aviso a la Comisión sobre el inicio de operaciones del sistema de almacenamiento.

Pero el 13 de septiembre de 2021, la CRE realizó una inspección extraordinaria junto con elementos armados de la Guardia Nacional y personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

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Derivado de esta inspección, las autoridades realizaron una clausura temporal sin ninguna justificación judicial y desde entonces permanece así, alegó Monterra.

Todos los bienes importados y descargados en la terminal antes de la clausura provienen de Estados Unidos, “La orden de clausura es arbitraria, ilegal y completamente inconsistente con extenso intercambio previo de comunicaciones entre Servitux, una empresa organizada bajo la ley mexicana de participación mayoritaria de Monterra Energy, y la CRE”, condenó la empresa.

Desde el año pasado, el gobierno de México intensificó una serie de inspecciones en el sector petrolífero, la secretaria de Energía, Roció Nahle, ha dicho que es porque hay mucho contrabando de combustible en el país, “huachicoleo fiscal”.

Monterra indicó que las acciones tuvieron lugar en el contexto de los esfuerzos del gobierno, a partir de inicios de 2019, para frenar la importación, almacenamiento y distribución de petrolíferos por compañías extranjeras, para devolverle el monopolio a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Fuente: Forbes.

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El Gobierno de Estados Unidos dio un manotazo en la mesa y hablará con autoridades mexicanas sobre su descuido de la totoaba y la vaquita marina.

La Oficina de la Representante Comercial de EU (USTR por sus siglas en inglés) anunció este jueves que solicitará una consulta bajo el Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), alegando que el Gobierno mexicano no está cumpliendo con sus obligaciones medioambientales.

“El USTR está comprometido con la protección del medio ambiente y está solicitando esta consulta para asegurar que México cumpla con sus compromisos medioambientales en el T-MEC”,

declaró la representante comercial de EU, Katherine Tai, en un comunicado.

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La vaquita marina -oriunda del Golfo de California- es el mamífero acuático en mayor peligro de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) la califica como una especie en “peligro crítico” y con población a la baja. La IUCN estima que hay alrededor de 18 ejemplares vivos, aunque otros cálculos apuntan a menos de 10.

La mayor amenaza para la vaquita marina es la pesca ilegal de totoaba, un pez cuyo alto valor -sobre todo en el mercado chino- le ganó el mote de ‘la cocaína del mar’. El despliegue de redes para capturar a la totoaba suele atrapar vaquitas marinas, matándolas.

Las autoridades estadounidenses consideran que las medidas implementadas por el Gobierno de México para proteger a la vaquita y frenar la pesca ilegal de totoaba no han bastado. Por lo tanto, México no está cumpliendo debidamente con sus obligaciones dentro del Capítulo 24 del tratado, que abarca todos los temas medioambientales en la relación comercial trilateral.

Diversos organismos no gubernamentales llevan años ejerciendo presión para que la administración mexicana proteja más a la vaquita. En agosto del año pasado, el Centro para la Diversidad Biológica y otros grupos ambientalistas enviaron una carta al USTR pidiendo que abriera un proceso de consulta bajo el T-MEC por el tema.

“La pesca ilegal está fuera de control en aguas mexicanas, y la vaquita está pagando el precio más alto posible. Nos alegra que el Gobierno de EU esté presionando a México por desacatar sus obligaciones medioambientales y por arriesgar la existencia de la vaquita”,

declaró Sarah Uhlemann, directora del programa internacional del centro, en un comunicado.

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Esta es la primera consulta solicitada por EU con México. El USTR y el Congreso guardan una larga lista de temas que podrían ameritar una controversia comercial. El abandono de la vaquita marina es un tema con la historia, los datos y el peso mediático suficientes para justificar una consulta, comentó Jorge Molina, catedrático del Tecnológico de Monterrey y experto en temas de comercio exterior.

“Es un tema ambiental, que es muy popular con la opinión pública, y puede permitirle al USTR ‘medirle el agua a los camotes’ y sentar una serie de precedentes para otros casos”,

apuntó en entrevista.

‘Enterados’, responde Secretaría de Economía

La Secretaría de Economía avisó el mismo jueves que recibió la solicitud de consulta, asegurando que impulsará la protección de las especies marinas del país.

“La Secretaría de Economía coordinará los trabajos entre las diferentes autoridades mexicanas y de Estados Unidos con el objetivo de presentar oportunamente los esfuerzos y medidas adoptadas para proteger a las especies marinas en las aguas nacionales”,

declaró la dependencia en un comunicado.

Una consulta bajo el T-MEC es un mecanismo diseñado para resolver un problema sin entrar en un proceso más prolongado y severo, como un panel de solución de controversias. Ambas partes tendrán 30 días después de la solicitud para iniciar consultas formalmente.

De no resolverse el tema en las consultas iniciales, EU podrá solicitar otra consulta con representantes de alto nivel. Si esta no resuelve el asunto tampoco, podrá abrirse un proceso de consultas ministeriales. Si la controversia no se resuelve con ninguno de los mecanismos, EU podrá solicitar un panel.

En caso de que el panel resuelva que México no cumple con sus obligaciones en el tratado, EU podrá aplicar aranceles, suspender beneficios o echar mano de otro tipo de sanciones comerciales.

Aguas mexicanas, en el ‘abandono’

Las autoridades mexicanas ya suman varias llamadas de atención desde EU por descuidos en sus regulaciones pesqueras.

A mediados de 2021, se erigió un bloqueo a las exportaciones de camarón hacia el mercado estadounidense por el uso de redes potencialmente dañinas para la vaquita marina en barcos camaroneros. Ese mismo año, en una reunión con las secretarías de Economía y de Agricultura, la embajadora Tai planteó sus preocupaciones por la pesca ilegal de totoaba y el daño a la vaquita.

Esta semana, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (conocida en inglés como NOAA) cerró los puertos del país a embarcaciones mexicanas alegando que México “no ha hecho lo suficiente para evitar que sus barcos pesquen ilegalmente en aguas estadounidenses”.

“Es una gigantesca área de omisión en el gobierno de México […] Es el resultado de estas omisiones que se han dado durante muchos años en materia pesquera a nivel nacional”,

apuntó Mario Sánchez, director regional Noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Fuente: El Financiero.

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