Bárcena visitará en Texas las urbes de El Paso, San Antonio, Eagle Pass y Laredo para tratar temas de migración, infraestructura fronteriza, comercio y reuniones con aliados estratégicos sobre las acciones que México realiza ante la Ley SB4 y otras iniciativas legales antimigrantes, según una nota informativa de la Cancillería.

La canciller tendrá una agenda intensa. Hoy miércoles inicia con un recorrido por uno de los centros integradores para migrantes de Ciudad Juárez para después seguir con diversas reuniones de trabajo en El Paso, Texas.SRE

Durante la gira, que durará hasta el 20 de abril, Bárcena visitará El Paso Healing Garden, un memorial dedicado a las más de 20 personas, la mayoría de origen mexicano, que murieron por el tiroteo del 3 de agosto de 2019 en esa ciudad, donde se reunirá con familiares de las víctimas.

Entre los funcionarios que acompañarán a la secretaria están Roberto Velasco Álvarez, jefe de Unidad para América del Norte de la SRE; Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, y Cristina Plantea Riebeling, directora general de Asuntos Políticos para América del Norte.

La visita ocurre en medio de la creciente presión para abordar el flujo migratorio en la frontera este 2024, cuando coinciden las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos.

La tensión aumentó desde el año pasado, cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, colocó una cerca de púas en la frontera y ahora busca implementar la Ley SB4 para que las autoridades estatales puedan realizar tareas migratorias, una facultad del Gobierno federal.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos bloqueó la medida el 18 de marzo y ahora analiza su validez.

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«Con relación a los comentarios por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott, ante un medio de comunicación estadounidense este 11 de enero de 2024, México reprueba y expresa su absoluta preocupación a cualquier tipo de expresión que inste a actos violentos y a la deshumanización de la comunidad migrante», indicó en un comunicado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México se refirió a una entrevista del mandatario estatal con Dana Loesch, portavoz de la Asociación Nacional del Rifle, que se realizó el 5 de enero, pero se viralizó este jueves.

“Estamos implementando todas las herramientas y estrategias que podemos (contra los migrantes). Lo único que no estamos haciendo es disparar a las personas que cruzan la frontera porque, por supuesto, la Administración Biden nos acusaría de asesinato”, expresó Abbott.

TRAS LA CONTROVERSIA, EL GOBIERNO DE MÉXICO DENUNCIÓ LAS «INSINUACIONES AGRESIVAS».

«Hacemos votos por el respeto a los derechos humanos y denunciamos todo tipo de insinuaciones agresivas contra la vida de una persona», concluyó el breve comunicado de la SRE.

Los roces entre el Gobierno de México y el de Texas por las políticas migratorias han crecido en el último año.

El Gobierno mexicano expresó su rechazo en noviembre pasado porque el Congreso de Texas aprobó la Ley SB 4, que permite a autoridades estatales detener y deportar migrantes.

Antes, a mitad de 2023, envió varias notas diplomáticas a Washington para quejarse porque Texas colocó boyas y alambre de púas en el fronterizo río Bravo o Grande, incluyendo en el área que corresponde a México, para disuadir a migrantes de cruzar.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó en su conferencia matutina de este viernes las medidas del gobernador al contexto electoral de 2024.

«El gobernador de Texas que quiere ser vicepresidente y agarra eso de bandera, los inmigrantes y las alambradas en el río, y modificar leyes en Texas para detener migrantes, mandarlos a estados demócratas, a donde viven los dirigentes del partido demócrata o integrantes del Gobierno demócrata, cosas así, politiquería”, dijo.

• Las declaraciones se producen tras un inédito repunte migratorio en diciembre, cuando hubo más de 10.000 cruces irregulares diarios en la frontera entre México y Estados Unidos, según López Obrador. 

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Los comentarios del mandatario mexicano y el comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección fronteriza estadounidense llegaron un día después de que López Obrador mantuviera una conversación con el presidente Joe Biden.

Durante la conversación del jueves, ambos estuvieron de acuerdo en que se necesitaba más vigilancia fronteriza para poder reabrir los cruces, dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. La interrupción del servicio causó pérdidas millonarias para México, según la patronal mexicana.

Además, Estados Unidos anunció el viaje a México de una delegación de altos funcionarios para decidir nuevas medidas.

López Obrador confirmó que los estadounidenses quieren que México haga más para bloquear a los migrantes al sur, en la frontera con Guatemala, y para dificultar su paso a través del país pero aseguró que su gobierno no sólo está buscando acuerdos con Estados Unidos sino que aspira a que Estados Unidos inicie conversaciones con Cuba y envíe más ayuda a los países de origen de los migrantes.

“Vamos a ayudar, como siempre lo hacemos”, dijo el mandatario. “Pero no sólo es contención”, agregó, también se trata de cooperación y de resolver “problemas de índole político” que alientan la migración.

Agregó que “México ayuda para llegar a acuerdos con el gobierno de Venezuela”, al que se han levantado recientemente algunas sanciones. “En este caso queremos también que se atiendan las diferencias con Cuba… ya se lo he planteado al presidente Biden, que se abra un diálogo bilateral Cuba-Estados Unidos”.

La creciente afluencia de migrantes, sobre todo de venezolanos pero también cubanos y centroamericanos, hizo colapsar algunos cruces y provocó que Estados Unidos cerrara el lunes los pasos ferroviarios fronterizos de Eagle Pass y El Paso, ambos en Texas.

El viernes, al anunciar su reapertura, la Patrulla Fronteriza recordó que los ajustes de esta semana pretendían “maximizar nuestra capacidad de respuesta, procesamiento y aplicación de la ley” en esos puntos y dijo que continuaría ajustando sus planes operativos priorizando la seguridad, con el fin de reforzar las acciones contra los migrantes que entren irregularmente en el país.

Además, Biden pidió al secretario de Estado, Antony Blinken, al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y a la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall, que viajen a México para dialogar con López Obrador y su equipo y ver “qué más podemos hacer juntos”, agregó Kirby.

Según López Obrador, la visita probablemente tendrá lugar el 27 de diciembre.

Los empresarios mexicanos habían estado presionando para la reapertura porque, según dijo esta semana la Confederación Patronal de la República Mexicana, los cierres con Texas costaban unos 100 millones de dólares diarios en retrasos de envíos y representaban “el fracaso de la política migratoria”. 

México recibe por ferrocarril desde Estados Unidos gran parte del maíz y los productos de soja que necesita para alimentar al ganado. El flujo de autopartes por un lado y automóviles por otro también suele hacerse en tren.

El cruce fronterizo de Lukeville, en Arizona, una entrada peatonal en San Diego, un paso vehicular en Eagle Pass y otro cruce en Nogales permanecerán cerrados, dijo CBP el viernes.

Este mes, los cruces irregulares de migrantes a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos superaron los 10.000 algunos días, una cifra inusualmente alta.

Las reuniones entre México y Estados Unidos se producen en un momento en que legisladores republicanos y demócratas debaten cambios en la política fronteriza como parte de una conversación más amplia sobre la ayuda estadounidense a Ucrania e Israel, que son las principales prioridades de la política exterior de la Casa Blanca.

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Esta carretera conecta al estado con México y se cruza con el paso fronterizo Colombia y la nueva carretera Gloria-Colombia en Nuevo León.

El gobernador Samuel García ha solicitado que Texas mejore este tramo de carretera para aliviar la posible congestión. El secretario de Desarrollo Regional y Agricultura, Marco González, reveló que las autoridades de Texas apuntan a acelerar el proceso legislativo para asegurar los recursos necesarios para la renovación de la vía.

La Secretaria de Estado de Texas, Jane Nelson, y la Directora de Transporte, Caroline Mays, se han comprometido a acelerar dos procesos legislativos para asignar recursos e iniciar la ampliación y modernización de la Carretera 255 en 2024.

El objetivo es evitar cuellos de botella para los miles de camiones que cruzan diariamente entre México y Estados Unidos. Este acuerdo se realizó en la reunión del Comité Asesor Transfronterizo de Texas, donde también estuvieron representados Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua.

El Gobernador de Nuevo León tiene como objetivo hacer crecer el paso fronterizo de Colombia para que se convierta en uno de los más importantes del país, con la expectativa de aumentar los cruces diarios de 3500 a 7500 en el próximo año, apoyado por la ampliación de la Carretera 255.

Con la llegada de Tesla, Nuevo León apunta a convertirse en el centro de inversiones extranjeras o nearshoring más grande de América del Norte.

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Dos murales gigantescos, pintados en los tanques de almacenamiento de una refinería de petróleo de esta ciudad, representan a los rebeldes liderados por Sam Houston que lograron la independencia de Texas de México en la década de 1830. Esta semana esos murales pasarán a ser propiedad de la compañía petrolera nacional mexicana, que está adquiriendo el control total de la refinería.

La compra de la refinería forma parte de la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador por una especie de independencia. En un esfuerzo por lograr la autosuficiencia energética, el presidente mexicano está haciendo grandes inversiones en la compañía petrolera estatal, poniendo un énfasis renovado en la producción de petróleo y alejándose de la energía renovable, incluso cuando algunos gigantes petroleros como BP y Royal Dutch Shell están invirtiendo más en ese sector.

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López Obrador pretende eliminar la mayor parte de las exportaciones de petróleo mexicano en los próximos dos años para que el país pueda procesar más de manera doméstica. Quiere sustituir los suministros de gasolina y diésel que el país compra actualmente a otras refinerías de Estados Unidos por combustible producido en el país o en la refinería de Deer Park, que se fabricaría con el crudo que se importará desde México. El cambio sería un salto ambicioso para Petróleos Mexicanos, la empresa comúnmente conocida como Pemex. La producción de petróleo de la empresa, comparable a la de Chevron en los últimos años, lleva más de una década cayendo, y soporta una deuda de más de 100.000 millones de dólares, la mayor de todas las empresas petroleras del mundo.

La decisión de pagar 596 millones de dólares por una participación mayoritaria en la refinería Deer Park, que se encuentra en el canal de navegación de Houston y sería la única operación importante de Pemex fuera de México, es fundamental para cumplir los planes de López Obrador de rehabilitar el sector petrolero, que lleva mucho tiempo paralizado, y establecer ocho refinerías productivas para uso mexicano. México también acordó pagar 1200 millones de dólares en deudas que Pemex y Shell deben conjuntamente como copropietarios de la refinería, que es rentable.

“Es algo histórico”, dijo López Obrador el mes pasado. En otra conferencia de prensa el año pasado, dijo: “En el 2023 vamos a estar produciendo en México las gasolinas, el diesel y vamos a ser autosuficientes, y vamos a estar constatando de que no van a aumentar los precios de los combustibles”.

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Aunque las políticas de López Obrador divergen de la creciente preocupación mundial por el cambio climático, reflejan una tentación duradera para los líderes y legisladores de todo el mundo: sustituir las fuentes de energía importadas por combustibles de producción nacional. Además, los puestos de trabajo generalmente bien remunerados que proporcionan las industrias del petróleo y otros combustibles fósiles son políticamente populares en toda América Latina, África y países industrializados como Estados Unidos.

En la década de 1930, el gobierno mexicano se hizo cargo de las operaciones de Royal Dutch Shell al sur de la frontera al nacionalizar toda la industria petrolera que en ese entonces era dominada por extranjeros. Ahora López Obrador está dispuesto a dar un paso más, al tomar el control total de una gran refinería de petróleo de Shell.

La compra se ha tornado más significativa porque sucede en un suburbio industrial que se autodenomina “la cuna de Texas”, donde los rebeldes marcharon al campo de batalla de San Jacinto para derrotar al ejército mexicano, acontecimiento que se conmemora en los murales de la refinería. El campo de batalla está a ocho kilómetros de las instalaciones petroleras.

Es difícil sobrestimar la conexión entre el petróleo y la política en México, donde el día en que se nacionalizó el petróleo, el 18 de marzo, es una fiesta nacional. El crudo proporciona al gobierno mexicano un tercio de sus ingresos, y Pemex es uno de los mayores empleadores del país, con unos 120.000 trabajadores.

López Obrador procede del estado petrolero de Tabasco, y el poderoso sindicato de Pemex es una parte crucial de su base política. Se postuló con la plataforma de reconstruir la empresa, y ha aumentado su presupuesto de producción, además de recortar los impuestos que paga y revertir los esfuerzos de su predecesor para reestructurar su monopolio sobre la producción de petróleo en el país.

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Cuando asumió el cargo hace tres años, López Obrador comenzó a deshacer los cambios realizados en 2013 en la Constitución de México para abrir la industria del petróleo y el gas a la inversión privada y extranjera. También está presionando para revertir las reformas eléctricas que su predecesor, Enrique Peña Nieto, puso en marcha para aumentar el uso de parques eólicos y solares financiados por el sector privado y alejarse de las centrales eléctricas estatales alimentadas por petróleo y carbón.

Los expertos en energía afirman que México está retrocediendo en el compromiso que adquirió hace una década, bajo el mandato del presidente Felipe Calderón, de generar más de un tercio de su energía a partir de fuentes limpias para 2024. Ahora México produce poco más de una cuarta parte de su energía a partir de fuentes renovables.

“Están recurriendo a combustibles más pesados en vez de usar combustibles más ligeros”, dijo David Goldwyn, un alto funcionario de energía del Departamento de Estado en el gobierno de Barack Obama. “Prácticamente todas las empresas extranjeras —Ford, Walmart, GE, todas las que operan allí— tienen ahora su propio objetivo de cero emisiones netas. Si no pueden acceder a la energía limpia, México se convierte en un lastre”.

El gobierno de López Obrador ha dicho que combatirá el cambio climático al invertir en energía hidroeléctrica y reforestación.

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Muchas de las iniciativas del presidente mexicano son cuestionadas por los legisladores de la oposición y la comunidad empresarial. Pero López Obrador puede hacer mucho por su cuenta. Tiene previsto gastar 8000 millones de dólares en un proyecto para construir una refinería de petróleo en el estado de Tabasco, y más de 3000 millones de dólares más para modernizar seis refinerías.

La compra de la refinería de Deer Park es fundamental para sus planes porque el complejo de Tabasco no estará terminado hasta 2023 o 2024 y no producirá suficiente gasolina, diésel y otros combustibles para satisfacer todas las necesidades de México.

Shell, que opera la refinería de Deer Park, es desde hace tiempo socia de Pemex y está vendiendo su participación en parte para satisfacer a los inversores preocupados por el cambio climático que quieren que el gigante petrolero invierta más en energías renovables e hidrógeno.

Bajo la propiedad mexicana, la refinería continuará con su práctica de usar petróleo crudo mexicano, pero probablemente venderá más de la gasolina y otros combustibles que produce a México.

En el futuro, según algunos expertos en energía, Pemex también podría utilizar la refinería de Deer Park para procesar petróleo de otros países que también producen los tipos de crudo pesado que se extraen en México.

“Creo que es un buen negocio y tiene lógica para Pemex”, dijo Tom Kloza, jefe global de análisis energético de Oil Price Information Service, quien señaló que Deer Park podría procesar petróleo venezolano si Estados Unidos levantara las sanciones contra ese país.

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Los cambios en la política mexicana solo tendrían un impacto modesto y temporal en las refinerías estadounidenses, que pueden sustituir el petróleo mexicano por crudo de Colombia, Brasil, Arabia Saudita y Canadá. Las refinerías podrían perder hasta medio millón de barriles diarios de ventas de combustible para transporte a México, pero los expertos en energía dicen que las refinerías podrían encontrar otros mercados.

Guy Hackwell, director general del complejo de Deer Park, dijo que “las mejores prácticas se mantendrán”. Y afirmó que “la gran mayoría de la fuerza de trabajo se presentará en el mismo puesto al día siguiente del acuerdo”.

En cuanto a los murales, una portavoz de Pemex, Jimena Alvarado, dijo: “Nunca quitaríamos un mural histórico”.

Los residentes de Deer Park, en el corazón del complejo petroquímico del Golfo de México, dicen sentirse seguros de que los habitantes locales dirigirán la planta y Shell seguirá siendo propietaria de una planta química contigua.

“Los números de teléfono seguirán siendo los mismos para saber con quién nos ponemos en contacto en caso de emergencia y seguiremos teniendo las mismas personas y relaciones, así que me siento bien al respecto”,

dijo Jay Stokes, administrador de la ciudad de Deer Park.

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Pero algunos expertos en energía dijeron que el enfoque de López Obrador sobre la energía, incluyendo la compra de la refinería, desperdiciaría valiosos recursos del gobierno que podrían ser utilizados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire local. También hay dudas de que México pueda construir suficiente capacidad de refinación para cumplir los objetivos del presidente.

Jorge Piñón, expresidente de Amoco Oil de México, dijo que lo más probable es que México no pueda beneficiarse inmediatamente de la reducción de las exportaciones de crudo y del procesamiento de sus propios combustibles puesto que el negocio de las refinerías suele tener bajos márgenes de beneficio, especialmente en América Latina.

Dijo que las refinerías mexicanas no podían igualar a las estadounidenses en el manejo del crudo pesado mexicano con alto contenido de azufre. Los combustibles mexicanos fabricados con petróleo pesado causaban graves problemas de contaminación atmosférica en muchas ciudades antes de que el país comenzara a importar gasolina y diésel estadounidenses de combustión más limpia en los últimos 20 años.

Al exportar menos petróleo, es casi seguro que México también utilizará más para la generación de energía nacional, lo que potencialmente desplazará la generación solar y eólica y producirá más contaminación atmosférica y emisiones de gases de efecto invernadero.

“Sus decisiones nacionalistas tendrán un impacto negativo en el cambio climático”, dijo Piñon. “Está regresando a los años treinta”.

Pero López Obrador no se disculpa. “El petróleo es el mejor negocio del mundo”, dijo en una conferencia de prensa en mayo.

Fuente: The New York Times.

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Así lo informaron varios medios estadounidenses, como el diario Axios y la televisión conservadora Fox News, que citaron fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) en sus informaciones.

La reactivación de esta estrategia llega después de una orden de un juez de Texas, que requirió la implementación del programa a raíz de una demanda planteada por los estados de Texas y Missouri, que defienden una de las políticas insignia de la Administración del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021).

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El Gobierno de Trump inició esa política a fines de 2019, haciendo caso omiso del trámite de ley por el cual los solicitantes de asilo pueden esperar dentro de EEUU la resolución de sus casos.

La principal diferencia entre el programa de Biden y el que puso en marcha Trump es que se les ofrecerá la vacuna a todos los adultos migrantes registrados en los MPP, de acuerdo a las fuentes citadas en medios estadounidenses.

A pesar de ello, se desconoce hasta ahora en qué momento del proceso los migrantes recibirán la vacuna.

Lo que sí fue confirmado por esas fuentes es que el programa se restablecerá en dos ciudades fronterizas de Texas – El Paso y Brownsville – y una de California, San Diego.

La vuelta de los MPP ha causado polémica en el país, ya que una de las primeras acciones de Biden a su llegada a la Presidencia en enero pasado fue la cancelación de los mismos.

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Los estados de Texas y Missouri demandaron al Gobierno federal para que reanudara el programa y en agosto el Tribunal Supremo rechazó bloquear la decisión de una corte de menor instancia que pedía que se reactivara.

El juez que se hizo cargo del caso opinó que la orden por la que se rescindieron los MPP violó la ley federal administrativa y no tuvo en cuenta los “beneficios” del programa, entre los que citó su presunto efecto disuasorio para potenciales migrantes.

El magistrado ordenó al Gobierno de Biden restaurar el programa, al menos hasta que encuentre una forma de “rescindirlo de forma legal” y hasta que el Ejecutivo tenga la capacidad para detener a los solicitantes de asilo que, en ausencia de esa política, pueden entrar en EE.UU.

Fuente: Los Angeles Times.

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Miles de migrantes se dieron cita el lunes en el estadio de fútbol de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, ante la posibilidad de que las autoridades mexicanas les trasladaran desde esta localidad del sur de México hasta otros puntos para poder agilizar los trámites para regularizar su situación en el país.

“Nos dijeron que vinieramos de allá, de Migración, para acá y nada, mira cómo estamos abajo del sol”,

dijo la cubana Roxana Águila en las afueras del estado mientras esperaba junto con sus padres y una bebé de tres años.

Según explicó, su familia acudió el lunes a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) y le dijeron que había una opción de ser trasladados en autobuses a otras zonas del país para acelerar toda la burocracia pero a primera hora de la tarde, y ya esperando en el estadio, todavía no sabían qué iba a pasar.

“Supuestamente acá iban a salir no sé cuántos autobuses, 40 u 80 autobuses, hasta la Ciudad de México”,

expresó David Perozo Manríquez, de Venezuela, que todavía no ha podido iniciar sus trámites de refugio pero confiaba en hacerlo desde la capital.

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Las autoridades no han informado públicamente de sus intenciones y el INM no contestó de forma inmediata a una solicitud de comentario por parte de AP pero sus agentes intentaban organizar a los migrantes en el estadio para mantener el orden mientras elementos del ejército y la Guardia Nacional resguardaban la zona.

El gobierno mexicano está intentando recientemente agilizar los trámites migratorios sobre todo para descongestionar Tapachula, un cuello de botella donde decenas de miles de migrantes se han quedado varados y donde ha ido creciendo la tensión y la frustración por la falta de respuesta oficial y la falta de empleos.

Aquí, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) ha recibido este año más de 74.000 solicitudes de refugio de las 108.000 registradas en todo el país en un año que ya se sabe batirá todos los récords. En todo 2019 se recibieron 45.700 en Tapachula y poco más de 70.000 en todo México.

Esta gran presión en una ciudad donde no hay empleo hizo que muchos salieran en caravanas caminando hacia el norte. Actualmente hay dos en movimiento, una en el estado de Veracruz y otra en Chiapas.

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Además, un enorme grupo de haitianos — la nacionalidad que acumula casi 38.000 solicitudes de refugio— se trasladaron en septiembre hasta la frontera con Texas, donde levantaron un campamento de más de 14.000 personas, ya en territorio estadounidense, que puso en jaque a los dos gobiernos.

Las agencias de la ONU han urgido a México a que habilite alternativas al asilo para descongestionar el sistema de refugio que se encuentra desbordado y el INM, a raíz de la salida en octubre de la caravana más grande de los últimos años — la que está ahora en Veracruz con menos de un millar de personas pero que llegó a sumar unos 4.000— ofreció a muchos migrantes la posibilidad de ser trasladados a otros estados del país para regularizarse en oficinas que tienen menos trabajo.

Algunos migrantes desconfían de estas ofertas pero en Tapachula muchos se animaron al ver una posibilidad de salir de la ciudad y unos 3.000 migrantes se congregaron en el estadio, unos con hijos en brazos, otros con bolsas y maletas haciendo fila con la esperanza de poder acceder a uno de los traslados.

La COMAR, que después de la crisis en la frontera con Texas abrió en este recinto unas oficinas provisionales para acelerar la gestión de citas, decidió suspender el lunes a la espera de ser informados por el INM sobre los supuestos traslados, dijo Alma Cruz, la delegada de esta oficina en Chiapas.

Fuente: Voz de América.

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La Corte Suprema de EU rechazó la apelación presentada por el gobierno de Joe Biden contra la decisión de un juez de Texas que obliga a reanudar el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). Se abren muchas incógnitas sobre cómo se gestionará el proceso de solicitud de asilo a partir de ahora.

Por el momento, Acnur suspendió las inscripciones en su programa para permitir que personas que pidieron protección durante la presidencia de Donald Trump puedan ingresar a EU y fuentes de la OIM confirmaron que hoy, miércoles 25, no habrá cruces. Todavía hay mucha incertidumbre y falta por conocer el posicionamiento del gobierno mexicano.

¿Qué es el MPP o “Quédate en México”?

Se trata de una iniciativa impulsada por el expresidente Donald Trump y acordada con Andrés Manuel López Obrador por la que los solicitantes de asilo en EU debían esperar en México su cita con un juez. Estuvo en vigor entre 2019 y 2021 y afectó a unas 72 mil personas.

Muchas de ellas fueron víctimas de violencia al ser devueltas a ciudades peligrosas como Nuevo Laredo, Tijuana o Matamoros. Cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca, una de sus primeras decisiones fue poner fin al protocolo. Esa decisión es la que está impugnada ante un juez de Texas.

¿Qué es lo que los jueces decidieron exactamente?

Un juez de Texas atendió la demanda presentada por el Fiscal General de este estado, de mayoría republicana, y emitió una sentencia en la que obliga al gobierno de Biden a reanudar el “Quédate en México”. La demanda se presentó contra la fórmula administrativa empleada por la Casa Blanca para poner fin al plan de Trump, sin entrar en el fondo del asunto. Hay otras demandas presentadas por organizaciones de la sociedad civil que todavía se están litigando y que cuestionan la legalidad de expulsar a los solicitantes de asilo a México.

Tras la decisión del juez, la Casa Blanca apeló para suspender su aplicación mientras no exista un fallo definitivo. Ahora, la Corte Suprema ha descartado esa posibilidad, por lo que “Quédate en México” debe ser reimplantado al menos hasta que los jueces tengan una decisión concluyente.

Por eso el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que lamentaba la sentencia, que “había apelado la orden del tribunal de distrito (de Texas) y que continuará impugnándola enérgicamente” pero que “a medida que continúe el proceso de apelación, cumplirá con la orden de buena fe”.

¿Qué va a ocurrir en la frontera?

Cuando Biden ordenó poner fin a “Quédate en México” también puso en marcha un plan para recibir a aquellas personas que quedaron expulsadas durante los dos años de programa. Con el apoyo de Acnur y OIM, desde el 19 de febrero cerca de 13 mil personas cruzaron la frontera para seguir su caso de asilo al interior de EU.

En un inicio se consideró que habría unas 26 mil personas con su caso abierto. Tras varios meses recibiendo a quienes esperaban su cita con el juez, en junio se inició una segunda fase en la que se ingresaba, tras un proceso con DHS, a personas que no acudieron a su audiencia por estar en México. Esta medida permitió poner fin a situación dramáticas como el campamento de Matamoros, a la orilla del Río Bravo, en el que se hacinaban cientos de solicitantes de asilo.

La primera consecuencia práctica es que este operativo queda en suspenso. Fuentes de la OIM señalaron que hoy, miércoles 25, la institución “no hará pruebas COVID ni acompañará a personas con casos bajo el programa de MPP” ya que están evaluando la situación en coordinación con los gobiernos de México y EU. Desde la noche del martes la página de Conecta, gestionada por Acnur, mantiene en suspenso la posibilidad de nuevas inscripciones.

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Ahora hay que ver, y eso todavía no está claro, si los guardias fronterizos de EU comienzan a devolver a personas que cruzan irregularmente la frontera y solicitan asilo. Esto es complejo y tiene una aplicación limitada: actualmente, los mexicanos y centroamericanos que son detenidos como irregulares son inmediatamente devueltos en aplicación del Título 42, que es otra disposición de Trump que permite las expulsiones exprés bajo la excusa de la COVID-19.

Hay otras nacionalidades que no entran teóricamente en este programa y que estaban teniendo menos dificultades para entrar a EU y pedir asilo. Es el caso, por ejemplo, de los venezolanos, que en los últimos meses han cruzado a cientos atravesando Río Bravo por Ciudad Acuña, Coahuila. Estos, en teoría, podrían ahora ser devueltos en aplicación del MPP. Pero no sabemos qué es esa “buena fe” de la que habla DHS en su comunicado. Para su implementación, además, queda pendiente el visto bueno de México y que la Casa Blanca publique una orden explicando cómo se reactiva el programa.

¿México tiene algo que decir?

Ante el riesgo de que la Corte Suprema tomase esta decisión, organizaciones de la sociedad civil de EU y México pidieron al gobierno de López Obrador que no colabore con la reinstalación de MPP. Por su parte, el DHS dijo, tras conocer la noticia, que “junto con socios interinstitucionales, el DHS ha comenzado a participar con el Gobierno de México en discusiones diplomáticas” en torno a la reactivación del programa. Ambas posiciones dan a entender que México tiene capacidad de decisión. Sin embargo, el jefe de la diplomacia mexicana para América del Norte, Roberto Velasco, dijo en dos tuits que habían recibido la comunicación de Washington pero que el país “no es parte del proceso judicial, el cual trata sobre una medida unilateral estadounidense”.

“En el transcurso del día de mañana intercambiaremos información sobre esta resolución para definir las consideraciones de México, basadas en el respeto a la soberanía y los derechos humanos”, dijo.

Se trata de una posición calculadamente ambigua. Desde que Trump implementó el MPP, el gobierno de López Obrador ha manejado dos discursos en apariencia contradictorios: por un lado, que nada pueden hacer por ser expulsiones impuestas por Washington y, por otro, que México ha adoptado esta política migratoria con total soberanía. Si en el pasado no se rebeló, resulta difícil pensar que vaya a hacerlo ahora, así que las discusiones más estarían encaminadas al modo en el que se aplica de nuevo el programa.

Entonces, ¿ya no se puede pedir asilo en EU?

Actualmente la gran herramienta para desalentar las solicitudes de asilo no es el MPP sino el Título 42, que permite las devoluciones exprés bajo la excusa de la COVID-19. Este mecanismo lo inauguró Trump en marzo de 2020 y, hasta el momento, ha servido para llevar a cabo más de un millón de expulsiones sin dar opción a pedir refugio.

Esto no implica que se expulsara a un millón de personas, ya que al ser un sistema inmediato y sin consecuencias penales hay personas que tratan de cruzar en múltiples ocasiones. Como en la frontera se estaba generando una bolsa de personas que lo intentaban una y otra vez, EU inauguró en agosto el sistema de expulsiones en avión a ciudades del sur de México. Ahí, el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano termina el trabajo y devuelve a los migrantes a Guatemala. La aplicación del Título 42 y el cierre de la frontera para las peticiones de asilo, salvo en contadas excepciones, ha provocado que se levanten dos campamentos con familiares vulnerables que esperan cruzar: uno en Tijuana, Baja California, y otro en Reynosa, Tamaulipas.

“De conformidad con la orden de salud pública del Título 42 de los CDC, el DHS continúa expulsando a los adultos solteros y las familias que se encuentran en la frontera suroeste”,

recordó el departamento de seguridad de EU. Ahora lo que podemos encontrar es una combinación entre MPP y Título 42 que nos lleve directamente a los peores tiempos de Trump.

Pero si Biden estaba en contra del MPP, ¿no puede frenar esta decisión?

El juez de Texas lo que anula es la forma en la que se suprimió MPP, sin entrar al fondo. Así que parecería lógico pensar que Biden podría rehacer su orden adecuándose a lo dispuesto por la corte. Sin embargo, no lo tiene fácil el presidente de EU. Desde que asumió el poder se dispararon las llegadas a la frontera. Aunque este es un fenómeno multifactorial (crisis post confinamiento, consecuencias de huracanes Eta y Iota, pobreza y violencia agravadas), desde el Partido Republicano y sus medios se impuso el discurso de que era culpa del nuevo presidente. Y este ha sido incapaz de armar una retórica alternativa.

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Este año fiscal fueron arrestadas 845 mil personas en frontera, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés). Se trata de una cifra levemente superior a las casi 800 mil que se interceptó en 2019 en el mismo período. A ellos habría que sumarle aproximadamente un 25% de personas que intentan cruzar en varias ocasiones.

Habrá que ver si Biden quiere dar la batalla o, por el contrario, opta por apoyarse en la decisión de los jueces para permitir la reinstalación de MPP . También hay que ver de qué manera lo reanuda y qué quiere decir esa “buena fe” de la que habla DHS en su comunicado. Quedan muchas incógnitas y lo que ocurra en las fronteras se definirá estos días en una frenética agenda de contactos.

Fuente: Animal Político.

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