La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó haber negado audiencia a Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, como acusó este día Santiago Creel, coordinador general de campaña de la abanderada de la oposición.

A través de un comunicado, el Tribunal informó que los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña ofrecieron a Xóchitl Gálvez, a su equipo y a los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD una audiencia virtual para escuchar sus alegatos en tornó a su petición de suspender las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, asunto que se resolvió este día, sin embargo, no obtuvieron respuesta.

El tribunal precisó que recibió la solicitud de audiencia el martes 23 de abril de 2024 a las 13:09 horas y a las 13:53 horas respondió que estaba en consideración dicha solicitud de audiencia.

Posteriormente, a las 15:24 horas, se envió propuesta de audiencia para realizarla a través de la plataforma Zoom con los magistrados antes mencionados el miércoles 24 de abril a las 10:00 horas. Dicha respuesta se hizo a través de correo electrónico y llamada telefónica.

Ese mismo martes 23

de abril, a las 15:25 horas, se dio aviso a la parte solicitante y fueron proporcionados los números telefónicos del Tribunal para llevar a cabo el encuentro, sin embargo, no se recibió confirmación alguna de la propuesta realizada para el desahogo de la audiencia.

El Tribunal refrendó su disposición por mantener el diálogo con todos los actores políticos y sociales que deseen establecer contacto con esta autoridad judicial.

Aunque el Tribunal ofreció la audiencia virtual, Santiago Creel denunció que la negativa de los tres magistrados fue para recibirlos personalmente y afirmó que su negativa es “un claro ejemplo de tolerancia a la impunidad”.

Finalmente, este día el Tribunal Electoral confirmó por mayoría de votos la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de no suspender las mañaneras, pues determinó que son un ejercicio de comunicación gubernamental lícito sujeto a límites constitucionales.

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Por lo anterior, los magistrados del TEPJF confirmaron el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), por el que se determinó la no aprobación del proyecto de protocolo para establecer acciones de coordinación con las autoridades federales y las empresas de redes sociales para identificar, prevenir y exponer campañas calumniosas automatizadas, que difundan noticias o información falsa en el proceso electoral federal 2023–2024.

La propuesta de la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso determinó que actualmente existe un andamiaje jurídico a partir del cual las autoridades electorales pueden investigar y sancionar la difusión de propaganda calumniosa, sea o no masiva.

Por ello, consideró que, a través de los procedimientos especiales sancionadores, el INE podrá adoptar diversas medidas cautelares con el fin de suspender o cancelar de manera inmediata los materiales propagandísticos que sean contrarios a la ley, entre los cuales pudieran encontrarse los relacionados con propaganda calumniosa masiva.

Cabe señalar que el pasado 14 de marzo, el representante de Morena ante el INE, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, solicitó dichas medidas bajo el argumento de que se debía evitar la intromisión de actores externos en las elecciones, como, dijo, ocurrió en el 2006.

“Hoy estamos en una circunstancia similar, estamos ante un hecho novedoso, diverso, que está incidiendo en este proceso electoral… estamos hablando de un fenómeno donde se está utilizando dinero, estos llamados “Xóchiltbots” para pretender generar tendencias en redes sociales con la clara intención de influir en la contienda”, acusó en ese entonces el morenista.

En aquel momento, la consejera Dania Ravel Cuevas, también recordó que Morena ya presentó dos quejas en donde, entre otras cosas, denunció la afectación al voto libre e informado y calumnia por los hashtag #narcopresidenteamlo, #narcogobiernoamlo, entre otros muchos, y que esas quejas ya fueron admitidas y se encuentran en una etapa de investigación preliminar, para analizar si los hashtag denunciados fueron difundidos como propaganda pagada y, en su caso, quién la pagó.

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