Con esa calificación, México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.

México sigue siendo el país peor evaluado de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En el G20, México ocupa la posición 18 de 19 países evaluados.

Transparencia Internacional presentó la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Este instrumento registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada una de las 180 naciones evaluadas.

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En la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción, México mantuvo una calificación de 31 puntos, la misma que en 2020, en una escala que va de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible. Con esa calificación, México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional. 

México comparte la misma calificación (31 puntos) que Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea. Los países mejor evaluados en el IPC 2021 son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda (con 88 puntos de 100 posibles), seguidos de Noruega, Singapur y Suecia (con 85 puntos). Los países peor evaluados fueron Siria y Somalia con 13 puntos, mientras que Sudán del Sur, obtuvo solo 11 puntos.

México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En el G20, México ocupa la posición 18, por encima de Rusia que se ubicó en la posición 19. La Unión Europea, que también forma parte del G20, no es evaluada en bloque sino por país.

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El control de la corrupción ha sido una prioridad de la sociedad mexicana en los últimos años y uno de los factores que definió la elección federal en 2018. La lucha contra la corrupción ha sido el eje principal de la administración federal 2018-2024 que en esta agenda cuenta con un amplio apoyo social para avanzar. Sin embargo, los casos definidos como emblemáticos —Estafa maestra, Odebrecht, Agronitrogenados, Ex-presidentes, entre otros—, no han sido aún sancionados en materia penal. Tampoco hay una recuperación de los activos desviados por estos y otros casos de gran corrupción y la reparación del daño a las víctimas, es prácticamente inexistente. 

Hay una creciente preocupación por el uso político-electoral en las fiscalías mexicanas, que pese a gozar en muchos casos de autonomía formal, no son vistas como órganos independientes al gobierno. Su actuación presenta sesgos favorables o negativos dependiendo del grupo político al que se investiga. 

Recomendaciones para México

• La gran corrupción debe pasar de las investigaciones a las sanciones efectivas. Los integrantes de las redes deben ser sancionados y los activos desviados deben reintegrarse al patrimonio nacional.
• El Sistema Nacional Anticorrupción es la suma de sus partes. Las instituciones y organismos que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción deben ser evaluados en términos de su desempeño individual, con un enfoque de resultados y no solo de procesos. Es central mantener la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia anticorrupción.
• Uno de los eslabones más débiles de la política anticorrupción en México, y no solo en el gobierno federal, es la recuperación de activos. Es momento de cumplir la promesa gubernamental de “devolverle al pueblo lo robado”. 
• El gobierno de México tiene que aprovechar el amplio apoyo social en esta materia para enfrentar a las redes de corrupción que se mantienen vivas, operantes, y en muchos casos vinculadas a redes criminales.

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Consulta los resultados para los 180 países aquí.

Descarga los materiales del IPC 2021:

• Comunicado de prensa 
• Informe Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021
• Mapa global Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)
• Índice de Percepción de la Corrupción para las Américas
• Puntuación de los países de América Latina y el Caribe
• Preguntas frecuentes
• Nota breve sobre la metodología
• Nota técnica sobre la metodología
• Descripción completa de las fuentes

Fuente: Transparencia Mexicana.

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El despacho de abogados Hilliard & Shadowen LLP cobrará un millón de dólares anuales al Gobierno de México para que lo defienda y represente en la denuncia interpuesta en tribunales de Estados Unidos en contra de 11 fabricantes, distribuidores y comerciantes de armas.

“En el acuerdo que se ejecutará el 1 de enero de 2022, el gobierno de México y la Hilliard & Shadowen acordaron que los honorarios generales de la firma no excederán un millón de dólares por año”,

dice Steve Shadowen, socio fundador de Hilliard & Shadowen LLP en una carta enviada a Mauricio Ibarra Ponce de León, cónsul general de México en El Paso, Texas.

La firma estadounidense no cobrará honorarios ni gastos al Gobierno de México, a pesar de que ayudaron en las fases de documentación y construcción del expediente para interponer la denuncia ante un tribunal federal de Massachusetts, Estados Unidos, dice el documento en poder de Forbes México.

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El gobierno y los abogados estadounidenses reconocen que la etapa de defensa continuará después de la expiración del acuerdo, que contempló la fase de preparación e interponer la denuncia en contra de los 11 fabricantes de armas.

Ambas partes acuerdan ejecutar un nuevo acuerdo de defensa el 1 de enero de 2022 o alrededor de esa fecha, el cual permanecerá vigente hasta el litigio en relación con la denuncia descrita.

El Gobierno de México acordó pagar a la firma las tarifas por sus servicios a la mitad de las tarifas por hora.

Las tarifas de los abogados Shadow y Brunell oscilan entre 950 dólares y mil dólares por hora, por lo que cobrarán entre 475 dólares y 500 dólares por hora por el tiempo de los defensores.

Las tarifas por hora estándar de los abogados junior oscilan entre 300 dólares y 500 dólares, por lo que cobrarán al gobierno entre 150 dólares a 275 dólares por hora.

Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A., Beretta Holding, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock Inc, Glock Ges.m.b.H, Sturm,Ruger & Co., Witmer Public Safety Group e Interstate Arms son acusadas de que sus armas están en manos de cárteles generando violencia en México.

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Según el argumento central del litigio presentado el 4 de agosto de 2021 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las empresas demandadas son conscientes de que sus armas comercializadas son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades.

Los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma, expone la denuncia de la SRE.

Marcelo Ebrard, titular de la SRE, señaló que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes”. El monto de la exigencia será determinado en el juicio ante un tribunal federal de Massachusetts.

El canciller enfatizó que es necesario que las empresas “desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores”.

Añadió como esencial que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para prevenir que sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen los estudios, los programas, las campañas en medios y otros eventos enfocados a combatir el tráfico ilícito, y que las empresas cesen las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en nuestro país.

Le pegan al tráfico

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha embargado más automóviles y camionetas “chocolate” que armas cortas y largas en las aduanas instaladas desde Matamoros, Tamaulipas, hasta Tijuana, Baja California.

Los agentes encargados de inspeccionar a los turistas estadounidenses y mexicanos radicados o de viaje por Estados Unidos han incautado más de 421,028 automóviles y vehículos en las 49 aduanas del 1 de enero de 2006 hasta el 1 de octubre de 2020, revelan cifras del SAT.

El organismo a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez logró retener más de 30,063 armas cortas y largas que no llegaron al crimen organizado o bandas de delincuentes de 2008 hasta los primeros días de 2020.

En 2006 y 2007 no registró ni una sola incautación de armamento por los recintos fiscales vigilados por videocámaras, tecnología de punta, así
como personal adscrito al SAT encargado de combatir el contrabando y el tráfico de mercancías.

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Durante el gobierno de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador fueron embargadas 12,029 armas cortas y 18,034 armas largas que procedían de las tiendas en Estados Unidos.

“Las aduanas en México no tienen la capacidad técnica y no poseen la tecnología para detectar las armas en todos los cruces fronterizos. Yo cruzo la frontera muchísimo y las revisiones son aleatorias y muchas veces son abre la cajuela”,

señala Tony Payán, director del Centro México del Instituto de Políticas Públicas James A. Baker III de la Universidad de Rice, en Texas.

El profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) dice que los agentes de aduanas inspeccionan lo transportado en la cajuela y se enfocan en ver si llevan computadoras, electrodomésticos, televisores o cualquier producto tecnológico, porque el afán del SAT es recaudar y cobrar los impuestos.

“Aumentar las inspecciones de todos los vehículos, que viajan del norte al sur, requeriría de mucho más personal en las aduanas, mucha más inversión en instalaciones y mucha más inversión en tecnología que México sencillamente no tiene y no puede”, concluye Payán.

Fuente: Forbes.

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A unos días de que comiencen las clases presenciales el próximo 30 de agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó por unas horas los campus Camino Real y Estrella del Sur del Instituto México de Puebla.

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La mañana de este miércoles, personal de la entidad encargada de cobrar los impuestos acudió a las instalaciones de la institución educativa para realizar el embargo.

A las afueras de los campus se colocaron mantas con la insignia de “embargo”.

La acción legal se dio debido a procesos administrativos que no estaban en regla pero, al final, hubo un diálogo entre las partes.

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Después de varias horas, autoridades escolares y del SAT llegaron a un acuerdo y se suspendió el embargo en el Instituto México de Camino Real, por lo que quitaron las mantas y el personal de la instancia se retiró.

Fuente: El Universal Puebla.

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