El Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), subraya como prioridad avanzar hacia un nuevo sistema agroalimentario justo, saludable y sustentable, a través de la inspección de mercancías de origen vegetal y animal, la operación de campañas fito y zoosanitarias, sistemas de vigilancia, el fortalecimiento de la capacitación técnica y la certificación de buenas prácticas para la inocuidad agroalimentaria, entre otras acciones.

El Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria forma parte del tercer eje del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 del Gobierno de México, el cual tiene como fin avanzar hacia la seguridad alimentaria y el fortalecimiento del campo mexicano.

Asimismo, se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los cuales establecen para 2030, en su Meta 3, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de pequeña escala y en la meta 8.2.8 «Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados”, entre otros.

Para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, el Senasica aplica los recursos federales en las regiones que requieren de la implementación de medidas para proteger de plagas y enfermedades la producción agroalimentaria, acuícola y pesquera del país, así como para mantener y mejorar las condiciones sanitarias y de inocuidad de las unidades de producción.

El documento señala que fortalecer la sanidad agropecuaria, acuícola y pesquera, así como la inocuidad de los alimentos tiene un carácter estratégico, por lo que el Senasica, como instancia de seguridad nacional, cuenta con el apoyo del resto de dependencias para implementar sistemas agroalimentarios saludables, a través de acciones fito y zoosanitarias estratégicas, preventivas y de emergencia.

En materia vegetal y animal, las Reglas contienen disposiciones para prevenir la introducción y diseminación de plagas y enfermedades que representen un riesgo sanitario para vegetales y animales, por lo cual tomará en consideración la evidencia científica y el análisis de riesgo de plagas.

Respecto a las acciones preventivas en materia de inocuidad, contiene precisiones sobre Sistemas de Reducción de Riegos de Contaminación (SRRC), que tienen como finalidad promover, verificar y certificar las actividades que se efectúan en la producción primaria para evitar la contaminación de los productos agroalimentarios con agentes físicos, químicos o microbiológicos.

Asimismo, señala las buenas prácticas que deben cumplir los establecimientos de beneficio y procesamiento de cárnicos Tipo Inspección Federal (TIF), que son certificados y supervisados por Agricultura.

Respecto a la competitividad, el Acuerdo señala que derivado de las acciones sanitarias y de inocuidad que se aplican en la producción de alimentos en nuestro país, México es una potencia agroexportadora por lo que es imperativo mantener y aumentar la diversificación de mercados e incluir a cada vez más productores de pequeña y mediana escala, con el fin de mejorar los ingresos para sus familias y generar desarrollo en sus comunidades.

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Por medio de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Sinaloa prohibió el ingreso a México de camarón de granja proveniente de Ecuador. 

Esto, porque constituye una práctica comercial desleal que afecta la economía de los productores mexicanos, y sobre todo, pone en peligro la vida de los consumidores, así como la alta probabilidad de afectación y degradación del medio ambiente nacional. 

Fue el juez José Francisco Pérez Mier quien concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo 564/2023 promovido por la Confederación de Organizaciones Acuícolas en el estado de Sinaloa, A.C.

Pérez Mier determinó que los precios del camarón que ingresa ilegalmente de Ecuador y de otros países centroamericanos están muy por debajo del de los productores nacionales a la venta al público.

El juez explica, en la medida cautelar emitida, que el contrabando de camarón causa una alteración grave en el mercado nacional al colocar a las granjas acuícolas mexicanas en un riesgo inminente de quiebra. Además, el ingreso masivo ilegal de ese producto, potencializa las probabilidades de que las granjas de México se vean contaminadas de enfermedades inexistentes, tales como el Síndrome de Taura, la Mancha Blanca e incluso muerte temprana.

Y es que integrantes de la Confederación de Organizaciones Acuícolas de Sinaloa, A.C.promovieron el juicio de amparo con incidente de suspensión contra actos de las secretarías de Economía; Agricultura y Desarrollo Rural; de la Defensa Nacional, y Marina; contra el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Guardia Nacional, por permitir el ingreso del crustáceo al país de manera ilegal. 

Los productores mexicanos generan, por lo menos, el 40% del camarón de granja que se produce en el territorio nacional, empleando a 16 mil personas de manera directa, y 80 mil de forma indirecta. 

La Confederación exigió prevenir daños irreparables a la seguridad nacional; a la soberanía alimentaria; al medio ambiente; a la sanidad de las granjas de camarón mexicano, así como a la salud de la población.

El juez Francisco Pérez Mier determinó que las autoridades deberán iniciar, de inmediato,el procedimiento de verificación de origen del crustáceo, así como certificar cada una de las granjas de las que se importe de manera legal el producto, a fin de que proporcionen su contabilidad y capacidad de producción, con la finalidad de evitar la triangulación de camarón ecuatoriano a nuestro país, entre otras cosas. 

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