Ebrard dijo que viajará a la capital estadounidense con otros funcionarios mexicanos para tratar de encontrar puntos de acuerdo sobre el maíz modificado genéticamente y otras cuestiones.

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Los mandatarios de Canadá, México y Estados Unidos tienen previsto reunirse en la Ciudad de México el 9 de enero.

México desencadenó la disputa cuando anunció sus planes de prohibir las importaciones de maíz transgénico para consumo humano y quizá también para alimentación animal.

México fundamentó su decisión en preocupaciones en materia de salud, pero una restricción comercial de ese tipo violaría el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. México lleva años importando maíz transgénico estadounidense, por valor de aproximadamente 3.000 millones de dólares al año, y es el mayor mercado de exportación de maíz estadounidense.

Los funcionarios mexicanos esperan evitar una querella dentro de los mecanismos del tratado sobre este tema, así como una disputa separada referente al sector energético mexicano.

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Estados Unidos dice que México está favoreciendo injustamente a sus compañías estatales de electricidad y petróleo sobre los competidores estadounidenses y proveedores de energías limpias. Canadá también se ha sumado a esta queja.

Estados Unidos solicitó inicialmente reuniones en julio, pero hasta ahora no han aportado ninguna solución. Estados Unidos podría exigir un panel de arbitraje, y la disputa podría acabar en sanciones comerciales contra México.

Fuente: Los Angeles Times https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-12-13/mexico-intenta-resolver-disputa-con-eeuu-por-maiz

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Este miércoles 3 de agosto, en declaración conjunta de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se informó que los ciudadanos de Brasil tendrán que tramitar una visa física, que será de manera temporal, para entrar a territorio mexicano.

Lo anterior aplica para aquellos que busquen viajar a México para hacer turismo, sin permiso para realizar actividades remuneradas, por lo que el anterior Sistema de Autorización Electrónica (SAE) quedará suprimido.

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Como dato histórico, de acuerdo con información del Consulado General de México en Sao Paulo, desde  2013, los gobiernos de México y Brasil acordaron la supresión del visado de corta duración en pasaportes ordinarios para sus ciudadanos.  

Desde el 11 de diciembre de 2021, el SAE había sido implementado para turistas brasileños. Ahora, deberán cumplir con los requisitos que las oficinas consulares mexicanas solicitan y obtener la visa ante la SRE.

¿Desde cuándo se hará efectivo?

Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las normas tienen 15 días naturales para entrar en vigor. Así que, a partir del jueves 18 de agosto de 2022 será cuando las nuevas medidas comenzarán a hacerse efectivas.

¿Por qué se aplicó esta medida?

La Unidad de Política Migratoria de Segob anunció que, en la primera mitad de 2022, 152,88 brasileños entraron a México, de los cuales 1,874 fueron puestos a disposición de la autoridad migratoria y 70 de ellos fueron deportados.

La razón principal, dada a conocer por el Gobierno mexicano, fue la de fortalecer una migración segura, ordenada y regular, así como la erradicación de la trata de personas, el tráfico de migrantes y las campañas de desinformación que lucran con ellos.

También existe preocupación por el éxodo venezolano y distintos movimientos de personas desde distintos países del sur de América.

Debido a que el flujo migratorio no se ha reducido y a las presiones de Estados Unidos, principal destino de los migrantes, las autoridades mexicanas, junto con el Instituto Nacional de Migración, han tomado esta medida.

Mexicanos a Brasil

Las autoridades brasileñas todavía no han comunicado si, en reciprocidad, los mexicanos también estaremos sujetos a tramitar una visa para entrar a su territorio.

Desde noviembre del año pasado, México solicitó la visa electrónica a los ciudadanos brasileños debido a “un incremento sustancial” en el movimiento migratorio desde Brasil, lo cual se ha agravado.

El mismo comunicado anuncia que el Gobierno mexicano está dispuesto a cooperar con autoridades brasileñas en búsqueda de soluciones mutuas ante los problemas mencionados.

Fuente: El Universal.

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La reforma energética mexicana debe resolver las preocupaciones del gobierno y de las empresas estadounidenses en “temas difíciles” como contratos y permisos, o de lo contrario no habrá confianza en invertir en la economía mexicana, advirtió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

En un foro del Consejo Atlántico de Washington, donde estuvo acompañado por el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, el embajador estadounidense dijo entender que México es un país soberano, pero insistió en que la preocupación de Estados Unidos es que el desenlace de la reforma apoye la integración de las cadenas de abasto entre los dos países.

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“Necesitamos trabajar en muchos asuntos difíciles, uno de los cuales tiene que ver con contratos, permisos. Estamos presionando por la resolución de esos asuntos, ojalá haya una resolución porque de otra manera no se puede tener confianza en invertir en México”,

alertó el diplomático de origen mexicano.

Salazar reconoció la apertura del presidente Andrés Manuel López Obrador para reunirse con el enviado especial para cambio climático John Kerry, con la secretaria de Energía, Jennifer Granholm y con él mismo. “Todos hemos expresado nuestras preocupaciones reales. En el mundo del Departamento de Estado le llaman ‘inquietudes’, yo lo llamo temblores”, dijo en español.

Al final de su visita en enero pasado a México, Granholm dijo haber compartido con el presidente mexicano su preocupación sobre el “potencial impacto negativo” de la propuesta de reforma energética en la inversión privada estadounidense en México y en los esfuerzos conjuntos en materia de energías limpias y cambio climático.

En su turno, el embajador Moctezuma dijo creer que el desenlace de la reforma energética garantizará el fortalecimiento de la CFE y también un mercado “abierto, transparente y eficiente”.

Indefinición, un lastre

Por su parte, directivos bancarios advirtieron que la falta de definición en el sector energético está causando un lastre importante en la inversión privada, lo que se está reflejando en el bajo crecimiento.

“Nosotros esperábamos que una parte muy importante de la inversión en México iba a ese sector (eléctrico) y como eso no se está materializando, estamos viendo un lastre importante en el potencial económico de México. Se tiene que corregir y se tienen que clarificar las reglas de cómo y cuándo la gente puede invertir en ese sector”,

señaló Jorge Arce, director general del Grupo Financiero HSBC México.

Consideró que hay poca definición en varios sectores, lo que no sirve a nadie, “esperábamos que gran parte de la inversión privada extranjera y local iba a ir al sector energético, como esto no es posible en este momento, porque hay una falta de definición, y no es algo atractivo para el gobierno que vengan más inversores en ese sector en este momento, eso está causando un lastre importante en la inversión privada y en México, y lo vemos en el poco crecimiento”, explicó el también presidente del Consejo de Administración de HSBC México.

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En entrevista por separado, Adrián Otero, director general de Scotiabank México, explicó que el sector energético es clave para el crecimiento del país, ya que la actividad productiva requiere luz, gas y petróleo para operar, por lo que urge tener claridad en el sector lo antes posible.

“Hemos estado pendientes y hemos dado seguimiento puntual al tema de la reforma, pero confiamos en que va a haber un diálogo, en que las autoridades lo están revisando a detalle, y sabemos que se van a analizar los impactos que se van a tener”,

indicó.

Consideró que si bien los cambios generan incertidumbre, también para algunos puede ser un momento de oportunidades.

Promover inversiones, pide IP

Por otra parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la generación de inversiones del sector privado para apoyar la recuperación económica fue el tema central de la reunión que sostuvieron con el canciller Marcelo Ebrard, la subsecretaria Martha Delgado y otros miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Desde el CCE reiteramos nuestro compromiso con México para lograr juntos una pronta recuperación económica”,

publicó el CCE en Twitter.

En tanto, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), resaltó la importancia de incluir a las Mipymes en la cadena de suministro de EU, así como el reto de obtener financiamiento competitivo para lograrlo.

Fuente: El Financiero.

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Decenas de migrantes de Haití, Cuba y países africanos, que llegaron a México, arrojaron piedras y palos a policías y funcionarios de migración en la ciudad sureña de Tapachula.

El incidente estalló después de las quejas de que el procesamiento de las solicitudes de asilo o visa humanitario estaba tardando demasiado.

El Instituto Nacional de Migración, en un comunicado, dijo que los que atacaron a la policía insistieron en que tomen su propia acción ante quienes ya tienen citas impidiéndoles ingresar a una oficina de migración.

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Unas 100 personas quemaron neumáticos y basura, bloqueando una carretera en la zona durante varias horas, después de que la policía obligara a los migrantes a abandonar la zona.

Algunos arrojaron piedras y palos a la policía y los funcionarios de migración.

Y no se hizo ninguna declaración oficial sobre heridos en el enfrentamiento.

Fuente: TRT Español.

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A partir del pasado 21 de enero los ciudadanos venezolanos necesitan usar una visa para entrar a México, luego de que apenas unas semanas el gobierno mexicano anunciara la decisión. Pero no nada más, sino que en los pasados meses México implementó el requerimiento de visa para ciudadanos de Ecuador y también de Brasil.

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La decisión del gobierno mexicano se dio para reducir el número de migrantes venezolanos en el país, muchos de los cuales están de paso para cruzar a Estados Unidos. En el caso de Venezuela, México se suma a una la larga lista de países que ya han impuesto la visa como requisito, sobre todo después de 2015, cuando empezó a incrementarse la migración proveniente de Venezuela. En 2017, Panamá impuso la exigencia de una visa para los venezolanos, mientras que en 2018 se sumó Chile y para 2019 también Perú, Trinidad y Tobago y Ecuador.

Sin embargo, la medida se suma también a la decisión de suspender los acuerdos de no visado que México tenía con Brasil y Ecuador en meses pasados.

¿Por qué la decisión de México?

Al anunciar la medida, el gobierno mexicano dijo que se ha identificado un incremento sustancial de venezolanos que ingresan al país “con una finalidad distinta a la permitida por la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”.

Asimismo, México dijo que se había incrementado la tendencia de ciudadanos venezolanos que estaba en tránsito para ir a un “tercer país”. Según el gobierno de México, se ha presentado un incremento de más del 1,000% el flujo de venezolanos, en comparación con los cinco años previos.

De acuerdo a las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero y noviembre pasado ingresaron a través de aeropuertos mexicanos 160,379 venezolanos, cifra que supera en más del quíntuple el registro del mismo período del 2020, que fue de 29,789.

Las autoridades mexicanas, asimismo, han reconocido que ha habido un aumento en declaraciones falsas sobre los motivos de viaje, la diversificación de rutas de tránsito, y algunos delitos asociados a la movilidad internacional, como la trata de personas y el tráfico de migrantes.

¿Ofrecer refugio y protección?

Diversas instituciones pidieron a México no implementar la medida. Amnistía Internacional envió una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador donde decía que la mayoría de los venezolanos que huyen de su país “son personas refugiadas y tienen derecho a protección internacional”.

En los últimos años más de seis millones de personas han salido de Venezuela, huyendo de la compleja crisis social y económica que golpea a la nación sudamericana, según cifras de las Naciones Unidas.

Debido al incremento de salida de su país por parte de ciudadanos venezolanos, la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados lanzaron en diciembre pasado un plan regional por $1,790 millones en apoyo a las crecientes necesidades de los refugiados y migrantes de Venezuela, y las comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe.

¿Presión de Estados Unidos?

Por otro lado, ha habido reportes que indican que la decisión del gobierno mexicano se debe a una presión por parte de Estados Unidos. La agencia de noticias Reuters escribió que una persona cercana a las relaciones entre México y Estados Unidos dijo que Washington había pedido a México imponer restricciones de visa a los venezolanos, y señaló que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se ha quejado del incremento de migrantes venezolanos que llegan al país.

El reporte de la agencia de noticias, publicado en noviembre pasado, agrega que otra fuente dijo que la presión por parte del gobierno estadounidense aumentó luego del verano pasado, cuando la llegada de venezolanos a Estados Unidos se había disparado.

Antes ya se había reportado que en octubre, el gobierno de Biden quería que México impusiera requisitos de visa a ciudadanos brasileños para complicar su camino a la frontera con Estados Unidos. Y en septiembre, México suspendió las exenciones de visa para ecuatorianos durante seis meses luego de un fuerte aumento en la llegada de ciudadanos de aquel país a la frontera de Estados Unidos

¿Qué pasó con Ecuador y Brasil?

Al igual que pasó con Venezuela, México suspendió recientemente los acuerdos de no visado con Brasily Ecuador para frenar el flujo de migrantes que van hacia Estados Unidos.

A partir del 11 de diciembre, los turistas brasileños deben presentar visa para entrar a México. El comunicado de la secretaría de Relaciones Exteriores de México decía que la decisión “obedece al incremento de flujos irregulares [de migración] y a que de manera lamentable, grupos delictivos lucran, con base en engaños, del interés de nacionales brasileños por migrar de manera irregular a Estados Unidos a través de México”.

Asimismo, a partir del 4 de septiembre y hasta marzo de 2022 —por el momento—, los viajeros ecuatorianos que vayan a México deben pedir autorización previa a las autoridades migratorias para entrar al país. Según cifras que el gobierno mexicano dio a conocer entonces, solo uno de cada tres ecuatorianos identificados como turistas que llega a México, vuelve a su país. Además, la cantidad de viajeros ecuatorianos que llega a México no ha dejado de crecer desde que se se había eliminado el requisito de visa, en noviembre de 2018.

Fuente: Dallas News.

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Cada 27 de enero en México se celebra el Día del Nutriólogo para reconocer la labor que día a día realizan los profesionales de la nutrición y alimentación. Como dato curioso, este día fue elegido por la fecha de registro que tiene la Asociación Mexicana de Nutrición (AMN) que tiene gran importancia en el país.

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Todas las nutriólogas y nutriólogos tienen una responsabilidad muy alta en la salud pública que se relaciona también con el bienestar colectivo, además de mejorar la calidad de vida entre las poblaciones.

Los nutriólogos tienen la capacidad y los conocimientos especializados en atender problemas relacionados con la alimentación, y darle un giro de 360 grados al estilo de vida que tienen muchas personas para mostrar su mejor cara saludable.

El Día del Nutriólogo fue creado por la Asociación Mexicana de Nutriología (Amenac) y obtuvo su registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el 27 de enero de 1975 y desde entonces hasta la actualidad su especialización ha sido de gran beneficio y aporte para México.

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En los últimos años México ha liderado en diversas ramas alimenticias en forma negativa, y es que la mala nutrición ha puesto en jaque la salud de millones de mexicanos provocando que se disparen las estadísticas de enfermedades que afectan principalmente a los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y las comunidades más vulnerables.

Algunas de las enfermedades causadas por una mala alimentación son:

• Anemia: es causada por el bajo consumo de hierro y bajan los niveles de glóbulos rojos.
• Obesidad: es provocado por el exceso de alimentos procesados y condimentados, así como alto consumo de azúcares
• Gastritis: por alto consumo de alimentos condimentados
• Enfermedades cardiovasculares: de una mala alimentación pueden terminan en pasos cardiacos.

Otras enfermedades relacionadas con una mala alimentación son padecimientos como la gastrointestinales, hepáticos, tuberculosis, depresión, cáncer y entre otras más.

Fuente: as.

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El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo el martes (21.12.2021) que su país no se plantea aplicar «restricciones» de viajes, al intervenir durante una reunión telemática convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sobre la variable ómicron del coronavirus.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que Ebrard explicó que «México está trabajando en un plan de vacunación de refuerzo para la población elegible y que no se planea imponer, hasta el momento, restricciones a los viajes nacionales».

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Además, instó a los representantes de 17 países a «mantener un mensaje de prevención y vacunación».

Por su parte, Blinken dio a conocer la intención del gobierno de Estados Unidos de sostener una nueva reunión ministerial a principios del próximo año, detalló la Cancillería mexicana.

El secretario de Estado subrayó la necesidad del «fortalecimiento de las cadenas de suministro» de material médico, la «aceptación de distintos tipos de vacunas» contra el COVID-19 y el objetivo de haber vacunado al 70 % de la población mundial a finales de 2022.

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El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha sugerido «cancelar o retrasar» fiestas decembrinas ante el avance de ómicron y la prevalencia de delta, por lo que países europeos y regiones de Brasil y Estados Unidos han implementado restricciones.

México acumula 3,93 millones de casos de COVID-19 y casi 300.000 muertes reconocidas, la cuarta cifra más alta del mundo, desde el inicio de la pandemia.

Fuente: DW.

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Los Gobiernos de México y Estados Unidos presentaron un plan de trabajo derivado del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), relanzado el 9 de septiembre, mediante el cual ambas naciones trabajarán de manera conjunta para fortalecer la relación bilateral, informó el Gobierno mexicano.

Por ahora, el mecanismo incluye más de 10 proyectos concretos basados en cuatro pilares: reconstruir juntos, promover el desarrollo económico, social y sustentable en el sur de México y Centroamérica, además de asegurar las herramientas para la prosperidad futura y la inversión.

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En un comunicado conjunto, las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Economía, de Hacienda y Crédito Público, los Gobiernos mexicano y estadounidense recordaron que el primer pilar del DEAN busca el fortalecer las cadenas de suministro y coordinar su gestión en situaciones de crisis y la cooperación entre México-Estados Unidos en tecnologías ambientales.

Además de mejorar las condiciones fronterizas para facilitar el comercio bilateral legal y el tránsito de personas y la asociación para la facilitación comercial para equipo médico.

El segundo tiene como objetivo la asociación entre México y EU para abordar las causas de la migración irregular en el sur de México y el norte de Centroamérica.

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En tanto, el tercer pilar busca la cooperación México-Estados Unidos en redes de telecomunicaciones y TIC de vanguardia y fortalecer la cooperación en materia de ciberseguridad y la cooperación digital sobre normas de privacidad fronteriza.

Mientras que el cuarto pilar impulsará una campaña de apoyo al crecimiento económico mediante la innovación y la creatividad. Además de una recuperación inclusiva a través de iniciativas para invertir en emprendedores y Mipymes y programas de formación técnica en sectores prioritarios.

El pasado 9 de septiembre, Estados Unidos y México retomaron el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), un mecanismo que había quedado en pausa desde 2016 y con el que ambos países buscan fortalecer su relación económica y comercial e impulsar las inversiones y el empleo en Centroamérica.

Ambos Gobiernos tienen la idea de llevar a cabo reuniones mensuales para impulsar el mecanismo.

Fuente: Forbes.

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“Ha sido muy largo el camino, nos han aventado de todo pero ya estamos aquí. Ha sido complicado y difícil”,

dijo a Efe el activista de Pueblo Sin Fronteras y acompañante de la caravana Irineo Mujica, en el campamento migrante instalado en el norte de la ciudad.

La caravana, compuesta por cerca de 300 personas, en su mayoría de Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití, es la primera que logra llegar a la capital mexicana desde finales de 2018, ya que desde entonces todos los contingentes habían sido disueltos por las autoridades mexicanas en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos.

DEL BLOQUEO A LA ASISTENCIA

Los migrantes, que salieron en octubre pasado de Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, llegaron el domingo por la noche a las puertas de la Ciudad de México, donde un fuerte dispositivo policial impidió su paso.

Tras momentos de enfrentamientos, las autoridades levantaron el bloqueo y los migrantes cumplieron su objetivo de llegar a orar a la Basílica de Guadalupe en el Día de la Virgen.

Posteriormente, pernoctaron en un campamento de lonas y colchonetas en un estacionamiento de la Casa del Peregrino, cercano al templo, donde las autoridades locales repartieron alimentos y mascarillas.

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En rueda de prensa, la alcaldesa capitalina, la oficialista Claudia Sheinbaum, aseguró que no impidió el acceso de la caravana y prometió “garantizar” los derechos de los migrantes.

Pero Mujica denunció que la política migratoria del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido “la más dura de la última década” y acusó a las autoridades de haber combatido la caravana con “tortura física y psicológica” durante los más de 1.100 kilómetros de recorrido.

Además, responsabilizó a las autoridades del accidente del pasado viernes en el que murieron 55 migrantes al volcar en Chiapas un camión de traficantes de personas.

RESIDENCIA PERMANENTE O HACIA EE.UU.

Los cerca de 300 migrantes, la mayoría mujeres y niños, amanecieron visiblemente agotados en el campamento, donde las autoridades sanitarias realizaron este lunes pruebas de COVID-19 y aplicaron vacunas contra la gripe.

Todavía no saben cuántos días se quedarán en la capital mexicana.

Muchos salieron de Tapachula por los retrasos en los trámites migratorios y esperan que el Gobierno federal les otorgue su residencia permanente en México, aunque no descartan seguir su camino hacia Estados Unidos.

Es el caso de Isabel Andino, una hondureña de 33 años que salió de su país por la extorsión de las maras y a la que las autoridades mexicanas denegaron la condición de refugiada.

“Ayer fuimos a la Basílica y le pedí a la Virgen que toque el corazón del presidente y nos pueda ayudar a todos mis hermanos porque este camino ha sido duro para nosotros. No lo tomamos porque queremos, sino para salir adelante”,

dijo sin poder contener el llanto al pensar en sus hijos que se quedaron en Honduras.

Fany Mejía, también hondureña, sí emprendió el viaje con sus dos hijas de siete y cinco años, quienes ya sufren yagas en los pies de tanto caminar.

“Si México no nos atiende la idea es continuar y que nos den la oportunidad de pasar libremente hasta la frontera norte”,

dijo esta licenciada en Educación que no tiene trabajo en su país.

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En cambio, Carlos David Flores, guatemalteco de 22 años, tiene claro que quiere llegar a Estados Unidos, donde ya se encuentra su hermano, aunque sabe que el camino “se va a poner más caliente” a medida que avance hacia el norte.

“En Guatemala hay mucha extorsión, mucha matanza, todo el país es corrupto y decidí salir para sacar adelante a mi familia”,

esgrimió este joven que viaja en solitario.

El Gobierno mexicano acordó en 2019 con la Administración de Donald Trump frenar el flujo de migrantes que atraviesan México con destino a Estados Unidos.

Desde la llegada en enero pasado de Joe Biden a la Casa Blanca, la región vive un flujo migratorio sin precedentes, pues México ha interceptado a 228.115 migrantes y ha deportado a 82.627 de enero a octubre de 2021, números no vistos en más de 15 años.

Además, 123.000 migrantes solicitaron refugio en los primeros 11 meses del 2021 en México, otro récord absoluto, pues en años anteriores se llegaba a unas 40.000 peticiones.

Fuente: Los Angeles Times.

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La decisión de reactivar el programa “Quédate en México” (Remain in Mexico) en la frontera con Estados Unidos expondrá a los solicitantes de asilo nuevamente a riesgos de secuestro, extorsión, violación sexual y otros abusos, señaló hoy Human Rights Watch. También violará su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.

Si bien el programa ha sido modificado por la administración Biden, hay pocas razones para creer que las agencias gubernamentales responsables de implementar Quédate en México puedan hacerlo de un modo que respete los derechos humanos, explicó Human Rights Watch. Las agencias fronterizas, a ambos lados de esta, han estado implicados en un número de abusos que son intrínsecos al programa y siguen actuando con casi absoluta impunidad. 

“En el marco del programa Quédate en México, Estados Unidos y México han adoptado medidas a sabiendas de que ponían en riesgo la vida de miles de solicitantes de asilo”, señaló Ari Sawyer, investigadora fronteriza en Human Rights Watch. “No hay forma de que un programa diseñado para postergar el derecho a solicitar asilo obligando a las personas a esperar en sitios peligrosos pueda operar de modo que respete sus derechos. Los gobiernos de Estados Unidos y de México deberían dar marcha atrás de inmediato”.

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Los gobiernos de EE. UU. y de México anunciaron que, a partir del 6 de diciembre, empezarían a inscribir a solicitantes de asilo en Quédate en México, incluyendo a personas que no hablan español, como haitianos, brasileños y personas indígenas, y los enviarían a siete ciudades en la frontera mexicana para que esperaran allí el resultado de sus solicitudes.

La nueva iteración del programa no toma en cuenta que muchos de aquellos enviados a México como parte de la iniciativa han sido blancos sistemáticos de violencia por organizaciones delictivas y, a veces, por policías y agentes migratorios mexicanos. Si bien el gobierno de EE. UU. afirma que mejorará el proceso de identificar solicitantes con vulnerabilidades para evitar que sean enviados a México, esto seguirá dependiendo de que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los remitan a una entrevista con un funcionario de asilo.

Human Rights Watch ha concluido que, tanto en el contexto de Quédate en México como fuera de él, los agentes generalmente no realizan las remisiones que exige la ley. El programa ha agudizado las falencias que ya tenía el sistema de tribunales de migración estadounidense, incluyendo la falta de acceso a asesoramiento jurídico, obstáculos a la representación legal, falta de transparencia y garantías legales limitadas.

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Además, el programa seguirá enviando a solicitantes de asilo a dos ciudades en el estado de Tamaulipas, un lugar particularmente peligroso. Allí, organizaciones delictivas y policías del estado han perpetrado ejecuciones masivas de migrantes. Tanto las autoridades estadounidenses como mexicanas reconocen que los secuestros son frecuentes en la zona de Tamaulipas cercana a la frontera estadounidense. El Departamento de Estado de los EE. UU. ha emitido una alerta de “No viajar” para el estado, en la cual indica que “miembros fuertemente armados de organizaciones delictivas suelen patrullar zonas del estado y actúan con impunidad, sobre todo a lo largo de la región de la frontera”. Human Rights Watch y otros actores han instado reiteradamente al gobierno de EE. UU. a que no envíe solicitantes de asilo a Tamaulipas.

En la versión previa del programa, ambos gobiernos aseguraron que solo enviarían solicitantes de asilo que hablaran español a México, pero Human Rights Watch determinó que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) también enviaban a solicitantes de asilo que no hablaban el idioma, incluyendo personas indígenas. Muchos solicitantes de asilo que no hablan español y fueron enviados a México por el gobierno de Biden han sufrido discriminación y han tenido dificultades para trabajar y acceder a servicios públicos.

Entre enero de 2019 y enero de 2021, la administración del expresidente Donald Trump envió más de 71 mil solicitantes de asilo a México como parte del programa Quédate en México, incluyendo decenas de miles de niños y niñas y personas con discapacidad y condiciones de salud crónicas. La administración Biden puso fin al programa oficialmente en junio. El presidente Biden calificó al programa de “peligroso” e “inhumano” y un memorando del Departamento de Seguridad Nacional explicó que la decisión del gobierno se debía al reconocimiento de sus “falencias generalizadas” y “costos humanos injustificables”.

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La administración Biden señaló que se ve obligada a reanudar el programa debido a una decisión de la Suprema Corte, pero que lo hará con “mejoras de carácter humanitario”. Estas incluyen resolver la mayoría de los casos de asilo en un plazo de seis meses, asegurar que los solicitantes de asilo tengan acceso a asesoría legal y verificar que las “personas particularmente vulnerables” no sean inscritas en el programa.  También ha prometido que aquellos enviados a México tendrán acceso a albergues y medios de transporte seguros y podrán obtener permisos de trabajo y acceder a centros de salud y otros servicios en México.

Tanto Estados Unidos como México prometieron muchas de estas presuntas mejoras durante primera instancia del programa, pero nunca se concretaron. El gobierno de EE. UU. expuso a solicitantes de asilo al riesgo de ser torturados en México, pese a reconocer desde el inicio del programa su obligación de asegurar que esto no sucediera conforme a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Estados Unidos también se comprometió previamente a no enviar a solicitantes de asilo de grupos vulnerables a México, pero Human Rights Watch comprobó que los agentes fronterizos no evaluaban si las personas tenían vulnerabilidades o bien, a sabiendas, enviaban a México a solicitantes de asilo particularmente vulnerables, incluyendo personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), personas con discapacidad o condiciones de salud crónicas y mujeres embarazadas. El gobierno mexicano tampoco identificó a personas con discapacidad o condiciones de salud crónicas que Estados Unidos había enviado a México en el marco del programa.

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Cuando inicialmente aceptó participar en el programa Quédate en México, el gobierno mexicano se comprometió a encargarse de la seguridad de los solicitantes de asilo que esperaran en el país y a garantizar que tuvieran acceso a trabajo, atención de la salud, educación y el sistema de justicia. Sin embargo, Human Rights Watch concluyó que el gobierno mexicano no brindó estas protecciones y dejó a miles de personas varadas en México sin posibilidades de mantenerse económicamente ni de acceder a servicios básicos, y sin vías de recurso cuando sufrían abusos por parte de carteles delictivos o autoridades mexicanas.

El gobierno de Biden dijo que se cerciorará de que los solicitantes de asilo inscritos en el programa tengan acceso a asesoría legal. Anteriormente, Human Rights Watch concluyó que el programa había impedido que tuvieran un acceso efectivo. Diversos abogados dijeron a Human Rights Watch que los riesgos a su seguridad y dificultades logísticas les impedían viajar a México, y que generalmente los solicitantes de asilo en el programa no tenían domicilios ni números de teléfono fijos.

Previamente, tan solo un 10 por ciento de los solicitantes de asilo en el programa contaron con representación legal. Ahora, muchos abogados se están negando a que el gobierno incluya sus nombres en las listas de abogados ad honorem distribuidas a solicitantes de asilo, sosteniendo que no van a ser cómplices de un programa que viola las leyes estadounidenses y el derecho internacional de los derechos humanos.

Ni el gobierno de EE. UU. ni el de México han precisado cómo prevén cumplir sus compromisos bajo la nueva iteración del programa ni han explicado por qué no lo hicieron anteriormente.

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El gobierno de López Obrador señaló en una declaración en noviembre que solo aceptaría reanudar Quédate en México si la administración Biden abordaba ciertas “preocupaciones de índole humanitaria”, incluyendo el compromiso de no asignar solicitantes de asilo de grupos vulnerables al programa y a aportar fondos para programas de desarrollo económico para América Central. En diciembre, el gobierno mexicano informó que había aceptado reanudar el programa porque la administración Biden había abordado estas cuestiones.

Ninguna de esas dos  declaraciones abordó los abusos ampliamente documentados que policías y agentes de migración mexicanos cometieron contra solicitantes de asilo en el programa. En el pasado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha negado que ocurrieran abusos en el marco del programa y sostenido que había sido “muy bueno el resultado”.

“Es claro que el presidente López Obrador tan solo pretende estar preocupado por las violaciones de derechos humanos que ocurrirán al reanudar el programa Quédate en México”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si realmente le importara poner fin a los abusos atroces que han padecido los solicitantes de asilo en el programa, se habría negado clara e inequívocamente a participar en él desde el principio”.

Fuente: Human Rights Watch.

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