Un grupo de ciberdelincuentes hackeó a Mercado Libre y tuvo acceso no sólo al código fuente de la empresa, sino que también a los datos de aproximadamente 300 mil usuarios en México y América Latina.

Los indicios de este ataque comenzaron el domingo por la noche, cuando el grupo cibercriminal Lapsus$, conocido por vulnerar a Nvidia y Samsung, subió una encuesta en la que pedía elegir a su próxima víctima, siendo las opciones Vodafone, Impresa, Mercado Libre y Mercado Pago.

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En dicha encuesta aseguraron tener más de 24 mil repositorios de código fuente de la empresa de comercio electrónico y la plataforma de pagos.

Fue hasta el lunes por la tarde cuando Mercado Libre finalmente confirmó la efectividad del ataque y precisó que cerca de 300 mil usuarios en la región, pudieron verse afectados.

Recientemente hemos detectado que parte del código fuente de Mercado Libre, Inc. ha sido objeto de acceso no autorizado. Hemos activado nuestros protocolos de seguridad y estamos realizando un análisis exhaustivo», fue parte del comunicado oficial.

La empresa dirigida por Stelleo Passos Tolda, aceptó que los ciberdelincuentes tuvieron acceso a los datos de cientos de miles de usuarios, pero dijo que no hay indicios de que tuvieran acceso a las contraseñas de usuarios, balances de cuenta, inversiones, información financiera o de tarjetas de pago, aunque eso estaba todavía por investigarse.

Acciones en picada

El hackeo tuvo impacto en el precio y el valor de capitalización de las acciones de Mercado Libre, ya que sus títulos se desplomaron 9.2% al cierre de la jornada del lunes, al ubicarse en 957.87 dólares.

Mercado Libre aseguró que está tomando medidas estrictas para evitar nuevos incidentes, sin embargo, analistas coincidieron en que sus problemas no han acabado y la información de los usuarios de esta plataforma seguirá en riesgo.

Particularmente porque Lapsus$ es un grupo cibercriminal que destaca por pedir un rescate para así no filtrar la información que roba de sus víctimas.

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Por ejemplo, a Nvidia le dio un plazo atender sus demandas y como prueba filtraron una porción de los datos robados, la cual contiene el código fuente e información confidencial de varios componentes de los drivers de las tarjetas gráficas de la empresa.

Fuente: Dinero en Imagen.

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La proliferación de actividades económicas ilícitas en México es el mayor de los riesgos que podría presentarse en un lapso de uno a cinco años, de acuerdo con el panel expertos del más alto nivel consultados por el Foro Económico Global (WEF, por su sigla en inglés).

Se refieren en específico a la proliferación de actividades informales o ilegales que socavan el avance y crecimiento económico, como son falsificación, flujos financieros ilícitos, comercio ilícito, evasión de impuestos, trata de personas y crimen organizado.

Acompañan a México en este riesgo, países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Malawi, Malta, Moldavia, Sudáfrica, Túnez y Venezuela. En el caso de México y Perú, este riesgo fue seleccionado con más frecuencia por la mayoría de los expertos consultados por el WEF.

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Al interior del “Global Risk Report 2022”, divulgado por el Foro Económico desde Ginebra, Suiza, incorporaron un radar de Percepciones de riesgo nacional para cada uno de los 124 países revisados.

En el caso de México, identificaron dos riesgos de tipo económico: proliferación de actividades económicas ilícitas y el estancamiento económico prolongado; uno de orden geopolítico: el colapso del Estado; uno más de tipo social (crisis de empleo y medios de subsistencia) y uno de índole tecnológico: la desigualdad digital.

Ordenados en función de la frecuencia con que fueron mencionados por los 12,000 expertos consultados por el WEF, identificaron como el segundo mayor riesgo para México el estancamiento económico prolongado.

Detallaron que este riesgo supone un crecimiento del PIB cercano a cero, o un avance muy lento en la economía durante muchos años.

Identificaron en este factor de riesgo a países como Angola, Argentina, Armenia, Bahrein, Austria, Barbados, Bosnia y Herzegovina; Botswana, Brasil, Brunei Darussalam; Camboya,  Cabo Verde, Chile, Costa Rica, Croacia, Chipre, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Grecia, Honduras, Hong Kong, Kenya, Latvia, Líbano, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nigeria y Macedonia del Norte.

Colapso del Estado y la institucionalidad

El tercer mayor riesgo para México, ubicado en ese sitio por la frecuencia de menciones de los expertos consultados, es el colapso del Estado.

Se refieren en específico a un deterioro del Estado resultado de un conflicto interno, ruptura del respeto a la legalidad, erosión de instituciones, golpe militar o bien inestabilidad regional.

En este riesgo acompañan a México países como Angola, Argentina, Azerbaiyán, Barbados, Bolivia, Botswana, Camboya, Cabo Verde, Chile, China, Colombia, El Congo, Costa Rica, República Checa, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Islandia, Laos, Líbano, Mongolia, Panamá, Paraguay, Perú, Eslovaquia, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Túnez y Ucrania.

Desempleo y medios de subsistencia

El cuarto mayor riesgo que identificaron los expertos para México es la crisis de empleo y medios de subsistencia.

Tal como lo plantea el WEF, este riesgo responde al deterioro estructural de las perspectivas y/o estándares laborales para la población en edad de trabajar: desempleo, subempleo, salarios más bajos, contratos frágiles así como la erosión de los derechos de los trabajadores.

Tal como en el caso de México, este es un factor de riesgo para países como Angola, Argentina, Bahrain, Barbados, Bangladesh, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Georgia, Ghana, Honduras, Indonesia e Irán, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Malawi, Malasia, Mauricio, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Panamá Paraguay, Perú, Filipinas, Portugal, Rumania, Rusia, Rwanda, Senegal, Serbia y Sierra Leona.

Desigualdad digital

El quinto y último mayor riesgo de México que encontraron los expertos consultados por el WEF es la desigualdad digital.

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Este factor de riesgo es generalizado entre las economías de América Latina y de África Subsahariana.

La desigualdad digital corresponde a la desconexión de las personas. Se refiere al acceso fracturado y/o desigual a las redes y tecnologías digitales críticas, entre países, al interior de ellos. Refleja la capacidad desigual de inversión, falta de habilidades para su desarrollo y aprovechamiento en el capital humano, poder adquisitivo insuficiente, restricciones gubernamentales y diferencias culturales.

Fuente: El Economista.

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Más de 5.810 millones de dólares en valores en poder de los fondos de pensiones en México estarían en jaque si el Congreso aprueba el proyecto de reforma energética enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, según un análisis de la firma estadounidense REDD Intelligence. Los fondos que administran las pensiones invirtieron en proyectos de energía que nacieron con la reforma del sector eléctrico de la Administración federal anterior, misma que el actual Gobierno quiere revertir para dar al Estado el control del mercado.

REDD estima que el monto total de la inversión privada en el sector afectado por el proyecto de ley alcanza los 45.000 millones de dólares, de inversores nacionales e internacionales. La cifra que afectaría a los fondos que administran las pensiones de los mexicanos, conocidos como Afores, es menor, pero la pérdida impactaría a los millones de mexicanos que tienen una pensión y no solo a inversores como grandes bancos o empresas.

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“Es solo el 2% de todos los activos que tienen las Afores, pero sigue siendo un mundo de dinero”, explica Xóchitl Herrera, coautora del reporte. “Las Afores ya están cobrando comisiones anuales y encima de estos costos tienes estas minusvalías, que, en su momento, eran una buena inversión, pero ahora, si la reforma pasa como está, es menos dinero para el retiro de los mexicanos”.

A partir de la apertura del mercado energético en el país en 2013, compañías privadas emprendieron en parques eólicos, solares y proyectos petroleros para los cuales buscaron capital. El 90% del financiamiento de proyectos en energías renovables se hizo a través de deuda, ya sea en bonos u otros instrumentos financieros. Las Afores invirtieron en estos instrumentos financieros por los atractivos rendimientos a largo plazo que prometían una vez que entraran en operación. Ahora, si sus licencias son suspendidas o sus contratos cancelados como tiene contemplado la reforma constitucional de López Obrador, ese dinero se perdería y los afectados serían los jubilados.

“Fondos de pensiones extranjeros también han invertido en este mercado”, dice el reporte, firmado también por el especialista Édgar Sigler, “por ejemplo, el CDPQ de Canadá y el fondo de pensiones mexicano CKD IM compraron una participación del 80% en ocho parques operados por la empresa italiana Enel en 2018. El fondo estadounidense BlackRock y el fondo de inversión Actis también poseen grandes porciones de algunos de estos tipos de proyectos, dijeron dos fuentes de la industria”,

asegura REDD. Esto quiere decir que las pensiones de ciudadanos en estos países también pudieran verse afectadas.

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El presidente López Obrador busca reformar la Constitución de manera que solo el 46% de la generación eléctrica del país esté en manos de empresas privadas, en comparación con el 62% que aportan actualmente. El Gobierno busca hacer de la empresa del Estado Comisión Federal de Electricidad (CFE) el actor preponderante en el sector, para garantizar su monopolio. Si el proyecto de ley se aprueba, resultaría en la cancelación inmediata de todos los permisos y contratos de generación de electricidad de empresas privadas, lo cual contraviene el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, por lo que las empresas pudieran acudir a cortes arbitrales. La iniciativa también limita la generación de electricidad a través de energías limpias.

“Sería casi imposible para la CFE cancelar sus contratos de compra de energía con plantas de gas natural, ya que sin ellos, la empresa estatal no podría cubrir el 100% de la demanda de energía con sus propias plantas”, asegura el reporte de REDD. “Sin embargo, en su forma actual, el proyecto de ley le daría al Gobierno la capacidad de poner fin a todos los contratos y permisos entre el sector privado y la CFE”.

Calificación crediticia

El martes, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O dijo en un evento virtual que está “atento” al impacto que tendría la reforma en la calificación crediticia del país, la cual se utiliza en los mercados para definir la tasa de interés que se cobra a quien emite deuda. La calificadora de riesgo Moody’s dijo en un comunicado el 6 de octubre que la propuesta es negativa en términos crediticios ya que pudiera “disminuir la transparencia operativa, desalentar la inversión privada en la generación de energía, frenar la generación de energías renovables y probablemente aumentar el costo de la electricidad”.

“Estamos muy atentos tanto a las reacciones de las agencias de calificación del mercado como de asegurarnos de estar doblemente seguros que tenemos un modelo consistente, que también sea consistente con reglas del mercado”,

dijo Ramírez de la O en el evento organizador por el Atlantic Council, según reportó el diario Reforma.

Fuente: El País.

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México se encamina a registrar un segundo año de salidas de capital extranjero récord atizadas por una mayor aversión al riesgo, que ya provocó una fuga de fondos que representa el 80% de la histórica cifra del 2020 causada por la pandemia.

En los primeros siete meses del 2021, el mercado de deuda soberana vio salir unos 202,000 millones de pesos (10,150 millones de dólares), monto que se está acercando a los 257,000 millones de pesos del 2020, según cifras del Banco de México (Banxico).

Sólo en julio, el éxodo de recursos se aceleró y alcanzó 67,500 millones de pesos, y aunque el panorama luce incierto, algunos expertos creen que este año no será tan adverso como 2020 mientras el país mantenga una nota crediticia de grado de inversión.

Pero la persistente alta inflación local, la tercera ola de COVID-19 y la incertidumbre sobre las decisiones del Gobierno han mermado el interés por la deuda mexicana, dijeron analistas, mientras se registra una migración de capitales hacia bonos chinos tras su inclusión a índices de referencia.

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“(La inflación) reduce la tasa real de los bonos del Gobierno y los hace menos atractivos”, dijo a Reuters Jonathan Fortun, economista del Instituto Internacional de Finanzas, quien como otros analistas anticipó a inicios de año que el país vería entradas de capital por una acelerada reactivación y rendimientos atractivos. Pero el escenario ha cambiado.

La inflación duplicó en abril la meta oficial del 3% y ha cedido poco desde entonces, reduciendo la tasa real de los bonos mexicanos y obligando al banco central a subir su tasa clave dos veces seguidas hasta alcanzar el 4.5%.

Adicionalmente, la recuperación de la economía mexicana, que el año pasado se desplomó un 8.5% azotada por la pandemia, se ha visto amenazada por una tercera ola de contagios de COVID-19.

“(El rebrote) ha incrementado de forma significativa la aversión al riesgo en nuestro país”,

afirmó Janneth Quiroz, subdirectora de análisis de Monex.

RENDIMIENTOS AL ALZA

La mayor cautela del mercado sobre México ha forzado un alza en el premio que debe pagar la deuda soberana. El rendimiento del referencial bono a 10 años se ubicó el viernes en 6.97%, por arriba del 5.30% de finales de 2020.

No obstante, los rendimientos de los papeles mexicanos son menores a los que ofrece la deuda de Brasil, una economía a la que frecuentemente se compara con México, y cuyo banco central comenzó a subir su tasa clave desde marzo, mientras que el mexicano lo hizo hasta junio.

Analistas coincidieron también en que algunas polémicas decisiones del Gobierno, que han golpeado los intereses de empresas privadas principalmente del sector energético, han afectado a la percepción de riesgo sobre la economía mexicana.

“La incertidumbre que se ha generado sobre el respeto al Estado de Derecho ha sido una constante que se critica en el sector privado”,

dijo a Reuters Ramsé Gutiérrez, codirector de inversiones del administrador de activos Franklin Templeton.

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El experto, quien dijo que espera que la salida de capitales de este año no sea tan grande como la anterior, añadió que la deuda mexicana opera actualmente con mayores rendimientos de los que debería tener con la actual calificación soberana, lo que significa que algunos inversores han descontado nuevas rebajas.

Gutiérrez afirmó que otro factor que ha puesto presión a los flujos de capital hacia México es la inclusión de los bonos de China a índices de deuda de mercados emergentes, impulsando a la tenencia de extranjeros en bonos de ese país a niveles récord.

El proveedor de índices FTSE Russell aprobó en marzo que los bonos soberanos del gigante asiático fueran incluidos en su índice insignia de deuda al cierre de 2021.

En tanto, el peso mexicano, visto como un termómetro del riesgo local, ha sido más estable ante la entrada de divisas al país por otras vías, como remesas récord y una recuperación en las exportaciones manufactureras. En lo que va del año ha ganado un 0.14%.

Fuente: Forbes.

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