Al cierre de 2021, seis de cada 10 mexicanos reconocieron que en su vejez quieren ser mantenidos por el Gobierno federal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el INEGI, estas personas planean cubrir sus gastos de vejez con apoyos del gobierno, tales como pensiones para adultos mayores u otros programas sociales.

Al presentar la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, el instituto precisó que la población que espera ser mantenida por la administración va desde los 18 hasta más de 60 años.

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Por el contrario, solamente 32.7 millones de personas de 18 a 70 años dijeron tener una cuenta de ahorro para el retiro o Afore, cifra que corresponde al 39.1 por ciento de dicha población.

En 2018, el último año en que fue levantada la ENIF, sólo 31.3 millones de personas contaban con ahorros para el retiro y Afore.

Por otra parte, el estudio del INEGI, elaborado en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reveló que en 2021 seis de cada 10 personas ahorraron, aunque la mayor parte de estos recursos se concentraron en métodos informales, como tandas, alcancías o ahorro en el hogar.

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Únicamente dos de cada 10 personas utilizaron algún método formal de ahorro durante el año pasado, como una cuenta bancaria, Afore, fondos de inversión, entre otros, precisó el INEGI.

Durante la presentación de la ENIF 2021, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, destacó que los resultados de la encuesta reafirman la necesitad de contar con finanzas sustentables en México.

«Queda claro que el reto que aún no hemos podido abordar son las brechas de género. Tenemos que aprovechar y cerrar estas brechas en el diseño de política pública y de productos financieros»,

comentó el funcionario.

Fuente: El Sol de México.

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Más de 5.810 millones de dólares en valores en poder de los fondos de pensiones en México estarían en jaque si el Congreso aprueba el proyecto de reforma energética enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, según un análisis de la firma estadounidense REDD Intelligence. Los fondos que administran las pensiones invirtieron en proyectos de energía que nacieron con la reforma del sector eléctrico de la Administración federal anterior, misma que el actual Gobierno quiere revertir para dar al Estado el control del mercado.

REDD estima que el monto total de la inversión privada en el sector afectado por el proyecto de ley alcanza los 45.000 millones de dólares, de inversores nacionales e internacionales. La cifra que afectaría a los fondos que administran las pensiones de los mexicanos, conocidos como Afores, es menor, pero la pérdida impactaría a los millones de mexicanos que tienen una pensión y no solo a inversores como grandes bancos o empresas.

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“Es solo el 2% de todos los activos que tienen las Afores, pero sigue siendo un mundo de dinero”, explica Xóchitl Herrera, coautora del reporte. “Las Afores ya están cobrando comisiones anuales y encima de estos costos tienes estas minusvalías, que, en su momento, eran una buena inversión, pero ahora, si la reforma pasa como está, es menos dinero para el retiro de los mexicanos”.

A partir de la apertura del mercado energético en el país en 2013, compañías privadas emprendieron en parques eólicos, solares y proyectos petroleros para los cuales buscaron capital. El 90% del financiamiento de proyectos en energías renovables se hizo a través de deuda, ya sea en bonos u otros instrumentos financieros. Las Afores invirtieron en estos instrumentos financieros por los atractivos rendimientos a largo plazo que prometían una vez que entraran en operación. Ahora, si sus licencias son suspendidas o sus contratos cancelados como tiene contemplado la reforma constitucional de López Obrador, ese dinero se perdería y los afectados serían los jubilados.

“Fondos de pensiones extranjeros también han invertido en este mercado”, dice el reporte, firmado también por el especialista Édgar Sigler, “por ejemplo, el CDPQ de Canadá y el fondo de pensiones mexicano CKD IM compraron una participación del 80% en ocho parques operados por la empresa italiana Enel en 2018. El fondo estadounidense BlackRock y el fondo de inversión Actis también poseen grandes porciones de algunos de estos tipos de proyectos, dijeron dos fuentes de la industria”,

asegura REDD. Esto quiere decir que las pensiones de ciudadanos en estos países también pudieran verse afectadas.

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El presidente López Obrador busca reformar la Constitución de manera que solo el 46% de la generación eléctrica del país esté en manos de empresas privadas, en comparación con el 62% que aportan actualmente. El Gobierno busca hacer de la empresa del Estado Comisión Federal de Electricidad (CFE) el actor preponderante en el sector, para garantizar su monopolio. Si el proyecto de ley se aprueba, resultaría en la cancelación inmediata de todos los permisos y contratos de generación de electricidad de empresas privadas, lo cual contraviene el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, por lo que las empresas pudieran acudir a cortes arbitrales. La iniciativa también limita la generación de electricidad a través de energías limpias.

“Sería casi imposible para la CFE cancelar sus contratos de compra de energía con plantas de gas natural, ya que sin ellos, la empresa estatal no podría cubrir el 100% de la demanda de energía con sus propias plantas”, asegura el reporte de REDD. “Sin embargo, en su forma actual, el proyecto de ley le daría al Gobierno la capacidad de poner fin a todos los contratos y permisos entre el sector privado y la CFE”.

Calificación crediticia

El martes, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O dijo en un evento virtual que está “atento” al impacto que tendría la reforma en la calificación crediticia del país, la cual se utiliza en los mercados para definir la tasa de interés que se cobra a quien emite deuda. La calificadora de riesgo Moody’s dijo en un comunicado el 6 de octubre que la propuesta es negativa en términos crediticios ya que pudiera “disminuir la transparencia operativa, desalentar la inversión privada en la generación de energía, frenar la generación de energías renovables y probablemente aumentar el costo de la electricidad”.

“Estamos muy atentos tanto a las reacciones de las agencias de calificación del mercado como de asegurarnos de estar doblemente seguros que tenemos un modelo consistente, que también sea consistente con reglas del mercado”,

dijo Ramírez de la O en el evento organizador por el Atlantic Council, según reportó el diario Reforma.

Fuente: El País.

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