Política, empresaria y activista en favor de los derechos de niños y mujeres, así es Sandra Xantall Cuevas, la alcaldesa en que durante las últimas semanas se ha visto envuelta en un proceso penal por el que fue vinculada a proceso.

Cuevas Nieves, quien fue suspendida de sus funciones por dos meses, es acusada de robo, abuso de autoridad y discriminación en contra de dos mandos policiales. Aunque ella asegura que se trata de una persecución política de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y otras autoridades capitalinas.

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La controversia ha perseguido a Cuevas desde su llegada a la demarcación, cuando instaló una alfombra roja, después por su proyecto de convertir la Zona Rosa en un corredor turístico estilo Las Vegas, por lanzar pelotas con billetes de 500 pesos y recientemente por el proceso penal que se sigue en su contra.

Sin embargo, algo que también la caracterizó en estos cinco meses es su trabajo en campo, pues no dirigió la alcaldía desde un escritorio, sino gastando suela en las diversas colonias para conocer cuáles son los problemas de la población.

El trabajo en la calle y con la gente es algo que ella realiza desde hace años debido a su labor como activista, ya que es fundadora de la organización Por un México Bonito, a través de la cual apoyó diversas causas en Azcapotzalco.

La Silla Rota documentó algunos de los casos, como el de los niños Emili Dennisse Flores Hernández y Emiliano Santiago España Reyna, quienes padecían osteosarcoma y gracias al apoyo de la fundación les pudieron salvar sus piernas al ser atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría.

Otra de las causas que trató de combatir Cuevas Nieves en Azcapotzalco fue la de la violencia contra las mujeres. Uno de los casos que acompañó fue el de la menor Mariana «N», quien fue víctima de agresión sexual por parte de su padre.

¿Quién es Sandra Cuevas?

Sandra Cuevas nació el 25 de mayo de 1986 en el barrio de Coltongo, en Azcapotzalco, y a lo largo de su carrera se ha involucrado en la política, el sector empresarial y el activismo.

Quienes la conocen, definen a Sandra como una mujer fuerte, de plática agradable, con voz clara, franca y directa. Sonríe poco, su semblante serio es enmarcado por su larga cabellera negra, tiene mirada penetrante y la caracteriza que siempre usa labial rojo, así vista un traje formal o jeans y playera.

Es doctorante en Derecho por el Centro de Estudios Jurídicos, tiene una maestría que realizó en la misma institución y la licenciatura en Comercio Internacional, que estudió en la Universidad del Valle de México.

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Cuenta con diplomados en mercados asiáticos y en comercio exterior que realizó en la UVM y otro en comercio exterior, por lo que hizo prácticas en Hong Kong, Shanghai, Beijing, Panamá, Canadá y Estados Unidos. Asimismo, Cuevas Nieves realizó un curso sobre delitos de propiedad intelectual por la Interpol.

La alcaldesa también es dueña de la galería de arte contemporáneo 11:11 y también de la productora de eventos Danika.

Sandra Cuevas comenzó en la política hace cinco años, tiempo en el que ha cambiado de partido. En 2018 manifestó abiertamente su apoyo a Morena a través de redes sociales, incluso tenía una fotografía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para los comicios de 2021 se sumó al proyecto de la coalición PRI-PAN-PRD, denominada Va por México, que la llevó a ganar en las urnas la alcaldía Cuauhtémoc frente a la morenista Dolores Padierna.

Aunque se le ha vinculado con el morenista Ricardo Monreal, Sandra Cuevas ha expresado que él no la colocó en el puesto, como muchos señalaron, y que solamente lo considera como un jefe moral.

«Lo consideró un jefe político, un jefe moral y lo voy a seguir diciendo, lo considero así por lo que representa en el país, no solamente en la Cuauhtémoc o la Ciudad de México, por lo que significa en la política mexicana, pero de eso a que él me haya puesto aquí, eso es una mentira»,

declaró Cuevas a La Silla Rota en abril del año pasado.

Fuente: Con información de La Silla Rota.

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La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, descartó este domingo elevar las medidas de prevención pese a la expansión de la variante ómicron, cada vez más presente en la capital. Del total de contagios diarios registrados en el país, 20.872, la Ciudad de México concentra casi una cuarta parte (4.565). Ante la avanzada, las autoridades capitalinas subieron el viernes un peldaño el nivel de alerta del semáforo epidemiológico -de verde a amarillo- en linea con el resto de Estados. Pese a todo, la jefa capitalina aseguró que por el momento no se van a suspender las clases presenciales, conciertos, ni eventos masivos: “estamos en semáforo amarillo, pero no cambian las actividades de la ciudad”.

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La expansión de la nueva variante durante la cuarta ola de contagios de coronavirus va tensando de nuevo la capacidad sanitaria, aunque lejos todavía de los índices de la peor etapa del año pasado. Uno de los termómetros clave, la ocupación hospitalaria, continúa al alza. Al cierre de esta semana, la ocupación hospitalaria del país en camas generales es del 41%. La capital presenta mejores registros en ese apartado: 32%.

Sheinbaum justificó su cautela subrayando que esta semana se rompieron récords de vacunación:Más de 600.000 personas de entre 50 a 59 años accedieron a la tercera tanda de refuerzo.

“Esperamos que al finalizar febrero ya habremos concluido la vacunación del refuerzo para toda la ciudadanía”,

adelantó la jefa de Gobierno.

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Ómicron cambió la semana pasada el color del semáforo epidemiológico en la mayor parte del territorio mexicano. La capital y el Estado de México pasaron a amarillo, al igual que otros ocho Estados. Mientras que otras nueve entidades ya están en color naranja, que señaliza riesgo alto, por el aumento de contagios y hospitalizaciones, en un momento en el que el país ha encadenado varios récords de contagios de COVID durante las últimas semanas y la presión es cada vez mayor para el sistema de salud. Esta semana se batió el récord de contagios, con más de 60.000 contagios en un solo día.

Para esta cuarta ola, las autoridades sanitarias acordaron modificar la metodología del semáforo epidemiológico. Sin mucho más detalle por parte de la secretaria federal de Salud, la propia Sheinbaum explicó en una conferencia de prensa que los nuevos criterios buscan dar mayor peso a las hospitalizaciones y menos al aumento de casos.

Durante el desarrollo de la pandemia, el semáforo epidemiológico ha sido criticado por numerosos especialistas, que han acusado que las autoridades sanitarias no han sido claras e, incluso, no han reflejado la afectación real por la pandemia por cuestiones políticas.

Fuente: El País.

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“Ha sido muy largo el camino, nos han aventado de todo pero ya estamos aquí. Ha sido complicado y difícil”,

dijo a Efe el activista de Pueblo Sin Fronteras y acompañante de la caravana Irineo Mujica, en el campamento migrante instalado en el norte de la ciudad.

La caravana, compuesta por cerca de 300 personas, en su mayoría de Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití, es la primera que logra llegar a la capital mexicana desde finales de 2018, ya que desde entonces todos los contingentes habían sido disueltos por las autoridades mexicanas en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos.

DEL BLOQUEO A LA ASISTENCIA

Los migrantes, que salieron en octubre pasado de Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, llegaron el domingo por la noche a las puertas de la Ciudad de México, donde un fuerte dispositivo policial impidió su paso.

Tras momentos de enfrentamientos, las autoridades levantaron el bloqueo y los migrantes cumplieron su objetivo de llegar a orar a la Basílica de Guadalupe en el Día de la Virgen.

Posteriormente, pernoctaron en un campamento de lonas y colchonetas en un estacionamiento de la Casa del Peregrino, cercano al templo, donde las autoridades locales repartieron alimentos y mascarillas.

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En rueda de prensa, la alcaldesa capitalina, la oficialista Claudia Sheinbaum, aseguró que no impidió el acceso de la caravana y prometió “garantizar” los derechos de los migrantes.

Pero Mujica denunció que la política migratoria del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido “la más dura de la última década” y acusó a las autoridades de haber combatido la caravana con “tortura física y psicológica” durante los más de 1.100 kilómetros de recorrido.

Además, responsabilizó a las autoridades del accidente del pasado viernes en el que murieron 55 migrantes al volcar en Chiapas un camión de traficantes de personas.

RESIDENCIA PERMANENTE O HACIA EE.UU.

Los cerca de 300 migrantes, la mayoría mujeres y niños, amanecieron visiblemente agotados en el campamento, donde las autoridades sanitarias realizaron este lunes pruebas de COVID-19 y aplicaron vacunas contra la gripe.

Todavía no saben cuántos días se quedarán en la capital mexicana.

Muchos salieron de Tapachula por los retrasos en los trámites migratorios y esperan que el Gobierno federal les otorgue su residencia permanente en México, aunque no descartan seguir su camino hacia Estados Unidos.

Es el caso de Isabel Andino, una hondureña de 33 años que salió de su país por la extorsión de las maras y a la que las autoridades mexicanas denegaron la condición de refugiada.

“Ayer fuimos a la Basílica y le pedí a la Virgen que toque el corazón del presidente y nos pueda ayudar a todos mis hermanos porque este camino ha sido duro para nosotros. No lo tomamos porque queremos, sino para salir adelante”,

dijo sin poder contener el llanto al pensar en sus hijos que se quedaron en Honduras.

Fany Mejía, también hondureña, sí emprendió el viaje con sus dos hijas de siete y cinco años, quienes ya sufren yagas en los pies de tanto caminar.

“Si México no nos atiende la idea es continuar y que nos den la oportunidad de pasar libremente hasta la frontera norte”,

dijo esta licenciada en Educación que no tiene trabajo en su país.

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En cambio, Carlos David Flores, guatemalteco de 22 años, tiene claro que quiere llegar a Estados Unidos, donde ya se encuentra su hermano, aunque sabe que el camino “se va a poner más caliente” a medida que avance hacia el norte.

“En Guatemala hay mucha extorsión, mucha matanza, todo el país es corrupto y decidí salir para sacar adelante a mi familia”,

esgrimió este joven que viaja en solitario.

El Gobierno mexicano acordó en 2019 con la Administración de Donald Trump frenar el flujo de migrantes que atraviesan México con destino a Estados Unidos.

Desde la llegada en enero pasado de Joe Biden a la Casa Blanca, la región vive un flujo migratorio sin precedentes, pues México ha interceptado a 228.115 migrantes y ha deportado a 82.627 de enero a octubre de 2021, números no vistos en más de 15 años.

Además, 123.000 migrantes solicitaron refugio en los primeros 11 meses del 2021 en México, otro récord absoluto, pues en años anteriores se llegaba a unas 40.000 peticiones.

Fuente: Los Angeles Times.

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México llega al Día Internacional contra la Violencia de Género sumido en una crisis de seguridad provocada por la violencia machista. Desde 1990, pero de manera más acelerada en los últimos cinco años, el asesinato de mujeres en el país ha aumentado cada año sin freno hasta llegar a un máximo de 3.957 homicidios en 2020.

Cualquier cifra en torno a la violencia machista en el país da pavor: once mujeres son asesinadas al día, la tasa de impunidad supera el 95%, solo un 2% de los casos termina en sentencia y tan solo una de cada 10 víctimas se atreve a denunciar a su agresor. Como respuesta, el movimiento feminista expresa su repulsa a esta realidad con ira, hartazgo y desesperación en las calles. Las feministas critican la postura del presidente López Obrador que ha llegado a insinuar que el movimiento de mujeres se ha convertido en un movimiento opositor a su Administración.

El presidente ha reiterado su compromiso de “proteger y no dejar en el desamparo” a las mujeres. Tan solo entre 2018 y el año pasado, 11.602 mujeres han sido asesinadas en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). “Durante mucho tiempo nos hemos dedicado a proteger a los desposeídos, los humildes, a las mujeres, a las viudas, los huérfanos”, ha agregado el mandatario en conferencia de prensa desde el Estado de Zacatecas. “Vamos a seguir apoyando, protegiendo a las mujeres, cuidándolas, enfrentando y combatiendo el feminicidio. Por convicción, no por moda. Porque en los últimos tiempos los conservadores se volvieron feministas”, ha asegurado.

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El mensaje del Gobierno se ha centrado en demostrar un avance en el combate a los delitos contra las mujeres e insiste en la vocación feminista del presidente. “Es un hombre profundamente feminista. Si no, la mitad de su Gabinete no serían mujeres”, aseguraba en una entrevista con EL PAÍS Semanal la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. “El feminicidio bajó 14,8% en octubre respecto al mismo mes del 2020, y es el octubre con menos feminicidios en lo que va de este Gobierno. Seguiremos reforzando las acciones”, señalaba Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad federal. Rodríguez hacía la misma referencia un mes antes: “Es el septiembre con menos feminicidios en lo que va de este Gobierno”.

Las cifras que citan las autoridades hacen referencia a reducciones puntuales en delitos como el feminicidio y las violaciones. En contraste, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan día a día con las víctimas señalan que en un contexto más amplio la violencia feminicida en el país está lejos de acabarse y lejos de mejorar. El retrato que dan es el de unas autoridades rebasadas por el horror.

“Cada vez se asesina a mujeres más jóvenes y con mayor ensañamiento”, señala la directora del Observatorio Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada y agrega otro dato: “Los feminicidios de niñas y adolescentes de 0 a 17 años se han incrementado año con año desde 2015 hasta los 542 en septiembre de 2021″,

citando cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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El aumento generalizado de la violencia en México tiene consecuencias directas en el aumento de la violencia contra las mujeres, sin embargo, los últimos descensos en las cifras de delitos no han tenido efecto en la bajada de la violencia machista. Al contrario, esta ha seguido subiendo. “De las más de 3.000 mujeres asesinadas, el 50% tiene características de feminicidios”, afirma Estrada. Sin embargo, no todos los asesinatos de mujeres se tipifican como feminicidio. Esta definición creada en 2012, está recogida en el Código Penal Federal, aunque en la práctica depende de los códigos penales de cada Estado.

Estrada explica que existe “mucha resistencia” de las fiscalías estatales en clasificar los asesinatos de mujeres como feminicidios. En 2020 el 58,2% de asesinatos de mujeres fue por arma de fuego, de acuerdo al Inegi, motivo para clasificar el caso como un homicidio. “Hay mucha presión del poder político y las autoridades para que no suban los feminicidio en los Estados”, denuncia la directora. La especialista pone al Estado de Tamaulipas, uno de los más violentos del país, como ejemplo. Allí solo se han contabilizado tres feminicidios en lo que va de año de un total de 1.053 homicidios, de acuerdo con datos oficiales. “Todos los estados tienen tipificado el delito de feminicidio, pero no quieren comités que evalúen los resultados. Aquí se cruzan presiones desde la delincuencia, la política, el Ejército, la policía y los casos quedan en la impunidad”, apunta Estrada.

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En lo que va de año, de acuerdo a cifras del Gobierno se han abierto en el país 809 carpetas de investigación por feminicidio, comparado con las 344 que se abrieron en el mismo periodo de 2015, un 135% más. En los pasados cinco años la violencia feminicida ha ido en ascenso. Mientras que en 2015 se registraron 412 feminicidios, para 2018 los casos eran el doble, 895. En 2019 el número de investigaciones totales rondaba casi las 950, una cifra similar a las nuevas víctimas registradas en 2020.

La falta de acceso a la justicia

Ante esta situación crítica, hay 25 alertas por violencia de género declaradas en 22 de los 32 Estados de México. Una medida urgente y excepcional para atender situaciones críticas de violencia feminicida que ha acabado extendiéndose por todo el país. “El Estado mexicano está haciendo acciones puntuales frente a situaciones que son muy urgentes, pero son aisladas y descoordinadas”, opina la abogada Andrea Medina. “Hay falta de voluntad por parte de las autoridades porque lineamientos sobran: tenemos una legislación muy completa, pronunciamientos de la Suprema Corte sobre violencia de género, tenemos sentencias de la Corte Interamericana, México ha firmado tratados internacionales, pero no sirve de nada si los operadores del sistema no los aplican, no sé si por ignorancia o por dolo”, dice Mariel Albarrán, víctima de violencia.

Es ahí, en el acceso a la justicia donde la mayoría de víctimas se quejan de maltrato y revictimización que reciben de las autoridades. Y las autoridades, desbordadas, avanzan lentamente en la resolución de los casos con trabas, falta de personal, falta de formación y recortes presupuestarios. Araceli Osorio recuerda que antes de ver al asesino de su hija tras las rejas, tuvo que pelear dos largos años para que un tribunal reclasificara el asesinato de Lesvy Berlín Rivera como feminicidio.

La Fiscalía de Ciudad de México había intentado cerrar el caso al asegurar que la chica se había suicidado con el cable de una cabina telefónica. Después, un tribunal reconoció que la joven de 22 años fue estrangulada por el que era su pareja en los jardines de la Universidad Nacional Autónoma. “Después del juicio ha habido cambios de mentalidad, de percepción, de repensar las prácticas de los funcionarios, aunque se siguen cometiendo muchos errores”, decía Osorio en entrevista con este periódico.

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En medio de este panorama, la violencia machista en México se ha agravado con la pandemia y el confinamiento. Las llamadas de auxilio al 911 crecieron un 32% y aumentaron las estancias en los refugios para mujeres víctimas de maltrato. Sin embargo, otro de los problemas que enfrentarán las organizaciones y programas de apoyo a las víctimas serán recortes o un presupuesto muy reducido para el próximo año.

Las organizaciones exhortan al Gobierno a que no las condene al ostracismo. “La violencia contra las mujeres en nuestro país era ya una pandemia antes de la pandemia provocada por la covid. Los feminicidios deberían de estar en el centro y los recursos reflejar el interés que tiene el Gobierno por solucionar una problemática de esta dimensión”, afirma Marilú Rasso, directora ejecutiva del refugio Espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia, en Ciudad de México.

A tres años de que termine el sexenio del presidente López Obrador, el Gobierno todavía no ha publicado el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La estrategia maestra para atender el problema se ha quedado en un limbo administrativo.

La Secretaría de Gobernación asegura que Hacienda no ha refrendado el documento y que aún esperan la firma del presidente para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. “Los gobiernos han simulado invertir en los programas y políticas a favor de las mujeres, pero en realidad no ha sido así. Volvemos a tener esa política de simulación que tanto daño nos ha hecho a las mexicanas”, sentencia la periodista y socióloga Lucía Lagunes.

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Cientos de mujeres tomarán este jueves otra vez las calles para exigir justicia y un alto a los asesinatos, las violaciones, las desapariciones, el acoso y la impunidad. Marcharán por sus hijas, por sus madres, por sus amigas. Por las que vienen y por las que ya no están.

Fuente: El País.

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