Al cierre de 2021, seis de cada 10 mexicanos reconocieron que en su vejez quieren ser mantenidos por el Gobierno federal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el INEGI, estas personas planean cubrir sus gastos de vejez con apoyos del gobierno, tales como pensiones para adultos mayores u otros programas sociales.

Al presentar la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, el instituto precisó que la población que espera ser mantenida por la administración va desde los 18 hasta más de 60 años.

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Por el contrario, solamente 32.7 millones de personas de 18 a 70 años dijeron tener una cuenta de ahorro para el retiro o Afore, cifra que corresponde al 39.1 por ciento de dicha población.

En 2018, el último año en que fue levantada la ENIF, sólo 31.3 millones de personas contaban con ahorros para el retiro y Afore.

Por otra parte, el estudio del INEGI, elaborado en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reveló que en 2021 seis de cada 10 personas ahorraron, aunque la mayor parte de estos recursos se concentraron en métodos informales, como tandas, alcancías o ahorro en el hogar.

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Únicamente dos de cada 10 personas utilizaron algún método formal de ahorro durante el año pasado, como una cuenta bancaria, Afore, fondos de inversión, entre otros, precisó el INEGI.

Durante la presentación de la ENIF 2021, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, destacó que los resultados de la encuesta reafirman la necesitad de contar con finanzas sustentables en México.

«Queda claro que el reto que aún no hemos podido abordar son las brechas de género. Tenemos que aprovechar y cerrar estas brechas en el diseño de política pública y de productos financieros»,

comentó el funcionario.

Fuente: El Sol de México.

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Para evitar la pobreza en la vejez se deben ajustar parámetros claves como la edad de retiro, y reducir las oportunidades para sacar fondos ahorrados en las Afores antes de la jubilación, recomienda el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria.

También sugiere aglutinar todos los sistemas públicos de ahorro para el retiro que existen en un solo sistema público integral, que a su vez se integre a un Sistema de Seguridad Social a construir gradualmente.

Enrique Díaz-Infante Chapa, director del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), explicó en entrevista que en dicho Grupo participan ocho organizaciones de la sociedad civil y ocho legisladores de diferentes partidos, quienes elaboraron varios documentos entre los que destaca el de Reforma al Sistema Universal de Pensiones, el cual subraya que es urgente atender el reto de la insostenibilidad financiera del sistema de pensiones, de la reducida cobertura y las bajas tasas de reemplazo.

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El texto, dijo, emite una serie de recomendaciones a los legisladores con miras a que sean consideradas para reformar el sistema pensionario, entre las que destaca que para aumentar la cobertura se debe introducir un esquema obligatorio para que empleados y autoempleados aporten para su retiro y puedan recibir el beneficio a la jubilación.

Díaz-Infante, quien participa en el grupo de trabajo, detalló que también colaboran representantes el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), del Coneval, del Instituto Mexicano para la Competitividad, de Oxfam, de Fundar, de la Fundación Friedrich Ebert, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cepal, y de la Auditoría Superior de la Federación, entre otros.

Dijo que para una sociedad más equitativa se debe dar cobertura de seguridad social a todos los mexicanos y eso cuesta, según se estimó hace tres años, 2.4 por ciento del PIB, pero hay que actualizar la cifra.

“Nuestra propuesta es que esto se financie de un IVA generalizado de 16 por ciento a alimentos y medicamentos, lo que implicaría eliminar la tasa cero”, subrayó.

Refirió que entre las propuestas que ellos han hecho está la de brindar una pensión mínima para todos los mexicanos, independientemente si trabajan en la formalidad o informalidad, que se complementaría con una pensión de la Afore, para quien la tuviera y también que todos tuvieran acceso al sistema de salud.

Advirtió que “se le está acabando el espacio fiscal a la 4T y tienen por fuerza que buscar fuentes de ingreso recurrentes, ya que no es posible seguir financiando el gasto de pensiones con ingresos petroleros, por lo que deben definir de dónde obtendrán los recursos”.

Más reformas

El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria entregará en este mes a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados una serie de propuestas en las que sugieren reformas para revertir carencias en el sistema de salud y educación, pero también para “desactivar la bomba de tiempo del sistema de pensiones”, afirmó el diputado Alfonso Ramírez Cuellar.

El coordinador de este grupo de trabajo expuso en entrevista que el sistema de pensiones demanda alrededor de 1.2 billones de pesos; toda la recaudación del IVA se va para financiarlo y son además gastos que se incrementan año con año, por lo que es importante que todo el gasto, tanto de las pensiones contributivas como no contributivas, tenga sustentabilidad.

“Así como vamos y con los cambios demográficos se convierte en una ‘bomba de tiempo’, porque en materia de gasto social, lo que más se lleva son jubilaciones y pensiones, es el rubro que más crece desde 2009”, subrayó.

El Grupo de Trabajo elaboró 5 documentos: el de requerimientos de gasto, de salud, de educación, del sistema de cuidados y la propuesta para que el CEFP se convierta en el Instituto de Estudios para la Hacienda Pública. Ramírez Cuellar dijo que los textos quedarán como un insumo de trabajo para la próxima legislatura.

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“Para nosotros la prioridad es el sistema de salud, debe haber una revolución completa que eleve la cobertura efectiva, que garantice la gratuidad de los medicamentos, y sobre todo una atención especial en tercer nivel”, subrayó.

Recalcó que las carencias que se incrementaron a causa de la pandemia exigen esta revolución completa y la dotación de mayores recursos.

Fuente: El Financiero.

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