México conmemora este jueves el Día Internacional contra la Corrupción con la persistente retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con esta “peste”, aunque, según expertos, con los mismos resultados e incluso retrocesos en transparencia.

Aunque llegó en 2018 con la promesa de “desterrar” la corrupción, especialistas señalan que el presidente ha concentrado la lucha anticorrupción en su imagen personal, ha debilitado a las instituciones de transparencia y ha usado al Ejército para justificar la opacidad.

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En general, “ha habido más retrocesos que avances”, opina Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos: Laboratorio de Políticas Públicas.

“A pesar de que Andrés Manuel usó como uno de los grandes emblemas de su campaña y de su actual Gobierno el combate a la corrupción, nos ha dado señales de que este combate por un lado no va en serio y, por otro lado, quiere hacerlo fuera de las instituciones”,

manifiesta.

Percepción vs realidad

México mostró una mejora y subió en los primeros dos años del mandato de López Obrador del puesto 138 al 124 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional.

El cambio de sexenio “implicó un cambio muy fuerte a nivel de percepción”, expone Irene Tello, directora ejecutiva de la asociación Impunidad Cero.

“Lo bueno es que se sigue mencionando como el principal objetivo de la actual Administración el combate a la impunidad. También hay que señalar que a nivel de percepción al inicio les había ido muy bien”,

comenta.

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En contraste, creció la proporción de la población que fue víctima de corrupción en un trámite de gobierno, al elevarse a 15.7% en 2019 del 14,6% en 2017, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con motivo de este Día Internacional contra la Corrupción.

Además, la población en México pagó por la corrupción 12,769.7 mdp, un 64.1% más que en 2017, añadió el Inegi.

Mientras que el Índice de Estado de Derecho 2021, de The World Justice Project, ubicó en octubre pasado a México en el lugar 135 de 139 naciones evaluadas en corrupción, solo por encima de Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo.

Entre escándalos viejos y nuevos

En este contexto, Tello advierte que “preocupa mucho” que no hay avances en los grandes casos del pasado, ni siquiera en los que el Gobierno menciona como prioridad, como el caso de Odebrecht y Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Preocupa que no se tomen las decisiones necesarias para que realmente se combata la impunidad en los actos de corrupción, no solamente del pasado, sino que ya no se permitan también en la actual Administración”,

expresa la directora de Impunidad Cero.

También funcionarios del Gobierno de López Obrador se han salpicado de escándalos, como el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto.

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Apenas esta semana se filtró a los diarios que la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto mientras dirigió la UIF, que a su vez indagaba la compra de autos de lujo y transferencias millonarias de la inmobiliaria del fiscal.

“No solamente no vemos coordinación, sino que vemos una enemistad abierta entre los propios integrantes del Gobierno, cuando se supone que el gran objetivo de esta Administración es acabar con la impunidad en la corrupción”,

lamenta Tello.

¿Promesa cumplida?

Pese al panorama, López Obrador ha sostenido que gracias a su ejemplo ha limpiado la corrupción del Gobierno “como se barren las escaleras: de arriba para abajo”.

“Lo que debe quedar en claro es que nosotros no somos tapadera de nadie y nos hemos propuesto acabar con la corrupción y la impunidad, sea quien sea”,

expresó el presidente este miércoles en referencia al escándalo de la UIF.

Pero Impunidad Cero y Ethos cuestionan que el “ejemplo personal” sea suficiente, por lo que piden fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que López Obrador ha debilitado.

“A lo que apostamos es a que haya un combate a la corrupción que no dependa de la voluntad política de nadie. Que si ahora está López Obrador y después está otro presidente, que el combate a la corrupción siga teniendo resultados eficaces sin que se use como un arma política”,

declara Toledo.

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La experta de Ethos denuncia “el ataque constante” del presidente a las asociaciones civiles y al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

Como ejemplo, enuncia el reciente acuerdo del presidente que clasifica como “seguridad nacional” las obras de infraestructura de su Gobierno, lo que empodera a las Fuerzas Armadas e impide solicitar información sobre los proyectos.

“La información que se clasifica como reservada es muy grande y hay cada vez más inconformidades porque no se reciben respuestas. Este sexenio se ha caracterizado por eso, por una menor apertura a la información”,

concluye.

Fuente: Forbes.

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Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó que entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y en la Ciudad de México utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela.

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Según registros de comercio exterior las empresas facturaron más de 64 millones de dólares, equivalentes unos mil 200 millones de pesos.

Esta nueva red es diferente a la que surgió a finales del sexenio pasado, cuando la entonces PGR implicó a 25 empresas y personas físicas en el lavado de 156 millones de pesos, y que fueron perdonados en el 2018 tras un «acuerdo reparatorio» que consistió en un donativo de 3 millones de dólares para la ONU.

REFORMA informó ayer que la UIF denunció ese acuerdo por ilegal y avalado por ex funcionarios del Gobierno de Enrique Peña.

La nueva estructura también es operada por Alex Saab -actualmente preso en EU- y compra alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP).

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En 2018, las compras de México para los CLAP se detuvieron al exhibirse la mala calidad de alimentos vendidos con sobrecosto y con un aparente esquema de corrupción, lavado y evasión fiscal.

Pero entre 2019 y 2020 revivió una nueva estructura con importadoras ubicadas en Fresnillo, Zacatecas, Veracruz y CDMX, y empresas de lácteos, granos y abarrotes de Nuevo León y Guanajuato.

Los dueños de esos negocios se asociaron con Patricia Mundarain Guzmán, acusada de desvío de fondos públicos en Venezuela y con Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa del ex alcalde chavista Jonnathan Teodoro Marín Sanguino, también acusado de corrupción en aquel país.

Fuente: Heraldo.

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Alejandro llegó a Ciudad de México como tantos otros inmigrantes, huyendo de una realidad que le asfixiaba. Como tantos otros, a su llegada le recibió la cara más violenta de México. Bastaron cuatro horas en el país para reducir su ilusión de una vida mejor a una mucho menos ambiciosa: conservar la vida. Fue víctima de secuestro en el aeropuerto de la capital por aquellos que le habían prometido, justamente, una posibilidad de futuro.

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En menos de lo que se tarda un turista en salir del edificio, el joven venezolano fue raptado y entregado a una pandilla de sicarios miembros de un cartel de drogas. Como pocos con su suerte, a los seis días fue rescatado por la policía de una casa en la que operaban miembros de una de las organizaciones criminales más poderosas del país. “No quería morir como suelen matar aquí”, dice en entrevista con EL PAÍS. Alejandro no es su nombre verdadero, ese prefiere resguardarlo por miedo a que el cartel vuelva por él.

De Yaracuy a Ciudad de México

La familia de Alejandro contrató el servicio de un grupo de coyotes de Maracaibo que le habían prometido sacarlo de un pequeño pueblo al norte de Venezuela, llevarlo hasta Colombia y subirlo a un avión rumbo a México. Así ocurrió. Hasta la llegada al Aeropuerto Benito Juárez todo corría según habían dispuesto los coyotes.

Con 22 años y rostro aniñado, el joven puso pie en México el pasado viernes 25 de junio, sobre las cinco de la mañana. Pasó el control migratorio a las 7.26, según un registro al que tuvo acceso este periódico. Pero no la libró tan fácil: tras asentar el ingreso, el agente del Instituto Nacional de Migración (INM) le retuvo “para una segunda revisión” en una sala durante unas dos horas, asegura. “Me retuvieron como dando chance a que llegara la gente que me iba a buscar”. Sobre esa segunda revisión no existe un registro oficial, según han confirmado desde el INM a EL PAÍS.

Pasadas las nueve de la mañana, casi dos horas después de pasar el control migratorio, le dan luz verde para irse.

“Me sueltan, y en la puerta un federal me dice que tengo que entregarle 100 dólares para que me dejen salir del aeropuerto. Le entrego los 100 dólares y ahí me indica que a la salida me están esperando”.

Hasta ese momento, Alejandro pensaba que todo era parte del servicio que había pagado su familia a los coyotes. En la puerta de la Terminal 2 del aeropuerto le esperaba un coche Ford Fusion de color blanco. Un exagente de la Policía Federal, hoy investigado en la causa judicial, le indicó que subiera. “Uno, como es de provincia, y en parte también por los nervios…”. Hace una pausa y retoma: “Me subo y ahí ya me dicen que estoy secuestrado”. Han pasado cuatro horas desde su llegada a México y su pesadilla recién comienza.

Los dos hombres que le llevan están armados. Le piden el dinero que trae encima, su teléfono y los documentos de identidad. Le dejan en una casa de seguridad que tiene supuestamente un cartel de drogas en las afueras de la capital mexicana.

“Allí todo estaba cerrado, las ventanas pintadas para que nadie pueda ver hacia dentro, el jefe de la organización me esperaba, me sentó en un sillón y me mostró todo el armamento que tienen. Te enseñan unos videos y te dicen: ‘Mira cómo hacemos, cortándole la cabeza a personas, ametrallándolas en el piso’. Eso es lo que te dicen que va a pasar”.

Para ese entonces los del coche ya habrán retomado el camino al aeropuerto, a pescar más migrantes.

Entre 1.000 y 2.000 dólares por cabeza

En los seis días que pasó Alejandro en esa casa, la mayor parte del tiempo estuvo encerrado en una habitación donde solo hay un colchón en el piso y un baño. El lugar, según recuerda, es precario, pero tiene tres pisos, un garage y un montón de habitaciones donde encierran a las nuevas víctimas de cada día. “Tenían su armamento, su droga y a las personas secuestradas. El consumo de cocaína era constante”, cuenta. Nadie llega ahí por azar: fueron vendidos al cartel por diferentes grupos de coyotes.

“En este caso, el grupo de venezolanos se encargaba de contactar ala persona por medio de las redes sociales y luego entregarla [en México]. Recibían entre 1.000 y 2.000 dólares por cada uno que entregaban”.

El lado mexicano del negocio era el encargado del “rapto y la negociación”. El joven venezolano llegó a contar ocho mexicanos que participaron en su secuestro.

Tampoco dejaban lugar a equivocaciones. Todos los intermediarios en la línea de acontecimientos que llevaron a Alejandro a aquella casa conocían su rostro, su nombre. Todos tenían su fotografía, sabían cómo iba vestido. “Está completamente arreglado, sabían de dónde venía, en qué vuelo, a qué hora iba a llegar. Están en completa complicidad con la gente del aeropuerto”. Alejandro pasó los seis días escuchando a los presuntos miembros del cartel hablar entre ellos y por teléfono. De esas conversaciones ha aprendido que operan de lunes a viernes, que tienen tres casas de seguridad en la capital, que el mayor centro de operaciones de la red de trata está en Monterrey, donde esa semana tenían unas 40 personas secuestradas.

Por el sitio donde estuvo retenido Alejandro pasaron otros 12 migrantes secuestrados. Todos latinoamericanos que llegaban a México con la ilusión de rehacer su vida en un país nuevo. La mayoría eran mujeres con niños. De algunos ya no volvió a saber.

“Te decían: ‘Te vamos a sacar’. Pero no te decían adónde te llevaban. Las personas que se fueron, se fueron y ya. No sé si están muertas o vivas”.

Las especulaciones alimentadas por las amenazas de los secuestradores eran el peor enemigo en el encierro.

“Te devasta completamente, empiezas a delirar y a pedirle a Dios que haga su voluntad. Si es quitarte la vida, que lo hagan rápido, porque la manera en la que suelen matar es muy cruel”.

Alejandro puede contar minuciosamente lo que pasó esos días porque se mantuvo atento y, sobre todo, tranquilo. Ya tenía experiencia en situaciones críticas. En Venezuela, asegura, había sido perseguido y torturado en varias ocasiones por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) por su activismo como dirigente estudiantil.

Vender todo para pagar el rescate

La familia de Alejandro en Venezuela pasó los primeros tres días sin saber nada de él. Había llegado a México y su teléfono había sido desconectado. Unos amigos que residen en la ciudad pasaron horas buscándolo entre las ventanillas de las aerolíneas y las puertas de aterrizaje. Pensaron que lo habían retenido las autoridades migratorias, pero nadie les respondía nada. Se lo había tragado el aeropuerto. A las 48 horas de no tener noticias, el domingo presentaron una denuncia por desaparición ante la Fiscalía.

El primer contacto que tuvo el padre del joven con los secuestradores fue a través de Whatsapp al tercer día de la llegada. Un supuesto agente de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República le escribió el lunes después de las nueve de la noche un mensaje desde un teléfono con característica del Estado de Morelos.

“Necesito que me regrese usted la llamada por este medio”, decía. En la llamada le comunicaron que no eran policías y que Alejandro había sido secuestrado. Ahí comenzó el vaivén de negociaciones. “Fueron muy rudas”, recuerda el joven. ¿Cuánto se le puede sacar a una familia cuyo hijo ha emigrado por falta de trabajo de un país con una de las mayores crisis económicas de la región?

“Venderé las pertenencias que me quedan”, repetía el padre de Alejandro aquellos días desde Caracas. El negociador en nombre de los secuestradores no tenía más de 25 años, y según les decía a las víctimas, conocía a mucha gente en la ciudad y regentaba dos clubes nocturnos. Por parte del chico secuestrado, negociaba un tío que vive en Estados Unidos, a quien el cartel consideraba que podía sacarle más dinero.

“Las mafias aprovechan para explotar económicamente nuestra diáspora, los venezolanos [captados] deben tener documentos de identidad, ser jóvenes y, lo más importante, gente en EE UU capaz de pagar por ellos”,

dice el padre.

Los secuestradores pidieron primero 14.000 dólares, un monto altísimo para las finanzas de la familia, que ya había gastado sus ahorros en pagar a los coyotes. Finalmente ofrecieron lo que tenían, unos 1.500 dólares que llegaban a juntar.

“Estaré pensando en ustedes”

La última llamada de Ciudad de México a Caracas fue el martes, al quinto día del secuestro.

“Hablé con mi hijo y me dijo: ’Papá, paga lo que tienes para ver si me sueltan. Si no lo hacen y me encuentro con la mala hora, estaré pensando en ustedes”.

El monto que había juntado la familia era muy bajo con respecto al que el supuesto cartel había pedido. Eso le hacía pensar a Alejandro que no sería suficiente.

“Si la familia no paga, te obligan a pagar con trabajo. Todo depende de lo que decida el jefe del cartel, yo tenía que secuestrar personas para ellos o vender droga”.

a mirada se le cae y murmura: “Lo más probable es que me mataran y no quería morir como suelen matar aquí”.

Tras el pago del rescate, los secuestradores cortaron la comunicación por 24 horas. No se sabe nada. El miércoles, un día después del pago, la Fiscalía informa de que Alejandro ha sido rescatado.

“Lo tiene la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada]”,

confirma un portavoz de la FGR a EL PAÍS.

Junto con él fueron rescatados otros seis migrantes que se encontraban en la casa de seguridad del cartel. Dos venezolanos y cinco ecuatorianos. Tres hombres y cuatro mujeres. Tres de las víctimas eran menores de edad.

Alejandro tiene la sensación de que los secuestradores sabían que la policía vendría ese miércoles. En la mañana habían sacado de la casa todo el armamento y la droga. Cuando los agentes policiales llegaron solo quedaban unos pocos miembros de la pandilla: dos guardias, una señora que cocinaba y una que se encargaba de limpiar el lugar. A todos los secuestrados los habían reunido en la parte de atrás del segundo piso. “Algo estaba pasando, pero no sabíamos qué”, cuenta.

“Cuando llega la policía, [los delincuentes] se empiezan a movilizar, a tratar de contener a la policía. No les dio tiempo a enfrentarse, solamente intentaron sobornarlos con dinero, pero no pudieron”.

En la carpeta de investigación, cuenta el joven, hay fotografías de cada uno de los miembros de la banda, imágenes en el aeropuerto o en los cajeros a los que acudían a retirar el dinero de los rescates. Detalles de los coches y la vestimenta que usaban.

“La Fiscalía ya sabe quiénes son”.

Pero la mayoría de ellos sigue en libertad, asegura. Pese al testimonio de las víctimas, la indagatoria judicial también esquiva el espinoso asunto de la posible implicación del INM en la red. Un portavoz de la FGR ha confirmado que no son parte de la investigación y las autoridades migratorias han asegurado que no tienen constancia de ninguna denuncia contra sus agentes por este tema. La Guardia Nacional, a cargo de la seguridad en el aeropuerto, no ha respondido la solicitud de información de este periódico.

El encuentro con la cara más violenta de México le ha arrebatado a Alejandro las ganas de quedarse en el país.

“Uno trae todas sus esperanzas, sus recursos puestos en este viaje, y es muy devastador”.

Su futuro le depara un proceso judicial en el que tendrá que enfrentar cara a cara a supuestos miembros de un cartel que en el último tiempo ha ganado fama de ser uno de los más sanguinarios. Cada vez que lo piensa, le entra un temor paralizante.

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“Yo sé que mi vida corre peligro. Lo único que quiero ahora es mantenerme con vida”.

Fuente: El País.

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Un grupo de empresarios mexicanos comenzó hace dos años a desarrollar una opaca red con el Gobierno de Venezuela que intercambió petróleo del país caribeño por alimentos. Después, comercializaría con carbón y aluminio, y buscaría ampliar su portafolio a otros negocios. Creó un entramado que movió millones de euros por todo el mundo sin apenas dejar rastro, siempre evadiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos a la cúpula chavista.

¿Cuánto sabe el gobierno de México?

Cuál es el grado de conocimiento que el Gobierno de México ha tenido de las operaciones de estos empresarios todo este tiempo ha sido un misterio. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación hace un año sobre algunos de los implicados, sin que haya tenido mayores avances en la justicia mexicana.

Una investigación de EL PAÍS y Armando.info atestigua que Libre Abordo, una de las compañías involucradas, se presentaba como una empresa nombrada por el Gobierno de México para hacer este tipo de operaciones. La comercializadora, además, asegura haber realizado negocios con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la agencia gubernamental para la producción y distribución de comida. Documentos en poder de ambos medios y entrevistas con diversas fuentes confirman una relación entre el joven empresario Joaquín Leal, en el vértice de la trama, y el subsecretario de Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes.

Las declaraciones del número dos de la cancillería mexicana

El número dos de la Cancillería defiende que en su responsabilidad es fundamental apoyar a “toda empresa mexicana, se llame como se llame, sin consultar su posición política ni partidaria”.

“Partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región”, agrega Reyes.

“Libre Abordo fue nombrada por el Gobierno mexicano para entrar en el programa humanitario de intercambios de petróleo por comida con Venezuela con el propósito de ejecutar la venta de una variedad de productos alimenticios para ser comercializados entre ambos países”, asegura la empresa en una presentación corporativa elaborada en enero de 2020, que forma parte de los documentos a los que accedió esta investigación.

En el documento, la empresa explica que el acuerdo se fraguó en una serie de conversaciones bilaterales entre ambos gobiernos.

La misma presentación apunta que Libre Abordo llegó a un acuerdo con Segalmex, un órgano que se desprende de la Secretaría de Agricultura. “Segalmex recibe instrucciones del Gobierno federal de México para proseguir con la ayuda humanitaria, con la intención de beneficiar a los pueblos de México y Venezuela”, se lee en el documento.

Según la versión de Libre Abordo, la Administración de Andrés Manuel López Obrador instruyó a Segalmex para venderle 210.000 toneladas de maíz con destino a Venezuela. La cantidad coincide con la operación que, en junio de 2019, Libre Abordo realizó con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex): se firmaron dos contratos para suministrar esas toneladas de maíz y 1.000 camiones cisterna de agua potable a cambio de petróleo, una operación valorada en 200 millones de euros.

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El Gobierno de Nicolás Maduro necesitaba canjear petróleo por alimentos ante la presión que sufre por las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2014 y que le impiden comercializar con facilidad sus ingentes reservas de crudo. Así, se pactó el pago de ambos contratos con dos millones de barriles de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Esos dos millones de barriles se acabaron convirtiendo en al menos 30 millones en embarques que zarparon entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. De acuerdo con correos en poder de EL PAÍS yArmando.info, Libre Abordo justificó el salto de dos millones a 30 millones de barriles por la caída internacional del precio del crudo. La empresa mexicana se asesoró con despachos para completar las operaciones por medio de trueques que se justificaban como “ayuda humanitaria”, para así tratar de evadir las posibles sanciones.

Las implicaciones internacionales

A los ojos de Estados Unidos, las llamadas transacciones de ayuda humanitaria no solo se cobraron, sino que implicaron un negocio de cientos de millones de dólares para un grupo de empresarios a expensas del pueblo venezolano, “malbaratando” sus recursos naturales.

Esa operación provocó que el 18 de junio de 2020 el Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a Libre Abordo y a Joaquín Leal por hacer negocios con Venezuela. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana inició una investigación para seguir el rastro de los 200 millones de euros. La pesquisa no tuvo apenas avances hasta que el 18 de mayo la UIF envió una denuncia a la Fiscalía en la que pedía el aseguramiento (bloqueo) de un centenar de cuentas de Leal y Libre Abordo, según pudo comprobar este diario. De los supuestos acuerdos con Segalmex, sin embargo, no hay una sola mención.

La relación del Presidente de México

El Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una posición ambigua respecto a la crisis de Venezuela desde que llegó al poder. Evitó reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, aunque ha contribuido a refugiar opositores y a sacarlos del país.

Las relaciones entre oposición y Gobierno venezolanos con la diplomacia mexicana son estrechas y frecuentes, hasta el punto de que México se perfila como la posible sede de una negociación entre ambas partes para buscar una salida a la crisis.

En el caso del presidente, que abarca todos los asuntos de México en su conferencia mañanera, se ha referido a Venezuela en muy pocas ocasiones. Una de ellas fue tres días antes de la sanción del Tesoro a los empresarios mexicanos para decir que estaría dispuesto a colaborar con ayuda humanitaria con Venezuela si fuese necesario:

“No nos ha hecho ninguna solicitud. En el caso que nos hiciera la solicitud y fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos”. La Presidencia de México no ha respondido a las solicitudes de comentarios para este reportaje.

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Fuente: El País.

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