Estas son las 10 noticias que marcaron el país durante este año que está a punto de concluir.

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1 – GRAN TRAGEDIA EN EL METRO

Un tren con pasajeros se desplomó el 3 de mayo por la noche al derrumbarse un tramo del puente elevado de la Línea 12 de la Ciudad de México, una tragedia en la que fallecieron 26 personas y que dejó más de un centenar de heridos.

El accidente golpeó políticamente al excalcalde y actual canciller, Marcelo Ebrard, quien construyó la línea en 2012, y a la actual alcaldesa, Claudia Sheinbaum, ambos aspirantes del oficialismo para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024.

2 – FIN DE LAS MALDICIONES DE CRUZ AZUL Y ATLAS

Tras 23 años de sequía, el Cruz Azul ganó el 30 de mayo su noveno título de la liga del fútbol mexicano tras empatar con el Santos Laguna, con lo que se quitó de encima el estigma de ser el gran perdedor de las finales futbolísticas.

Por su parte, el Atlas ganó el 13 de diciembre el título del torneo Apertura 2021 al vencer al León en la serie de penaltis, tras 70 años sin un título de liga, la peor racha para un equipo de la primera división mexicana.

3 – EL SUPREMO DA UN ESPALDARAZO AL ABORTO

La Suprema Corte de Justicia de México declaró el 7 de septiembre inconstitucional la imposición de penas de cárcel para las mujeres que aborten en el norteño estado de Coahuila, un fallo histórico que obliga a todos los tribunales del país a fallar en la misma línea.

De los 32 estados de México, el aborto solo es legal en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima, mientras que en el resto solo se permite cuando hay causales como violación, viabilidad del feto o salud de la madre.

4 – CHECO PÉREZ HACE HISTORIA

Sergio “Checo” Pérez ganó el 7 de noviembre el tercer puesto en el Gran Premio de Fórmula Uno de la Ciudad de México, convirtiéndose en el primer mexicano que logra subir al podio.

Dicho triunfo contribuyó a que Checo terminase cuarto en la clasificación de pilotos de la temporada y, junto al holandés Max Verstappen, campeón mundial, ganó el segundo lugar en la clasificación de escuderías, con Red Bull.

5- VUELVE LA NORMALIDAD EN LA FRONTERA

México y Estados Unidos reabrieron el 8 de noviembre su frontera común, clausurada a los viajes no esenciales desde marzo de 2020 por la pandemia de covid-19, un cierre de 20 meses que tuvo un impacto económico estimado de 71.000 millones de dólares.

La pandemia acumula en México casi 4 millones de contagios y cerca de 300.000 muertes confirmadas, además de provocar una caída del producto interior bruto (PIB) del 8,2 % en 2020, su peor desplome desde la Gran Depresión de 1932.

6 – MUGURUZA TRIUNFA EN MÉXICO

La tenista Garbiñe Muguruza ganó el 17 de noviembre en la ciudad mexicana de Guadalajara el Torneo de Maestras del tenis mundial, convirtiéndose en la primera española que triunfa en esta competición que reúne a las ocho mejores jugadoras del mundo.

Muguruza, de 28 años, ganó en las semifinales a la también española Paula Badosa y en la final venció a la estonia Annet Kontaivet por 6-4, 7-5.Los organizadores del torneo, el primero de este tipo en Latinoamérica, obtuvieron ademas un rotundo éxito al preparar el torneo en un tiempo récord.

7 – PRIMERA GOBERNADORA DEL BANCO DE MÉXICO

El presidente López Obrador anunció el 24 de noviembre la nominación de la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, para ser la primer mujer gobernadora del Banco de México.

El mandatario había postulado en agosto a que fue su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para dirigir el banco central mexicano pero cambió de opinión sin dar mayores explicaciones.

8 – AUMENTA EL FLUJO MIGRATORIO

El Gobierno mexicano informó el 3 de diciembre que entre enero y octubre arrestó a 228.115 migrantes y deportó a 82.627 de enero a octubre de 2021, unas cifras no vistas en 15 años y que reflejan el aumento del flujo migratorio que cruza México con destino a Estados Unidos.

Además, 123.000 migrantes han solicitado refugio en los primeros once meses del 2021, otro récord absoluto pues en años anteriores se llegaba a unas 40.000 peticiones, mientras Estados Unidos reinstauró el programa “Quédate en México” que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano.

9 – ADIÓS AL REY DE LAS RANCHERAS

El icónico cantante mexicano Vicente Fernández, conocido como el rey de las rancheras, falleció el 12 de diciembre después de varias semanas ingresado en un hospital tras una caída en su casa, con lo que se puso fin a la época dorada de la música rancherai.

El “Charro de Huentitán” fue despedido con actuaciones musicales durante una emotiva y maratoniana misa celebrada en su rancho de las afueras de Guadalajara (Jalisco) con la presencia de familiares, artistas y seguidores del cantante.

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10- INFLACIÓN DESBOCADA

México cierra el año con una inflación desbocada, al registrar un aumento de precios del 7,45 % en la primera quincena de diciembre, el mayor nivel registrado en dos décadas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Para frenar el aumento de la inflación, el Banco de México elevó la tasa de interés al 5,5 %, tras cinco incrementos consecutivos durante el año.

Fuente: Los Angeles Times.

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La decisión de reactivar el programa “Quédate en México” (Remain in Mexico) en la frontera con Estados Unidos expondrá a los solicitantes de asilo nuevamente a riesgos de secuestro, extorsión, violación sexual y otros abusos, señaló hoy Human Rights Watch. También violará su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.

Si bien el programa ha sido modificado por la administración Biden, hay pocas razones para creer que las agencias gubernamentales responsables de implementar Quédate en México puedan hacerlo de un modo que respete los derechos humanos, explicó Human Rights Watch. Las agencias fronterizas, a ambos lados de esta, han estado implicados en un número de abusos que son intrínsecos al programa y siguen actuando con casi absoluta impunidad. 

“En el marco del programa Quédate en México, Estados Unidos y México han adoptado medidas a sabiendas de que ponían en riesgo la vida de miles de solicitantes de asilo”, señaló Ari Sawyer, investigadora fronteriza en Human Rights Watch. “No hay forma de que un programa diseñado para postergar el derecho a solicitar asilo obligando a las personas a esperar en sitios peligrosos pueda operar de modo que respete sus derechos. Los gobiernos de Estados Unidos y de México deberían dar marcha atrás de inmediato”.

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Los gobiernos de EE. UU. y de México anunciaron que, a partir del 6 de diciembre, empezarían a inscribir a solicitantes de asilo en Quédate en México, incluyendo a personas que no hablan español, como haitianos, brasileños y personas indígenas, y los enviarían a siete ciudades en la frontera mexicana para que esperaran allí el resultado de sus solicitudes.

La nueva iteración del programa no toma en cuenta que muchos de aquellos enviados a México como parte de la iniciativa han sido blancos sistemáticos de violencia por organizaciones delictivas y, a veces, por policías y agentes migratorios mexicanos. Si bien el gobierno de EE. UU. afirma que mejorará el proceso de identificar solicitantes con vulnerabilidades para evitar que sean enviados a México, esto seguirá dependiendo de que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los remitan a una entrevista con un funcionario de asilo.

Human Rights Watch ha concluido que, tanto en el contexto de Quédate en México como fuera de él, los agentes generalmente no realizan las remisiones que exige la ley. El programa ha agudizado las falencias que ya tenía el sistema de tribunales de migración estadounidense, incluyendo la falta de acceso a asesoramiento jurídico, obstáculos a la representación legal, falta de transparencia y garantías legales limitadas.

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Además, el programa seguirá enviando a solicitantes de asilo a dos ciudades en el estado de Tamaulipas, un lugar particularmente peligroso. Allí, organizaciones delictivas y policías del estado han perpetrado ejecuciones masivas de migrantes. Tanto las autoridades estadounidenses como mexicanas reconocen que los secuestros son frecuentes en la zona de Tamaulipas cercana a la frontera estadounidense. El Departamento de Estado de los EE. UU. ha emitido una alerta de “No viajar” para el estado, en la cual indica que “miembros fuertemente armados de organizaciones delictivas suelen patrullar zonas del estado y actúan con impunidad, sobre todo a lo largo de la región de la frontera”. Human Rights Watch y otros actores han instado reiteradamente al gobierno de EE. UU. a que no envíe solicitantes de asilo a Tamaulipas.

En la versión previa del programa, ambos gobiernos aseguraron que solo enviarían solicitantes de asilo que hablaran español a México, pero Human Rights Watch determinó que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) también enviaban a solicitantes de asilo que no hablaban el idioma, incluyendo personas indígenas. Muchos solicitantes de asilo que no hablan español y fueron enviados a México por el gobierno de Biden han sufrido discriminación y han tenido dificultades para trabajar y acceder a servicios públicos.

Entre enero de 2019 y enero de 2021, la administración del expresidente Donald Trump envió más de 71 mil solicitantes de asilo a México como parte del programa Quédate en México, incluyendo decenas de miles de niños y niñas y personas con discapacidad y condiciones de salud crónicas. La administración Biden puso fin al programa oficialmente en junio. El presidente Biden calificó al programa de “peligroso” e “inhumano” y un memorando del Departamento de Seguridad Nacional explicó que la decisión del gobierno se debía al reconocimiento de sus “falencias generalizadas” y “costos humanos injustificables”.

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La administración Biden señaló que se ve obligada a reanudar el programa debido a una decisión de la Suprema Corte, pero que lo hará con “mejoras de carácter humanitario”. Estas incluyen resolver la mayoría de los casos de asilo en un plazo de seis meses, asegurar que los solicitantes de asilo tengan acceso a asesoría legal y verificar que las “personas particularmente vulnerables” no sean inscritas en el programa.  También ha prometido que aquellos enviados a México tendrán acceso a albergues y medios de transporte seguros y podrán obtener permisos de trabajo y acceder a centros de salud y otros servicios en México.

Tanto Estados Unidos como México prometieron muchas de estas presuntas mejoras durante primera instancia del programa, pero nunca se concretaron. El gobierno de EE. UU. expuso a solicitantes de asilo al riesgo de ser torturados en México, pese a reconocer desde el inicio del programa su obligación de asegurar que esto no sucediera conforme a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Estados Unidos también se comprometió previamente a no enviar a solicitantes de asilo de grupos vulnerables a México, pero Human Rights Watch comprobó que los agentes fronterizos no evaluaban si las personas tenían vulnerabilidades o bien, a sabiendas, enviaban a México a solicitantes de asilo particularmente vulnerables, incluyendo personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), personas con discapacidad o condiciones de salud crónicas y mujeres embarazadas. El gobierno mexicano tampoco identificó a personas con discapacidad o condiciones de salud crónicas que Estados Unidos había enviado a México en el marco del programa.

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Cuando inicialmente aceptó participar en el programa Quédate en México, el gobierno mexicano se comprometió a encargarse de la seguridad de los solicitantes de asilo que esperaran en el país y a garantizar que tuvieran acceso a trabajo, atención de la salud, educación y el sistema de justicia. Sin embargo, Human Rights Watch concluyó que el gobierno mexicano no brindó estas protecciones y dejó a miles de personas varadas en México sin posibilidades de mantenerse económicamente ni de acceder a servicios básicos, y sin vías de recurso cuando sufrían abusos por parte de carteles delictivos o autoridades mexicanas.

El gobierno de Biden dijo que se cerciorará de que los solicitantes de asilo inscritos en el programa tengan acceso a asesoría legal. Anteriormente, Human Rights Watch concluyó que el programa había impedido que tuvieran un acceso efectivo. Diversos abogados dijeron a Human Rights Watch que los riesgos a su seguridad y dificultades logísticas les impedían viajar a México, y que generalmente los solicitantes de asilo en el programa no tenían domicilios ni números de teléfono fijos.

Previamente, tan solo un 10 por ciento de los solicitantes de asilo en el programa contaron con representación legal. Ahora, muchos abogados se están negando a que el gobierno incluya sus nombres en las listas de abogados ad honorem distribuidas a solicitantes de asilo, sosteniendo que no van a ser cómplices de un programa que viola las leyes estadounidenses y el derecho internacional de los derechos humanos.

Ni el gobierno de EE. UU. ni el de México han precisado cómo prevén cumplir sus compromisos bajo la nueva iteración del programa ni han explicado por qué no lo hicieron anteriormente.

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El gobierno de López Obrador señaló en una declaración en noviembre que solo aceptaría reanudar Quédate en México si la administración Biden abordaba ciertas “preocupaciones de índole humanitaria”, incluyendo el compromiso de no asignar solicitantes de asilo de grupos vulnerables al programa y a aportar fondos para programas de desarrollo económico para América Central. En diciembre, el gobierno mexicano informó que había aceptado reanudar el programa porque la administración Biden había abordado estas cuestiones.

Ninguna de esas dos  declaraciones abordó los abusos ampliamente documentados que policías y agentes de migración mexicanos cometieron contra solicitantes de asilo en el programa. En el pasado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha negado que ocurrieran abusos en el marco del programa y sostenido que había sido “muy bueno el resultado”.

“Es claro que el presidente López Obrador tan solo pretende estar preocupado por las violaciones de derechos humanos que ocurrirán al reanudar el programa Quédate en México”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si realmente le importara poner fin a los abusos atroces que han padecido los solicitantes de asilo en el programa, se habría negado clara e inequívocamente a participar en él desde el principio”.

Fuente: Human Rights Watch.

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Se reactivó inicialmente en El Paso, Texas, donde a diario se enviará a unos 50 migrantes de regreso a Ciudad Juárez, México, según un funcionario del gobierno federal que habló a condición de guardar el anonimato debido a que los detalles no fueron dados a conocer.

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El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el envío de migrantes hacia el lado mexicano de la frontera comenzó en un lugar y se expandirá a otros seis. Se negó a identificar cuál es esa ciudad y el número de migrantes que serán procesados, argumentando “motivos de seguridad operacional”.

La reanudación de la política “Permanecer en México” llega a pesar de que el gobierno de Biden maniobra para ponerle fin de una forma que salga airosa al escrutinio jurídico. Biden suspendió la medida, pero una demanda presentada por Texas y Missouri lo ha obligado a restablecerla, siempre y cuando tenga la aceptación de México.

¿QUÉ ES LA MEDIDA “PERMANECER EN MÉXICO”?

Aproximadamente 70.000 solicitantes de asilo se han visto obligados a aguardar en México a que llegue la fecha de su audiencia en una corte migratoria de Estados Unidos, en virtud a la política que estableció Trump en enero de 2019 y que Biden suspendió en su primer día de gobierno.

Los cruces fronterizos ilegales disminuyeron drásticamente después de que México, ante la amenaza de Trump de imponer aranceles más elevados, consintió en 2019 a la rápida expansión de la medida. Los solicitantes de asilo fueron víctimas de graves actos de violencia mientras aguardaban en México y enfrentaron una serie de obstáculos de índole jurídica, como el acceso a abogados y a la información de sus casos.

Sólo aproximadamente el 1% de los solicitantes de asilo sujetos a la medida recibieron refugio, según la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Cerca del 60% de las solicitudes fueron rechazadas o desestimadas, y el resto de los casos continúan pendientes.

Sólo uno de cada 10 solicitantes de asilo contaba con representación jurídica, muy por debajo del promedio en un tribunal migratorio de Estados Unidos.

Funcionarios del gobierno de Trump insisten en que la política fue fundamental para desalentar los cruces ilegales. Alejandro Mayorkas, actual secretario de Seguridad Nacional, dijo que posiblemente la medida contribuyó a un descenso en el número de cruces en 2019, pero con “costos humanos sustanciales e injustificables” para solicitantes de asilo que quedaron expuestos a la violencia mientras aguardaban en México. Los críticos dicen que la política, conocida oficialmente como “Protocolos de Protección a Migrantes”, hace caso omiso a las leyes federales de Estados Unidos y a las obligaciones internacionales en materia de asilo, afirmación que Trump llamó “una farsa”.

¿EN QUÉ ES DIFERENTE ESTA NUEVA VERSIÓN DE “PERMANECER EN MÉXICO”?

La versión de Biden expande la medida a migrantes de países del hemisferio occidental, mientras que Trump la limitó en gran medida a las naciones de habla hispana del hemisferio. Los mexicanos continúan estando exentos de ella.

La expansión es particularmente significativa para los haitianos, que formaron un enorme campamento en la localidad fronteriza de Del Rio, Texas, en septiembre. Los brasileños, que en buena medida resultaron exentos durante el mandato de Trump, también podrían resultar sumamente afectados.

Estados Unidos intentará completar los casos en un plazo de 180 días, una respuesta a las inquietudes del gobierno mexicano de que languidecerán sin resolverse en un sistema judicial que tiene 1,5 millones de casos pendientes.

Las autoridades estadounidenses les preguntarán a los migrantes si tienen miedo de regresar a México, en lugar de aguardar a que sean ellos los que expresen cualquier inquietud sin que se les solicite. Si los migrantes dicen tener temor, se les evaluará y contarán con 24 horas para encontrar un abogado o representante.

Los migrantes también tendrán una oportunidad para reunirse con abogados antes de cada audiencia, aseguran funcionarios federales. El Departamento de Estado trabaja de manera conjunta con México para establecer lugares con acceso vía telefónica y por video a abogados en Estados Unidos.

Muchos grupos de asistencia jurídica con sede en Estados Unidos que han representado a solicitantes de asilo que aguardan su turno en territorio mexicano dicen que ya no tomarán este tipo de casos. Los activistas se muestran sumamente escépticos de las afirmaciones de las autoridades estadounidenses y mexicanas de que probablemente otros abogados se ofrecerán a asumir los casos.

¿QUÉ DICE MÉXICO?

El juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk, designado al puesto por Trump en Amarillo, Texas, escribió en su fallo del 13 de agosto que el restablecimiento de la medida dependía de que el gobierno mexicano la aceptara. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó el jueves que permitiría los retornos por motivos humanitarios después de que se efectúen los cambios y adiciones prometidos por el gobierno de Biden.

Todos los migrantes sujetos a la política serán vacunados contra el COVID-19. Los adultos recibirán la vacuna de Johnson & Johnson, la cual sólo requiere una dosis. A los menores de edad que sean elegibles de acuerdo a los lineamientos federales estadounidenses se les aplicará la vacuna de Pfizer, y la segunda dosis una vez que lleguen a Estados Unidos para sus primeras audiencias.

Durante las negociaciones, las autoridades mexicanas expresaron preocupación acerca del envío de migrantes de regreso a la franja norte del estado de Tamaulipas, una zona fronteriza con Texas particularmente peligrosa y el corredor de cruces ilegales con mayor actividad. Solicitaron apoyo financiero de Estados Unidos para la instalación de más albergues, pero sólo recibieron compromisos en términos vagos.

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A la larga la medida será extendida a otras seis ciudades: San Diego y Calexico, en California; Nogales, Arizona, y las localidades fronterizas de Brownsville, Eagle Pass y Laredo, en Texas.

Ya se trabaja en acuerdos para brindar transporte en México desde y hacia la frontera. Los migrantes enviados de regreso a Tamaulipas desde Brownsville, Eagle Pass y Laredo podrían ser llevados a otras partes del interior del territorio mexicano para su seguridad personal.

Fuente: Los Angeles Times.

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Así lo informaron varios medios estadounidenses, como el diario Axios y la televisión conservadora Fox News, que citaron fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) en sus informaciones.

La reactivación de esta estrategia llega después de una orden de un juez de Texas, que requirió la implementación del programa a raíz de una demanda planteada por los estados de Texas y Missouri, que defienden una de las políticas insignia de la Administración del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021).

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El Gobierno de Trump inició esa política a fines de 2019, haciendo caso omiso del trámite de ley por el cual los solicitantes de asilo pueden esperar dentro de EEUU la resolución de sus casos.

La principal diferencia entre el programa de Biden y el que puso en marcha Trump es que se les ofrecerá la vacuna a todos los adultos migrantes registrados en los MPP, de acuerdo a las fuentes citadas en medios estadounidenses.

A pesar de ello, se desconoce hasta ahora en qué momento del proceso los migrantes recibirán la vacuna.

Lo que sí fue confirmado por esas fuentes es que el programa se restablecerá en dos ciudades fronterizas de Texas – El Paso y Brownsville – y una de California, San Diego.

La vuelta de los MPP ha causado polémica en el país, ya que una de las primeras acciones de Biden a su llegada a la Presidencia en enero pasado fue la cancelación de los mismos.

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Los estados de Texas y Missouri demandaron al Gobierno federal para que reanudara el programa y en agosto el Tribunal Supremo rechazó bloquear la decisión de una corte de menor instancia que pedía que se reactivara.

El juez que se hizo cargo del caso opinó que la orden por la que se rescindieron los MPP violó la ley federal administrativa y no tuvo en cuenta los “beneficios” del programa, entre los que citó su presunto efecto disuasorio para potenciales migrantes.

El magistrado ordenó al Gobierno de Biden restaurar el programa, al menos hasta que encuentre una forma de “rescindirlo de forma legal” y hasta que el Ejecutivo tenga la capacidad para detener a los solicitantes de asilo que, en ausencia de esa política, pueden entrar en EE.UU.

Fuente: Los Angeles Times.

La entrada Biden prevé Volver a instalar el programa ‘Quédate en México’ y ya tiene fecha se publicó primero en México 24 siete.

Durante la reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) en Washington, expertos señalaron que México debe rechazar cualquier versión del programa Quédate en México y en su lugar requerir de la administración Biden el apoyo financiero y técnico para expandir la capacidad de entrenamiento de las agencias mexicanas y de organizaciones internacionales.

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“México llega con muchísimo poder para decir que no va a seguir aceptando a personas que están buscando protección en Estados Unidos”, dijo a EL FINANCIERO la directora del Latin American Advocacy Center de El Paso, Texas, la abogada Linda Rivas: “Si México dice que no, Estados Unidos va a tener que cumplir con sus obligaciones internacionales de procesar aquí a las personas buscando asilo”.

A su vez, la administración Biden tiene la responsabilidad de pedir a las autoridades mexicanas que no se violen los derechos humanos de los migrantes, porque es un problema que existe tanto en la frontera sur como en la frontera norte, y que ambos gobiernos desarrollen un plan de acción para combatir esas violaciones, indicó la litigante.

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“Es inmoral continuar la implementación de un protocolo que es ilegal y que fue implementado de manera abusiva, arbitraria y violentando los derechos de los migrantes. El Departamento de Justicia debería aspirar a un sistema de Cortes de migración independiente justo, imparcial y serio”,

señaló en entrevista el abogado Rafael Borrás, quien representa a solicitantes de asilo.

Bajo la versión original del MPP, iniciado en 2019 con Donald Trump, más de 70 mil solicitantes fueron enviados a México, donde vivieron en condiciones de hacinamiento, en especial a partir de la pandemia de COVID-19.

Fuente: El Financiero.

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La Corte Suprema de EU rechazó la apelación presentada por el gobierno de Joe Biden contra la decisión de un juez de Texas que obliga a reanudar el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). Se abren muchas incógnitas sobre cómo se gestionará el proceso de solicitud de asilo a partir de ahora.

Por el momento, Acnur suspendió las inscripciones en su programa para permitir que personas que pidieron protección durante la presidencia de Donald Trump puedan ingresar a EU y fuentes de la OIM confirmaron que hoy, miércoles 25, no habrá cruces. Todavía hay mucha incertidumbre y falta por conocer el posicionamiento del gobierno mexicano.

¿Qué es el MPP o “Quédate en México”?

Se trata de una iniciativa impulsada por el expresidente Donald Trump y acordada con Andrés Manuel López Obrador por la que los solicitantes de asilo en EU debían esperar en México su cita con un juez. Estuvo en vigor entre 2019 y 2021 y afectó a unas 72 mil personas.

Muchas de ellas fueron víctimas de violencia al ser devueltas a ciudades peligrosas como Nuevo Laredo, Tijuana o Matamoros. Cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca, una de sus primeras decisiones fue poner fin al protocolo. Esa decisión es la que está impugnada ante un juez de Texas.

¿Qué es lo que los jueces decidieron exactamente?

Un juez de Texas atendió la demanda presentada por el Fiscal General de este estado, de mayoría republicana, y emitió una sentencia en la que obliga al gobierno de Biden a reanudar el “Quédate en México”. La demanda se presentó contra la fórmula administrativa empleada por la Casa Blanca para poner fin al plan de Trump, sin entrar en el fondo del asunto. Hay otras demandas presentadas por organizaciones de la sociedad civil que todavía se están litigando y que cuestionan la legalidad de expulsar a los solicitantes de asilo a México.

Tras la decisión del juez, la Casa Blanca apeló para suspender su aplicación mientras no exista un fallo definitivo. Ahora, la Corte Suprema ha descartado esa posibilidad, por lo que “Quédate en México” debe ser reimplantado al menos hasta que los jueces tengan una decisión concluyente.

Por eso el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que lamentaba la sentencia, que “había apelado la orden del tribunal de distrito (de Texas) y que continuará impugnándola enérgicamente” pero que “a medida que continúe el proceso de apelación, cumplirá con la orden de buena fe”.

¿Qué va a ocurrir en la frontera?

Cuando Biden ordenó poner fin a “Quédate en México” también puso en marcha un plan para recibir a aquellas personas que quedaron expulsadas durante los dos años de programa. Con el apoyo de Acnur y OIM, desde el 19 de febrero cerca de 13 mil personas cruzaron la frontera para seguir su caso de asilo al interior de EU.

En un inicio se consideró que habría unas 26 mil personas con su caso abierto. Tras varios meses recibiendo a quienes esperaban su cita con el juez, en junio se inició una segunda fase en la que se ingresaba, tras un proceso con DHS, a personas que no acudieron a su audiencia por estar en México. Esta medida permitió poner fin a situación dramáticas como el campamento de Matamoros, a la orilla del Río Bravo, en el que se hacinaban cientos de solicitantes de asilo.

La primera consecuencia práctica es que este operativo queda en suspenso. Fuentes de la OIM señalaron que hoy, miércoles 25, la institución “no hará pruebas COVID ni acompañará a personas con casos bajo el programa de MPP” ya que están evaluando la situación en coordinación con los gobiernos de México y EU. Desde la noche del martes la página de Conecta, gestionada por Acnur, mantiene en suspenso la posibilidad de nuevas inscripciones.

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Ahora hay que ver, y eso todavía no está claro, si los guardias fronterizos de EU comienzan a devolver a personas que cruzan irregularmente la frontera y solicitan asilo. Esto es complejo y tiene una aplicación limitada: actualmente, los mexicanos y centroamericanos que son detenidos como irregulares son inmediatamente devueltos en aplicación del Título 42, que es otra disposición de Trump que permite las expulsiones exprés bajo la excusa de la COVID-19.

Hay otras nacionalidades que no entran teóricamente en este programa y que estaban teniendo menos dificultades para entrar a EU y pedir asilo. Es el caso, por ejemplo, de los venezolanos, que en los últimos meses han cruzado a cientos atravesando Río Bravo por Ciudad Acuña, Coahuila. Estos, en teoría, podrían ahora ser devueltos en aplicación del MPP. Pero no sabemos qué es esa “buena fe” de la que habla DHS en su comunicado. Para su implementación, además, queda pendiente el visto bueno de México y que la Casa Blanca publique una orden explicando cómo se reactiva el programa.

¿México tiene algo que decir?

Ante el riesgo de que la Corte Suprema tomase esta decisión, organizaciones de la sociedad civil de EU y México pidieron al gobierno de López Obrador que no colabore con la reinstalación de MPP. Por su parte, el DHS dijo, tras conocer la noticia, que “junto con socios interinstitucionales, el DHS ha comenzado a participar con el Gobierno de México en discusiones diplomáticas” en torno a la reactivación del programa. Ambas posiciones dan a entender que México tiene capacidad de decisión. Sin embargo, el jefe de la diplomacia mexicana para América del Norte, Roberto Velasco, dijo en dos tuits que habían recibido la comunicación de Washington pero que el país “no es parte del proceso judicial, el cual trata sobre una medida unilateral estadounidense”.

“En el transcurso del día de mañana intercambiaremos información sobre esta resolución para definir las consideraciones de México, basadas en el respeto a la soberanía y los derechos humanos”, dijo.

Se trata de una posición calculadamente ambigua. Desde que Trump implementó el MPP, el gobierno de López Obrador ha manejado dos discursos en apariencia contradictorios: por un lado, que nada pueden hacer por ser expulsiones impuestas por Washington y, por otro, que México ha adoptado esta política migratoria con total soberanía. Si en el pasado no se rebeló, resulta difícil pensar que vaya a hacerlo ahora, así que las discusiones más estarían encaminadas al modo en el que se aplica de nuevo el programa.

Entonces, ¿ya no se puede pedir asilo en EU?

Actualmente la gran herramienta para desalentar las solicitudes de asilo no es el MPP sino el Título 42, que permite las devoluciones exprés bajo la excusa de la COVID-19. Este mecanismo lo inauguró Trump en marzo de 2020 y, hasta el momento, ha servido para llevar a cabo más de un millón de expulsiones sin dar opción a pedir refugio.

Esto no implica que se expulsara a un millón de personas, ya que al ser un sistema inmediato y sin consecuencias penales hay personas que tratan de cruzar en múltiples ocasiones. Como en la frontera se estaba generando una bolsa de personas que lo intentaban una y otra vez, EU inauguró en agosto el sistema de expulsiones en avión a ciudades del sur de México. Ahí, el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano termina el trabajo y devuelve a los migrantes a Guatemala. La aplicación del Título 42 y el cierre de la frontera para las peticiones de asilo, salvo en contadas excepciones, ha provocado que se levanten dos campamentos con familiares vulnerables que esperan cruzar: uno en Tijuana, Baja California, y otro en Reynosa, Tamaulipas.

“De conformidad con la orden de salud pública del Título 42 de los CDC, el DHS continúa expulsando a los adultos solteros y las familias que se encuentran en la frontera suroeste”,

recordó el departamento de seguridad de EU. Ahora lo que podemos encontrar es una combinación entre MPP y Título 42 que nos lleve directamente a los peores tiempos de Trump.

Pero si Biden estaba en contra del MPP, ¿no puede frenar esta decisión?

El juez de Texas lo que anula es la forma en la que se suprimió MPP, sin entrar al fondo. Así que parecería lógico pensar que Biden podría rehacer su orden adecuándose a lo dispuesto por la corte. Sin embargo, no lo tiene fácil el presidente de EU. Desde que asumió el poder se dispararon las llegadas a la frontera. Aunque este es un fenómeno multifactorial (crisis post confinamiento, consecuencias de huracanes Eta y Iota, pobreza y violencia agravadas), desde el Partido Republicano y sus medios se impuso el discurso de que era culpa del nuevo presidente. Y este ha sido incapaz de armar una retórica alternativa.

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Este año fiscal fueron arrestadas 845 mil personas en frontera, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés). Se trata de una cifra levemente superior a las casi 800 mil que se interceptó en 2019 en el mismo período. A ellos habría que sumarle aproximadamente un 25% de personas que intentan cruzar en varias ocasiones.

Habrá que ver si Biden quiere dar la batalla o, por el contrario, opta por apoyarse en la decisión de los jueces para permitir la reinstalación de MPP . También hay que ver de qué manera lo reanuda y qué quiere decir esa “buena fe” de la que habla DHS en su comunicado. Quedan muchas incógnitas y lo que ocurra en las fronteras se definirá estos días en una frenética agenda de contactos.

Fuente: Animal Político.

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