Un grupo de 10 personas, conformado por tres familias con niños y adolescentes, fueron las primeras en refugiarse en uno de los albergues de la Unidad Deportiva Reforma, acondicionada por autoridades municipales y del estado mexicano de Baja California y ubicada a unos 15 kilómetros del puerto fronterizo de San Ysidro.

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Enrique Lucero, director de Atención al Migrante de Tijuana, dijo a EFE que el principal desafío que enfrenta la ciudad con la llegada y retorno de migrantes es el alojamiento, “el poder brindarles un techo y que no duerman en la calle”.

Por ello, las autoridades acondicionaron con todos los servicios y atención esta unidad deportiva, que tiene capacidad para alojar a 300 personas y servicios de atención médica y psicológica disponibles hasta el próximo 1 de diciembre.

“Los apoyaremos mientras determinan su situación, ya sea que decidan retornar a su país, incorporarse a la vida laboral en Tijuana o continuar con el proceso de asilo a Estados Unidos”,

dijo el funcionario.

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Mencionó que los venezolanos llegan a Tijuana en circunstancias adversas y en mal estado emocional por la travesía desde su país hasta esta frontera, además de que en centros de detención no se les informa a dónde los llevan y por dónde los están retornando.

La incertidumbre ha aumentado desde que Estados Unidos anunció el mes pasado que otorgaría más de 20.000 visas humanitarias para venezolanos que lleguen por aire y tengan un patrocinador, pero, a la par, expulsará de inmediato a quienes crucen la frontera terrestre.

Jesús Bonillo, migrante venezolano alojado en el albergue, compartió a EFE que está en la ciudad con su esposa y sus dos hijos, quienes fueron retornados la noche del martes después de que el pasado domingo se entregaran a las autoridades migratorias estadounidenses por la frontera de Ciudad Juárez.

“Por ahora estamos aquí y mi familia se siente bien, tenemos dónde dormir, dónde bañarnos y estamos positivos, con la frente en alto y con ganas de seguir luchando y lograr nuestro objetivo”,

sostuvo.

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Bonillo dijo que a su país no regresa porque lo abandonó por la inestabilidad económica y lo que quiere es “darle un mejor futuro a los hijos en Estados Unidos, que es el país de las oportunidades.

Desde el pasado 13 de octubre, cuando comenzaron a retornar a migrantes por la frontera de Tijuana, hasta la fecha han llegado 1.057 venezolanos y, según autoridades, la mayoría ha desistido de quedarse en la ciudad.

El hecho refleja la migración récord en la región hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detuvo en el año fiscal 2022 a un número inédito de más de 2,76 millones de indocumentados, una cifra que incluye incrementos sustanciales en las capturas de cubanos y venezolanos.

Fuente: The San Diego Union-Tribune https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/bc/articulo/2022-11-02/abren-albergues-en-la-fronteriza-tijuana-para-venezolanos-deportados-a-mexico.

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Se agolpan por toda la frontera de México con Estados Unidos, llenan campamentos improvisados y caminan en el polvo bajo un puente internacional con afiches que piden ayuda: “S.O.S. HELP”.

En Honduras, Guatemala y Nicaragua duermen en las calles, piden comida y se preocupan por su destino. Algunos han recurrido a las autoridades locales para solicitar un salvoconducto de regreso a casa. Otros han prometido perseverar y llegar hasta Estados Unidos.

Un cambio abrupto en la política de inmigración del gobierno de Joe Biden en este mes ha dejado, prácticamente de la noche a la mañana, a decenas de miles de migrantes venezolanos —que recorren desde el sur de Centroamérica hasta la frontera entre México y EE. UU.— varados en un limbo burocrático.

El país que muchos habían dejado atrás, Venezuela, ha caído en el autoritarismo y la ruina económica, ocasionando la mayor crisis migratoria en el hemisferio occidental. Desde 2015, alrededor de uno de cada cuatro venezolanos ha salido de su hogar.

El país al que intentan llegar, Estados Unidos, les cerró la puerta a la mayoría de ellos el 12 de octubre, al imponer una regla que obligó a muchos a volver a México, una respuesta radical frente a un problema humanitario complejo que ha enviado a una cantidad récord de personas a la frontera este año.

“Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar”, dijo Darrins Arrechedra, de 31 años, un hombre de Venezuela que dijo que había atravesado 10 países para llegar a Estados Unidos y arribó a la frontera un día después de que la gestión de Biden dejó de admitir venezolanos.

Arrechedra, quien había intentado vivir en Chile antes de emprender el viaje al norte, estaba detrás de una oficina de ayuda a los migrante en Ciudad Juárez con vista al perfil de El Paso al otro lado del río Bravo, en Texas.

Dijo que tenía amigos en Estados Unidos que le habían prometido trabajo y que para llegar tan lejos había vendido sus pertenencias y agotado sus ahorros. “En realidad no tengo como que un plan ahorita”, dijo.

En los últimos meses, grandes cantidades de migrantes venezolanos han salido de Sudamérica al correrse la voz de que Estados Unidos no tenía un modo fácil de mantener fuera a la mayoría de ellos y que se les permitiría entrar al país y pedir asilo.

Casi todos han pasado por el Tapón del Darién, un tramo selvático peligroso que conecta Centro y Sudamérica y que se ha convertido en escenario de una batalla lacerante en el que los migrantes enfrentan deshidratación, hambre e incluso la muerte.

El aumento ayudó a impulsar un intenso debate en Estados Unidos por la inmigración. Gobernadores republicanos enviaron migrantes a comunidades demócratas en el norte por avión y autobús, lo que ocasionó que la ciudad de Nueva York construyera un campamento y declarara un estado de emergencia para poder enfrentar su llegada.

El 12 de octubre, tras una presión política cada vez mayor, el gobierno de Biden anunció que ampliaría la aplicación de una regla de salud pública de la presidencia de Donald Trump que le permite expulsar a los venezolanos que llegan a la frontera.

La meta, según una explicación de la política publicada en la gaceta oficial de la federación, era “mejorar la seguridad” en la frontera “al reducir la migración irregular de ciudadanos venezolanos”.

México había aceptado recibirlos tras un acuerdo que incluía una mayor cantidad de visas estadounidenses para migrantes de México, Centroamérica y Haití.

La medida fue criticada de inmediato por muchos grupos de defensa de los migrantes, que dijeron que representaba una ampliación de una política que despojaba ilegalmente a las personas del derecho a pedir asilo así como una respuesta inhumana ante una crisis devastadora.

Al anunciar que cerraría el paso a la mayoría de los venezolanos, Estados Unidos creó un programa humanitario para que 24.000 de ellos puedan ingresar al país si hacen la solicitud de manera remota.

Se espera que las expulsiones de venezolanos superen por mucho esa cantidad y más de 50.000 personas atravesaron el Darién en las primeras tres semanas de octubre, según las autoridades panameñas.

“Esta política no reconoce que el desplazamiento venezolano está en el mismo nivel que el de cualquier país devastado por la guerra”, dijo Maria Corina Vegas, parte del liderazgo de ABIC Action, un grupo de defensoría estadounidense que impulsa una reforma migratoria que beneficie a las empresas. “No atiende nuestro sistema disfuncional de inmigración ni tampoco la escasez de mano de obra que afecta nuestros negocios y economía”.

Sin embargo, el gobierno de Biden argumentó que estaba fomentando una vía de entrada más segura para algunos migrantes venezolanos.

“Quienes sigan el proceso lícito tendrán la oportunidad de viajar de forma segura a Estados Unidos y ser elegibles para trabajar aquí”, dijo el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, al presentar el programa.

Antes de la nueva medida, a la mayoría de los venezolanos que cruzaban la frontera se les permitía comenzar la solicitud asilo, un proceso que puede llevar años en decidirse y para el que solo califica un pequeño porcentaje de migrantes.

Unos 1200 venezolanos cruzaban la frontera suroeste al día antes de que el gobierno de Biden anunciara la nueva política, dijeron las autoridades estadounidenses. En días recientes, la cantidad cayó a unos 150 diarios.

Durante los primeros 10 días de la política, alrededor de 5100 venezolanos fueron devueltos a México, según Naciones Unidas.

Pero la medida parece haberse concebido sin un plan claro para quienes son expulsados a México.

Muchos vendieron sus hogares y pertenencias para hacer el viaje y gastaron los últimos ahorros para poder llegar hasta la frontera.

El viernes, el gobierno mexicano organizó una reunión de emergencia con las organizaciones de ayuda para discutir los pasos siguientes.

En un mensaje a los medios, el gobierno de México anunció que estaba aumentando la capacidad de sus albergues y que contemplaba trabajar con organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas y la Cruz Roja, para permitir a los migrantes permanecer en México, lo que podría incluir otorgar permisos de trabajo.

Pero en los últimos días, los venezolanos en Ciudad Juárez que habían sido devueltos de la frontera recibieron una forma de la autoridad migratoria mexicana que indicaba que tenían que salir del país “por sus propios medios” en los siguientes 15 días. Cuando se le pidió comentar, un funcionario de inmigración dijo que los migrantes podrían prolongar su estadía si solicitaban asilo.

Por todo México y Centroamérica, muchos venezolanos intentan dilucidar qué sigue ahora y hay pocas respuestas.

En Guatemala, Panamá y Honduras, las autoridades de migración trabajan con los consulados venezolanos y las Naciones Unidas para ayudar a las personas que desean volver a Venezuela.

Pero la situación se complica debido a que muchas personas no cuentan con pasaportes ni con dinero para costear un boleto de avión.

Tras el anuncio de la nueva política estadounidense, el gobierno de Guatemala dijo que más de 90 migrantes venezolanos habían decidido recientemente volver a casa, y que se les asignarían vuelos luego de que amigos o familiares accedieran a pagar sus pasajes.

La crisis en Venezuela empezó hace casi una década cuando la corrupción y la mala gestión de un gobierno autoritario de inspiración socialista ocasionaron una debacle económica, que ha sido exacerbada por las sanciones de Estados Unidos.

Durante años, los venezolanos migraron a países vecinos en Sudamérica, pero dado que la pandemia y la inflación global han golpeado a esas economías, muchas personas partieron rumbo a Estados Unidos.

Este mes, las Naciones Unidas dijo que más de 7,1 millones de personas han salido de Venezuela desde 2015, lo que convierte al éxodo del país en el más numeroso del mundo.

El programa creado por las autoridades estadounidenses que permite a algunos venezolanos solicitar el ingreso legal desde otros lugares sigue el modelo de una iniciativa diseñada para los ucranianos. Requiere que los venezolanos tengan un pasaporte válido y a alguien en Estados Unidos dispuesto a auspiciarlos.

Mientras que el programa ucraniano está abierto para una cantidad ilimitada de personas, la versión para los venezolanos tiene un límite de 24.000 participantes.

Este año, al menos 150.000 venezolanos han llegado a la frontera con Estados Unidos.

Algunas organizaciones que trabajan con temas migratorios elogiaron la creación de un camino legal, aunque sea estrecho. Cuatro venezolanos llegaron al país recientemente gracias al nuevo proceso.

Pero los críticos dicen que el programa va a descalificar a los venezolanos más pobres, muchos de los cuales carecen de los documentos requeridos y no conocen a nadie en Estados Unidos. El programa también descalifica a las personas que ingresaron a Panamá o México después del 19 de octubre, lo cual incluye a muchas de las que actualmente viajan hacia la frontera estadounidense.

“Es algo devastador el saber que de nada sirvió toda esta travesía”, dijo Margaret Diaz, de 28 años, quien llegó a la frontera de Estados Unidos dos días después de que se anunció la política de expulsión.

Diaz dijo que su esposo y las hijas pequeñas de ambos vendieron “lo poco que teníamos” y pidieron dinero prestado antes de salir de su hogar en Chile el mes pasado.

Cuando Diaz y su familia se presentaron ante las autoridades estadounidenses el 14 de octubre, fueron trasladados a un centro de detención. Recuerda haber pensado: “Si nos reciben es porque ya somos ganadores”.

Varios días después, no obstante, los subieron a un autobús que ya llevaba a otros venezolanos y los dejaron en Ciudad Juárez.

Recordó voltear a ver a su esposo, quien estaba llorando.

Para llegar a Estados Unidos, Jonnaleth Hidalgo, de 22 años, había caminado con su esposo y su hija pequeña por el Darién, que describió como “infierno en la Tierra”.

En el camino casi se ahogaron.

La semana pasada, en Ciudad Juárez, mientras la fuerza del sol empezaba a calentar una mañana fría, Hidalgo era una de alrededor de 60 venezolanos que avanzaron a una zona de la frontera que se halla justo enfrente de un puesto migratorio estadounidense del otro lado del río.

Bajo la mirada de los agentes, el grupo desplegó mantas que pedían ayuda.

Vestida con una camiseta blanca, describió la protesta como un intento desesperado “para mostrar a los que están del otro lado que tenemos derechos humanos”.

Fuente: The New York Times https://www.nytimes.com/es/2022/10/24/espanol/venezolanos-estados-unidos-mexico.html.

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Hace casi seis meses el haitiano John Telisma se vio forzado a cambiar de planes y esperar en la ciudad industrial de Monterrey, en el norte de México, antes de seguir su recorrido hacia Estados Unidos, donde pretendía solicitar refugio tras un recorrido continental.

Sin saberlo Telisma, de 36 años, su esposa Violene Marseille, de 42, y sus dos hijos John y Rebeca, de 4 y 9 años, emprendieron una nueva travesía: recorrer la burocracia mexicana para regularizar su estancia en el país.

“Ha sido difícil conseguir trabajo, papeles para trabajar”,

dijo Telisma a The Associated Press en su apartamento en el bullicioso centro de esta ciudad en Nuevo León, estado colindante con Texas.

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AP ha seguido el caso de Telisma y su familia desde su arribo a Monterrey en septiembre para conocer cómo ha sido su proceso de integración y regularización en el país.

En el albergue Casa INDI, donde recibieron alimento y vivienda temporal durante unos meses tras su llegada, le informaron que debían iniciar un largo proceso con el fin de obtener autorizaciones para permanecer y trabajar en México.

Días antes Telisma y su familia habían decidido permanecer en Monterrey ante los operativos migratorios del gobierno estadounidense para contener el ingreso de miles de haitianos. Por entonces unos 14.000 haitianos se habían apostado debajo del puente fronterizo entre Ciudad Acuña, en el norteño estado de Coahuila, y Del Rio, en Texas.

Telisma, su esposa y sus hijos se instalaron en Santiago de Chile en 2016, donde lograron regularizar su estancia y obtuvieron empleo. Sin embargo, la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 y el endurecimiento de las políticas migratorias en la nación sudamericana los obligó a migrar nuevamente.

En la última década Haití ha experimentado una salida masiva de sus habitantes que comenzó tras el devastador terremoto de 2010 y sucesivos desastres naturales, inestabilidad política y estancamiento económico.

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En Monterrey, Telisma comenzó un largo proceso de trámites ante las autoridades mexicanas. Primero solicitó una cita ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que desde el año pasado está saturada de peticiones. En 2021 la comisión recibió 131.362 solicitudes, un incremento de 219% en comparación con las presentadas en 2020, de acuerdo con cifras oficiales.

Telisma consiguió una audiencia en la oficina de la agencia en Monterrey que le fue concedida a fines de diciembre. Ahí agentes de la COMAR le informaron que no era elegible para recibir el estatus de refugiado.

El caso de Telisma no es el único que ha sido rechazado. En una entrevista Andrés Ramírez, titular de la COMAR, dijo a AP que la mayoría de las solicitudes de haitianos son rechazadas ya que no califican para ser considerados refugiados.

Según Ramírez muchos de ellos abandonaron su país hace años y buscan mejores oportunidades laborales tras vivir un período en otras naciones como Brasil o Chile, no huyen de la violencia o la persecución.

“Estamos trabajando en condiciones sumamente complicadas. Más de la mitad de esta administración hemos estado bajo el COVID y con un mayor número (de solicitudes) con muy reducido personal”,

dijo Ramírez.

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Sin embargo, una constancia que le fue entregada a Telisma en la COMAR le permitió continuar su recorrido burocrático. Con ella acudió a las oficinas del registro civil en Monterrey, donde le concedieron la clave oficial llamada CURP que en México sirve como número de identificación personal y que le permitió conseguir su primer empleo como guardia de una tienda.

“Luego me dieron una cita en migración y ahí ya a principios de marzo me dieron la visa humanitaria pero sólo a mí, porque no recibieron a mi esposa ni hijos, ellos tuvieron que hacer citas aparte”,

explicó Telisma.

Ya con la visa descubrió nuevas trabas. Los empleadores le solicitaron una clave fiscal que aún no ha conseguido y que debe tramitar ante las autoridades de hacienda mexicanas.

“Todo ha sido de hacer citas y citas, me preocupa cómo pagar la renta, no he tenido un trabajo estable”,

declaró el haitiano que recientemente abandonó el empleo como guardia por el que recibía apenas 200 dólares mensuales.

Pese a las trabas burocráticas dijo que desde su llegada él y su familia han tenido una experiencia positiva en Monterrey, donde asociaciones civiles y albergues como Casa INDI les han proporcionado ayuda.

Sus dos hijos, por ejemplo, comenzaron a acudir a escuelas públicas cerca de donde viven y para ello sólo tuvieron que presentar los CURP que les dieron en el registro civil.

“Nos gusta Monterrey, nos han tratado bien, pero aún queremos ir a Estados Unidos en unos años”,

declaró.

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Cerca del apartamento de Telisma en el centro, donde se ha concentrado un gran número de haitianos y es común escuchar conversaciones en creole, André Ceneus, de 26 años, explicó a AP que su recorrido también ha incluido innumerables trámites para regularizar su situación en México.

“No ha sido fácil estar aquí, pero me gusta la ciudad”,

dijo Ceneus en una tienda de conveniencia Oxxo, donde fue contratado en noviembre tras conseguir una visa humanitaria.

También llegó a Monterrey atraído por los comentarios de amigos y conocidos que habían arribado en septiembre y le hablaron de las oportunidades en la región, donde empresas han lanzado programas para contratar a migrantes y refugiados.

Una de esas compañías es el gigante FEMSA, propietario de la cadena de tiendas Oxxo, que desde 2019 ha contratado a más de 800 migrantes y refugiados en sus tiendas, de acuerdo con cifras proporcionadas a AP por la empresa.

Sin embargo, en otros lugares como la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas, colindante con Guatemala, cientos de migrantes haitianos y de otras nacionalidades no han corrido con la misma suerte que Ceneus y Telisma.

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Desde mediados de enero grupos de migrantes han organizado protestas casi a diario frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en esa ciudad para exigir agilidad en sus trámites de regularización y libre tránsito hacia el norte de México.

Defensores de derechos de los migrantes han denunciado que Tapachula se ha convertido en una especie de corral, ya que muchas personas han permanecido varadas allí durante meses a la espera de que sus solicitudes sean procesadas.

Ceneus, quien vivió y trabajó desde 2019 en Brasil, también dijo que esperará unos años en Monterrey pero que su objetivo es llegar a Estados Unidos.

“Allá tengo familiares y los quiero alcanzar algún día para poder enviar dinero a parientes que siguen en Haití”,

dijo Ceneus.

Fuente: Independent.

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Decenas de migrantes de Haití, Cuba y países africanos, que llegaron a México, arrojaron piedras y palos a policías y funcionarios de migración en la ciudad sureña de Tapachula.

El incidente estalló después de las quejas de que el procesamiento de las solicitudes de asilo o visa humanitario estaba tardando demasiado.

El Instituto Nacional de Migración, en un comunicado, dijo que los que atacaron a la policía insistieron en que tomen su propia acción ante quienes ya tienen citas impidiéndoles ingresar a una oficina de migración.

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Unas 100 personas quemaron neumáticos y basura, bloqueando una carretera en la zona durante varias horas, después de que la policía obligara a los migrantes a abandonar la zona.

Algunos arrojaron piedras y palos a la policía y los funcionarios de migración.

Y no se hizo ninguna declaración oficial sobre heridos en el enfrentamiento.

Fuente: TRT Español.

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Una decena de migrantes indocumentados se cosió la boca el martes como una medida desesperada que busca llamar la atención de las autoridades a fin de obtener un prometido permiso para transitar por México sin ser detenidos, mientras intentan llegar a Estados Unidos.

Los migrantes, en su mayoría centro y sudamericanos, tomaron aguja e hilo de plástico y se ayudaron entre sí a hilvanar sus labios, dejando apenas un pequeño espacio para poder consumir líquidos, según videos vistos por Reuters y el testimonio de un fotógrafo en el sitio.

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Sólo usaron alcohol para limpiar las gotas de sangre que salían de las puntadas y aguantaron estoicamente el dolor. Algunos llevaban a sus hijos en brazos cuando realizaron la dramática protesta en Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, que desde hace meses está rebasada por la presencia de miles de migrantes contenidos a la espera de papeles.

“Lo hago por mi hija, hasta esta hora no ha comido nada y no veo solución (…) de las autoridades”,

dijo Yorgelis Rivera, una venezolana a quien se le veían los hilos colgando de su boca.

“Estamos como unos presos aquí”, agregó la joven quien aseguró que ha esperado por más de un mes en Tapachula una respuesta del Instituto Nacional de Migración (INM) para obtener un documento que le permita libre tránsito por el país para llegar a Estados Unidos.

El INM no comentó inmediatamente de la protesta pero dijo que a diario reciben a más de un centenar de solicitantes en las oficinas de la sureña ciudad.

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En los últimos años, el número de migrantes que han llegado a México -huyendo de la violencia, pobreza y otras problemáticas en sus países- se ha disparado. En 2021 la nación registró un incremento de casi 87% en el número de solicitudes de asilo, principalmente de haitianos y Hondureños. Lee la historia.

Recientemente la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) dijo que México debe considerar nuevos esquemas de ayuda para personas en movilidad, ante un inminente aumento en la llegada de extranjeros, muchos de ellos venezolanos, a quienes recientemente México impuso visa para su ingreso al país. Lee la historia.

“Se cosen los labios los migrantes en señal de protesta, comienzan también una huelga de hambre y esperemos que el Instituto Nacional de Migración pueda ver que sangran, que son seres humanos”, 

dijo a Reuters Irineo Mujica, un activista de derechos humanos que acompañó la manifestación.

Fuente: Forbes.

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Las decenas de migrantes muertos en accidentes viales en los últimos años en México y los miles interceptados cuando viajaban hacinados en remolques visibilizan la imposibilidad de controlar el flujo migratorio y reflejan el peligro que entraña la ruta migratoria hacia Estados Unidos.

En diciembre pasado un total de 56 migrantes fallecieron al volcar el camión en el que viajaban hacinados en una carretera del sureño estado mexicano de Chiapas.

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Mientras que esta semana, cuando aún continúan las labores de repatriación de cadáveres de este trágico accidente vial, otros 38 migrantes resultaron lesionados en un accidente en Veracruz, en el oriente de México.

Estos casos reflejan la tragedia que esconde la ola migratoria que azota México y que se ha cobrado multitud de vidas en los últimos años. Solo desde finales de 2018 a la fecha, cuando comenzaron las caravanas migrantes, se contabilizan decenas de fallecidos en accidente parecidos.

“El paso por las carreteras se ha vuelto muy peligroso para los migrantes, pero el riesgo es igual que quedarse en sus países con violencia, grupos de maras (pandillas), inseguridad y sin empleo”,

dijo este viernes a Efe Eduardo González, profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey y especialista en migración.

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Estos son solo algunos motivos por los que muchos migrantes, según González, dejan atrás sus realidades y ponen en riesgo sus vidas para llegar a Estados Unidos, a menudo adquiriendo deudas estratosféricas e incluso perdiendo la vida en el camino.

“Buscan rutas seguras o menos peligrosas y por ello se ven obligados a trasladarse en tráilers o cabinas falsas. O en rutas más alejadas, donde suelen ser víctimas no solo de polleros (traficantes de personas) sino del crimen organizado”,

lamentó.

NO ES ALGO NUEVO

México es una ruta casi indispensable para los migrantes que buscan alcanzar desde Centroamérica el llamado sueño americano.

Actualmente, la región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.

Aunque los indocumentados también han utilizado desde hace décadas vías marítimas y el ferrocarril, como el tren conocido como La Bestia, el cruce ilegal del territorio mexicano por carretera, un procedimiento que se emplea en el 86 % de los casos, “se hace evidente” cuando se produce un accidente”, afirmó Leticia Calderón, doctora en Ciencias Sociales y experta en migración.

“Está documentado. Lo han sabido otros gobiernos y lo sabe el Gobierno actual. Esto habla de corrupción desde el propio Estado”,

comentó.

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Lo grave, dijo, es que muchos migrantes han encontrado la muerte en su intento por buscar una mejor vida.

Según documentos del Gobierno, entre 2014 y julio de 2019 se identificaron las muertes de 1.270 de estos flujos de migrantes en Estados Unidos, la mayoría en la frontera con México, otros 662 en territorio mexicano y 66 en el norte de Centroamérica, lo que supone que un promedio de 30 mueren mensualmente en su tránsito al país vecino.

Pero la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cifró en al menos 3.575 las muertes ocurridas en la frontera entre México y Estados Unidos, un número superior al del Gobierno.

DOBLE DISCURSO

Para Eduardo González, el aumento de la migración es resultado de un doble discurso del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien “por un lado, busca cumplir con el acuerdo con el expresidente (de EEUU) Donald Trump y, por el otro, da libertad a que los migrantes sigan avanzando hacia Estados Unidos”.

En diciembre pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM), informó que entre 2019 y 2021 efectuó 502 “rescates masivos” en los que se auxilió a 42.692 extranjeros de diferentes nacionalidades.

Para Ana Saiz, directora de la ONG Sin Fronteras, estos flujos migratorios se mantendrán mientras las economías de los países se sigan beneficiando de las remesas, y recordó que “se han cerrado vías regulares de migración”, como la exigencia de una visa a los venezolanos para estar en México..

La activista recalcó que las políticas migratorias han estado sustentadas hasta ahora en el miedo, la discriminación y no tienen en cuenta los derechos humanos, y aseguró que pese a las tragedias, las autoridades reaccionan cuando hay un accidente, pero “no vemos qué hay detrás del delito”.

Fuente: Hola News.

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Varias decenas de migrantes haitianos realizaron este jueves su tercera jornada de protesta pidiendo que autoridades mexicanas regularicen su situación, lo que provocó un enfrentamiento con agentes policiales.

“Aquí en Ciudad de México no tenemos trabajo y tenemos que mantener a nuestras familias, pero no tenemos documentos. Estamos protestando hasta que las autoridades nos entreguen papeles”,

dijo uno de los aproximadamente 30 migrantes a los medios de comunicación.

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Realizaron una protesta frente al edificio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y pidieron ser atendidos por algún representante de la institución y también del Instituto Nacional de Migración.

Los haitianos cortaron la entrada a las instalaciones e intentaron entrar en el edificio, momento en el que intervinieron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Entonces se vivieron momentos de tensión con enfrentamientos entre los policías y los migrantes, quienes arrojaron algunos palos y cubos, pero pronto cesó el choque porque personal de la Comar les aseguró que serán atendidos.

Los manifestantes insistieron en la urgencia de que las autoridades atiendan su situación, ya que muchos llevan meses en la capital mexicana y no logran encontrar un trabajo que les permita pagar el alquiler de un lugar donde vivir ni cubrir las necesidades de sus familias.

“Queremos vivir aquí en México y por eso necesitamos tarjeta temporal. Pedimos una comisión de migración para resolver nuestros casos, queremos documentos legales para nosotros”,

añadieron.

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Cerca de 13.000 migrantes irregulares, en su mayoría de Haití, se quedaron varados en septiembre en un campamento improvisado bajo el puente internacional que une Del Río (Texas) con la mexicana Ciudad Acuña, en Coahuila.

Los haitianos provienen de Brasil y Chile después de que, en agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó de la ampliación del programa del Estatus de Protección Temporal (TPS), un anuncio que los traficantes tergiversaron, según dijo el martes el canciller de México, Marcelo Ebrard.

Ante las dificultades, algunos decidieron acudir a Ciudad de México para intentar permanecer de manera legal en el país latinoamericano.

Sin embargo, hasta el momento continúan esperando una respuesta positiva por parte de las autoridades mexicanas.

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La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

Mientras que México ha interceptado a más de 252.000 migrantes indocumentados de enero a noviembre y deportó a más de 100.000 en el mismo periodo, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió un récord de 131.488 solicitudes de refugio en 2021.

Fuente: Hola News.

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De acuerdo con datos oficiales recopilados por la Redim, de enero a octubre de 2021 las autoridades mexicanas detuvieron a 48.707 niños y adolescentes migrantes en el territorio.

“Esto representó un aumento de 402,5 % con respecto a la cantidad de niñas, niños y adolescentes migrantes detenidas en el mismo periodo del año anterior (9.692 casos en total)”,

indicó el informe.

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Además 8.181 personas en el mismo rango de edad y en el mismo periodo fueron deportadas por el Estado mexicano, principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador.

Esta cifra representa un aumento del 12 % frente a los datos del 2020.

Además, un total de 19.793 menores fueron repatriados de Estados Unidos a México, lo que implica un aumento del 105,4 % con respecto a 2020.

La Redim, que es una coalición de 77 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrollan programas a favor de niños, niñas y adolescentes mexicanos en situaciones de vulnerabilidad, presentó este jueves en una conferencia de prensa en línea su balance “Discriminación y violencia contra la niñez durante la pandemia”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una pandemia se da cuando dos o más epidemias coexisten en un mismo espacio y al mismo tiempo interactuando entre sí.

PREOCUPACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la presentación, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la organización, presentó los datos más relevantes del balance y las recomendaciones de políticas públicas que entregaron este día en Palacio Nacional.

Además de los datos sobre menores migrantes, la Redim mostró preocupación ante otros temas como la pandemia, la pobreza, las desapariciones o la pobreza.

Ramírez consideró que es necesario “ampliar la conversación pública de su inclusión (de los menores) en el programa de vacunación”.

Por el momento, a pesar de las polémicas, en México solamente están recibiendo la vacuna anti COVID los menores entre 15 y 17 años, además de aquellos que presentan comorbilidades.

Un total de 82.234 niños se contagiaron de coronavirus.

Y relacionado con esto, se presentaron datos que la Redim consideró “muy preocupantes” sobre la orfandad derivada de la COVID-19.

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México es el país con más niños y adolescentes que enfrentaron la muerte de uno o de ambos padres por el coronavirus, un total de 178.000.

También ocupa el primer lugar en número de menores que perdieron a sus cuidadores primarios o secundarios, con 275.800, ambos datos según un cálculo de la revista científica The Lancet, ya que no hay una contabilización oficial.

“Esta omisión dolosa deja a los niños en situación de vulnerabilidad ante la pobreza, el trabajo infantil, la violencia sexual, el abandono escolar y el embarazo temprano”,

consideró Ramírez.

Por otra parte, entre enero y noviembre de 2021 hubo 994 homicidios dolosos y 1.246 homicidios culposos cuyas víctimas fueron menores de edad. De estos, 728 fueron homicidios con arma de fuego.

De todos estos datos y otros, la Redim emitió seis recomendaciones, empezando por “reorientar la atención y contención del COVID-19 al enfoque sistémico basado en derechos humanos” y siguiendo con “fortalecer el estado a través de la gobernabilidad democrática, la construcción de ciudadanía y la prioridad del interés superior de la niñez”.

La tercera recomendación recuerda la necesidad de incrementar la inversión en el gasto público en frenar el impacto de la pandemia y la cuarta insiste en crear “mecanismos institucionales de participación ciudadana” desde la niñez.

También instaron a las autoridades a fortalecer el sistema de salud pública y por último a reducir el impacto de la crisis alimentaria y estimular el retorno a una dieta saludable.

Fuente: Los Angeles Times.

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El gobierno mexicano intentó torpemente evadir su responsabilidad, y quizá eso es lo que mas indigna. Cuando la reacción mínima que uno esperaría es reconocer el desorden y las incapacidades institucionales, lo que se les ocurrió fue dar el pésame a los familiares, culpar a Estados Unidos por no invertir en sus programas y crear una alianza con los países centroamericanos de salida para combatir la trata. No han entendido nada.

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La responsabilidad es multidimensional. En primer lugar, hay un error de perspectiva, lo que hay que reconocer es que el proceso migratorio de la región tendrá lugar nos guste o no. No hay y no habrá en el mediano plazo condiciones que arraiguen voluntariamente a los centroamericanos y bastantes mexicanos en sus lugares de residencia. No existen las oportunidades mas elementales de desarrollo y en algunas zonas, insisto incluido México, las condiciones de violencia e inseguridad obligan a que sus habitantes huyan. Si se acepta esta premisa, la aspiración debe ser ordenar un proceso que de cualquier forma ocurrirá y enmarcarlo institucionalmente y no frenarlo, ser omisos, como si la naturaleza o el libre juego de la oferta y la demanda lo fueran a ordenar, o culpar a otros de lo que no se hace.

Una de las características que define a un Estado es el gobierno de su territorio, la capacidad que se tiene de ordenar los procesos sociales y económicos que ahí ocurren. Lo que pasó en Chiapas, entre otros muchos incidentes, hace evidente que México no gobierna su territorio.

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La política de control (que no ordenamiento) que ha instrumentado este gobierno es, en gran medida, causante del “accidente”. Esta administración insiste en que los retenes son para “proteger” a los migrantes, que no se les detiene, sino que se les “rescata” y que quienes los transportan son tratantes de personas como si los obligaran a migrar.

A todas luces los migrantes no quieren ser protegidos ni rescatados porque voluntariamente buscan evadir a sus “protectores” y para ello recurren a figuras que existen, como los “tratantes”, en virtud de la política de control rígido. Incluso los precios se explican en función de esa política. A mayor control, mas se eleva el costo y más se incrementan los riesgos. De hecho, si se quisiera realmente encontrar a los “tratantes”, no habría que firmar alianzas ni pactos entre los gobiernos, bastaría disfrazarse de migrantes porque cientos de ellos los encuentran todos los días.

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Apenas el 22 de septiembre de 2021, AMLO solicitó a las empresas de transporte en el sureste que no transportaran migrantes centroamericanos. A partir de esa petición, estas empresas empezaron a solicitar a sus potenciales pasajeros que se identificaran como mexicanos. Me imagino que AMLO no debe dormir nada tranquilo al saber que tiene una responsabilidad en la muerte de 55 personas que pudieron haber sido transportadas por empresas especializadas, con choferes entrenados y supervisados y que, en virtud de su petición y acuerdo con los transportistas, lo hicieron hacinados en la caja de un tráiler en donde se accidentaron y fallecieron.

Lo que parece que no se entiende es que, si los transportistas no aceptan a los migrantes, éstos no van a desistir de su necesidad de migrar, no van a decir: bueno, gracias entonces ya no migraré y me regreso a mi pueblo en donde no tengo trabajo, ni como desarrollarme y además arriesgo mi vida cotidianamente. Buscarán y encontrarán otros medios de transporte.

Si se ponen retenes para detener a los migrantes (rescatar y proteger dicen las autoridades mexicanas), ellos buscarán evadir esos retenes, surgirán actores locales que les dirán como (y les cobrarán en consecuencia) y siempre habrá algún miembro de la Guardia Nacional o del Instituto Nacional de Migración (o ambos), que a cambio de dinero los dejará pasar.

Algunos pagan porque tienen los recursos, otros se echarán en los brazos del crimen organizado, la mayoría soportará vejaciones, abusos y arriesgarán su vida por su futuro y el de sus hijos, los menos esperarán un momento mas favorable para migrar, menos riesgoso, pero casi ninguno desistirá de hacerlo. No es tan difícil de entender. No se necesita ser especialista en migración para darse cuenta.

Dar pésames, culpar a Estados Unidos por no invertir en programas que no han demostrado ningún impacto en la necesidad de migrar, focalizar los esfuerzos en decir que se va a combatir la trata y negar que elementos de la Guardia Nacional y el INM están involucrados y asociados con el flujo irregular y desordenado de migrantes, no sirve de nada, no solo no evitará mas muertes, sino que las provocará.

Fuente: Los Angeles Times.

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“Ha sido muy largo el camino, nos han aventado de todo pero ya estamos aquí. Ha sido complicado y difícil”,

dijo a Efe el activista de Pueblo Sin Fronteras y acompañante de la caravana Irineo Mujica, en el campamento migrante instalado en el norte de la ciudad.

La caravana, compuesta por cerca de 300 personas, en su mayoría de Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití, es la primera que logra llegar a la capital mexicana desde finales de 2018, ya que desde entonces todos los contingentes habían sido disueltos por las autoridades mexicanas en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos.

DEL BLOQUEO A LA ASISTENCIA

Los migrantes, que salieron en octubre pasado de Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, llegaron el domingo por la noche a las puertas de la Ciudad de México, donde un fuerte dispositivo policial impidió su paso.

Tras momentos de enfrentamientos, las autoridades levantaron el bloqueo y los migrantes cumplieron su objetivo de llegar a orar a la Basílica de Guadalupe en el Día de la Virgen.

Posteriormente, pernoctaron en un campamento de lonas y colchonetas en un estacionamiento de la Casa del Peregrino, cercano al templo, donde las autoridades locales repartieron alimentos y mascarillas.

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En rueda de prensa, la alcaldesa capitalina, la oficialista Claudia Sheinbaum, aseguró que no impidió el acceso de la caravana y prometió “garantizar” los derechos de los migrantes.

Pero Mujica denunció que la política migratoria del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido “la más dura de la última década” y acusó a las autoridades de haber combatido la caravana con “tortura física y psicológica” durante los más de 1.100 kilómetros de recorrido.

Además, responsabilizó a las autoridades del accidente del pasado viernes en el que murieron 55 migrantes al volcar en Chiapas un camión de traficantes de personas.

RESIDENCIA PERMANENTE O HACIA EE.UU.

Los cerca de 300 migrantes, la mayoría mujeres y niños, amanecieron visiblemente agotados en el campamento, donde las autoridades sanitarias realizaron este lunes pruebas de COVID-19 y aplicaron vacunas contra la gripe.

Todavía no saben cuántos días se quedarán en la capital mexicana.

Muchos salieron de Tapachula por los retrasos en los trámites migratorios y esperan que el Gobierno federal les otorgue su residencia permanente en México, aunque no descartan seguir su camino hacia Estados Unidos.

Es el caso de Isabel Andino, una hondureña de 33 años que salió de su país por la extorsión de las maras y a la que las autoridades mexicanas denegaron la condición de refugiada.

“Ayer fuimos a la Basílica y le pedí a la Virgen que toque el corazón del presidente y nos pueda ayudar a todos mis hermanos porque este camino ha sido duro para nosotros. No lo tomamos porque queremos, sino para salir adelante”,

dijo sin poder contener el llanto al pensar en sus hijos que se quedaron en Honduras.

Fany Mejía, también hondureña, sí emprendió el viaje con sus dos hijas de siete y cinco años, quienes ya sufren yagas en los pies de tanto caminar.

“Si México no nos atiende la idea es continuar y que nos den la oportunidad de pasar libremente hasta la frontera norte”,

dijo esta licenciada en Educación que no tiene trabajo en su país.

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En cambio, Carlos David Flores, guatemalteco de 22 años, tiene claro que quiere llegar a Estados Unidos, donde ya se encuentra su hermano, aunque sabe que el camino “se va a poner más caliente” a medida que avance hacia el norte.

“En Guatemala hay mucha extorsión, mucha matanza, todo el país es corrupto y decidí salir para sacar adelante a mi familia”,

esgrimió este joven que viaja en solitario.

El Gobierno mexicano acordó en 2019 con la Administración de Donald Trump frenar el flujo de migrantes que atraviesan México con destino a Estados Unidos.

Desde la llegada en enero pasado de Joe Biden a la Casa Blanca, la región vive un flujo migratorio sin precedentes, pues México ha interceptado a 228.115 migrantes y ha deportado a 82.627 de enero a octubre de 2021, números no vistos en más de 15 años.

Además, 123.000 migrantes solicitaron refugio en los primeros 11 meses del 2021 en México, otro récord absoluto, pues en años anteriores se llegaba a unas 40.000 peticiones.

Fuente: Los Angeles Times.

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