El Gobierno de Ciudad de México repartió ivermectina a miles de pacientes de COVID-19, a pesar de que su uso no está aprobado para el tratamiento del coronavirus por las autoridades regulatorias del país. La política pública y un estudio firmado por funcionarios ha desatado un escándalo protagonizado por la Administración de Claudia Sheinbaum, que invirtió más de 29 millones de pesos (alrededor de 1,4 millones de dólares) para incluir el fármaco en kits médicos que se repartieron a la población a finales de 2020. El Gobierno defiende, ante las voces que piden la renuncia de los involucrados, que la decisión se tomó con la información que estaba disponible hace dos años y defendió que hay evidencia científica que respalda el tratamiento de la covid con ivermectina. Las autoridades han sido señaladas por problemas éticos al evaluar la política pública sin obtener un consentimiento informado de los participantes, no declarar conflictos de interés previo a hacer la publicación y sesgos metodológicos para justificar el reparto del medicamento.

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El reparto de ivermectina, autorizado para su uso veterinario y en seres humanos como desparasitante y el tratamiento de algunas infecciones, emergió a la superficie tras una investigación que publicó la semana pasada la periodista Dalila Sarabia en el portal Animal Político. El texto documentó el uso de recursos públicos: los 29 millones de pesos se utilizaron para comprar la 293.000 cajas de ivermectina, 100.000 de ácido acetilsalicílico (el compuesto de las aspirinas) y 93.000 de azitromicina, un antibiótico que también se ha desaconsejado para el tratamiento de la covid. De esa información se desprende que por lo menos unas 200.000 personas participaron en el estudio. La entrega de los kits médicos, según el reportaje, comenzó en diciembre de 2020 y pretendía demostrar que aquellos pacientes que recibían el fármaco eran menos propensas a empeorar y hospitalizarse que quienes no lo recibían. No está claro si los kits se entregaban sin indicaciones sobre el uso de los medicamentos que incluían.

La polémica sobre el uso de ivermectina en pacientes de COVID tiene un recorrido largo. Desde junio de 2020, apenas unos meses después de que se declarara la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó los tratamientos con ivermectina para infectados con coronavirus, después de que un estudio publicado en Australia sugiriera que era efectiva para inhibir la replicación del virus in vitro. En ese momento de la epidemia aún no se había autorizado ninguna vacuna y farmacéuticas y autoridades de todo el mundo buscaban medicamentos accesibles, que ya estuvieran en circulación y que pudieran ayudar en el tratamiento de la COVID-19.

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La OMS dijo que no había evidencia suficiente para probar que fuera efectiva y acusaba sesgos en la información recopilada. La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), la agencia reguladora de EE UU, ha dicho que su ingesta en grandes cantidades es peligrosa y ha señalado que los riesgos sobrepasan los supuestos beneficios. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la autoridad epidemiológica de ese país, también han advertido sobre su uso, al igual que la Agencia Europea del Medicamento. En México, Hugo López-Gatell, el funcionario del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a cargo de la respuesta frente a la pandemia, también ha sido enfático en contra del uso de la ivermectina para los casos de covid. “La ivermectina se está usando incorrectamente para el tratamiento de la COVID-19, sin ninguna evidencia científica de su eficacia y seguridad para el tratamiento de esta enfermedad”, decía un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud que compartió López-Gatell en septiembre de 2020.

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A pesar de esta evidencia, la Agencia Digital de Innovación Pública, la Secretaría de Salud local y el Instituto Mexicano del Seguro Social buscaron probar la efectividad de la ivermectina, que no estaba originalmente contemplada en los kits médicos repartidos por las autoridades, y seguir los pasos de ciudades en Brasil e India, entre otros países, que también compraron el medicamento y lo distribuyeron. También se apoyaron en declaraciones del ganador del Nobel de Medicina en 2018, Tasuku Honjo, que alentaban a seguir investigando la efectividad del fármaco. Lo llamaron un análisis “cuasi experimental”. “Aquí lo importante realmente es validar que la política pública que implementó la Ciudad de México de manera masiva, (…) el kit médico, fue un factor importante en la reducción de ingresos hospitalarios y, por supuesto, de posibles defunciones”, dijo José Merino, titular de la ADIP, en declaraciones hechas en mayo pasado citadas por Animal Político.

Merino, con una larga trayectoria como académico antes de unirse al Gobierno de Sheinbaum, es uno de los autores del estudio publicado hace más de un año, en el que también figura la secretaria de Salud, Oliva López y Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la ADIP. El portal SocArXiv, que alojaba la publicación, decidió retirarla la semana pasada, al alegar que contenía “información errónea” y que fue recopilada de manera “poco ética”. Merino repudió la decisión y la calificó de “colonialista” y “autoritaria”. El titular de la ADIP agregó que el escrutinio al que se ha sometido a la publicación es prueba de que no hay nada que esconder y calificó de “histeria” y “falso escándalo” las críticas hechas a su investigación. “Fue una mala política y poco ética”, reafirmó el sociólogo Philip N. Cohen, director de SocArXiv. Cohen explicó que se alentó un estudio más profundo de la ivermectina, lo que no equivale a su distribución masiva: “No hubo nunca una buena razón para la distribución masiva de este medicamento, y muchas razones para ser escéptico u oponerse”.

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Saúl Caballero, uno de los coautores del estudio, sí se retractó de los resultados y de las consecuencias de la investigación. “Aplaudo y apoyo la decisión de Cohen y SocArXiv de retirar el artículo científicamente falso”, escribió este lunes Caballero, que se desempeñaba como director de Análisis de Datos en la ADIP hasta mediados del año pasado, en su cuenta de Twitter. Los otros seis coautores han firmado una carta en donde ratifican el análisis y niegan que sea de “mala calidad”.

La discusión académica se ha convertido en un escándalo político. Los opositores Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano (MC) anunciaron que iban a demandar a Merino y a Shienbaum por el reparto de ivermectina y su pago con recursos públicos. “Decidieron utilizar a los ciudadanos como ratones de laboratorio”, acusó Royfid Torres, coordinador de MC en el Congreso local, y lamentó que esto se diera en el pico más grave de la pandemia en México. A pregunta expresa de este diario, un portavoz de la Fiscalía de Ciudad de México dijo que iba a confirmar si se había abierto una investigación o no tras las revelaciones periodísticas sobre el uso de ivermectina.

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“No se trató de un experimento como dolosamente se ha manejado en algunos medios”, señaló la Secretaría de Salud de Ciudad de México en un comunicado. Las autoridades sanitarias dijeron que ya no se incluye en los kits médicos desde septiembre pasado y rechazó que hubiera riesgos considerables para pacientes leves y moderados de covid por el uso de ivermectina. Dijeron que no podía hablarse de la ivermectina como un “tratamiento experimental” porque se había aprobado hace 30 años para otros tratamientos y no reconocieron ningún error o crítica al estudio que realizaron. Desde su perspectiva, se ha sacado de contexto la evaluación de una política pública.

El cruce de acusaciones de ambos lados por “mentiras” y “paranoias” deja en el aire diferentes aristas. Si se trató en efecto de un estudio científico, si se siguieron todos los protocolos éticos y se tomaron las consideraciones metodológicas necesarias y si amerita reconsiderar la permanencia de los funcionarios involucrados o la lectura política ha rebasado las preocupaciones éticas. Las críticas atraviesan varios temas en la arena política: desde la gestión de la pandemia hasta la falta de congruencia en las políticas contra la covid en los distintos órdenes de gobierno. En la mira también está la justificación dada por las autoridades de la capital ―que ha encabezado la aplicación de pruebas, el rastreo de contagios y una de las mejores estrategias de vacunación en el país― de usar la ivermectina, a pesar de que no estaba recomendada por las instituciones de referencia en México y el extranjero. Las dudas y el debate sobre las respuestas seguirán en los próximos días.

Fuente: El País.

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Una plaga había llegado al pueblo y todos tenían que correr hacia el bosque. Se escondían en una choza cobijada por robles.

«La plaga no podía alcanzarnos allí», dice Pascuala. «Eso es lo que vi en mi sueño».

Unos meses después, la pandemia se apoderó de México y miles de personas morían cada semana. Pero Coquiltéel, y muchos otros pueblos indígenas pequeños del suereño estado de Chiapas, resultaron relativamente ilesos.

Aunque esto ha sido una bendición para sus pobladores, también presenta un problema.

Casi el 30% de los mexicanos ha recibido una dosis de la vacuna contra la covid-19 a julio, pero en el estado de Chiapas la tasa de vacunación es menos de la mitad.

En Coquiltéel y en muchas aldeas remotas del estado, probablemente se acerca apenas al 2%.

La semana pasada, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador comentó la baja tasa de vacunación en Chiapas y dijo que el gobierno debe hacer más esfuerzos para enfrentar esta situación.

«La gente no confía en el gobierno»

Pascuala es funcionaria de salud para 364 comunidades de la zona y recibió su vacuna.

Suele visitar el pueblo y los alrededores, y le preocupa traer la covid-19 de regreso a su familia y amigos que, como la mayoría de sus vecinos, no están vacunados.

Los miembros de estas comunidades están influenciados por las mentiras y rumores que circulan por WhatsApp.

Pascuala ha visto mensajes que dicen que la vacuna matará a la gente en dos años, que es un complot del gobierno para reducir a la población o que es una señal del diablo que maldice a quien la recibe.

Este tipo de desinformación se está difundiendo por todas partes, pero en pueblos como Coquiltéel puede ser particularmente preocupante.

«La gente no confía en el gobierno. No ven que haga nada bueno, solo ven mucha corrupción», dice Pascuala.

El municipio de Chilón, donde se encuentra la aldea de Coquiltéel, está compuesto predominantemente por indígenas descendientes de la civilización maya.

En Chiapas se hablan más de 12 idiomas tradicionales oficiales. El primer idioma en Coquiltéel es el tzeltal y solo algunas personas hablan español.

La comunidad indígena de esta parte de México tiene una larga historia de resistencia a las autoridades centrales, que culminó con el levantamiento zapatista de 1994.

«El gobierno no consulta a la gente sobre cómo quiere ser ayudada», dice Pascuala. «La mayoría no cree que la covid-19 exista».

Este no es solo un problema en México o en América Latina, está sucediendo en todo el mundo.

En el norte de Nigeria, a principios de la década de 2000 y más tarde en algunas zonas de Pakistán, la desconfianza en las autoridades hizo que parte de la población boicoteara la vacuna contra la polio.

Algunas de estas comunidades creían que la vacuna había sido enviada por Estados Unidos como parte de la llamada «guerra contra el terrorismo», para causar infertilidad y reducir su población musulmana.

«Hay un terreno fértil para los rumores y la desinformación donde ya existe una falta de confianza en las autoridades y tal vez incluso en la ciencia»,

dice Lisa Menning, científica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investiga las barreras para la vacunación.

«Hay brechas de información y quizás campañas de comunicación mal diseñadas que históricamente se han dirigido a estas comunidades», agrega.

Medicina herbal

Nicolasa Guzmán García pasa gran parte de su día en Coquiltéel cuidando a sus gallinas y cultivando vegetales para su familia. Ella cree que la covid-19 es real, pero no siente la necesidad de vacunarse.

«No salgo mucho de mi casa. No viajo a la ciudad, estoy enfocada en cuidar de mis animales», dice.

La mujer cree que su estilo de vida tradicional protege a la comunidad, pues esta come alimentos frescos y saludables, toma aire fresco y hace ejercicio.

Y como muchas comunidades indígenas en América Latina, los tzeltales practican una mezcla de catolicismo y su antigua religión espiritual.

«No puedo decir si esta vacuna es buena o mala, porque no sé cómo se hizo, quién la hizo y qué contiene», dice Nicolasa.

«Yo misma preparo mi medicina tradicional, tengo más confianza en ella».

Su medicina es una mezcla de tabaco seco, alcohol casero y ajo que ayuda a los problemas respiratorios, y una especie de bebida hecha con flores de caléndula mexicana o agua de la planta de ruda para la fiebre.

El médico Gerardo González Figueroa ha tratado a las comunidades indígenas en Chiapas durante 15 años y dice que la confianza en la medicina herbal no es solo una tradición sino una necesidad, porque las instalaciones médicas a menudo están demasiado lejos.

Para él, si bien hay algunos la dieta tradicional pro, el estilo de vida y las prácticas curativas, lo extremadamente preocupante son las bajas tasas de vacunación.

«No creo que los esfuerzos del gobierno mexicano hayan sido lo suficientes para involucrar a toda la sociedad», dice.

«Estas instituciones han estado actuando de manera paternalista. Es como ‘ve y ponte las vacunas'».

El gobierno federal ha dicho que su programa de vacunación es un éxito, con una disminución de la mortalidad del 80% en medio de la tercera ola de covid-19 que se extiende por las áreas urbanas más densamente pobladas de México.

¿Cómo aumentar las tasas vacunación?

Pascuala cree que las autoridades se rindieron con demasiada facilidad cuando vieron que la gente de estos pueblos rechazaba vacunarse.

«Es un falso binario pensar en la oferta y la demanda como cosas separadas», dice Lisa Menning, de la OMS.

La científica explica que, en marzo, algunas encuestas hechas en Estados Unidos reflejaban que las comunidades de color también dudaban en vacunarse, hasta que las autoridades hicieron un gran esfuerzo para que la inoculación fuera accesible.

Ahora, las tasas de vacunación en estas comunidades son mucho más altas.

«Tener un acceso fácil, conveniente y realmente asequible a buenos servicios, donde haya un trabajador de salud que esté realmente bien capacitado y sea capaz de responder a cualquier inquietud y responda de una manera muy cariñosa y respetuosa, eso es lo que marca la diferencia», afirma.

«Lo que funciona mejor es escuchar a las comunidades, asociarse con ellas, trabajar con ellas», agrega.

Coquiltéel es una de los millones de pequeñas comunidades rurales de todo el mundo en las que esto es muy deficiente.

Por ahora, todo lo que puede hacer Pascuala es seguir intentando convencer a la gente de que se vacune y está centrando sus esfuerzos en los que deben salir de sus pueblos, como los camioneros.

Pero hasta que todos estén vacunados, solo le queda confiar en otros poderes.

«Gracias a Dios vivimos en una comunidad donde todavía hay árboles y donde el aire todavía está limpio», dice.

«Creo que de alguna manera, la Madre Tierra nos está protegiendo».

Fuente: Con información de BBC.

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