Han sido diversas las ocasiones en las que el mandatario ha hecho un llamado a los concesionarios para que ayuden a mantener un equilibrio entre los precios y se cumpla con el compromiso de no hacer alzas que impacten de forma considerable en los bolsillos de los ciudadanos.

No obstante, factores como los costos internacionales del petróleo, el tipo de cambio del dólar, los impuestos, el margen de utilidad de las marcas gasolineras, los costos de logística y hasta la ubicación geográfica hacen que el precio de los combustibles no pueda mantenerse sin cambios.

Por ello es importante estar informados, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informan constantemente los precios actualizados de la gasolina y el diésel por estados y ciudades.

El precio de la gasolina por litro

La gasolina regular se encuentra en un promedio de 22.746 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium está en un promedio de 24.907 pesos el litro.

Finalmente el diésel se ubica en un promedio de 24,08 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

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La Secretaría de Economía (SE) y autoridades educativas discuten el proyecto de la Norma Oficial Mexicana de Servicios Educativos (NOM-237), que, a consideración de organizaciones de padres de familia, busca sobrerregular y elevar los costos de los servicios que brindan las escuelas particulares.

El proyecto sigue siendo discutido y, de acuerdo con la SE, su objetivo es regular el contrato que se firma al inscribirse en escuelas privadas del país, para evitar que a los padres de familia se les cobren servicios extras a mitad o final de año.

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Sin embargo, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) manifestó este martes su rechazo a la implementación de la NOM-237, al acusar que los costos de los nuevos procesos de certificación de las escuelas particulares recaerán en las colegiaturas.

«Las familias que deciden tener a sus hijos en escuelas particulares manifestamos que de ninguna manera estamos de acuerdo con una NOM que genere sobrerregulación en la escuela particular, afectando directamente a los padres de familia en medio de la coyuntura económica que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia»,

expresó en conferencia de prensa Luis Arturo Solís, vicecoordinador de la UNPF.

Solís señaló que esta «sobrerregulación» tendrá como efectos secundarios un aumento de costos que se trasladará a los padres de familia y la eventual desaparición de escuelas particulares.

«A largo plazo, esto podría derivar en la desaparición de escuelas particulares que no puedan costear la sobrerregulación».

 Luis Arturo Solís

Tan solo en lo que va de la pandemia, dijo, hasta el 41.6% de instituciones privadas cerró sus puertas debido a que más de 45,000 estudiantes tuvieron que incorporarse a la educación pública.

«Los padres de familia consideramos una buena noticia que el gobierno federal se preocupe y tome acción para velar por nuestros intereses, pero de ser aprobado, (el proyecto) generará una sobrerregulación que traerá como consecuencia costos adicionales de operación para la educación particular, lo que derivará en el incremento de costos, cuotas y afectaciones que pagaremos de forma inevitable las familias mexicanas», insistió.

Solís sostuvo que con este rechazo a la NOM-237 no se está respaldando la operación de escuelas particulares que no están correctamente reguladas, que son blanco del proyecto.

«Estas escuelas ‘patito’ que no puedan cumplir con la certificación simplemente cerrarán el garaje, pero ¿y las demás?», dijo.

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Además, aseguró que en medio de la emergencia sanitaria las escuelas privadas han sido solidarias con los padres de familia con las cuotas, por lo que consideró injusto que la aplicación de esta NOM se convierta en una «lápida» para esas instituciones.

También defendió que los alumnos inscritos en escuelas particulares tienen ventajas académicas y de servicios adicionales que las instituciones públicas no ofrecen.

Fuente: Expansión.

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