En el marco de la celebración del Día Mundial sin Tabaco el gobierno mexicano endureció sus políticas contra los cigarrillos electrónicos, cuya importación y exportación estaba prohibida desde octubre pero que según las autoridades algunas empresas han evadido a través del comercio electrónico.

“La mayoría de las madres y los padres no saben el daño que ocasiona”, dijo López Obrador al mostrar un cigarrillo electrónico durante su conferencia matutina en la que firmó el decreto.

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A las críticas se sumó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien afirmó que es una “gran mentira” que los dispositivos electrónicos son menos dañinos o una alternativa al cigarro. “Presentan una propaganda en la que dicen que lo que hace daño es quemar el tabaco y producir humo, pero eso es falso. También los vapores son dañinos para la salud”, agregó.

El decreto se da a menos de dos semanas de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México declaró una alerta sanitara máxima por el riesgo a la salud que representa el uso de los llamados “vapeadores” en todas sus modalidades al contener sustancias tóxicas y carcinógenas.

La Comisión dijo en un comunicado que el acetato de vitamina E, utilizado como aditivo en la fabricación de cartuchos de los cigarrillos electrónicos, al calentarse “tiene el potencial de ser un irritante pulmonar, dependiendo de la concentración utilizada puede interferir en el funcionamiento normal del sistema respiratorio adhiriéndose al tejido pulmonar ocasionando la formación de trombos por la inhalación de esta sustancia”.

Al menos cinco millones de mexicanos, con edades comprendidas entre los 12 y 65 años, han utilizado alguna vez un cigarrillo electrónico, según cifras del gobierno.

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Durante sus más de tres años de mandato López Obrador ha promovido al menos dos decretos para limitar el uso de los cigarrillos electrónicos. En octubre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un artículo de una ley de control del tabaco que prohibía los cigarrillos electrónicos alegando que la regulación vulneraba la libertad de comercio, pero no ordenó regularizar su comercialización.

Con esta nueva normativa México se suma a otros países de la región, como Brasil, donde las autoridades sanitarias han impuesto limitaciones a la importación, comercialización y publicidad de los cigarrillos electrónicos.

En Panamá, a mediados del año pasado la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para prohibir el uso y comercialización de los cigarrillos electrónicos, pero fue vetado parcialmente por el presidente Laurentino Cortizo.

El Senado chileno aprobó en marzo del año pasado un proyecto de ley para modificar la Ley de Tabaco y regular la venta, publicidad y consumo de cigarrillos electrónicos, en la que se prohíbe su venta a menores de edad, que está pendiente de discusión en la Cámara de Diputados.

Fuente: The San Diego Union-Tribune.

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En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.

Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.

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Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.

Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora. EL PAÍS se ha desplazado a ambas regiones para comprender mejor los matices de la tragedia.

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Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía sobre esta situación: “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Priorizar la búsqueda

El registro de desaparecidos era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, explica que “antes de 2019, el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”. Nombrada con el nuevo Gobierno, su primer paso fue pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. “Lo que se ha hecho es comenzar a crear una institucionalidad”, dice Quintana. ¿Qué tan real es entonces el registro? “Mi lectura”, dice la comisionada, “es que las fiscalías tienen más información de la que han dado en los últimos años; pero también podrían tener información desactualizada”.

Aún así, esa información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Debanhi Escobar o Yolanda Martínez han puesto el foco en los fallos del sistema, el número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el resto de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y uno de los que cuenta más desaparecidos (6.405 personas), el porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los Estados y de todas las instituciones en el país con el registro “es muy dispar”, según Quintana, que apunta: “Todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional”.

A la crisis de los desaparecidos se suma otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. “El sistema tradicional requiere identificar [los cuerpos] uno a uno. Eso está bien en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares con crisis como México”, señala Quintana.

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Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos tres años se concentra en cinco Estados, que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa suman más de 15.700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más o menos 15.000 personas de las que se ignoran datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible, es posible identificar al menos tres zonas donde la situación es especialmente grave: la central, que incluye Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.

Los confines de Irapuato

En un taller a las afueras de Irapuato, dos operarios muestran divertidos una pegatina. Es el plástico que envuelve las bolsitas de marihuana que compran habitualmente en el barrio, donde un niñito rubio, con un enorme fusil en las manos, sonríe al cliente. Dos palabras dominan la imagen arriba y abajo del muchacho: “CJNG” y “Élite”. “Así la venden ahora”, dice unos de los operarios.

La pegatina resume una guerra por el dominio de la venta de droga al por menor en los barrios de Irapuato, en Guanajuato, ciudad golpeada por la violencia en los últimos años. Los operarios, vecinos de estos mismos parajes híbridos entre lo agrícola y lo industrial, dicen que es justo aquí donde más se ha notado la violencia, en los ranchos que hacen de esponja entre Irapuato y Salamanca. Aunque no es solo por la droga.

Preguntados por los motivos, ambos señalan además los ductos de combustible, riqueza de la región. En la vecina Salamanca, Pemex opera una refinería y en el subsuelo funcionan enormes tubos que conducen gasolina a León, la capital del Estado. Irapuato queda en medio. Desde hace años, cuadrillas de criminales locales apoyados por trabajadores de la petrolera han ordeñado los ductos, almacenando combustible para venderlo en el mercado negro.

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“Antes estaban los de El Marro, pero luego llegaron los jaliscos e hicieron limpia”, dice el otro operario. Sus nombres verdaderos no salen aquí por su seguridad. El Marro y los Jaliscos son los nombres coloquiales del cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las marcas criminales más mediáticas de los últimos años. En la narrativa criminal mexicana, las limpias son procesos por los cuales un grupo criminal expulsa a otro de un territorio más o menos acotado. Cuando hablan de la limpia de Irapuato, los operarios se refieren a un proceso que inició hace unos cuatro o cinco años, cuyo fin viven actualmente.

El simbolismo de las pegatinas es evidente. No son tanto un reclamo, sino una demostración de poder, un recordatorio de lo que ha ocurrido. Genaro, uno de los operarios, recuerda el principio de todo aquello en su barrio. Fue en noviembre de 2020. “Hubo una semana completa de balaceras. Un lunes empezaron a balacear una casa, martes igual, miércoles… Es que ahí estaba El Marro, por el huachicol [el robo de combustible de los ductos]. Y en una casa vendían droga y se iban y le tiraban, hasta granadas y todo… Mataron a varios”, dice, mientras muestra un mosaico en su móvil de sus muertos, sus amigos muertos del barrio. “Ahí en el rancho, entre muertos y desaparecidos son como unos 50 de cinco años para acá”.

Es la guerra del extrarradio, ajena a la pompa de las siglas. En la actual Administración, Irapuato se ha convertido en el foco rojo de las desapariciones en el Estado. Es la ciudad que más casos cuenta, por encima de León, la misma Salamanca o Celaya. Son 228 reportes desde diciembre de 2018, por 99 durante los 12 años anteriores. El horror aquí es presente porque muchas veces los perpetradores siguen campando a sus anchas por el barrio.

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Es el caso de Rosalba Granados. En ocho días de agosto de 2019, criminales asesinaron a su hijo mayor y desaparecieron al pequeño, que quería cobrar venganza. “Nosotros somos de un rancho de ahí entre Salamanca y Celaya. Y ahí estuvo la guerra de los marros contra los jaliscos. Ahora parece que ya se calmaron, porque las personas que andan en eso ya se pasaron a la nueva generación”, explica.

En 2019, la situación era distinta. “Mi hijo mayor sí se drogaba y por lo mismo iba con esta gente”, dice, en referencia a integrantes del grupo de El Marro, detenido en agosto de 2020. “A veces bromeaba y me decía, ‘a lo mejor un día me meto con ellos’. Y yo le decía, ‘sí, papasito, tú métete y me recoges tus cosas y te vas, porque ya no tienes mamá’. Pero luego me decía que era broma”. Así, entre broma y broma, se andaba el hijo mayor, Giovanni, que siempre andaba “cargándoles” a sus compañeros de barrio.

Dice Granados que quizá un día las bromas fueron demasiado. “Le parecía que eran tontos, no sé”. Un sábado, el muchacho no volvió a casa. Se fue con uno de “ellos” y apareció muerto, al día siguiente, en un pueblo cercano. Granados sabe quién era la persona con quien se fue. Lo ve de vez en cuando. Nunca se ha atrevido a preguntar.

El que sí preguntó fue José Antonio, su hijo pequeño, que pronto supo quién había matado a su hermano, según Granados. Parece que el muchacho clamó venganza. Se corrió la voz. Ocho días más tarde, los mismos que habían acabado con el primero desaparecieron al segundo. “Fue cerca del panteón”, explica la madre, “ellos habían ido a sepultar a unos fulanos y cuando lo vieron… Él había ido a un taller cerca de ahí a reparar su moto. Sí me dijeron que cuando lo vieron le gritaron, ¿te sientes muy verga? Ya no sé más”.

Los gritos de las madres en el desierto de Sonora

Sinthya Gutiérrez tiene 40 años y una tristeza que le dobla el cuerpo. Desde 2017 no sabe nada de su hijo Gustavo, que tenía 15 años cuando fue desaparecido. El chico salió con un amigo y no regresó: lo último que se supo de ambos –el otro joven también falta– fue que la policía los tenía esposados en una calle de Guaymas, un municipio de Sonora de 150.000 habitantes. Ella y su marido recorrieron las celdas municipales sin encontrarlo. “Ahí es cuando empezó mi angustia”, dice la mujer, chiquita en la esquina del sofá. En un mueble de madera a su lado, Gutiérrez honra a su hijo desaparecido. Entre latas de Tecate y crisantemos amarillos, también homenajea a su hijo Marco Antonio, baleado a 50 metros de su casa, y a una compañera que buscaba a su marido cuando fue asesinada.

2017 fue “un año muy pesado”, recuerda Gutiérrez. Desde el inicio del conteo en la década de los sesentas hasta 2016, Sonora registró 1.650 desapariciones. En los siguientes cinco años, se alcanzó un número muy similar en este Estado del norte del país: 1.400 personas desaparecidas en ese período. Antes de que un comando armado baleara el Palacio Municipal de Guaymas durante una manifestación feminista en noviembre de 2021 y matara a tres personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había identificado el corredor que va desde esa ciudad hasta Cajeme, a una hora y media, como “uno de los más violentos” del país.

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Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, atribuye la violencia desatada en los últimos cinco años a “la negligencia e irresponsabilidad” de las autoridades, pero también a la militarización de la seguridad pública, que empezó a notarse en la zona a partir de 2018, según Bernal. Los últimos dos comisarios de Guaymas, por ejemplo, fueron capitanes de la Marina y en las calles se ven militares en camionetas de la Policía Municipal. La estrategia, dice Bernal, “está siendo contraproducente”: “Hace 25 o 26 años, Sonora era zona segura. La gente venía de Nuevo León, de Coahuila, de todas las zonas azotadas por la violencia”. Y ahora, en cambio, suben los homicidios y se acumulan las fichas de búsqueda.

Otro factor, dice la analista, es la geografía del lugar. Guaymas, que nace en el mar y se extiende entre cerros del color del piloncillo plantados de sahuarios, es un área privilegiada para el tráfico de drogas, de mercancías, de personas. Su puerto recibe barcos internacionales; está rodeada de grandes extensiones de tierra; la frontera con Estados Unidos se ubica a 500 kilómetros. El crimen organizado se disputa desde hace algunos años ese territorio. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ocho grupos operan en Sonora. Los Salazares y los Chapitos, una escisión del Cártel de Sinaloa, son los que actúan en Guaymas y los municipios de alrededor, según periodistas y activistas de la zona.

Cuando el número de desaparecidos empezó a crecer, Sinthya Gutiérrez fue una de las madres que se organizó para crear Guerreras Buscadoras, un colectivo que en Guaymas llegó agrupar a 40 familias y hoy solo reúne a 15. Por temor hay personas que han dejado de buscar, dice. A las que quedan, sobre todo madres, esposas, primas, hermanas, les dicen que son unas chivas locas: “Porque andamos en los cerros”. Cuando buscan, normalmente orientadas por datos que les envían de forma anónima, salen bien temprano y caminan durante kilómetros a temperaturas que pueden superar los 40 grados. Si hunden una varilla en la tierra y al quitarla trae el olor de un cuerpo, empiezan a cavar.

Hace tiempo que Gutiérrez dejó de ir a la Fiscalía para conocer avances sobre el caso de su hijo. Rosario Gutiérrez, que busca desde hace un año y nueve meses al suyo, también se cansó de acudir al ministerio público. “No los buscan como nosotros. Ellos llegan [a las fosas], recogen lo que quieren y se van. Y nosotras llegamos al otro día y encontramos muchos restos”, critica la mujer de 53 años. Jesús Gabriel, de 29, se fue a la playa en Semana Santa y ella no ha sabido nada sobre él desde entonces. Si no lo busca, no sabe qué más hacer: “Mi mundo se torna cuatro paredes y un rostro mojado”.

Como ella, otras madres sienten que rastrearlos es el único consuelo. Guadalupe Loaiza, de 48 años, busca a su hija, Yosineidy Hernández, y al papá de la joven, que se fue con ella cuando dos hombres vinieron a su casa a llevársela. Loaiza sonríe cuando recuerda cómo le gustaba a su hija el carnaval y enseguida llora. Los ve a los dos de espalda, yéndose por la puerta, abrazados. “Hemos encontrado a muchos niños, pero a veces digo ‘cómo encuentro a otros y no la encuentro a ella”. En el desierto, en la orilla del mar, en el monte, donde sea que estén buscando, conversan, se ríen como no lo hacen en sus casas, gritan los nombres de sus desaparecidos: “¡Gustavo! ¡Jesús Gabriel! ¡Yosineidy!”. “No andamos buscando justicia”, dice Sinthya Gutiérrez. Ni quién lo hizo, ni quién lo va a pagar: “Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.

Fuente: El País.

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México disolvió una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el combate al crimen organizado, dijeron dos fuentes, en un duro golpe a la cooperación bilateral en seguridad.

El grupo era una de las unidades de investigaciones especiales (SIU, por sus siglas en inglés) que operan en unos 15 países y que los funcionarios estadounidenses consideran invaluables para desmantelar poderosas redes de contrabando y atrapar a innumerables capos de la droga en todo el mundo.

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Las SIU son entrenadas por la DEA, pero están bajo el control de los gobiernos nacionales.

En México, los más de 50 oficiales de esa unidad policial fueron considerados entre los mejores del país y trabajaron en los casos más importantes, como la captura en 2016 de Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces el jefe del poderoso Cártel de Sinaloa.

El cierre amenaza con poner en peligro los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los grupos del crimen organizado dentro de México, uno de los epicentros del multimillonario comercio mundial de narcóticos, y dificultar la captura y el enjuiciamiento de los líderes de los cárteles.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador notificó formalmente a la DEA en abril del año pasado que la unidad había sido clausurada, según un agente de la DEA con conocimiento del asunto que se negó a ser identificado porque no estaba autorizado a hablar sobre el tema. Una segunda fuente familiarizada con la situación confirmó el cierre del grupo.

La Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana no respondieron a reiteradas solicitudes de comentarios. La DEA se negó a hablar de la cuestión. Nadie había informado hasta ahora sobre la clausura de la dependencia. Reuters no pudo averiguar por qué el gobierno mexicano no lo anunció públicamente en su momento.

“La estrangularon”, afirmó el agente, refiriéndose a la unidad. “Hace añicos los puentes que tardamos décadas en armar”.

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El cierre podría resultar costoso en las calles de Estados Unidos, donde las autoridades luchan por reducir un aumento en las sobredosis que el año pasado provocó más de 100,000 muertes, en su mayoría vinculadas a una nueva ola de drogas sintéticas producidas por carteles mexicanos.

El equipo de élite, fundado en 1997, fue el principal conducto para que la DEA compartiera con el gobierno de México pistas sobre envíos de drogas e indicios obtenidos en suelo estadounidense.

La agencia antidrogas de Estados Unidos habría llevado a los nuevos integrantes mexicanos de la unidad policial a sus instalaciones de última generación en Quantico, Virginia, para capacitarlos en las últimas técnicas de vigilancia. Les habrían examinado, incluso con pruebas de polígrafo.

Una segunda unidad mexicana de la SIU, con sede dentro de la oficina del Fiscal General de la República e independiente del Gobierno, continúa operando.

Para Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, el cierre de la SIU y la restricción de la cooperación en seguridad por parte del mandatario dañarán a ambos países.

“Significará más drogas yendo a Estados Unidos y más violencia en México”,

advirtió.

DISPARO EN EL PIE

La clausura de la SIU es el ejemplo más reciente de la ruptura de la cooperación entre la DEA y México desde que López Obrador asumió el poder en 2018 y prometió reformar la política de seguridad nacional.

Enfurecido por el vertiginoso derramamiento de sangre que atribuyó a las tácticas de mano dura de sus predecesores, el gobernante buscó implementar un estilo policial menos beligerante y se comprometió a abordar lo que, según él, son las causas profundas de la violencia, como la pobreza, en lugar de perseguir a los jefes de los cárteles.

El presidente también puso trabas para que los funcionarios de seguridad extranjeros operaran dentro de México, reprendiendo a la DEA por un modus operandi que, según opinó, equivale a pisotear la soberanía de su país.

En privado, los funcionarios estadounidenses señalan que el papel vital de México en el bloqueo del flujo de migrantes de América Latina, una prioridad para Washington, les deja una influencia limitada para presionar a López Obrador en otros temas, como la cooperación en seguridad.

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Aunque la reputación de la SIU quedó dañada cuando su exjefe Iván Reyes fue detenido en 2017 y se declaró culpable en un tribunal estadounidense de aceptar sobornos para filtrar información a una banda de narcotraficantes, los funcionarios de la DEA consideraban que la unidad era vital y necesitaban agentes mexicanos para apoyar en sus investigaciones en el país.

Las campanas de alarma para el futuro de la unidad sonaron en 2019, cuando López Obrador suspendió la actividad de la Policía Federal, dentro de la cual se encontraba la SIU, para crear una nueva fuerza llamada Guardia Nacional.

Los agentes de la DEA siguieron trabajando con sus homólogos mexicanos durante un tiempo, especialmente en el aeropuerto de Ciudad de México, donde los integrantes del grupo interceptaban el contrabando de fentanilo, una droga sintética hiperpotente a la que se atribuye el aumento vertiginoso de las sobredosis en Estados Unidos.

Pero la cooperación en materia de seguridad entre la DEA y México se desplomó a un nuevo mínimo en octubre de 2020, cuando fue detenido en Los Ángeles el exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, alegando que estaba en connivencia con un cartel de la droga.

Los fiscales estadounidenses liberaron rápidamente a Cienfuegos, citando consideraciones de política exterior “sensibles”, pero López Obrador acusó a la DEA de tener “poco profesionalismo” y de fabricar pruebas en el caso.

En diciembre de 2020, el gobierno mexicano despojó a los agentes extranjeros de la inmunidad diplomática y obligó a los funcionarios locales a redactar informes sobre interacciones con agentes de seguridad del exterior.

“Ese fue el clavo en el ataúd”,

consideró el agente de la DEA. Meses después se cerró la SIU.

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Para el momento en que la unidad se disolvió formalmente, según esa fuente, ya había estado inoperativa durante algún tiempo porque la Guardia Nacional de México antepuso la disuasión de la violencia a las investigaciones de los cárteles de la droga.

Pero con más de 33,000 homicidios registrados en la nación latinoamericana el año pasado, Vigil indicó que no tiene sentido cerrar una unidad de élite que persigue a los grupos del crimen organizado responsables de la mayoría de los asesinatos.

“México se está disparando en el pie”,

sentenció.

Fuente: Forbes.

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A días de que la iniciativa de contrareforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a empresas privadas sea votada en la Cámara de Diputados, la confrontación entre México y Estados Unidos ha subido de tono.

Este miércoles el presidente de México acusó a Estados Unidos y algunas empresas extranjeras de “hacer lobbying” en contra de la iniciativa que busca modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, pero éste es solo un capítulo de las diferencias y preocupaciones que hay entre México y su vecino del norte.

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Aquí te contamos algunos desencuentros que la contrareforma eléctrica ha propiciado a partir del día en que el presidente López Obrador la envió a la Cámara de Diputados.

Carta de congresistas al embajador

Apenas habían pasado dos semanas del envío de la contrareforma eléctrica a la Cámara de Diputados, cuando congresistas de Estados Unidos mandaron una carta al embajador en México, Ken Salazar, en la que manifestaban su preocupación por la iniciativa.

“Las reformas constitucionales propuestas por el gobierno, mismas que aumentarían el control estatal de la industria eléctrica y limitarían severamente la inversión privada”,

criticaron.

También consideraron que esta iniciativa representaba una potencial violación al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“La implementación adecuada del T-MEC es una prioridad máxima y los Estados Unidos deben participar en todos los niveles de gobierno para garantizar que el pueblo estadounidense pueda cosechar todos los beneficios de este importante acuerdo comercial”,

señala la carta.

Energía cara y sucia

La embajada de Estados Unidos manifestó su preocupación por la iniciativa de reforma presidencial al considerar que promueve energía cara y sucia.

“El gobierno de los Estados Unidos ha expresado reiteradamente preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México. Promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes, pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general”, 

informó la embajada en un comunicado.

Esa declaración surgió días después de que el embajador había manifestado su apoyo a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para revisar el marco legal en materia eléctrica.

Costos de la electricidad subirán

Un informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, en inglés) alertó que de aprobarse la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador podrían dispararse las emisiones de carbono de México hasta 65% y además se encarecería la electricidad hasta 54%.

«Estas reformas podrían potencialmente distorsionar el principio de despacho económico al aumentar los costos de producción y amenazar los compromisos de cambio climático del país a corto plazo»,

según un borrador de estudio al que accedió Bloomberg News.

Piden “actuar con fuerza” contra reforma

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos envió una carta al presidente Joe Biden para solicitarle “actuar con fuerza” ante la intención de México de fortalecer a la CFE y excluir a empresas privadas en la generación de energía.

“Informes públicos indican que el presidente López Obrador interpreta el relativo silencio público de la Administración Biden sobre este tema como indiferencia o aprobación tácita de la decisión de su Gobierno de priorizar el desarrollo de combustibles fósiles sobre las energías renovables”,

plantearon cuatro legisladores al presidente de Estados Unidos.

Envío de funcionarios

Por varias semanas, funcionarios de Estados Unidos han buscado dialogar con el presidente de México en torno a la iniciativa de reforma eléctrica.

John Kerry, enviado especial para el cambio climático de Estados Unidos, es quien ha sostenido el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y a quien el mandatario mexicano le ha explicado el espíritu de su iniciativa.

En tan solo seis meses, Kerry se reunió con López Obrador tres veces. El último encuentro ocurrió la semana pasada en Palacio Nacional, en donde estuvo acompañado por alrededor de 20 empresarios estadounidenses.

Aunque Kerry aseguró que se había acordado la instalación de una mesa de trabajo para darle seguimiento a la reforma eléctrica, el presidente López Obrador lo rechazó.

La reforma se queda como está

A pesar que durante prácticamente cinco horas se reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador con el John Kerry para dialogar sobre la reforma eléctrica, el mandatario mexicano aseguró que no habrá modificaciones, por lo que se quedaría en los términos que la envió.

“La iniciativa de reforma eléctrica se queda como está”,

dijo en su conferencia de prensa matutina.

Acusa de lobbying a EU

El presidente acusó al gobierno de Estados Unidos de hacer lobbying en el Poder Judicial su iniciativa de reforma eléctrica.

“El gobierno de Estados Unidos. Me consta, han venido a eso, incluso a insinuar que se viola el Tratado cuando no es cierto y hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, nosotros respetamos a todos nada más que actuamos con independencia y con soberanía”,

acusó.

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Horas después de esta declaración, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, visitó Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador. Ni a su llegada ni salida dio declaraciones.

Fuente: Expansión.

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De aplicarse un control de precios a los alimentos para tratar de contener la inflación, tal y como lo contempla el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría llevar aún más los precios al alza y desatar un efecto contrario al que busca el gobierno federal.

Analistas consultados por Expansión dijeron que la medida puede funcionar en un corto plazo; sin embargo, se deben implementar acciones para atacar el problema de fondo que es la falta de producción local de alimentos.

México y el mundo han vivido dos años con problemas en las cadenas de suministro y de logística para el transporte de mercancías. El primero por la pandemia del coronavirus y en segundo lugar por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

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Fernando Cruz, socio del grupo consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), detalla que los granos, frutas y hortalizas también dependen de cuestiones climáticas y tanto las lluvias como la sequía afectan la producción y alteran los costos de producción y los precios finales.

Agregó que el mercado se rige por la ley de oferta y demanda, y que el maíz, que este año supera los 7,000 pesos por tonelada, tuvo un incremento cercano al 50%, comparado con el año pasado “porque México es una economía abierta”.

La inflación en México en febrero marcó 7.28% a tasa anual, pero los productos agropecuarios tuvieron un aumento 16.17%, las frutas y verduras de 19.6%; los productos pecuarios de 13.57%, de acuerdo con datos del INEGI.

¿Remedio o enfermedad?

A diferencia de lo que está haciendo el gobierno con los combustibles, de dar subsidios, en los alimentos “no interviene ni en la determinación de precios, ni en la parte de utilidades o costos”, comentó José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Imponer un control de precios podría traer consigo más problemas que soluciones, como mercado negro, aumentos de precios y que haya una menor producción, apuntó Enrique Cárdenas, economista y director de Puebla Contra la Corrupción.

“Si bien puede ser una medida adecuada en muy corto plazo, para aliviar una situación que se ve que es temporal, no puede ser por mucho tiempo”,

sostuvo Cárdenas. Este tipo de medidas se pueden aplicar por un lapso no mayor a tres meses, agregó.

Entre las consecuencias del control de precios está la escasez de los productos que se oferten a un precio más bajo que el real, así como un mercado negro, señalaron los especialistas. Si se aplica por un lapso prolongado, también puede traer una mayor inflación.

En el caso de los productores, controlar los precios puede derivar en que no sea costeable para ellos y opten por no cosechar una temporada.

Por ejemplo, en el caso de limón, “reduce la tasa de ganancia o incluso puede llevar a la quiebra a los productores de limones”, dijo Cárdenas.

De aplicar un subsidio como en el caso de las gasolinas “ese dinero tiene usos alternos y está debilitando las finanzas públicas que, eventualmente, va a significar más endeudamiento de parte del gobierno”, señaló.

El impacto

El control de precios, de acuerdo a Fernando Cruz, impacta a los productores primarios y todas las cadenas comercial, de transformación y de logística.

En ese sentido, el socio de GCMA y el director del IDIC coincidieron en que una solución sería dejar funcionar al mercado y no intervenir en los precios.

“La reflexión que hemos hecho con Juan Carlos Anaya, director de GCMA, es que el problema no está por el lado del control de precios. Hace año teníamos una infraestructura que se llamaba Oportunidades, que ayudaba a las personas de menores ingresos con una transferencia de dinero, indexada a la canasta básica”,

recordó Cruz.

Atacar el problema

La presión al alza en los precios de los alimentos obedece a las importaciones que se hacen en el país.

México es un importador -un mercado abierto- de granos, por lo que, una solución más viable, aunque de mediano y largo plazo, tiene que ver con aumentar la capacidad productiva del país, coincidieron los especialistas consultados.

“Habría que establecer ciertos programas para elevar la producción interna. El problema es que esto no es de corto plazo”,

sostuvo José Luis de la Cruz.

Otra solución, agregó, tiene que ver con hacer más eficientes procesos de siembra y cosecha, así como lograr costos de distribución asequibles.

En ese sentido, el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, dijo el martes en conferencia de prensa que el gobierno trabaja en un plan para aumentar la capacidad productiva del campo mexicano, particularmente en cereales, maíz, arroz y frijol.

Una alternativa más tiene que ver con dejar actuar al mercado, medida que se ha visto que es más sostenible en el corto plazo, y evitar monopolios, acaparamiento y especulación, agregó de la Cruz.

Control de precios en el pasado

Las políticas de control de precios se han aplicado en México en los años 80 y 90, cuando los niveles de inflación superaban el 70 y el 80%. Aunque es cierto que aunque actualmente la inflación en México es mayor al 7%, casi duplica la meta del Banco de México (3% +/- un punto porcentual).

José Luis de la Cruz recordó que en la década de los 80 el control de precios se tradujo en una mayor inflación.

Mientras que, en los años 90, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se trató de controlar el tipo de cambio para mantener precios bajos en las importaciones, “sobrevaluando al peso que hacía que la gente comprara fuera porque el dólar estaba barato”.

Sin embargo, agregó, la distorsión en el precio del dólar, al verlo barato, el consumo se inclinó por el dólar, “lo que llevó a un desequilibrio en la balanza de pagos y, eventualmente, a la devaluación de 94”.

Fuente: Expansión.

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Viktor Koronelli, embajador de Rusia en México, expresó este miércoles su respeto hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador por no apoyar las sanciones contra su país por la invasión a Ucrania.

El funcionario subrayó la decisión de no enviar ningún tipo de armamento a los ucranianos (medida que sí tomaron algunos países en Europa), por lo que, dijo, las relaciones entre México y Rusia permanecerán sin modificaciones.

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“México es de los países que nunca van a contestar ‘yes, sir’”, dijo en la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia, encabezado por el diputado y dirigente nacional del PT, Alberto Anaya.

El presidente López Obrador ha subrayado que México no se unirá a ningún tipo de castigo contra Rusia por las operaciones militares iniciadas en territorio ucraniano desde febrero pasado como parte de su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

“No queremos conflictos, somos partidarios de la paz y del dialogo, de los acuerdos, sobre todo que actúen de manera responsable las potencias, las naciones hegemónicas y se abandone para siempre la costumbre del intervencionismo y las invasiones y que siempre se haga valer el principio juarista de que ‘entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’,

parece que se los olvida a gobernantes del extranjero, andan de metiches”, dijo en su conferencia del 23 de febrero.

El mandatario también descartó que por la invasión, México tenga pensado anular contratos como el del envasado de la vacuna ‘Sputnik V’, una creación rusa contra el COVID-19, al señalar que la “salud no tiene que ver con conflictos políticos”.

Oposición critica a Morena y aliados por instalación de grupo

Media docena de legisladores del partido Movimiento Ciudadano (MC) protestó a las afueras del evento con pequeñas pancartas de “¡No a la guerra!”, y calificaron el evento como un acto de “imprudencia e impertinencia parlamentaria”.

El grupo parlamentario del PAN emitió un pronunciamiento público en el que expresó que “hemos decidido no participar en la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia” porque “no estamos de acuerdo con ser parte de la imprudencia y falta de sensibilidad de la situación por la que está atravesando Ucrania con la invasión de tropas rusas en su territorio”.

Fuente: Con información de El Financiero.

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Un poder acompañado del abierto respaldo incondicional de una mayoría legislativa y un apoyo implícito de otros poderes del Estado y de la sociedad ya sea por convicción, interés o temor.

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El camino de las visiones unipersonales, contrarias al sentido común y que marcaron el tono del sexenio empezó precisamente con una decisión en torno al futuro de la aviación comercial en el gran Valle de México.

Antes incluso de empezar su gobierno, López Obrador decidió que se cancelaría la obra de construcción de Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, a espaldas del Aeropuerto Benito Juárez.

A pesar de que tenía un avance de casi 40% en su construcción, a pesar de los intentos de convencimiento, el Presidente dijo: se cancela.

Todos los argumentos para esta determinación han sido pretextos insostenibles, como el destino de los terrenos del actual aeropuerto. Que si se construía en un lago que no tiene agua; que si las pistas se hunden, en claro insulto a los ingenieros mexicanos.

El NAIM se anunció en el 2014 para inaugurarse en 2021. Necesitaba tiempo porque un aeropuerto bien hecho se planea desde el espacio aéreo hacia abajo. No podía este régimen soportar la idea de compartir un proyecto con los “corruptos neoliberales” y mejor hizo uno rapidito que pudiera inaugurar López Obrador.

No hay una forma honesta de defender el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sobre la alternativa que hubiera implicado para el país el aeropuerto de Texcoco. Ninguna.

El principal problema, de los muchos que tiene la terminal aérea de la base militar, es que comparte el espacio aéreo con el aeropuerto Benito Juárez.

Entre las múltiples dificultades económicas que presenta esta nueva terminal están los que afectan a los potenciales usuarios como la distancia, los tiempos y los costos de traslado. La imposibilidad real de tener vuelos de conexión con el actual aeropuerto, entre muchos otros.

Para el país el AIFA presenta problemas tan importantes como su falta de autosustentabilidad financiera durante muchos años y su necesidad permanente de recursos públicos. Además, el costo de la deuda de liquidación del NAIM acabará por asfixiar las finanzas del aeropuerto Benito Juárez.

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Uno más y muy importante. México perdió la oportunidad de convertirse en el Hub, aeropuerto de conexiones, más importante de América Latina.

Una terminal aérea con coparticipación privada, que no sangrara las finanzas públicas, cercano, con uso exclusivo del espacio aéreo y que le diera a México el lugar que merece tener en el mundo. Pero no, no son tiempos de que nuestro país aspire a ello. 

Van a pasar años, quizá décadas, pero, al final, México va a tener un aeropuerto verdaderamente funcional y otras cosas más que hoy están en pausa. Va a ocurrir, aunque hoy no tengamos la capacidad de imaginarlo por lo apabullante que resulta el régimen, pero va a pasar.

Fuente: Con información de El Economista.

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México mantendría sus exportaciones de crudo en alrededor de 1 millón de barriles diarios para aprovechar el reciente repunte de los precios, retrasando temporalmente el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducirlas a la mitad como parte de su objetivo de autosuficiencia energética, dijo una persona con conocimiento directo de la situación.

El Gobierno está revisando cómo usar los excedentes de un repunte en los precios internacionales del crudo para subsidiar los crecientes costos de la gasolina en el país, lo que probablemente retrasará su compromiso de reducir drásticamente las exportaciones, según la persona.

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En diciembre, López Obrador dijo que la petrolera estatal Pemex reducirá significativamente sus envíos al extranjero en más de la mitad a 435.000 barriles por día este año para que la compañía pueda refinar suficiente crudo en México de modo que eventualmente pueda eliminar las importaciones de combustible.

Las exportaciones de crudo de Petróleos Mexicanos, como se conoce formalmente a la empresa, ya se redujeron a 832.000 barriles por día en enero desde un promedio de 1,02 millones durante 2021.

Sin embargo, el presidente a principios de este mes insinuó algunos inconvenientes en su estrategia, que habría puesto fin a todas las exportaciones de petróleo para el próximo año, diciendo que los precios más altos del crudo resultantes de la invasión rusa a Ucrania se utilizarían para compensar el costo de las crecientes importaciones de combustible para los mexicanos.

Por su parte, la secretaria de Energía Rocío Nahle dijo la semana pasada en una entrevista con Bloomberg Linea que el Gobierno estaba reconsiderando su plan para reducir las exportaciones de petróleo después del reciente aumento del petróleo.

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Los ingresos adicionales del Gobierno por petróleo serían suficientes para subsidiar el mayor costo de los precios de la gasolina en las bombas de Pemex, según la persona. El precio del crudo de México, conocido como Maya, subió casi un 68% desde principios de diciembre a US$99,06 por barril el viernes.

Ni Pemex ni la oficina de la presidencia respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El año pasado, la Secretaría de Hacienda de México gastó 104 mil millones de pesos (alrededor de US$5.000 millones) en subsidios a la gasolina y el diésel, una cantidad que se triplicaría con creces este año si los subsidios se extienden por el resto de 2022, según un informe de la consultoría basada en riesgos EMPRA, ubicada en Ciudad de México.

A un promedio de US$90 el barril para la mezcla exportadora mexicana este año, las finanzas públicas podrían alcanzar un superávit de 170.000 millones de pesos, según la firma.

“Sin embargo, si la Administración de López Obrador continúa disminuyendo sus exportaciones mientras subsidia fuertemente los precios de la gasolina, este excedente desaparecerá rápidamente”,

escribieron los analistas de EMPRA en un informe el martes.

El plan original de López Obrador para detener todas las exportaciones de crudo fue recibido con escepticismo en ese momento, dado el deficiente historial operativo y de seguridad de Pemex. Las refinerías de la compañía han estado operando a una fracción de su capacidad durante media década después de años de inversión insuficiente y falta de mantenimiento.

Fuente: Bloomberg en Línea.

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La reforma energética mexicana debe resolver las preocupaciones del gobierno y de las empresas estadounidenses en “temas difíciles” como contratos y permisos, o de lo contrario no habrá confianza en invertir en la economía mexicana, advirtió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

En un foro del Consejo Atlántico de Washington, donde estuvo acompañado por el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, el embajador estadounidense dijo entender que México es un país soberano, pero insistió en que la preocupación de Estados Unidos es que el desenlace de la reforma apoye la integración de las cadenas de abasto entre los dos países.

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“Necesitamos trabajar en muchos asuntos difíciles, uno de los cuales tiene que ver con contratos, permisos. Estamos presionando por la resolución de esos asuntos, ojalá haya una resolución porque de otra manera no se puede tener confianza en invertir en México”,

alertó el diplomático de origen mexicano.

Salazar reconoció la apertura del presidente Andrés Manuel López Obrador para reunirse con el enviado especial para cambio climático John Kerry, con la secretaria de Energía, Jennifer Granholm y con él mismo. “Todos hemos expresado nuestras preocupaciones reales. En el mundo del Departamento de Estado le llaman ‘inquietudes’, yo lo llamo temblores”, dijo en español.

Al final de su visita en enero pasado a México, Granholm dijo haber compartido con el presidente mexicano su preocupación sobre el “potencial impacto negativo” de la propuesta de reforma energética en la inversión privada estadounidense en México y en los esfuerzos conjuntos en materia de energías limpias y cambio climático.

En su turno, el embajador Moctezuma dijo creer que el desenlace de la reforma energética garantizará el fortalecimiento de la CFE y también un mercado “abierto, transparente y eficiente”.

Indefinición, un lastre

Por su parte, directivos bancarios advirtieron que la falta de definición en el sector energético está causando un lastre importante en la inversión privada, lo que se está reflejando en el bajo crecimiento.

“Nosotros esperábamos que una parte muy importante de la inversión en México iba a ese sector (eléctrico) y como eso no se está materializando, estamos viendo un lastre importante en el potencial económico de México. Se tiene que corregir y se tienen que clarificar las reglas de cómo y cuándo la gente puede invertir en ese sector”,

señaló Jorge Arce, director general del Grupo Financiero HSBC México.

Consideró que hay poca definición en varios sectores, lo que no sirve a nadie, “esperábamos que gran parte de la inversión privada extranjera y local iba a ir al sector energético, como esto no es posible en este momento, porque hay una falta de definición, y no es algo atractivo para el gobierno que vengan más inversores en ese sector en este momento, eso está causando un lastre importante en la inversión privada y en México, y lo vemos en el poco crecimiento”, explicó el también presidente del Consejo de Administración de HSBC México.

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En entrevista por separado, Adrián Otero, director general de Scotiabank México, explicó que el sector energético es clave para el crecimiento del país, ya que la actividad productiva requiere luz, gas y petróleo para operar, por lo que urge tener claridad en el sector lo antes posible.

“Hemos estado pendientes y hemos dado seguimiento puntual al tema de la reforma, pero confiamos en que va a haber un diálogo, en que las autoridades lo están revisando a detalle, y sabemos que se van a analizar los impactos que se van a tener”,

indicó.

Consideró que si bien los cambios generan incertidumbre, también para algunos puede ser un momento de oportunidades.

Promover inversiones, pide IP

Por otra parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la generación de inversiones del sector privado para apoyar la recuperación económica fue el tema central de la reunión que sostuvieron con el canciller Marcelo Ebrard, la subsecretaria Martha Delgado y otros miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Desde el CCE reiteramos nuestro compromiso con México para lograr juntos una pronta recuperación económica”,

publicó el CCE en Twitter.

En tanto, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), resaltó la importancia de incluir a las Mipymes en la cadena de suministro de EU, así como el reto de obtener financiamiento competitivo para lograrlo.

Fuente: El Financiero.

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Desde la primera vez que buscó ocupar la presidencia de la República en 2006, Andrés Manuel López Obrador propuso darle más poder y facultades al Ejército en tareas de seguridad, al considerar que era la institución menos corrupta y más efectivas, según reveló un cable de Wikileaks.

El documento con fecha de 31 de enero de 2006 señala que en una reunión que sostuvo con el entonces embajador Antonio Garza, el excandidato presidencial del PRD le detalló sus planes de gobierno en caso de ganar las elecciones de ese año, los cuales diferían a lo que le estaba ofreciendo al electorado mexicano, particularmente en materia de seguridad.

El documento titulado “Apocalipsis no: AMLO asegura a embajador que tendrá una administración sólida y fuerte” sostiene que en esa reunión también participaron los entonces asesores de política exterior y económico, José María Pérez Gay y Rogelio Ramírez de la O, respectivamente, y se habló sobre seguridad y migración.

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“Él quiere dar a los militares más poder y autoridad en operaciones antinarcóticos porque es la menos corrupta de todas las agencias de México y puede ser la más efectiva. Señaló, sin embargo, que esto requeriría una enmienda constitucional, pero creía firmemente que podía conseguirla. También explicó que dar a los militares más autoridad limitaría a la Fiscalía General de la República de México (PGR), que AMLO consideró demasiado corrupta para tener la iniciativa antinarcóticos”,

dice el cable de Wikileaks.

López Obrador también propuso recortar agencias internas de seguridad como el CISEN y darle un papel más destacado en la seguridad a la Secretaría de Gobernación.

El cable de Wikileaks fue recordado por la politóloga Denise Dresser, quien este martes fue señalada por el presidente López Obrador de ser una informante.

“En dos ocasiones Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que soy “informante” del gobierno de Estados Unidos, porque mi nombre aparece en un cable de Wikileaks con fecha del 19 de junio del 2006. Y en efecto, mi nombre está ahí. Pero también aparece — en otras fechas el nombre del presidente López Obrador, el de Rogelio Ramírez de la O, el de Marcelo Ebrard, y el de Gerardo Esquivel»,

detalló la académica.

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«Como se constata en Wikileaks, López Obrador sí le reveló planes al embajador estadounidense, los cuales no había compartido con la opinión pública en aquel momento. Lo que le estaba diciendo al gobierno estadounidense, era totalmente distinto a lo que le estaba diciendo al electorado mexicano. Doce años después, y ya en la presidencia, cumpliría con su intención de militarizar al país, la cual le fue revelada a la Embajada de Estados Unidos en 2006, pero no la población de México»,

añadió la politóloga.

«Si aplicamos la lógica presidencial, según la cual asistir a una Embajada extranjera es suficiente para ser catalogado como ‘informante’, el presidente también lo es».

 Denise Dresser, politóloga, escritora y académica.

Detener los flujos migratorios

Según el cable de Wikileaks, el entonces candidato del PRD planteó su plan para frenar la migración hacia Estados Unidos, para lo cual buscaría implementar programas que permitieran frenar los flujos migratorios, a cambio de que se regularizara el estatus legal de mexicanos que vivían y radicaban en tierras estadounidenses.

“Sus promesas, aunque carentes de detalles, muestran que Andrés Manuel López Obrador conoce las percepciones comunes sobre su candidatura y que trató de tranquilizarnos. También sentó las bases de buscar la ayuda de Estados Unidos, si es elegido, para apoyar a varios de sus principales objetivos”,

dice el resumen de esa nota.

El presidente López Obrador ha defendido reiteradamente al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien incluso le ha ofrecido asilo político.

«Hemos fijado nuestra postura y estamos dispuestos a ofrecer asilo a Assange en México. Consideramos que el Gobierno de Estados Unidos debe actuar con humanismo. Assange está enfermo y sería una muestra de solidaridad, de fraternidad, el permitirle que recibiera asilo en el país que Assange resolviera vivir, incluido México»,

aseguró el 3 de enero de 2022.

Fuente: Expansión.

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