Han transcurrido más de dos años del inicio de la pandemia de COVID-19 y el virus que produce la enfermedad continúa propagándose, como en China y ahora en Corea del Norte, donde se impusieron estrictas medidas de aislamiento.

Además de tener un repunte de casos, Estados Unidos se convirtió oficialmente en el primer país del mundo en reconocer un millón de muertos por coronavirus.

“(…) alcanzamos un trágico hito: un millón de vidas estadounidenses perdidas por el COVID-19″, lamentó el presidente Joe Biden, quien pidió mantenerse ‘vigilantes’ frente a la pandemia y hacer ‘todo lo posible’ para salvar vidas.

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La impactante portada a doble página del domingo en la edición impresa de The New York Times lo dimensionó en su titular: “Un millón. El dolor inconmensurable de una nación”.

De acuerdo con el influyente diario, en dos años “han muerto más estadounidenses de COVID-19 que en dos décadas de accidentes automovilísticos o en campos de batalla en todas las guerras del país combinadas”.

Aun cuando “un millón de muertos es un número impresionante, incluso para un país del tamaño de Estados Unidos, el número real es casi con seguridad mayor debido a la subestimación” de casos, apuntó el NYT.

EU es el país con más víctimas mortales por la pandemia, seguido de Brasil, India, Rusia y México, que a su vez mantiene el poco honroso primer lugar en letalidad.

México tiene el número más alto de muertes (5.6) por cada 100 casos confirmados de covid y es sexto del mundo en defunciones (254) por cada 100 mil habitantes.

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En paralelo a EU, Europa rebasó los dos millones de muertos por coronavirus, según la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud:

“Se ha alcanzado un hito macabro al confirmarse que las muertes por COVID-19 en los (53) países de la región europea han sobrepasado los dos millones”,

informó el organismo de Naciones Unidas en un comunicado.

Un informe reciente de la OMS concluyó que el número de fallecidos por la pandemia fue subestimado y que el total en el mundo se eleva a 14.9 millones, contra los casi 6.3 millones notificados oficialmente.

Los 14.9 millones representan el punto medio entre un mínimo de 13.3 millones y un máximo de 16.6 millones de decesos contabilizados del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

La OMS estimó que en México se registra un exceso de mortalidad por covid de 626 mil personas, cerca del doble de las casi 325 mil defunciones documentadas por las autoridades federales de Salud.

El organismo considera que en nuestro país hubo entre un mínimo de 611 mil y un máximo de 640 mil muertes en exceso por la pandemia.

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Las cifras incluyen personas que fallecieron directamente por la enfermedad, otros problemas de salud e interrupciones de la atención médica derivados de la pandemia, según se desprende del informe sobre exceso de mortalidad global publicado por la OMS hace dos semanas.

Oficialmente, el exceso de mortalidad en México es de 726 mil defunciones desde 2020, de las cuales el 67.9 por ciento (493 mil) se asocia a covid-19.

Parafraseando al NYT, ¿cómo México perdió más de 700 mil personas? Aun ‘controlada’, covid se convirtió en la primera causa de muerte en el país.

A pesar de las mayores tasas de vacunación, la pandemia continúa afectando no sólo la salud de millones de personas, sino también la economía a nivel global.

En semanas recientes, el repunte de contagios en China llevó a su gobierno a adoptar medidas de confinamiento en varias provincias y ciudades importantes, como parte de la severa política de ‘cero COVID’.

Los controles en megaciudades como Shanghái, que tiene un potente centro financiero y uno de los puertos más activos del mundo, ya le cobraron factura a la economía china.

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En abril las ventas minoristas en el gigante asiático se desplomaron 11.1 por ciento respecto a igual mes del año anterior, mientras que la producción industrial se contrajo 2.9 por ciento en el mismo periodo comparable.

Ambos indicadores anticipan una desaceleración de la actividad económica en China durante el segundo trimestre del año.

Dada la importancia de China en los suministros y sus vínculos con otras economías grandes, como la estadounidense, ya se advierten impactos sobre la actividad de EU, que de por sí corre el riesgo de entrar en recesión el próximo año.

Fuente: El Financiero.

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En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.

Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.

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Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.

Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora. EL PAÍS se ha desplazado a ambas regiones para comprender mejor los matices de la tragedia.

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Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía sobre esta situación: “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Priorizar la búsqueda

El registro de desaparecidos era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, explica que “antes de 2019, el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”. Nombrada con el nuevo Gobierno, su primer paso fue pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. “Lo que se ha hecho es comenzar a crear una institucionalidad”, dice Quintana. ¿Qué tan real es entonces el registro? “Mi lectura”, dice la comisionada, “es que las fiscalías tienen más información de la que han dado en los últimos años; pero también podrían tener información desactualizada”.

Aún así, esa información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Debanhi Escobar o Yolanda Martínez han puesto el foco en los fallos del sistema, el número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el resto de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y uno de los que cuenta más desaparecidos (6.405 personas), el porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los Estados y de todas las instituciones en el país con el registro “es muy dispar”, según Quintana, que apunta: “Todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional”.

A la crisis de los desaparecidos se suma otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. “El sistema tradicional requiere identificar [los cuerpos] uno a uno. Eso está bien en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares con crisis como México”, señala Quintana.

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Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos tres años se concentra en cinco Estados, que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa suman más de 15.700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más o menos 15.000 personas de las que se ignoran datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible, es posible identificar al menos tres zonas donde la situación es especialmente grave: la central, que incluye Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.

Los confines de Irapuato

En un taller a las afueras de Irapuato, dos operarios muestran divertidos una pegatina. Es el plástico que envuelve las bolsitas de marihuana que compran habitualmente en el barrio, donde un niñito rubio, con un enorme fusil en las manos, sonríe al cliente. Dos palabras dominan la imagen arriba y abajo del muchacho: “CJNG” y “Élite”. “Así la venden ahora”, dice unos de los operarios.

La pegatina resume una guerra por el dominio de la venta de droga al por menor en los barrios de Irapuato, en Guanajuato, ciudad golpeada por la violencia en los últimos años. Los operarios, vecinos de estos mismos parajes híbridos entre lo agrícola y lo industrial, dicen que es justo aquí donde más se ha notado la violencia, en los ranchos que hacen de esponja entre Irapuato y Salamanca. Aunque no es solo por la droga.

Preguntados por los motivos, ambos señalan además los ductos de combustible, riqueza de la región. En la vecina Salamanca, Pemex opera una refinería y en el subsuelo funcionan enormes tubos que conducen gasolina a León, la capital del Estado. Irapuato queda en medio. Desde hace años, cuadrillas de criminales locales apoyados por trabajadores de la petrolera han ordeñado los ductos, almacenando combustible para venderlo en el mercado negro.

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“Antes estaban los de El Marro, pero luego llegaron los jaliscos e hicieron limpia”, dice el otro operario. Sus nombres verdaderos no salen aquí por su seguridad. El Marro y los Jaliscos son los nombres coloquiales del cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las marcas criminales más mediáticas de los últimos años. En la narrativa criminal mexicana, las limpias son procesos por los cuales un grupo criminal expulsa a otro de un territorio más o menos acotado. Cuando hablan de la limpia de Irapuato, los operarios se refieren a un proceso que inició hace unos cuatro o cinco años, cuyo fin viven actualmente.

El simbolismo de las pegatinas es evidente. No son tanto un reclamo, sino una demostración de poder, un recordatorio de lo que ha ocurrido. Genaro, uno de los operarios, recuerda el principio de todo aquello en su barrio. Fue en noviembre de 2020. “Hubo una semana completa de balaceras. Un lunes empezaron a balacear una casa, martes igual, miércoles… Es que ahí estaba El Marro, por el huachicol [el robo de combustible de los ductos]. Y en una casa vendían droga y se iban y le tiraban, hasta granadas y todo… Mataron a varios”, dice, mientras muestra un mosaico en su móvil de sus muertos, sus amigos muertos del barrio. “Ahí en el rancho, entre muertos y desaparecidos son como unos 50 de cinco años para acá”.

Es la guerra del extrarradio, ajena a la pompa de las siglas. En la actual Administración, Irapuato se ha convertido en el foco rojo de las desapariciones en el Estado. Es la ciudad que más casos cuenta, por encima de León, la misma Salamanca o Celaya. Son 228 reportes desde diciembre de 2018, por 99 durante los 12 años anteriores. El horror aquí es presente porque muchas veces los perpetradores siguen campando a sus anchas por el barrio.

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Es el caso de Rosalba Granados. En ocho días de agosto de 2019, criminales asesinaron a su hijo mayor y desaparecieron al pequeño, que quería cobrar venganza. “Nosotros somos de un rancho de ahí entre Salamanca y Celaya. Y ahí estuvo la guerra de los marros contra los jaliscos. Ahora parece que ya se calmaron, porque las personas que andan en eso ya se pasaron a la nueva generación”, explica.

En 2019, la situación era distinta. “Mi hijo mayor sí se drogaba y por lo mismo iba con esta gente”, dice, en referencia a integrantes del grupo de El Marro, detenido en agosto de 2020. “A veces bromeaba y me decía, ‘a lo mejor un día me meto con ellos’. Y yo le decía, ‘sí, papasito, tú métete y me recoges tus cosas y te vas, porque ya no tienes mamá’. Pero luego me decía que era broma”. Así, entre broma y broma, se andaba el hijo mayor, Giovanni, que siempre andaba “cargándoles” a sus compañeros de barrio.

Dice Granados que quizá un día las bromas fueron demasiado. “Le parecía que eran tontos, no sé”. Un sábado, el muchacho no volvió a casa. Se fue con uno de “ellos” y apareció muerto, al día siguiente, en un pueblo cercano. Granados sabe quién era la persona con quien se fue. Lo ve de vez en cuando. Nunca se ha atrevido a preguntar.

El que sí preguntó fue José Antonio, su hijo pequeño, que pronto supo quién había matado a su hermano, según Granados. Parece que el muchacho clamó venganza. Se corrió la voz. Ocho días más tarde, los mismos que habían acabado con el primero desaparecieron al segundo. “Fue cerca del panteón”, explica la madre, “ellos habían ido a sepultar a unos fulanos y cuando lo vieron… Él había ido a un taller cerca de ahí a reparar su moto. Sí me dijeron que cuando lo vieron le gritaron, ¿te sientes muy verga? Ya no sé más”.

Los gritos de las madres en el desierto de Sonora

Sinthya Gutiérrez tiene 40 años y una tristeza que le dobla el cuerpo. Desde 2017 no sabe nada de su hijo Gustavo, que tenía 15 años cuando fue desaparecido. El chico salió con un amigo y no regresó: lo último que se supo de ambos –el otro joven también falta– fue que la policía los tenía esposados en una calle de Guaymas, un municipio de Sonora de 150.000 habitantes. Ella y su marido recorrieron las celdas municipales sin encontrarlo. “Ahí es cuando empezó mi angustia”, dice la mujer, chiquita en la esquina del sofá. En un mueble de madera a su lado, Gutiérrez honra a su hijo desaparecido. Entre latas de Tecate y crisantemos amarillos, también homenajea a su hijo Marco Antonio, baleado a 50 metros de su casa, y a una compañera que buscaba a su marido cuando fue asesinada.

2017 fue “un año muy pesado”, recuerda Gutiérrez. Desde el inicio del conteo en la década de los sesentas hasta 2016, Sonora registró 1.650 desapariciones. En los siguientes cinco años, se alcanzó un número muy similar en este Estado del norte del país: 1.400 personas desaparecidas en ese período. Antes de que un comando armado baleara el Palacio Municipal de Guaymas durante una manifestación feminista en noviembre de 2021 y matara a tres personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había identificado el corredor que va desde esa ciudad hasta Cajeme, a una hora y media, como “uno de los más violentos” del país.

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Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, atribuye la violencia desatada en los últimos cinco años a “la negligencia e irresponsabilidad” de las autoridades, pero también a la militarización de la seguridad pública, que empezó a notarse en la zona a partir de 2018, según Bernal. Los últimos dos comisarios de Guaymas, por ejemplo, fueron capitanes de la Marina y en las calles se ven militares en camionetas de la Policía Municipal. La estrategia, dice Bernal, “está siendo contraproducente”: “Hace 25 o 26 años, Sonora era zona segura. La gente venía de Nuevo León, de Coahuila, de todas las zonas azotadas por la violencia”. Y ahora, en cambio, suben los homicidios y se acumulan las fichas de búsqueda.

Otro factor, dice la analista, es la geografía del lugar. Guaymas, que nace en el mar y se extiende entre cerros del color del piloncillo plantados de sahuarios, es un área privilegiada para el tráfico de drogas, de mercancías, de personas. Su puerto recibe barcos internacionales; está rodeada de grandes extensiones de tierra; la frontera con Estados Unidos se ubica a 500 kilómetros. El crimen organizado se disputa desde hace algunos años ese territorio. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ocho grupos operan en Sonora. Los Salazares y los Chapitos, una escisión del Cártel de Sinaloa, son los que actúan en Guaymas y los municipios de alrededor, según periodistas y activistas de la zona.

Cuando el número de desaparecidos empezó a crecer, Sinthya Gutiérrez fue una de las madres que se organizó para crear Guerreras Buscadoras, un colectivo que en Guaymas llegó agrupar a 40 familias y hoy solo reúne a 15. Por temor hay personas que han dejado de buscar, dice. A las que quedan, sobre todo madres, esposas, primas, hermanas, les dicen que son unas chivas locas: “Porque andamos en los cerros”. Cuando buscan, normalmente orientadas por datos que les envían de forma anónima, salen bien temprano y caminan durante kilómetros a temperaturas que pueden superar los 40 grados. Si hunden una varilla en la tierra y al quitarla trae el olor de un cuerpo, empiezan a cavar.

Hace tiempo que Gutiérrez dejó de ir a la Fiscalía para conocer avances sobre el caso de su hijo. Rosario Gutiérrez, que busca desde hace un año y nueve meses al suyo, también se cansó de acudir al ministerio público. “No los buscan como nosotros. Ellos llegan [a las fosas], recogen lo que quieren y se van. Y nosotras llegamos al otro día y encontramos muchos restos”, critica la mujer de 53 años. Jesús Gabriel, de 29, se fue a la playa en Semana Santa y ella no ha sabido nada sobre él desde entonces. Si no lo busca, no sabe qué más hacer: “Mi mundo se torna cuatro paredes y un rostro mojado”.

Como ella, otras madres sienten que rastrearlos es el único consuelo. Guadalupe Loaiza, de 48 años, busca a su hija, Yosineidy Hernández, y al papá de la joven, que se fue con ella cuando dos hombres vinieron a su casa a llevársela. Loaiza sonríe cuando recuerda cómo le gustaba a su hija el carnaval y enseguida llora. Los ve a los dos de espalda, yéndose por la puerta, abrazados. “Hemos encontrado a muchos niños, pero a veces digo ‘cómo encuentro a otros y no la encuentro a ella”. En el desierto, en la orilla del mar, en el monte, donde sea que estén buscando, conversan, se ríen como no lo hacen en sus casas, gritan los nombres de sus desaparecidos: “¡Gustavo! ¡Jesús Gabriel! ¡Yosineidy!”. “No andamos buscando justicia”, dice Sinthya Gutiérrez. Ni quién lo hizo, ni quién lo va a pagar: “Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.

Fuente: El País.

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Como si se tratara de una película de acción, elementos del Ejército Mexicano tuvieron que huir de la comunidad de Nueva Italia, en el estado de Michoacán. Luego de que supuestos sicarios al servicio del CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), liderado por el narcotraficante Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, los amenazaran con su gran poder de asalto.

El hecho fue captado en un vídeo de 30 segundos, donde se aprecia a gente armada en varias camionetas; algunos de los presuntos narcotraficantes asoman su cuerpo por el quemacocos de los vehículos y empuñan sus armas contra los vehículos oficiales; otros más, viajan en la caja de dos camionetas de carga sin placas.

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En la grabación que, rápidamente se volvió viral en la red, se puede observar cómo los militares huyen a gran velocidad de la zona para evitar una confrontación que, de haberse suscitado, pudo haber causado la muerte de varios civiles. Por su parte, los supuestos criminales gritaban una y otra vez: “¡Tírale! ¡Tírenle, pu…; ¡váyanse a la ve…”; “a chin… a su madre”.

Según las autoridades, el altercado ocurrió la tarde del pasado martes en la glorieta de Cuatro Caminos, sobre la carretera que traza la ruta de la Autopista 21 y Apatzingán, en Nueva Italia, en el municipio de Múgica, Michoacán.

Hasta el momento, las autoridades del estado ni tampoco el Gobierno Federal han informado acerca de alguna detención e, inclusive, de algún operativo para capturar a los presuntos incitadores de la violencia.

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Recientemente, la Embajada y Consulados de EE.UU. en México emitieron una alerta de seguridad conjunta advirtiendo a sus connacionales que tomen precauciones al viajar a las ciudades mexicanas de Puerto Vallarta y Guadalajara, en Jalisco; y Nuevo Nayarit, en Nayarit.

La advertencia se debe al incremento de la violencia en las zonas antes mencionadas. El comunicado destaca que, en dichas demarcaciones, hay una gran presencia de elementos de seguridad del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, luego de que en el mes de abriljueves fueran secuestradas dos elementos castrenses por integrantes del CJNG.

Fuente: Independent en Español.

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Como en los viejos tiempos, un póster clavado en la pared pone precio a la cabeza de los capos. Se trata de la nueva campaña de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra el cartel de Sinaloa. Una ristra de láminas con la cara de siete de sus jefes, desde históricos como El Mayo Zambada a los hijos del El Chapo Guzmán, ha aparecido esta semana desplegada por la frontera. Un recompensa total de 900 millones de pesos -unos 45 millones de dólares- a cambio de información que dé con su captura.

Ni los carteles de “se busca”, ni los nombres ni el dinero ofrecido es nuevo, la página web de la DEA lleva años con los mismos anuncios. Lo llamativo ha sido el modo de presentarlos, todos juntos, a la vieja usanza y recorriendo los 3.000 kilómetros de la frontera. Un mensaje de firmeza destinado el vecino del sur en un momento en que la relación de México con EE UU, y en particular con la DEA, se ha tensado tras los recientes desencuentros en materia de seguridad.

El cierre de la unidad de élite mexicana de investigación antidrogas, que durante más de 25 años trabajó mano a mano con su homóloga estadounidense, ha sido el último capítulo de una serie de desavenencias con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El carpetazo al grupo de antinarcóticos, que compartía información confidencial con la DEA y que participó en operaciones clave como la detención de El Chapo Guzmán, se conoció a finales de abril por una información de la agencia Reuters pero la decisión fue tomada hace más de un año. El presidente mexicano defendió su decisión acusando al grupo que trabajaba con al DEA de “fabricar delitos”, “estar infiltrado por la delincuencia” y “hacer lo que querían”.

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La supuesta libertad de movimientos en territorio mexicano fue el mismo argumento utilizado por López Obrador hace dos años para poner coto a la actividad dentro del país de los servicios de inteligencia extranjeros. Una medida especialmente centrada en los agentes estadounidenses y que fue uno de los primeros focos de tensión con el vecino del norte en plena transición, entonces, con el Gobierno de Joe Biden. Los desencuentros con la DEA de protagonista han sido solo una de las aristas en la agenda de seguridad dentro de relación bilateral, donde también entra el desafío migratorio, que ha centrado buena parte de las últimas conversaciones.

El perfil bajo con el que se manejó el carpetazo del grupo de élite antinarcóticos por parte de ambos gobiernos da una muestra del comprometido momento que atraviesan las negociaciones, que tienen como prioridad echar a andar el nuevo marco de colaboración. El llamado Entendimiento Bicentenario, anunciado formalmente a finales del año pasado, sucede a la Iniciativa Mérida, vigente durante 14 años. El nuevo plan está más volcado sobre el papel hacia la prevención y con más peso de la agenda mexicana. El combate al tráfico de armas, una de las demandas históricas de México, es una de las cuestiones que ha ganado relevancia, pero que sigue necesitando de progresos diplomáticos para hacerse realidad.

El rastro del fentanilo

En ese contexto se produce la llamativa campaña de la DEA contra el cartel de Sinaloa. “No es inusual la recompensa, pero sí la voluntad de hacerlo tan público. Puede interpretarse como una señal de que la relación con la DEA se ha deteriorado y lanzan un mensaje de que van a por ellos aunque para el Gobierno de México no sean una prioridad”, apunta el analista de seguridad Alejandro Hope. Pese a la consolidación de la militarización impuesta por López Obrador con la creación de la Guardia Nacional y el despliegue masivo del Ejército en las calles, la estrategia del Gobierno está más centrada en la contención que en el ataque hacia las mafias del crimen organizado. Una política encarnada en uno de los lemas preferidos del presidente: “abrazos y no balazos”.

Las cifras de la violencia, sin embargo, apenas dan un respiro. Al cierre del año pasado, al cruzar el ecuador del sexenio obradorista , se registró una interrupción de la tendencia al alza de los asesinatos, una leve caída del 4% desde el techo alcanzado hace dos años. Mientras tanto, al otro lado de la frontera la espiral de muertes provocada por las sobredosis de opiáceas sintéticos continúa desbocada. Solo el año pasado provocó en EE UU más muertes que la suma de fallecidos por armas de fuego y accidentes de coche, según cifras oficiales. Las autoridades estadounidenses mantiene la alerta roja ante la epidemia del fentanilo, un potente opiáceo químico 50 veces más fuerte que la heroína y cuyo rastro pasa cada vez más por México.

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“EE UU percibe un cambio importante a partir de 2019″, añade el experto en seguridad. “China comienza a imponer controles a la exportación de fentanilo en formato acabado. México deja por tanto de ser un país de tránsito para esta droga y empieza a producirla a partir de los precursores asiáticos”. La fabricación de pastillas de otras drogas cortadas con fentanilo está detrás de la crecida de muertes por sobredosis involuntarias y es una de las máximas preocupaciones de la agencia de drogas estadounidense. Y ahí aparece con fuerza la mafia de Sinaloa, con presencia en 14 de los 32 Estados mexicanos según un reciente estudio, y cuyos laboratorios de fentanilo son uno de sus negocios más lucrativos.

Fuente: El País.

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El presidente López Obrador aclaró este jueves que la disolución del grupo antidrogas que cooperaba con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), ocurrió hace un año y no esta semana, como ha estado circulando en los medios de comunicación.

“Les falta información, eso se hizo como hace un año y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos, pero no investigan nada, nada más atacan”,

comentó el mandatario.

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Desde este martes comenzaron a difundirse noticias sobre la desintegración de una selecta unidad antinarcóticos radicada en México que durante más de veinte años colaboró con la DEA.

El grupo era una de las unidades de investigaciones especiales (SIU, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos creadas para combatir redes de narcotráfico en diferentes partes del mundo.

De acuerdo con información de agencias, el Gobierno Federal notificó formalmente a la DEA sobre la clausura en abril del año pasado pero el comunicado nunca se hizo público.

Ahora, exactamente un año después de los hechos, el presidente indica que esto no ha afectado las relaciones con el vecino del norte aunque ya no se permite la intromisión de agentes extranjeros en asuntos que tengan que ver con el narcotráfico.

Esto derivado de las faltas cometidas cometidas durante el caso del extitular de Sedena, Salvador Cienfuegos, a quien se le acusó indebidamente y del contubernio entre informantes y organizaciones criminales.

“Aquí solamente están los agentes que por ley se permiten de acuerdo a la nueva legislación que surgió después de la detención del general Cienfuegos, como tomaron esa decisión sin informarnos, además fabricaron los delitos y si hay duda yo creo que todavía está el expediente”, señaló.

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Como la detención de Cienfuegos se llevó a cabo por agentes sin que autoridades de mayor jerarquía fueran notificadas, resulta necesario que el gobierno estadounidense imponga “control, disciplina, profesionalismo, que se respeten jerarquías, porque a veces da la impresión de que abajo se mandan solos”, agregó.

Pese a los desacuerdos, el mandatario aseguró que aún existe cooperación bilateral y ambos países comparten información sobre el tema del narcotráfico.

Fuente: El Financiero.

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El Gobierno mexicano ha presentado este miércoles las últimas cifras de homicidios y ha destacado marzo como el mes más sangriento del año. Unas 3.632 personas han sido asesinadas, es decir, que casi 120 han sido masacradas al día mientras sucedían otros eventos: se protestaba por el Día Internacional de la Mujer, el presidente se enfrentaba a los parlamentarios europeos por los crímenes a periodistas, se observaba con horror la invasión rusa a Ucrania y se inauguraba un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México construido por militares. A esas cifras se suman también los más de 4.000 desaparecidos que hay registrados de enero hasta la fecha. Con esos datos en la mano, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado que pese al pico de este año, se trate del marzo menos sangriento del último lustro. Un puñado de cadáveres menos para el baile de las cifras de muerte. Pero la espiral violenta en la que está sumida México desde hace seis años continúa.

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Concretamente, este mes de marzo ha contabilizado 220 muertos menos que marzo del año pasado. También, 240 cadáveres más que el marzo de 2017, cuando López Obrador aún no había tomado posesión en el cargo —ganó las elecciones en 2018 e inició su mandato en diciembre de ese año—. Cuando una pandemia amenazaba al mundo, en marzo de 2020, y la gente comenzaba a encerrarse en sus casas y a preocuparse por la falta de capacidad de los hospitales, en México en esos 31 días se asesinó a 4.003 personas. Lo que destacan las estadísticas es que en este país no se ha dejado de matar de una forma feroz, independientemente de los meses. Que en México mueren asesinadas —según la media de este año— 112 personas al día.

El informe que ha presentado la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, este miércoles durante la conferencia mañanera del presidente, ha señalado que no en todos los rincones del país se mata por igual. Que solo seis Estados concentran el 50% de los homicidios: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Los habitantes de estas entidades suman más de 42 millones de personas. Es decir, que pese a que el Gobierno señala solo a unos cuantos Estados que viven bajo el yugo de la violencia, la realidad es que un tercio de la población mexicana vive en estas condiciones de terror.

No quiere decir el informe que el resto viva en paz. En México han sido asesinadas, desde 2019, 132.088 personas. Y han desaparecido en ese mismo periodo de tiempo 67.122 y todavía no se sabe dónde están. Como si en poco más de tres años se esfumara la mitad de la población del municipio de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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Las cifras de muerte no han dejado de crecer sin freno desde 2017, cuando la cantidad de homicidios superó a las peores épocas de la guerra contra el narco —la batalla del Ejército contra los cárteles de la droga y sus capos que emprendió Felipe Calderón en 2006, donde las masacres, ejecuciones extrajudiciales de los militares y los pueblos abandonados se convirtieron en las estampas que México enviaba al mundo—. Los gobernantes posteriores, tanto Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) como López Obrador, han comparado siempre sus estrategias de seguridad con las de entonces, pese a que nunca se ha matado tanto como después. Una sangría que continúa hasta la fecha.

López Obrador heredó una crisis de seguridad marcada por la pulverización de cárteles de la droga que resultó de la captura de los capos que inició Calderón y que continuó Peña Nieto. Las divisiones dentro de los grupos delictivos configuraron un nuevo mapa del crimen con cientos de células con capacidad de asesinar, extorsionar y extender sus guerras por todo el territorio. Pese a que todavía conviven dos grandes organizaciones criminales, el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, sus socios y aliados —además de otras decenas de narcos locales, escisiones de los más antiguos— se pelean ciudades y pueblos en cada rincón del país. Frente a este ecosistema violento, la estrategia del presidente ha consistido principalmente en aumentar la presencia militar, tanto del Ejército, como de la Marina en los puertos y el cuerpo de seguridad híbrido civil-militar que él diseñó a su llegada al poder, la Guardia Nacional. Y sobre todo, evitar enfrentamientos directos con el narco.

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Las escenas de la nueva guerra del narco de estos días consisten en pueblos tomados en Michoacán, fusilamientos contra rivales del narco, minas antipersona para evitar el recorrido de los militares, tanques de guerra paseando libremente por las calles, masacres de decenas de personas en una fiesta; en Zacatecas, un escenario similar, decenas de cadáveres amontonados a las puertas de la sede del Gobierno estatal y otras en pena calle, colgados de puentes, municipios que se han quedado sin policías por miedo a que los asesinen a ellos también; en Colima y Sonora, ciudades completas asediadas por los narcos en un intento de cercar a sus rivales. Entre Tamaulipas y Nuevo León, la carretera de la muerte, con decenas de viajeros desaparecidos; en el corredor de la Riviera Maya, de Cancún a Tulum, balaceras en resorts de lujo, turistas asesinados por una bala perdida. Y la lista de Estados afectados por la narcoviolencia se renueva cada semana.

Pese a los bailes de cifras y a los titulares que busca el Gobierno federal, la violencia en México no ha dado tregua. Con una impunidad que ronda el 95% para todos los delitos, la falta de justicia lanza un peligroso mensaje: si en abril se mata más o menos, dependerá de la voluntad del crimen, no de una lucha conjunta de todos los poderes para detenerlo.

Fuente: El País.

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México disolvió una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el combate al crimen organizado, dijeron dos fuentes, en un duro golpe a la cooperación bilateral en seguridad.

El grupo era una de las unidades de investigaciones especiales (SIU, por sus siglas en inglés) que operan en unos 15 países y que los funcionarios estadounidenses consideran invaluables para desmantelar poderosas redes de contrabando y atrapar a innumerables capos de la droga en todo el mundo.

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Las SIU son entrenadas por la DEA, pero están bajo el control de los gobiernos nacionales.

En México, los más de 50 oficiales de esa unidad policial fueron considerados entre los mejores del país y trabajaron en los casos más importantes, como la captura en 2016 de Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces el jefe del poderoso Cártel de Sinaloa.

El cierre amenaza con poner en peligro los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los grupos del crimen organizado dentro de México, uno de los epicentros del multimillonario comercio mundial de narcóticos, y dificultar la captura y el enjuiciamiento de los líderes de los cárteles.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador notificó formalmente a la DEA en abril del año pasado que la unidad había sido clausurada, según un agente de la DEA con conocimiento del asunto que se negó a ser identificado porque no estaba autorizado a hablar sobre el tema. Una segunda fuente familiarizada con la situación confirmó el cierre del grupo.

La Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana no respondieron a reiteradas solicitudes de comentarios. La DEA se negó a hablar de la cuestión. Nadie había informado hasta ahora sobre la clausura de la dependencia. Reuters no pudo averiguar por qué el gobierno mexicano no lo anunció públicamente en su momento.

“La estrangularon”, afirmó el agente, refiriéndose a la unidad. “Hace añicos los puentes que tardamos décadas en armar”.

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El cierre podría resultar costoso en las calles de Estados Unidos, donde las autoridades luchan por reducir un aumento en las sobredosis que el año pasado provocó más de 100,000 muertes, en su mayoría vinculadas a una nueva ola de drogas sintéticas producidas por carteles mexicanos.

El equipo de élite, fundado en 1997, fue el principal conducto para que la DEA compartiera con el gobierno de México pistas sobre envíos de drogas e indicios obtenidos en suelo estadounidense.

La agencia antidrogas de Estados Unidos habría llevado a los nuevos integrantes mexicanos de la unidad policial a sus instalaciones de última generación en Quantico, Virginia, para capacitarlos en las últimas técnicas de vigilancia. Les habrían examinado, incluso con pruebas de polígrafo.

Una segunda unidad mexicana de la SIU, con sede dentro de la oficina del Fiscal General de la República e independiente del Gobierno, continúa operando.

Para Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, el cierre de la SIU y la restricción de la cooperación en seguridad por parte del mandatario dañarán a ambos países.

“Significará más drogas yendo a Estados Unidos y más violencia en México”,

advirtió.

DISPARO EN EL PIE

La clausura de la SIU es el ejemplo más reciente de la ruptura de la cooperación entre la DEA y México desde que López Obrador asumió el poder en 2018 y prometió reformar la política de seguridad nacional.

Enfurecido por el vertiginoso derramamiento de sangre que atribuyó a las tácticas de mano dura de sus predecesores, el gobernante buscó implementar un estilo policial menos beligerante y se comprometió a abordar lo que, según él, son las causas profundas de la violencia, como la pobreza, en lugar de perseguir a los jefes de los cárteles.

El presidente también puso trabas para que los funcionarios de seguridad extranjeros operaran dentro de México, reprendiendo a la DEA por un modus operandi que, según opinó, equivale a pisotear la soberanía de su país.

En privado, los funcionarios estadounidenses señalan que el papel vital de México en el bloqueo del flujo de migrantes de América Latina, una prioridad para Washington, les deja una influencia limitada para presionar a López Obrador en otros temas, como la cooperación en seguridad.

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Aunque la reputación de la SIU quedó dañada cuando su exjefe Iván Reyes fue detenido en 2017 y se declaró culpable en un tribunal estadounidense de aceptar sobornos para filtrar información a una banda de narcotraficantes, los funcionarios de la DEA consideraban que la unidad era vital y necesitaban agentes mexicanos para apoyar en sus investigaciones en el país.

Las campanas de alarma para el futuro de la unidad sonaron en 2019, cuando López Obrador suspendió la actividad de la Policía Federal, dentro de la cual se encontraba la SIU, para crear una nueva fuerza llamada Guardia Nacional.

Los agentes de la DEA siguieron trabajando con sus homólogos mexicanos durante un tiempo, especialmente en el aeropuerto de Ciudad de México, donde los integrantes del grupo interceptaban el contrabando de fentanilo, una droga sintética hiperpotente a la que se atribuye el aumento vertiginoso de las sobredosis en Estados Unidos.

Pero la cooperación en materia de seguridad entre la DEA y México se desplomó a un nuevo mínimo en octubre de 2020, cuando fue detenido en Los Ángeles el exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, alegando que estaba en connivencia con un cartel de la droga.

Los fiscales estadounidenses liberaron rápidamente a Cienfuegos, citando consideraciones de política exterior “sensibles”, pero López Obrador acusó a la DEA de tener “poco profesionalismo” y de fabricar pruebas en el caso.

En diciembre de 2020, el gobierno mexicano despojó a los agentes extranjeros de la inmunidad diplomática y obligó a los funcionarios locales a redactar informes sobre interacciones con agentes de seguridad del exterior.

“Ese fue el clavo en el ataúd”,

consideró el agente de la DEA. Meses después se cerró la SIU.

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Para el momento en que la unidad se disolvió formalmente, según esa fuente, ya había estado inoperativa durante algún tiempo porque la Guardia Nacional de México antepuso la disuasión de la violencia a las investigaciones de los cárteles de la droga.

Pero con más de 33,000 homicidios registrados en la nación latinoamericana el año pasado, Vigil indicó que no tiene sentido cerrar una unidad de élite que persigue a los grupos del crimen organizado responsables de la mayoría de los asesinatos.

“México se está disparando en el pie”,

sentenció.

Fuente: Forbes.

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El suceso en este municipio, bastión del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y donde nació su líder Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, dista mucho de ser una amenaza puntual.

En unas tres semanas, el Ejército mexicano desactivó al menos 250 explosivos caseros en esta zona conocida como Tierra Caliente, revelado como un auténtico campo minado para mayor terror de la población local.

Las minas antipersona, que recuerdan a las estrategias utilizadas en países de grandes conflictos armados, se suman así al arsenal de los carteles mexicanos que han aumentado su poder y diversificado sus armas hasta contar con muchas de las utilizadas por militares y ejércitos en guerra.

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«Ahora el crimen organizado utiliza minas artesanales en los caminos y drones cargados con explosivos. Entonces, o te cuidas del suelo que pisas, o te cuidas de lo que hay sobre tu cabeza», 

resume la situación para BBC Mundo Gilberto Vergara, párroco de Aguililla, donde en febrero se desplegaron efectivos del Ejército para tratar de recuperar su control.

En efecto, a medida que la violencia aumentó en México, los grupos criminales adoptaron en la última década un enfoque cada vez más militarizado en sus tácticas y, sobre todo, en sus armas.

De contar con viejas armas soviéticas en el pasado, los carteles pasaron a utilizar desde fusiles característicos de ejércitos en guerra hasta los drones con explosivos de tecnología más sofisticada, pasando por la fabricación de sus propios vehículos blindados o incluso submarinos. Y ahora, también minas improvisadas.

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Para Robert J. Bunker y John P. Sullivan, autores de dos libros sobre los avances en las tácticas de los carteles mexicanos en los últimos años y sobre la evolución de su armamento con artefactos explosivos aéreos, la adopción de minas terrestres o drones armados refleja «una escalada de violencia potencialmente indiscriminada».

«Representan amenazas potenciales significativas a las que el Ejército mexicano tendrá que responder y evitar antes de que proliferen entre otros grupos dentro del país»,

dice Bunker, entrevistado por BBC Mundo.

BBC Mundo solicitó comentarios sobre este tema de la Secretaría de Defensa de México (Sedena), que desplegó efectivos para desactivar las minas en Michoacán, pero no obtuvo respuesta.

Según autoridades militares citadas por el diario El Universal, en el rastreo en la zona se encontraron minas fabricadas de modo casero, colocadas a unos 150 metros una de otra, y escondidas no solo a las afueras de las comunidades sino también en su interior.

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En un comunicado del 9 de febrero, la Sedena aseguró que «se logró restablecer la transitabilidad y la paz social» en Aguililla tras el ingreso de soldados al municipio «con la finalidad de realizar operaciones para fortalecer el estado de derecho en la región», pero no hubo mención al hallazgo de las minas.

Sin embargo, el alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, fue asesinado menos de un mes después.

«Llevamos ya meses trabajando, porque estaba tomada toda esa región, trabajando con programas sociales (…) y se está avanzando, ya empezó a regresar la gente, recogieron sus cosechas, están inscribiéndose en los programas de Bienestar. Sin embargo, sigue habiendo tensiones», 

dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo logran estas armas?

Los expertos consultados sitúan el inicio de esta evolución y militarización de las armas del crimen organizado en México en el momento en que el Cartel del Golfo desplegó hace años por primera vez a exsoldados profesionales como parte de los Zetas, su antiguo brazo armado.

Aquello fue el detonante para que cuando un cartel intentaba sobrevivir y competir contra grupos rivales, optara por reforzar sus unidades utilizando armamento de grado militar, opinan los fundadores del sitio web de análisis de conflictos y grupos criminales en América Latina Small Wars Journal-El Centro.

En opinión de Bunker, «esto resultó en una ‘revolución militar de carteles’ que aún continúa».

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El origen de dichas armas pueden ser tres. En el pasado, los carteles mexicanos obtuvieron armas de arsenales de gobiernos centroamericanos como rifles de asalto, lanzagranadas, ametralladoras, armas antitanque y granadas.

De un mercado ilegal más lejano llegaban armas de grado militar fabricadas en países como China, Rusia, Corea del Sur o Sudáfrica. Estas líneas de tráfico, sin embargo, no son hoy tan sólidas como cuando los cárteles estaban presentes en algunos puertos de México, apunta Bunker.

Por el contrario, un segundo e importante origen actual de estas armas continúa siendo Estados Unidos.

Del país con el que México comparte la frontera terrestre más transitada del mundo proceden miles de los rifles Barret calibre 50 o los fusiles semiautomáticos utilizados por los carteles, y que son compradas por intermediarios en aquel país para luego ser introducidas en México escondidas en vehículos.

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Según datos del gobierno mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México.

Por ello, el Ejecutivo interpuso el año pasado una demanda contra un grupo de empresas estadounidenses de armas que sigue su curso.

«Hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada», aseguró entonces el presidente López Obrador.

Esta procedencia de las armas fue visible en multitud de sucesos.

Durante la fallida operación para capturar en 2019 a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «el Chapo» Guzmán, se identificaron en manos del cartel de Sinaloa armas como fusiles de asalto AK47 o ametralladoras como la Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de EE.UU.

Pero un tercer origen de estas armas es, sin embargo, el propio México.

Según Bunker, «los carteles han obtenido armas de funcionarios policiales, militares y gubernamentales corruptos. Incluso cuando las autoridades se incautan de armas de grado militar de los carteles, no siempre se destruyen y pueden volver a ellos por un precio acordado».

Fabricación propia

En los últimos años, los carteles han aumentado además sus conocimientos y capacidades para fabricar sus propias armas como las recientes minas terrestres improvisadas o drones armados. Una de sus principales fuentes de aprendizaje es la interacción con otros grupos criminales.

«A veces, eso se aprende en prisión. Tales habilidades tácticas de armamento se han transmitido de grupos como las FARC de Colombia al CJNG, por ejemplo, cuando los grupos cooperan y forman alianzas», destaca Sullivan.

De hecho, si hay algo que para los expertos representa esta militarización de las armas de los carteles y que es su mejor ejemplo de fabricación casera son los conocidos como «monstruos» o «narcotanques».

«Estos vehículos blindados han evolucionado desde solo tener puertos de armas desde los cuales pegar cañones de armas a monturas de armas fijas (para ametralladoras y rifles Barret calibre .50) a torretas blindadas giratorias que contienen estas armas», dice Bunker.

Otra muestra de este poderío son el uso de drones, que ha pasado de un uso como artefacto explosivo improvisado de detonación puntual a un elemento con capacidades de bombardeo aéreo.

El pasado enero, un video grabado desde un dron del CJNG permitió ver el momento en que el artefacto lanzaba varias bombas sobre un campamento en Michoacán, del que las personas huían despavoridas.

Poderío del CJNG

De hecho, el grupo liderado por el Mencho es, hoy por hoy, el cartel considerado más avanzado operativamente en su carrera armamentística.

Así se encargan de mostrarlo en videos en los que exhiben sin pudor, a plena luz del día e incluso a cara descubierta, parte de su equipamiento como cuando desfilaron en tanques caseros por Aguililla el año pasado entre gritos de «¡Pura gente del Mencho!» y «Ahora paseamos los de las 4 (letras, en referencia al CJNG)»:

«Estas ‘demostraciones de fuerza’ son una muestra de poder para impresionar a la población y a sus rivales, pero también tienen una utilidad táctica verdadera. Son propaganda con capacidad operativa real», analiza Sullivan.

De cara al futuro, los expertos consideran que la especialización en armas vista actualmente en la región en disputa de Tierra Caliente podría extenderse a otras zonas de México donde los grupos criminales vean la necesidad de lograr una ventaja táctica.

«Una vez que allí haya un cartel definitivamente en control, la violencia e innovación serán menos pronunciadas. A medida que el conflicto se traslade a otros frentes donde los carteles compiten, esas nuevas áreas en disputa se convertirán en incubadoras de innovación táctica», pronostica Sullivan.

Además, recuerda que grupos colombianos que usaron minas terrestres como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o bandas criminales como el Clan del Golfo han interactuado en diversos grados con los carteles mexicanos. «Se puede esperar que las minas continúen proliferando», concluye el analista.

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Bunker remarca sin embargo que el Ejército mexicano sigue teniendo mucho más poder armamentístico que los carteles en forma de tanques, artillería o helicópteros.

Uno de sus puntos débiles, sin embargo, es que «los carteles se involucran en actos de corrupción que socaban las instituciones del gobierno mexicano. Las unidades de la Secretaría de Defensa en terreno pueden ser vulnerables a la corrupción si se despliegan en un área por periodos prolongados», alerta.

Fuente: BBC.

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Política, empresaria y activista en favor de los derechos de niños y mujeres, así es Sandra Xantall Cuevas, la alcaldesa en que durante las últimas semanas se ha visto envuelta en un proceso penal por el que fue vinculada a proceso.

Cuevas Nieves, quien fue suspendida de sus funciones por dos meses, es acusada de robo, abuso de autoridad y discriminación en contra de dos mandos policiales. Aunque ella asegura que se trata de una persecución política de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y otras autoridades capitalinas.

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La controversia ha perseguido a Cuevas desde su llegada a la demarcación, cuando instaló una alfombra roja, después por su proyecto de convertir la Zona Rosa en un corredor turístico estilo Las Vegas, por lanzar pelotas con billetes de 500 pesos y recientemente por el proceso penal que se sigue en su contra.

Sin embargo, algo que también la caracterizó en estos cinco meses es su trabajo en campo, pues no dirigió la alcaldía desde un escritorio, sino gastando suela en las diversas colonias para conocer cuáles son los problemas de la población.

El trabajo en la calle y con la gente es algo que ella realiza desde hace años debido a su labor como activista, ya que es fundadora de la organización Por un México Bonito, a través de la cual apoyó diversas causas en Azcapotzalco.

La Silla Rota documentó algunos de los casos, como el de los niños Emili Dennisse Flores Hernández y Emiliano Santiago España Reyna, quienes padecían osteosarcoma y gracias al apoyo de la fundación les pudieron salvar sus piernas al ser atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría.

Otra de las causas que trató de combatir Cuevas Nieves en Azcapotzalco fue la de la violencia contra las mujeres. Uno de los casos que acompañó fue el de la menor Mariana «N», quien fue víctima de agresión sexual por parte de su padre.

¿Quién es Sandra Cuevas?

Sandra Cuevas nació el 25 de mayo de 1986 en el barrio de Coltongo, en Azcapotzalco, y a lo largo de su carrera se ha involucrado en la política, el sector empresarial y el activismo.

Quienes la conocen, definen a Sandra como una mujer fuerte, de plática agradable, con voz clara, franca y directa. Sonríe poco, su semblante serio es enmarcado por su larga cabellera negra, tiene mirada penetrante y la caracteriza que siempre usa labial rojo, así vista un traje formal o jeans y playera.

Es doctorante en Derecho por el Centro de Estudios Jurídicos, tiene una maestría que realizó en la misma institución y la licenciatura en Comercio Internacional, que estudió en la Universidad del Valle de México.

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Cuenta con diplomados en mercados asiáticos y en comercio exterior que realizó en la UVM y otro en comercio exterior, por lo que hizo prácticas en Hong Kong, Shanghai, Beijing, Panamá, Canadá y Estados Unidos. Asimismo, Cuevas Nieves realizó un curso sobre delitos de propiedad intelectual por la Interpol.

La alcaldesa también es dueña de la galería de arte contemporáneo 11:11 y también de la productora de eventos Danika.

Sandra Cuevas comenzó en la política hace cinco años, tiempo en el que ha cambiado de partido. En 2018 manifestó abiertamente su apoyo a Morena a través de redes sociales, incluso tenía una fotografía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para los comicios de 2021 se sumó al proyecto de la coalición PRI-PAN-PRD, denominada Va por México, que la llevó a ganar en las urnas la alcaldía Cuauhtémoc frente a la morenista Dolores Padierna.

Aunque se le ha vinculado con el morenista Ricardo Monreal, Sandra Cuevas ha expresado que él no la colocó en el puesto, como muchos señalaron, y que solamente lo considera como un jefe moral.

«Lo consideró un jefe político, un jefe moral y lo voy a seguir diciendo, lo considero así por lo que representa en el país, no solamente en la Cuauhtémoc o la Ciudad de México, por lo que significa en la política mexicana, pero de eso a que él me haya puesto aquí, eso es una mentira»,

declaró Cuevas a La Silla Rota en abril del año pasado.

Fuente: Con información de La Silla Rota.

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En un video aparentemente grabado por un residente de la localidad de San José de Gracia, en el estado occidental de Michoacán, y publicado en las redes sociales, estallaron ráfagas de disparos y el humo cubrió la escena.

La grabación se corta, pero algunos asumieron que todos los hombres, tal vez hasta 17, murieron fusilados.

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La fiscalía de Michoacán afirmó que no puede decir cuántas personas pudieron haber sido asesinadas en ese lugar porque los atacantes habrían limpiado la escena, lavaron la acera y supuestamente se llevaron los cuerpos. En el lugar, los investigadores sólo encontraron casquillos de bala y una bolsa llena con restos de cerebro.

El ataque del domingo ocurrió afuera de un funeral de la madre de un presunto sicario del cártel de Jalisco Nueva Generación.

Esta organización criminal, una de las más poderosas de México, ha estado librando sangrientas batallas territoriales en Michoacán contra un grupo local rival, los Viagras, también conocido como Cárteles Unidos.

Adrián López Solís, fiscal de Michoacán, señaló que miembros de un grupo contrario al que estaba en el velorio acudieron al lugar en busca del presunto sicario, a quien las autoridades solo identificaron como Alejandro.

Según López Solís, ese hombre aparentemente murió en el lugar y los demás cuerpos fueron apilados en camionetas y se los llevaron los atacantes. Otros videos publicados en las redes sociales mostraban dos o tres cuerpos arrojados a una camioneta.

El fiscal agregó que el ataque ocurrió a pocas cuadras de la alcaldía, donde estaban de servicio tres policías locales, pero la policía no fue al lugar ni hizo sonar una alarma, y argumentaron que no tenían fuerza suficiente para intervenir.

Autoridades federales indicaron que ya enviaron un equipo para colaborar en las investigaciones, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana en un comunicado.

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La policía local en México a menudo es superada en armamento y en número por los integrantes de las bandas delincuenciales.

No es la primera vez que los cárteles aprovechan los velorios y funerales de familiares de sus contrarios para atacar contra ellos y tampoco es extraño que estos grupos se lleven a los muertos para hacerlos desaparecer.

Jorge Luis Anguiano, el alcalde del municipio en donde está la comunidad de San José de Gracia, indicó que antes del ataque se vio entrar un gran convoy de vehículos desde el vecino estado de Jalisco, sede del cártel del mismo nombre, y los agentes locales no tenían armamento para intervenir.

Fuente: Los Angeles Times.

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