México ya había prohibido el maíz transgénico. En diciembre del 2020 un decreto presidencial estableció que el país dejaría de importar todo maíz transgénico para el 2024. El nuevo decreto presidencial lo sustituye y es más específico: el maíz transgénico se seguirá importando para algunos casos por otro año más, y hasta indefinidamente para uso industrial para producción de artículos.

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El debate por el maíz transgénico y por el glifosato ha sido uno muy, muy largo. No solo es uno de alcances científicos, sino que tiene un entramado muy completo de motivaciones económicas, políticas y empresariales. En el lado científico, no hay evidencia alguna que sugiera que el maíz transgénico es perjudicial para la salud, pero la postura oficialista del Conacyt ha sido en su contra porque, a decir de su titular, María Elena Álvarez Buylla, los transgénicos atentan contra los conocimientos ancestrales de comunidades en México que han desarrollado variedades de maíz que solo existen en nuestro país.

El argumento es uno más cultural que de salud: el uso de transgénicos puede hacer que variedades producidas en México queden desplazadas, según sugieren estudios tempranos. Otras voces desde el Cinvestav y la UNAM han llamado a «no satanizar» a los transgénicos.

La batalla por el glifosato

Por otro lado está el tema, quizás más enrevesado, del glifosato. El pesticida ha sido sujeto de titulares a lo largo de todo el mundo por su posible involucramiento en esquemas de corrupción por parte de su creador, la empresa Monsanto, y sus posibles afecciones a seres humanos. El glifosato sí podría causar cáncer según la lista de agentes posiblemente cancerígenos de la OMS, pero la evidencia hasta ahora no ha permitido establecer una relación causal certera; de ahí que la OMS no tiene al glifosato entre la lista de agentes que sí causan cáncer.

El glifosato pertenece al grupo 2A en la clasificación de la OMS, la lista de agentes probablemente carcinógenos. En la lista también están la carne roja, las frituras y las exposiciones a químicos que tiene quien trabaja en una estética.

El glifosato ha sido visto con malos ojos desde que empezaron a surgir las primeras asociaciones con enfermedades, a pesar de que la evidencia científica no esté completa hasta ahora. En su momento, el divulgador de ciencia Mauricio Schwarz dijo que el uso de glifosato sí puede provocar que se le encuentre en alimentos humanos (como aquel caso célebre de Maseca), pero dijo también que no debería sorprender puesto que las proporciones son muy pequeñas y los mecanismos de detección que científicos utilizan hoy en día son cada vez más finos. La ingesta de glifosato está regulada en algunos países. En Estados Unidos el límite de ingesta permitida es de .5 miligramos.

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El glifosato es un pesticida que suele usarse con maíz transgénico que ha sido modificado genéticamente para ser resistente a sus efectos. La combinación tiene como resultado la producción masiva de maíz en ciertas zonas.

México no tiene regulada la ingesta de glifosato y tampoco tiene la capacidad para hacer muestreos probabilísticos a alimentos que utilizan transgénicos para corroborar los niveles de presencia del pesticida. Bajo ese panorama su veto es la opción más conservadora, pero también la más segura dada la falta de evidencia científica y el estatus del glifosato como posible carcinógeno. El tema del maíz transgénico es distinto porque no hay ninguna evidencia que si quiera sugiera que su uso tiene daños directos a la salud, sino que los argumentos en su contra no provienen de la ciencia.

Lo que sigue

De cualquier forma, la decisión en México está tomada. Los permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado y su uso para alimentación humana ya no serán otorgados y los que fueron dados serán revocados. El maíz genéticamente modificado para uso industrial sí se seguirá permitiendo, pero se han puesto en marcha acciones para sustituirle por completo antes del 31 de enero de 2024.

En este mismo período también se podrá usar maíz genéticamente modificado para alimentación animal, siempre y cuando su uso no genere productos destinados a la alimentación humana. Después del 31 de enero de 2024 el maíz transgénico podrá seguirse usando en la cadena de producción de otros productos, como cosméticos, textiles, calzado, papel y otros.

Fuente: Xataka

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En la conferencia mañanera del martes 20, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las perspectivas económicas de México en términos muy precisos: este año, dijo, el PIB crecerá entre 3.2% y 3.5%, y esas tasas se mantendrían en 2023 y 2024.

“Que tengamos crecimiento en el sexenio, a pesar de la pandemia (del COVID-19), va a ser algo excepcional”,

aseguró.

Pero, de acuerdo con datos duros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) divulgados días antes, la excepcionalidad de la economía mexicana no es por su crecimiento, sino por su rezago respecto de otros países de la región.

En un estudio de la Cepal, México figura, junto con Cuba, Venezuela y Ecuador, entre las cuatro economías latinoamericanas que a finales de este año no han recuperado el PIB de antes de la pandemia. Las otras 15 ya lo han hecho, desde Argentina, Brasil y Chile, hasta El Salvador y Guatemala.

En el Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, presentado el jueves 15, la Cepal estima que no será sino hasta 2023 cuando México recupere el PIB que registró el país en 2018, cuando López Obrador asumió la Presidencia.

“Vamos a tener un sexenio perdido y eso no será por la pandemia, sino por la política económica de López Obrador. La mayoría de las economías de la región están creciendo mucho más que México, y también fueron golpeadas por la pandemia. La pregunta es por qué. Y la respuesta es que tenemos una política económica que no detona los pivotes de crecimiento”,

dice el profesor del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Iztapalapa), Fernando Gaona Montiel.

De acuerdo con el economista y doctor en administración pública, la narrativa del presidente sobre la economía es “un espejismo que no tiene ningún sustento en la realidad”.

Y esto, asegura a Proceso, “produce desconfianza entre los inversionistas”, un efecto contrario al que quizá busca el mandatario al referirse en términos optimistas a la evolución del PIB.

Considera que “no crecemos porque no hay inversión para crecer”, ni pública ni privada, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina que recuperaron muy pronto el PIB prepandemia.

De acuerdo con Gaona Montiel, otras naciones de la región “sí están haciendo su tarea para detonar el crecimiento”, lo que significa impulsar la inversión, el consumo real y el sector externo.

En México, en cambio, se ha impuesto “el austericidio”, que consiste en quitar dinero indiscriminadamente a todas las dependencias, aunque les haga falta, para destinarlo a las obras emblemáticas del gobierno, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, afirma el economista.

Dice que esos proyectos “ni agregan riqueza pública ni detonan el crecimiento porque no generan cadenas de valor”, por lo cual “están resultando bastante improductivos”. Además, hay en ellos “mucha opacidad, pues los contratos a privados se entregan de manera discrecional, sin competencia, por medio de adjudicaciones directas en la mayoría de los casos, y eso también mina la confianza de los inversionistas”, añade el experto.

Narrativa ilusoria

Según datos de la Cepal, México fue la única gran economía latinoamericana que no logró recuperar en 2021 el PIB perdido un año antes por efecto de la pandemia. Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú lo hicieron y en 2022 siguieron creciendo a tasas de hasta 8%, como en el caso colombiano.

Pero aquí en México, dice Gaona Montiel, en materia económica se ha impuesto desde el gobierno, desde las mañaneras, el discurso “de la ilusión, de los otros datos”, que contrasta con los datos duros de organismos como la Cepal, un centro de pensamiento crítico del modelo económico de mercado que cobró auge en América Latina desde los noventa.

Según el organismo regional, México acumulará en los primeros cuatro años de gobierno de López Obrados (2019-2022) una caída del PIB de -0.8%, mientras que en ese mismo lapso América Latina habrá crecido un punto.

En ese mismo lapso, el ingreso per cápita de los mexicanos cayó en -4.7% y ni siquiera las optimistas previsiones económicas del gobierno para los dos últimos años del sexenio hacen prever que ese indicador cerrará en el terreno positivo. En 2018 llegó a 7 mil 524 dólares anuales y en 2023 cerrará en 7 mil 292 dólares, indican los datos de la Cepal.

López Obrador ha dicho que el crecimiento económico no significa necesariamente bienestar para la gente y que, en su sexenio, a pesar de la falta de expansión del PIB, se ha registrado una mejor distribución de la riqueza nacional.

Crecimiento y pobreza

Para Gaona Montiel, el crecimiento económico es necesario para combatir la pobreza, que es uno de los postulados centrales del gobierno de la 4T y una de las promesas de campaña del presidente.

“Pero para repartir la riqueza primero hay que generarla y eso no se hace con un discurso ilusorio”, afirma el economista.

Según proyecciones de la Cepal, México cerrará este año con una pobreza de alrededor de 35.4%, porcentaje similar al que dejó en 2018 Enrique Peña Nieto en su último año de gobierno.

Esto significa que a lo largo de la administración de López Obrador, quien este mes cumplió cuatro años en el cargo, el número de pobres no se ha reducido en México, sino que ha aumentado en cerca de 1 millón de personas como resultado del crecimiento demográfico. Pasó de 44 a 45 millones de personas y, en términos porcentuales, México es el segundo país más pobre de América Latina, sólo detrás de Honduras, donde la pobreza llegó a 52.3%, según una tabla del Estudio Social 2022 de la Cepal, divulgado el mes pasado.

De acuerdo con los datos del organismo, la pobreza en México llegó en 2020 a 37.4% y a 9.2% la pobreza extrema, lo que implicó un aumento de casi dos puntos en ambos indicadores respecto a 2018.

El Instituto de Estudios sobre Desi-gualdad de México asegura en un estudio que López Obrador incluso destina menos recursos que Peña Nieto, en términos proporcionales al PIB, en el financiamiento de programas sociales federales.

Este año los programas sociales del gobierno contaron con un financiamiento equivalente a 4.7% del PIB y en 2023 llegarán a alrededor de 5%, porcentaje menor que el registrado durante los tres primeros años de la administración de  Peña Nieto.

El pecado capital

Gaona Montiel considera que “el pecado capital” de López Obrador fue haber eludido un tema fundamental para todas las economías latinoamericanas: impulsar una reforma fiscal progresiva que aumentara de manera importante el nivel de recaudación, el cual fue equivalente en 2020 a 17.9% del PIB, cuatro puntos por debajo del promedio de América Latina.

Con más recursos, el gobierno mexicano habría podido aumentar la inversión pública y destinar mayor financiamiento al combate de la pobreza y de la desigualdad, señala el investigador del Departamento de Economía de la UAM-Iztapalapa.

El gobierno del presidente izquierdista colombiano Gustavo Petro logró aprobar el mes pasado en el Congreso una reforma tributaria que elevará la recaudación fiscal a 21% del PIB, con lo cual aumentará a niveles sin precedente el gasto social del país.

El presidente chileno, Gabriel Boric, también de izquierda, impulsa en el Congreso una reforma fiscal similar con el propósito de invertir más en educación, salud, vivienda y pensiones.

Gaona Montiel afirma que López Obrador, quien se asume como un mandatario de izquierda, debió hacer lo mismo en México. Para el país, agrega, habría sido más productivo que el presidente hubiera gastado su capital político en una reforma fiscal que en una reforma electoral, como busca hacerlo.

Fuente: Proceso https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/12/28/mexico-con-los-peores-numeros-de-la-pospandemia-299311.html

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Las recetas contra la inflación suelen conllevar efectos secundarios. Los países de medio mundo han elevado a marchas forzadas sus tasas de interés ante la imparable escalada global de los precios. El Banco de México (Banxico) ha sido uno de los más expeditivos con 10 subidas consecutivas en poco más de un año para dejar el listón en el 8.5%, récord histórico. La contrapartida, además de un previsible enfriamiento de la actividad económica, ha sido una crecida de los costes de la deuda: un 30% más que el año pasado, según las previsiones del Gobierno presentadas esta semana en el proyecto de presupuestos para 2023.

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El aumento obligará a tirar de déficit, que crecerá más de medio punto según el mismo proyecto, y así cuadrar las cuentas de uno de los presupuestos más expansivos de los últimos años, con los que Andrés Manuel López Obrador pretende recuperar el pulso del gasto social después del bache de la pandemia. El propio presidente salió al paso este fin de semana culpando de la coyuntura a los gobiernos anteriores: ”En crisis decidieron salvar, rescatar las pérdidas de los bancos y las pérdidas de las grandes empresas y convirtieron las deudas de ellos en deuda pública”.

Pese al reproche del presidente, en el esbozo de los presupuestos no aparece una subida del monto de la deuda pública, que se mantiene en el límite del 50% del PIB. Lo que crece es el coste financiero de esa deuda. Es decir, los intereses y comisiones que debe pagar el Gobierno federal y las empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para amortiguar el golpe, la secretaría de Hacienda prevé que el déficit suba en 215.000 millones de pesos respecto a lo aprobado en 2022, hasta llegar un 3.6% del PIB.

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Las estimaciones concretas del comportamiento bursátil de los títulos de deuda son también elocuentes. Las posiciones extranjeras en deuda mexicana a corto plazo —los llamados Cetes— se encarecerán notablemente. En los papeles a 28 días, la tasa subirá casi el doble hasta el 8,9%. Otra indicador es la comparación del peso del coste financiero de la deuda en relación a otras partidas. Este mismo verano, el apartado dedicado al pago de intereses supera al previsto para el gasto público.

El Gobierno pretende precisamente aumentar el techo de gasto para el año que viene. El proyecto de presupuesto presentado este jueves ante la Cámara de Diputados contempla un desembolso total de 8,3 billones de pesos, un 11% más en términos reales que lo aprobado para este año. La política social se llevará casi la mitad, 3,9 billones de pesos, un aumento del 9%. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, definió el paquete como “equilibrado, responsable y realista” durante la presentación. La Cámara de Diputados, donde el Gobierno cuenta con mayoría, debe aprobar el presupuesto a más tardar el 15 de noviembre.

Fuente: El País.

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En el marco de la celebración del Día Mundial sin Tabaco el gobierno mexicano endureció sus políticas contra los cigarrillos electrónicos, cuya importación y exportación estaba prohibida desde octubre pero que según las autoridades algunas empresas han evadido a través del comercio electrónico.

“La mayoría de las madres y los padres no saben el daño que ocasiona”, dijo López Obrador al mostrar un cigarrillo electrónico durante su conferencia matutina en la que firmó el decreto.

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A las críticas se sumó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien afirmó que es una “gran mentira” que los dispositivos electrónicos son menos dañinos o una alternativa al cigarro. “Presentan una propaganda en la que dicen que lo que hace daño es quemar el tabaco y producir humo, pero eso es falso. También los vapores son dañinos para la salud”, agregó.

El decreto se da a menos de dos semanas de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México declaró una alerta sanitara máxima por el riesgo a la salud que representa el uso de los llamados “vapeadores” en todas sus modalidades al contener sustancias tóxicas y carcinógenas.

La Comisión dijo en un comunicado que el acetato de vitamina E, utilizado como aditivo en la fabricación de cartuchos de los cigarrillos electrónicos, al calentarse “tiene el potencial de ser un irritante pulmonar, dependiendo de la concentración utilizada puede interferir en el funcionamiento normal del sistema respiratorio adhiriéndose al tejido pulmonar ocasionando la formación de trombos por la inhalación de esta sustancia”.

Al menos cinco millones de mexicanos, con edades comprendidas entre los 12 y 65 años, han utilizado alguna vez un cigarrillo electrónico, según cifras del gobierno.

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Durante sus más de tres años de mandato López Obrador ha promovido al menos dos decretos para limitar el uso de los cigarrillos electrónicos. En octubre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un artículo de una ley de control del tabaco que prohibía los cigarrillos electrónicos alegando que la regulación vulneraba la libertad de comercio, pero no ordenó regularizar su comercialización.

Con esta nueva normativa México se suma a otros países de la región, como Brasil, donde las autoridades sanitarias han impuesto limitaciones a la importación, comercialización y publicidad de los cigarrillos electrónicos.

En Panamá, a mediados del año pasado la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para prohibir el uso y comercialización de los cigarrillos electrónicos, pero fue vetado parcialmente por el presidente Laurentino Cortizo.

El Senado chileno aprobó en marzo del año pasado un proyecto de ley para modificar la Ley de Tabaco y regular la venta, publicidad y consumo de cigarrillos electrónicos, en la que se prohíbe su venta a menores de edad, que está pendiente de discusión en la Cámara de Diputados.

Fuente: The San Diego Union-Tribune.

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El Estado de derecho en México, medido desde las entidades federativas, es “precario”, está “estancado” e, incluso, registra “retrocesos”; estos son los principales hallazgos del Índice del Estado de Derecho en México 2021-2022, que elabora la organización World Justice Project.

El director de Proyectos de Estado de Derecho del World Justice Project, Alejandro González, al presentar los resultados del índice en el Senado, explicó que existen tres tendencias que explican lo anterior:

El debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos a nivel estatal; la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia penal y civil para poder cumplir con su responsabilidad, y el estancamiento de la capacidad de las entidades federativas para controlar la corrupción.

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Puso énfasis en que 14 entidades federativas retrocedieron del año pasado a 2022 en su puntuación general (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco), 12 se mantuvieron sin cambio (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) y sólo seis incrementaron su puntaje (Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas).

“Esto nos dice que nos estamos moviendo entre el retroceso y el estancamiento”,

destacó y anotó que ni siquiera la entidad federativa con el nivel más alto (Querétaro) llega al .5 en una escala de 0 a 1.

De acuerdo con el índice, las cinco entidades mejor calificadas son Querétaro, con un puntaje de 0.49; Yucatán, con 0.47; Guanajuato, con 0.46; Aguascalientes, con 0.46, y Sinaloa, con 0.46; en tanto, las peores calificadas son Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo, con 0.36; Morelos, con 0.35, y Guerrero, con 0.34.

El promedio de las 32 entidades federativas se ubica en un puntaje de 0.41, lo cual, de acuerdo con González Arreola, establece el tamaño del reto que se tiene por delante.

Detalló que el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos tiene que ver con “una contracción” del Poder Judicial y el Poder Legislativo para ejercer sus capacidades de control sobre el Ejecutivo, acompañado de una contracción del espacio cívico que limita las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil.

Explicó, además, que la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia tiene que ver con tres factores: la falta de garantía de los derechos de las víctimas; la independencia, la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial, y la falta de capacidad de los ministerios públicos para investigaciones efectivas.

MEJORÍA MARGINAL

Pese a que el país enfrenta una crisis severa de seguridad pública, ante el aumento de homicidios dolosos y feminicidios, el factor relacionado con el orden y la seguridad mostró una marginal mejoría.

De acuerdo con González Arreola, existen dos variables que explican esta mejoría: la primera, en un contexto pandémico, en 24 entidades federativas, la percepción de seguridad personal en el contexto público se redujo; es decir, mejoró.

Y, por otro lado, los delitos patrimoniales, algo que está muy influido por las condiciones pandémicas de convivencia, también vio reducción.

“Estas dos variables finalmente nos llevan ahí. Es posible que sea algo casuístico, pero vamos a ver qué sucede el año que viene, pero era importante compartirlo”,

agregó.

Fuente: El Financiero.

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En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.

Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.

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Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.

Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora. EL PAÍS se ha desplazado a ambas regiones para comprender mejor los matices de la tragedia.

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Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía sobre esta situación: “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Priorizar la búsqueda

El registro de desaparecidos era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, explica que “antes de 2019, el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”. Nombrada con el nuevo Gobierno, su primer paso fue pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. “Lo que se ha hecho es comenzar a crear una institucionalidad”, dice Quintana. ¿Qué tan real es entonces el registro? “Mi lectura”, dice la comisionada, “es que las fiscalías tienen más información de la que han dado en los últimos años; pero también podrían tener información desactualizada”.

Aún así, esa información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Debanhi Escobar o Yolanda Martínez han puesto el foco en los fallos del sistema, el número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el resto de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y uno de los que cuenta más desaparecidos (6.405 personas), el porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los Estados y de todas las instituciones en el país con el registro “es muy dispar”, según Quintana, que apunta: “Todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional”.

A la crisis de los desaparecidos se suma otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. “El sistema tradicional requiere identificar [los cuerpos] uno a uno. Eso está bien en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares con crisis como México”, señala Quintana.

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Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos tres años se concentra en cinco Estados, que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa suman más de 15.700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más o menos 15.000 personas de las que se ignoran datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible, es posible identificar al menos tres zonas donde la situación es especialmente grave: la central, que incluye Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.

Los confines de Irapuato

En un taller a las afueras de Irapuato, dos operarios muestran divertidos una pegatina. Es el plástico que envuelve las bolsitas de marihuana que compran habitualmente en el barrio, donde un niñito rubio, con un enorme fusil en las manos, sonríe al cliente. Dos palabras dominan la imagen arriba y abajo del muchacho: “CJNG” y “Élite”. “Así la venden ahora”, dice unos de los operarios.

La pegatina resume una guerra por el dominio de la venta de droga al por menor en los barrios de Irapuato, en Guanajuato, ciudad golpeada por la violencia en los últimos años. Los operarios, vecinos de estos mismos parajes híbridos entre lo agrícola y lo industrial, dicen que es justo aquí donde más se ha notado la violencia, en los ranchos que hacen de esponja entre Irapuato y Salamanca. Aunque no es solo por la droga.

Preguntados por los motivos, ambos señalan además los ductos de combustible, riqueza de la región. En la vecina Salamanca, Pemex opera una refinería y en el subsuelo funcionan enormes tubos que conducen gasolina a León, la capital del Estado. Irapuato queda en medio. Desde hace años, cuadrillas de criminales locales apoyados por trabajadores de la petrolera han ordeñado los ductos, almacenando combustible para venderlo en el mercado negro.

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“Antes estaban los de El Marro, pero luego llegaron los jaliscos e hicieron limpia”, dice el otro operario. Sus nombres verdaderos no salen aquí por su seguridad. El Marro y los Jaliscos son los nombres coloquiales del cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las marcas criminales más mediáticas de los últimos años. En la narrativa criminal mexicana, las limpias son procesos por los cuales un grupo criminal expulsa a otro de un territorio más o menos acotado. Cuando hablan de la limpia de Irapuato, los operarios se refieren a un proceso que inició hace unos cuatro o cinco años, cuyo fin viven actualmente.

El simbolismo de las pegatinas es evidente. No son tanto un reclamo, sino una demostración de poder, un recordatorio de lo que ha ocurrido. Genaro, uno de los operarios, recuerda el principio de todo aquello en su barrio. Fue en noviembre de 2020. “Hubo una semana completa de balaceras. Un lunes empezaron a balacear una casa, martes igual, miércoles… Es que ahí estaba El Marro, por el huachicol [el robo de combustible de los ductos]. Y en una casa vendían droga y se iban y le tiraban, hasta granadas y todo… Mataron a varios”, dice, mientras muestra un mosaico en su móvil de sus muertos, sus amigos muertos del barrio. “Ahí en el rancho, entre muertos y desaparecidos son como unos 50 de cinco años para acá”.

Es la guerra del extrarradio, ajena a la pompa de las siglas. En la actual Administración, Irapuato se ha convertido en el foco rojo de las desapariciones en el Estado. Es la ciudad que más casos cuenta, por encima de León, la misma Salamanca o Celaya. Son 228 reportes desde diciembre de 2018, por 99 durante los 12 años anteriores. El horror aquí es presente porque muchas veces los perpetradores siguen campando a sus anchas por el barrio.

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Es el caso de Rosalba Granados. En ocho días de agosto de 2019, criminales asesinaron a su hijo mayor y desaparecieron al pequeño, que quería cobrar venganza. “Nosotros somos de un rancho de ahí entre Salamanca y Celaya. Y ahí estuvo la guerra de los marros contra los jaliscos. Ahora parece que ya se calmaron, porque las personas que andan en eso ya se pasaron a la nueva generación”, explica.

En 2019, la situación era distinta. “Mi hijo mayor sí se drogaba y por lo mismo iba con esta gente”, dice, en referencia a integrantes del grupo de El Marro, detenido en agosto de 2020. “A veces bromeaba y me decía, ‘a lo mejor un día me meto con ellos’. Y yo le decía, ‘sí, papasito, tú métete y me recoges tus cosas y te vas, porque ya no tienes mamá’. Pero luego me decía que era broma”. Así, entre broma y broma, se andaba el hijo mayor, Giovanni, que siempre andaba “cargándoles” a sus compañeros de barrio.

Dice Granados que quizá un día las bromas fueron demasiado. “Le parecía que eran tontos, no sé”. Un sábado, el muchacho no volvió a casa. Se fue con uno de “ellos” y apareció muerto, al día siguiente, en un pueblo cercano. Granados sabe quién era la persona con quien se fue. Lo ve de vez en cuando. Nunca se ha atrevido a preguntar.

El que sí preguntó fue José Antonio, su hijo pequeño, que pronto supo quién había matado a su hermano, según Granados. Parece que el muchacho clamó venganza. Se corrió la voz. Ocho días más tarde, los mismos que habían acabado con el primero desaparecieron al segundo. “Fue cerca del panteón”, explica la madre, “ellos habían ido a sepultar a unos fulanos y cuando lo vieron… Él había ido a un taller cerca de ahí a reparar su moto. Sí me dijeron que cuando lo vieron le gritaron, ¿te sientes muy verga? Ya no sé más”.

Los gritos de las madres en el desierto de Sonora

Sinthya Gutiérrez tiene 40 años y una tristeza que le dobla el cuerpo. Desde 2017 no sabe nada de su hijo Gustavo, que tenía 15 años cuando fue desaparecido. El chico salió con un amigo y no regresó: lo último que se supo de ambos –el otro joven también falta– fue que la policía los tenía esposados en una calle de Guaymas, un municipio de Sonora de 150.000 habitantes. Ella y su marido recorrieron las celdas municipales sin encontrarlo. “Ahí es cuando empezó mi angustia”, dice la mujer, chiquita en la esquina del sofá. En un mueble de madera a su lado, Gutiérrez honra a su hijo desaparecido. Entre latas de Tecate y crisantemos amarillos, también homenajea a su hijo Marco Antonio, baleado a 50 metros de su casa, y a una compañera que buscaba a su marido cuando fue asesinada.

2017 fue “un año muy pesado”, recuerda Gutiérrez. Desde el inicio del conteo en la década de los sesentas hasta 2016, Sonora registró 1.650 desapariciones. En los siguientes cinco años, se alcanzó un número muy similar en este Estado del norte del país: 1.400 personas desaparecidas en ese período. Antes de que un comando armado baleara el Palacio Municipal de Guaymas durante una manifestación feminista en noviembre de 2021 y matara a tres personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había identificado el corredor que va desde esa ciudad hasta Cajeme, a una hora y media, como “uno de los más violentos” del país.

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Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, atribuye la violencia desatada en los últimos cinco años a “la negligencia e irresponsabilidad” de las autoridades, pero también a la militarización de la seguridad pública, que empezó a notarse en la zona a partir de 2018, según Bernal. Los últimos dos comisarios de Guaymas, por ejemplo, fueron capitanes de la Marina y en las calles se ven militares en camionetas de la Policía Municipal. La estrategia, dice Bernal, “está siendo contraproducente”: “Hace 25 o 26 años, Sonora era zona segura. La gente venía de Nuevo León, de Coahuila, de todas las zonas azotadas por la violencia”. Y ahora, en cambio, suben los homicidios y se acumulan las fichas de búsqueda.

Otro factor, dice la analista, es la geografía del lugar. Guaymas, que nace en el mar y se extiende entre cerros del color del piloncillo plantados de sahuarios, es un área privilegiada para el tráfico de drogas, de mercancías, de personas. Su puerto recibe barcos internacionales; está rodeada de grandes extensiones de tierra; la frontera con Estados Unidos se ubica a 500 kilómetros. El crimen organizado se disputa desde hace algunos años ese territorio. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ocho grupos operan en Sonora. Los Salazares y los Chapitos, una escisión del Cártel de Sinaloa, son los que actúan en Guaymas y los municipios de alrededor, según periodistas y activistas de la zona.

Cuando el número de desaparecidos empezó a crecer, Sinthya Gutiérrez fue una de las madres que se organizó para crear Guerreras Buscadoras, un colectivo que en Guaymas llegó agrupar a 40 familias y hoy solo reúne a 15. Por temor hay personas que han dejado de buscar, dice. A las que quedan, sobre todo madres, esposas, primas, hermanas, les dicen que son unas chivas locas: “Porque andamos en los cerros”. Cuando buscan, normalmente orientadas por datos que les envían de forma anónima, salen bien temprano y caminan durante kilómetros a temperaturas que pueden superar los 40 grados. Si hunden una varilla en la tierra y al quitarla trae el olor de un cuerpo, empiezan a cavar.

Hace tiempo que Gutiérrez dejó de ir a la Fiscalía para conocer avances sobre el caso de su hijo. Rosario Gutiérrez, que busca desde hace un año y nueve meses al suyo, también se cansó de acudir al ministerio público. “No los buscan como nosotros. Ellos llegan [a las fosas], recogen lo que quieren y se van. Y nosotras llegamos al otro día y encontramos muchos restos”, critica la mujer de 53 años. Jesús Gabriel, de 29, se fue a la playa en Semana Santa y ella no ha sabido nada sobre él desde entonces. Si no lo busca, no sabe qué más hacer: “Mi mundo se torna cuatro paredes y un rostro mojado”.

Como ella, otras madres sienten que rastrearlos es el único consuelo. Guadalupe Loaiza, de 48 años, busca a su hija, Yosineidy Hernández, y al papá de la joven, que se fue con ella cuando dos hombres vinieron a su casa a llevársela. Loaiza sonríe cuando recuerda cómo le gustaba a su hija el carnaval y enseguida llora. Los ve a los dos de espalda, yéndose por la puerta, abrazados. “Hemos encontrado a muchos niños, pero a veces digo ‘cómo encuentro a otros y no la encuentro a ella”. En el desierto, en la orilla del mar, en el monte, donde sea que estén buscando, conversan, se ríen como no lo hacen en sus casas, gritan los nombres de sus desaparecidos: “¡Gustavo! ¡Jesús Gabriel! ¡Yosineidy!”. “No andamos buscando justicia”, dice Sinthya Gutiérrez. Ni quién lo hizo, ni quién lo va a pagar: “Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.

Fuente: El País.

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Los altos niveles de inflación, en conjunto con un menor crecimiento al esperado, ponen a México en un periodo de estanflación, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Federico Rubli, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, señaló que si bien la interpretación de lo que se vive actualmente puede cambiar al criterio de cada institución, para ellos es claro que México está pasando por una estanflación.

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Muestra de ello son las perspectivas que se tienen para este año. El IMEF modificó al alza su proyección para la inflación al cierre de este año de 5.9 a 6.8%, a la vez que su perspectiva para el PIB continúa siendo revisada a la baja, ahora de 1.8 a 1.7 por ciento.

Respecto al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el instituto calificó como muy optimista esperar que en un mes se observe un impacto, y consideró que este paquete de medidas tendrá un impacto muy limitado.

En este sentido, Alejandro Hernández Bringas, presidente del IMEF, mencionó que el impacto del PACIC sobre la Inflación será limitado, de apenas 1%, lo cual no es suficiente para los altos niveles que se han observado en los últimos meses.

«No es un fracaso. Qué bueno que se estén haciendo programas, que se esté haciendo algo (…) El programa es limitado, el tiempo de seis meses no creemos que provoque un impacto importante».

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A inicios de mayo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó el PACIC, el cual contiene 16 medidas, con una duración de seis meses, para enfrentar los altos niveles de inflación que, en los últimos meses, han prendido las alarmas a nivel mundial.

En México, la inflación ha tocado niveles que no se han visto en dos décadas, y ante los cuales el Banco de México (Banxico) ya tenido que aumentar su tasa de interés y tomar una postura monetaria más restrictiva.

En este sentido, el IMEF espera que Banxico continúe aumentando su tasa de intereses, para dejarla en 8.5% al cierre del año.

Fuente: El Economista.

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Los alimentos son el grupo de genéricos que más se ha encarecido en los meses recientes, golpeando particularmente el poder adquisitivo y la seguridad alimentaria de los hogares más pobres de México. 

En el cuarto mes del 2022, la inflación general anualizada se ubicó en 7.68%, un nivel ligeramente por debajo de lo que esperan los analistas y los mercados. Pese a la positiva sorpresa, el nivel de inflación está significativamente por encima de lo que el Banco de México se ha propuesto como meta (3% +/- un punto porcentual).

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Y justamente son los productos agropecuarios y los alimentos procesados, bebidas y comidas fuera del hogar los rubros en los que el índice de precios ya crece a doble dígito, de acuerdo con los registros del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

De modo que el costo monetario de estas cestas de alimentos básicos en la dieta de la población mexicana se ha disparado de manera importante.

Durante abril del 2022, la canasta alimentaria en las regiones urbanas registró un incremento de precio de 12.4%, de acuerdo con cifras del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). En las viviendas ubicadas en regiones rurales, la cesta de alimentos básica se encareció 13.3% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Estos niveles de incremento interanual en el costo monetario de la canasta alimentaria son ligeramente más bajos que los presentados el mes previo, sin embargo, todavía se encuentran por encima de la inflación general.

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En términos absolutos, sólo para pagar la comida de una sola persona en zonas urbanas se necesitan 1,979 pesos cada mes y para zonas rurales son necesarios 1,522 pesos mensuales, de acuerdo con las estimaciones del Coneval.

Para contener el impacto del incremento generalizado en los precios, la administración de Andrés Manuel López Obrador presentó el PACIC (Paquete Contra la Inflación y la Carestía), que con la participación de la iniciativa privada y acciones de producción y reducción de costos busca garantizar un precio «justo» en 24 productos. 

En México y el mundo la inflación se ha convertido en una de las preocupaciones principales en términos económicos y sociales. La escasez de materias primas, la turbulencia en cadenas globales de suministro, las alteraciones en los mercados laborales y la lenta recuperación pospandémica han llevado a los precios de los alimentos en el mundo a alcanzar sus niveles máximos históricos.

Fuente: El Economista.

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El pánico por la seguridad aérea de México ha tenido otro funesto episodio. Este miércoles, el vuelo 762 de Aeroméxico, proveniente de Bogotá, tuvo que abortar su aterrizaje en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Sobre las 20.25 (hora local) el avión estaba en posición para desplegar el tren de aterrizaje, pero, de manera súbita, el aparato se volvió a elevar con toda la potencia necesaria en esos casos. Es como subir a toda velocidad por una montaña rusa. Por las ventanas ya se podían ver los hangares y puertas de desembarque, según experimentaron dos periodistas de este periódico.

La llegada al aeródromo tardó otros 20 minutos en volver a tomar ruta para tocar suelo. Uno de los pilotos confirmó a los pasajeros que se había tomado la decisión por la saturación en la pista.

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En las últimas semanas, se ha desencadenado alarmas sobre el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. Desde que se puso la primera piedra para la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía ya había zozobra sobre su funcionamiento. En marzo pasado, cuando se puso en funcionamiento el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se alertó de los peligrosos acercamientos entre aviones, desvíos y aeronaves que aterrizan con poco combustible ante el tráfico aéreo.

El pasado fin de semana dimitió el director del Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), Víctor Manuel Hernández Sandoval tras un incidente en el que un aparato de Volaris estaba a punto de aterrizar, pero debió retomar el vuelo para evitar una colisión con una aeronave en la pista.

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El Gobierno mexicano, bajo la presión de estos sucesos, informó este martes de que el nuevo aeródromo tendrá más de 100 operaciones comerciales al día, incluido Aeroméxico, tras los incidentes en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Los vuelos de carga y los chárter también se mudarán a Santa Lucía. Los problemas en la aviación mexicana se pueden ver desde el retrovisor. En 2014, el aeropuerto rebasó su capacidad límite de seguridad con 34,2 millones de pasajeros, en 2019 alcanzaron los 50,3 millones. Los retrasos de los vuelos (en el despegue o aterrizaje) e incluso la misma cancelación eran parte del leitmotiv en la capital mexicana.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (la FAA, por sus siglas en inglés) retiró la categoría 1 de seguridad aérea al país al valorar que en “varias áreas” no cumplían con los estándares mínimos de la Organización de Aviación Civil Internacional. El gremio de trabajadores aeroportuarios han acusado jornadas extenuantes y que en el último año se han disparado hasta 300% los incidentes en México. El país, que hace dos meses inauguraba su nuevo aeropuerto, ahora afronta una crisis.

Fuente: El País.

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La tendencia acelerada de inflación es de las grandes preocupaciones en el mundo y lo que más presiona al interior de los índices de precios es el rubro de los alimentos, que han alcanzado sus precios récord en los meses recientes. Los precios de los energéticos también están enfrentando turbulencia a escala global.

En México, por ejemplo, los proyectos de abasto, los estímulos fiscales y las tarifas especiales por temporada han contenido el agresivo encarecimiento de los energéticos de alto consumo: el gas doméstico LP, las gasolinas y la electricidad.

En contraparte, los agropecuarios, los alimentos procesados y las bebidas son grupos que han registrado los incrementos más pronunciados en su nivel de precios al consumidor. Esto refleja una realidad que enfrentan ya los hogares mexicanos: comer es cada vez más caro.

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Durante abril del 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento interanual de 7.68%, el alza más pronunciada en 21 años. Este nivel de inflación general estuvo presionado principalmente por los incrementos en el precio de la comida en todas sus formas.

Al interior del INPC, el rubro general de alimentos, bebidas y tabaco —que incluye sólo alimentos procesados— registró un encarecimiento interanual de 10.88% durante este lapso. 

Por su parte, las frutas y verduras se comercializaron 15.84% más caras en relación con el año pasado. Las carnes, lácteos y otros productos pecuarios registraron un encarecimiento de 13.21 por ciento. 

Los genéricos relacionados con la alimentación son los que han presentado los aumentos más importantes en sus niveles de precios. Esto implica una presión importante sobre el INPC general porque la comida compone el 30% del índice.

El encarecimiento de la comida en México golpea de manera particular a los hogares más pobres porque son quienes destinan mayor parte de sus ingresos a este rubro. Las familias que componen los deciles I y II destinan la mitad (50.2%) del dinero que perciben sólo a comer.

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En México, al corte del 2020, se estimó que 2 de cada 10 mexicanos presentan carencia en el acceso efectivo a alimentación nutritiva y de calidad, según cifras del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). 

La tendencia acelerada de inflación podría tener efectos importantes en la seguridad alimentaria de la población en sus diversos niveles, desde cambiar a marcas más baratas, dejar de consumir ciertos alimentos o incluso saltarse comidas. 

El Pacic (Paquete Contra la Inflación y la Carestía) impulsado por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, busca servir como contención ante el incremento de precios generalizado. Con la participación de la iniciativa privada y acciones de producción y reducción de costos busca garantizar un precio «justo» en 24 productos de consumo mínimo. 

Pese a estos esfuerzos, la realidad y las proyecciones siguen presionando los bolsillos de los y las mexicanas: el incremento de los precios mantendrá su tendencia acelerada, al menos, hasta el 2024.

Fuente: El Economista.

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