México ya había prohibido el maíz transgénico. En diciembre del 2020 un decreto presidencial estableció que el país dejaría de importar todo maíz transgénico para el 2024. El nuevo decreto presidencial lo sustituye y es más específico: el maíz transgénico se seguirá importando para algunos casos por otro año más, y hasta indefinidamente para uso industrial para producción de artículos.

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El debate por el maíz transgénico y por el glifosato ha sido uno muy, muy largo. No solo es uno de alcances científicos, sino que tiene un entramado muy completo de motivaciones económicas, políticas y empresariales. En el lado científico, no hay evidencia alguna que sugiera que el maíz transgénico es perjudicial para la salud, pero la postura oficialista del Conacyt ha sido en su contra porque, a decir de su titular, María Elena Álvarez Buylla, los transgénicos atentan contra los conocimientos ancestrales de comunidades en México que han desarrollado variedades de maíz que solo existen en nuestro país.

El argumento es uno más cultural que de salud: el uso de transgénicos puede hacer que variedades producidas en México queden desplazadas, según sugieren estudios tempranos. Otras voces desde el Cinvestav y la UNAM han llamado a «no satanizar» a los transgénicos.

La batalla por el glifosato

Por otro lado está el tema, quizás más enrevesado, del glifosato. El pesticida ha sido sujeto de titulares a lo largo de todo el mundo por su posible involucramiento en esquemas de corrupción por parte de su creador, la empresa Monsanto, y sus posibles afecciones a seres humanos. El glifosato sí podría causar cáncer según la lista de agentes posiblemente cancerígenos de la OMS, pero la evidencia hasta ahora no ha permitido establecer una relación causal certera; de ahí que la OMS no tiene al glifosato entre la lista de agentes que sí causan cáncer.

El glifosato pertenece al grupo 2A en la clasificación de la OMS, la lista de agentes probablemente carcinógenos. En la lista también están la carne roja, las frituras y las exposiciones a químicos que tiene quien trabaja en una estética.

El glifosato ha sido visto con malos ojos desde que empezaron a surgir las primeras asociaciones con enfermedades, a pesar de que la evidencia científica no esté completa hasta ahora. En su momento, el divulgador de ciencia Mauricio Schwarz dijo que el uso de glifosato sí puede provocar que se le encuentre en alimentos humanos (como aquel caso célebre de Maseca), pero dijo también que no debería sorprender puesto que las proporciones son muy pequeñas y los mecanismos de detección que científicos utilizan hoy en día son cada vez más finos. La ingesta de glifosato está regulada en algunos países. En Estados Unidos el límite de ingesta permitida es de .5 miligramos.

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El glifosato es un pesticida que suele usarse con maíz transgénico que ha sido modificado genéticamente para ser resistente a sus efectos. La combinación tiene como resultado la producción masiva de maíz en ciertas zonas.

México no tiene regulada la ingesta de glifosato y tampoco tiene la capacidad para hacer muestreos probabilísticos a alimentos que utilizan transgénicos para corroborar los niveles de presencia del pesticida. Bajo ese panorama su veto es la opción más conservadora, pero también la más segura dada la falta de evidencia científica y el estatus del glifosato como posible carcinógeno. El tema del maíz transgénico es distinto porque no hay ninguna evidencia que si quiera sugiera que su uso tiene daños directos a la salud, sino que los argumentos en su contra no provienen de la ciencia.

Lo que sigue

De cualquier forma, la decisión en México está tomada. Los permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado y su uso para alimentación humana ya no serán otorgados y los que fueron dados serán revocados. El maíz genéticamente modificado para uso industrial sí se seguirá permitiendo, pero se han puesto en marcha acciones para sustituirle por completo antes del 31 de enero de 2024.

En este mismo período también se podrá usar maíz genéticamente modificado para alimentación animal, siempre y cuando su uso no genere productos destinados a la alimentación humana. Después del 31 de enero de 2024 el maíz transgénico podrá seguirse usando en la cadena de producción de otros productos, como cosméticos, textiles, calzado, papel y otros.

Fuente: Xataka

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En la conferencia mañanera del martes 20, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las perspectivas económicas de México en términos muy precisos: este año, dijo, el PIB crecerá entre 3.2% y 3.5%, y esas tasas se mantendrían en 2023 y 2024.

“Que tengamos crecimiento en el sexenio, a pesar de la pandemia (del COVID-19), va a ser algo excepcional”,

aseguró.

Pero, de acuerdo con datos duros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) divulgados días antes, la excepcionalidad de la economía mexicana no es por su crecimiento, sino por su rezago respecto de otros países de la región.

En un estudio de la Cepal, México figura, junto con Cuba, Venezuela y Ecuador, entre las cuatro economías latinoamericanas que a finales de este año no han recuperado el PIB de antes de la pandemia. Las otras 15 ya lo han hecho, desde Argentina, Brasil y Chile, hasta El Salvador y Guatemala.

En el Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, presentado el jueves 15, la Cepal estima que no será sino hasta 2023 cuando México recupere el PIB que registró el país en 2018, cuando López Obrador asumió la Presidencia.

“Vamos a tener un sexenio perdido y eso no será por la pandemia, sino por la política económica de López Obrador. La mayoría de las economías de la región están creciendo mucho más que México, y también fueron golpeadas por la pandemia. La pregunta es por qué. Y la respuesta es que tenemos una política económica que no detona los pivotes de crecimiento”,

dice el profesor del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Iztapalapa), Fernando Gaona Montiel.

De acuerdo con el economista y doctor en administración pública, la narrativa del presidente sobre la economía es “un espejismo que no tiene ningún sustento en la realidad”.

Y esto, asegura a Proceso, “produce desconfianza entre los inversionistas”, un efecto contrario al que quizá busca el mandatario al referirse en términos optimistas a la evolución del PIB.

Considera que “no crecemos porque no hay inversión para crecer”, ni pública ni privada, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina que recuperaron muy pronto el PIB prepandemia.

De acuerdo con Gaona Montiel, otras naciones de la región “sí están haciendo su tarea para detonar el crecimiento”, lo que significa impulsar la inversión, el consumo real y el sector externo.

En México, en cambio, se ha impuesto “el austericidio”, que consiste en quitar dinero indiscriminadamente a todas las dependencias, aunque les haga falta, para destinarlo a las obras emblemáticas del gobierno, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, afirma el economista.

Dice que esos proyectos “ni agregan riqueza pública ni detonan el crecimiento porque no generan cadenas de valor”, por lo cual “están resultando bastante improductivos”. Además, hay en ellos “mucha opacidad, pues los contratos a privados se entregan de manera discrecional, sin competencia, por medio de adjudicaciones directas en la mayoría de los casos, y eso también mina la confianza de los inversionistas”, añade el experto.

Narrativa ilusoria

Según datos de la Cepal, México fue la única gran economía latinoamericana que no logró recuperar en 2021 el PIB perdido un año antes por efecto de la pandemia. Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú lo hicieron y en 2022 siguieron creciendo a tasas de hasta 8%, como en el caso colombiano.

Pero aquí en México, dice Gaona Montiel, en materia económica se ha impuesto desde el gobierno, desde las mañaneras, el discurso “de la ilusión, de los otros datos”, que contrasta con los datos duros de organismos como la Cepal, un centro de pensamiento crítico del modelo económico de mercado que cobró auge en América Latina desde los noventa.

Según el organismo regional, México acumulará en los primeros cuatro años de gobierno de López Obrados (2019-2022) una caída del PIB de -0.8%, mientras que en ese mismo lapso América Latina habrá crecido un punto.

En ese mismo lapso, el ingreso per cápita de los mexicanos cayó en -4.7% y ni siquiera las optimistas previsiones económicas del gobierno para los dos últimos años del sexenio hacen prever que ese indicador cerrará en el terreno positivo. En 2018 llegó a 7 mil 524 dólares anuales y en 2023 cerrará en 7 mil 292 dólares, indican los datos de la Cepal.

López Obrador ha dicho que el crecimiento económico no significa necesariamente bienestar para la gente y que, en su sexenio, a pesar de la falta de expansión del PIB, se ha registrado una mejor distribución de la riqueza nacional.

Crecimiento y pobreza

Para Gaona Montiel, el crecimiento económico es necesario para combatir la pobreza, que es uno de los postulados centrales del gobierno de la 4T y una de las promesas de campaña del presidente.

“Pero para repartir la riqueza primero hay que generarla y eso no se hace con un discurso ilusorio”, afirma el economista.

Según proyecciones de la Cepal, México cerrará este año con una pobreza de alrededor de 35.4%, porcentaje similar al que dejó en 2018 Enrique Peña Nieto en su último año de gobierno.

Esto significa que a lo largo de la administración de López Obrador, quien este mes cumplió cuatro años en el cargo, el número de pobres no se ha reducido en México, sino que ha aumentado en cerca de 1 millón de personas como resultado del crecimiento demográfico. Pasó de 44 a 45 millones de personas y, en términos porcentuales, México es el segundo país más pobre de América Latina, sólo detrás de Honduras, donde la pobreza llegó a 52.3%, según una tabla del Estudio Social 2022 de la Cepal, divulgado el mes pasado.

De acuerdo con los datos del organismo, la pobreza en México llegó en 2020 a 37.4% y a 9.2% la pobreza extrema, lo que implicó un aumento de casi dos puntos en ambos indicadores respecto a 2018.

El Instituto de Estudios sobre Desi-gualdad de México asegura en un estudio que López Obrador incluso destina menos recursos que Peña Nieto, en términos proporcionales al PIB, en el financiamiento de programas sociales federales.

Este año los programas sociales del gobierno contaron con un financiamiento equivalente a 4.7% del PIB y en 2023 llegarán a alrededor de 5%, porcentaje menor que el registrado durante los tres primeros años de la administración de  Peña Nieto.

El pecado capital

Gaona Montiel considera que “el pecado capital” de López Obrador fue haber eludido un tema fundamental para todas las economías latinoamericanas: impulsar una reforma fiscal progresiva que aumentara de manera importante el nivel de recaudación, el cual fue equivalente en 2020 a 17.9% del PIB, cuatro puntos por debajo del promedio de América Latina.

Con más recursos, el gobierno mexicano habría podido aumentar la inversión pública y destinar mayor financiamiento al combate de la pobreza y de la desigualdad, señala el investigador del Departamento de Economía de la UAM-Iztapalapa.

El gobierno del presidente izquierdista colombiano Gustavo Petro logró aprobar el mes pasado en el Congreso una reforma tributaria que elevará la recaudación fiscal a 21% del PIB, con lo cual aumentará a niveles sin precedente el gasto social del país.

El presidente chileno, Gabriel Boric, también de izquierda, impulsa en el Congreso una reforma fiscal similar con el propósito de invertir más en educación, salud, vivienda y pensiones.

Gaona Montiel afirma que López Obrador, quien se asume como un mandatario de izquierda, debió hacer lo mismo en México. Para el país, agrega, habría sido más productivo que el presidente hubiera gastado su capital político en una reforma fiscal que en una reforma electoral, como busca hacerlo.

Fuente: Proceso https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/12/28/mexico-con-los-peores-numeros-de-la-pospandemia-299311.html

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En el marco de la celebración del Día Mundial sin Tabaco el gobierno mexicano endureció sus políticas contra los cigarrillos electrónicos, cuya importación y exportación estaba prohibida desde octubre pero que según las autoridades algunas empresas han evadido a través del comercio electrónico.

“La mayoría de las madres y los padres no saben el daño que ocasiona”, dijo López Obrador al mostrar un cigarrillo electrónico durante su conferencia matutina en la que firmó el decreto.

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A las críticas se sumó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien afirmó que es una “gran mentira” que los dispositivos electrónicos son menos dañinos o una alternativa al cigarro. “Presentan una propaganda en la que dicen que lo que hace daño es quemar el tabaco y producir humo, pero eso es falso. También los vapores son dañinos para la salud”, agregó.

El decreto se da a menos de dos semanas de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México declaró una alerta sanitara máxima por el riesgo a la salud que representa el uso de los llamados “vapeadores” en todas sus modalidades al contener sustancias tóxicas y carcinógenas.

La Comisión dijo en un comunicado que el acetato de vitamina E, utilizado como aditivo en la fabricación de cartuchos de los cigarrillos electrónicos, al calentarse “tiene el potencial de ser un irritante pulmonar, dependiendo de la concentración utilizada puede interferir en el funcionamiento normal del sistema respiratorio adhiriéndose al tejido pulmonar ocasionando la formación de trombos por la inhalación de esta sustancia”.

Al menos cinco millones de mexicanos, con edades comprendidas entre los 12 y 65 años, han utilizado alguna vez un cigarrillo electrónico, según cifras del gobierno.

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Durante sus más de tres años de mandato López Obrador ha promovido al menos dos decretos para limitar el uso de los cigarrillos electrónicos. En octubre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un artículo de una ley de control del tabaco que prohibía los cigarrillos electrónicos alegando que la regulación vulneraba la libertad de comercio, pero no ordenó regularizar su comercialización.

Con esta nueva normativa México se suma a otros países de la región, como Brasil, donde las autoridades sanitarias han impuesto limitaciones a la importación, comercialización y publicidad de los cigarrillos electrónicos.

En Panamá, a mediados del año pasado la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para prohibir el uso y comercialización de los cigarrillos electrónicos, pero fue vetado parcialmente por el presidente Laurentino Cortizo.

El Senado chileno aprobó en marzo del año pasado un proyecto de ley para modificar la Ley de Tabaco y regular la venta, publicidad y consumo de cigarrillos electrónicos, en la que se prohíbe su venta a menores de edad, que está pendiente de discusión en la Cámara de Diputados.

Fuente: The San Diego Union-Tribune.

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Desde el pasado 16 de mayo, México supera esta cifra en su registro oficial de personas desaparecidas en el país, lo cual da una idea de la auténtica «crisis humanitaria» que supone esta tragedia, tal y como la calificó el gobierno el año pasado.

Aunque el conteo oficial inició en 1964, las desapariciones aumentaron vertiginosamente desde que en 2006 se inició la llamada «guerra contra el narco» del entonces presidente Felipe Calderón.

Durante su última visita a México, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas denunció que el crimen organizado es el perpetrador central de estos hechos, aunque también señaló como responsables a funcionarios públicos.

Por ello, instó a tomar acciones para acabar con la impunidad que campa a sus anchas -casi un 95% de los delitos en México quedan sin resolver- y a instaurar una política nacional que sirva para prevenir y erradicar las desapariciones.

«Se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda, ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora (…) y a buscar fosas clandestinas porque no se debe de olvidar que hubo una guerra contra el narcotráfico» durante la que «murieron muchos y los desaparecieron»,

declaró el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tras conocerse el reciente y triste récord de desaparecidos en el país.

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En los últimos meses, el estado norteño de Nuevo León ha estado bajo el foco por el aumento de desaparición de mujeres -especialmente jóvenes, con algunos casos tan mediáticos como el de Debanhi Escobar- y por las irregularidades cometidas y reconocidas por la Fiscalía estatal durante la investigación.

Pero miles de otras desapariciones no atraen la misma atención y son los familiares de las víctimas quienes luchan a diario para impedir que, con el paso del tiempo, sus casos caigan en el olvido de las autoridades y de la sociedad.

Porque la cifra de 100.000 desaparecidos recién alcanzada es mucho más que un número: esconde historias de búsquedas en terreno con las propias manos de las familias que, en ocasiones, acaban prácticamente destrozadas de por vida a causa de la tragedia.

El de la joven Frida Flores, desaparecida el año pasado también en Nuevo León, es uno de ellos. Su madre, Erika Navarro, compartió entre llantos su historia con BBC Mundo y aseguró que ni todo el dolor del mundo le hará desistir de buscar hasta encontrar a su hija.

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Personas desaparecidas en México

• 100.017desaparecidas y no localizadas.

• Hombresson el 74,7%.

• 20-39 añoses el rango de edad de la mayoría de desaparecidos.

• Estadoscon más desaparecidos: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León.

Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México (1964 – 16 de mayo de 2022)

Mi hija Frida Yoatsi desapareció el 29 de agosto de 2021 en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. El 7 de septiembre ella cumplía 19 años.

Me dijo que iba a comer con unos amigos y me dijo que estuviera tranquila, que no se iba a tardar.

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La última vez que hablé con ella por teléfono fue a las 5:00 de la tarde, cuando me dijo que ya en un rato volvía. Pero pasaron las horas y no llegaba, así que empecé a preocuparme mucho.

Volví a llamarla y ya no respondía. Pasadas las 9:00 de la noche, su teléfono estaba ya apagado.

Me la pasé toda la noche sentada, esperando y esperando, hasta que en la mañana siguiente fui a poner la denuncia. ¿Dónde estaba mi hija? ¿Quién se la llevó?

Lo que pasó fue que al salir de un restaurante con una amiga, las abordó una camioneta. Las subieron a las dos. La amiga dice que no vio a la persona que las subió, solamente que era una mujer.

A la amiga la bajaron cerca de su casa, pero a mi hija se la llevaron. Ahí se pierde el contacto y ya no se sabe nada. Desde entonces, no se sabe nada. Es como que a Frida se la hubiera tragado la tierra.

Nueve meses de angustia

Como Sabinas es un foco rojo donde hay muchas desapariciones, en aquellas primeras horas sí pensé que quizá no la iba a volver a ver, o que la iba a ver… no sé cómo.

La Fiscalía me dice que están en la búsqueda y trabajando en ello. Y de alguna manera les comprendo, porque son miles de casos, pero en lo personal me duele mucho que hasta ahorita no tengo respuesta de nadie. Dicen que han hecho su trabajo, pero no me han resuelto nada.

15 días antes de su desaparición, en la zona se habían llevado a otras muchachas. A Frida le dije muchas veces que no fuera a Sabinas, que estaba peligroso… Pero ella tenía amistades allá, porque aunque ahora vivimos en Apodaca, se criaron en Villaldama, un pueblo junto a Sabinas.

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Siempre le he intentado dar buenos consejos a Frida porque soy muy nerviosa hacia la inseguridad aquí en Nuevo León, donde uno ve diario que ya hace años que se roban muchachitas, que las violan, las matan, las secuestran… y jamás veo que encuentren al responsable. Hay muchísima impunidad.

Estos casi nueve meses son meses de angustia, de sufrimiento. Pero yo voy a seguir alzando la voz y buscando a mi hija hasta encontrarla.

Me duele tanto y estoy pasando una situación tan difícil, que a nadie se la deseo. Aún así, yo no busco culpables, solo quiero el regreso de Frida y que se acabe esta pesadilla.

He sufrido mucho este tiempo. Me he enfermado, me atacan los nervios, me entra mucho pánico y no duermo por la noche. El psicólogo me tiene medicada, pero no descanso al 100%.

He perdido mi trabajo como enfermera. Voy nada más si me sale una guardia específica. Al no dormir, no aguanto mi cabeza y me duele todo el cuerpo. No puedo buscar un trabajo estable porque no me concentro.

Eso también me repercute para sobrevivir, claro. Mi hija mayor me ayuda mucho, mis hermanas y mi prima… Yo voy vendiendo cosas que no necesito, porque ¿para qué quiero nada ahora?

Una familia destrozada

Desde que enviudé hace un año, me quedé al frente de mis tres hijas. Yo voy a cumplir 42 años. Mi hija mayor de 21 ha estado al pie del cañón, ha sufrido y sufre a la par conmigo.

Tengo otra niña de 16 años, que está con su abuelita. Por el momento no está conmigo porque yo me la he pasado saliendo a buscar a Frida, alzando la voz. A la niña también la ha trastornado todo esto y acude al psicólogo.

Estamos todas muy mal, física y emocionalmente. Pero sé que tengo que estar bien para seguir buscando a Frida.

Frida es una estudiante de la facultad, estudia para contador público. Ella no tiene problemas con nadie ni debe nada, se dedica a su estudio.

Es muy inteligente y aplicada. Estudiar es su sueño y ella me decía: «Yo le prometí a mi papá que yo me iba a graduar y trabajar después para ayudarles mucho a la familia». Esos eran sus planes.

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Ella vivía conmigo mientras estudiaba. Siempre estábamos juntas, era muy apegada a mi. Íbamos al centro, a comer, a visitar a mis hermanas… Ella siempre ha sido la alegría de la casa, muy bailadora, muy risueña y alegre.

Este Día de las Madres (10 de mayo) fue un día muy triste, lleno de dolor. Me puse muy mal, tuve que ir al doctor porque me dolía mucho mi cabeza.

Aunque la verdad es que todos los días para mí han sido grises desde que Frida no está con nosotros. Porque es muy triste y duro pasar esta situación y no tener hasta la fecha respuesta alguna. No se sabe nada.

Inseguridad diaria

En la tele dicen que casi diario aquí en Nuevo León pasan muchos crímenes, secuestros, levantones… así que ni la veo porque me pongo muy mal.

Me siento insegura en la calle, es una inseguridad muy grande, yo veo como foco rojo todo el estado. No ando a gusto en la calle, siento miedo pese a que somos personas de trabajo y no debemos nada ni tenemos problemas con nadie.

Ya uno al salir a la calle carga su gas pimienta. Sales a lo que vas y regresas, como más tardar a las 5:00 de la tarde. Porque si en el día es peligroso, no se diga salir en las noches.

A mis hijas les digo: «Ustedes creen que están bien, seguras y que jamás te va a pasar esto». Igual que yo no imaginé nunca pasar por esta situación tan difícil. Nos ha afectado mucho porque jamás pensamos que nos sucedería esto en la familia, esta gran pesadilla. Todos estamos consternados.

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No sé a qué se deba, pero yo me cansé de tocar puertas a los medios de comunicación para hacer ruido por Frida, para que saliera en las televisoras. Créame que nadie vino a hacerme una entrevista hasta ahora que han pasado muchas cosas del caso de Debanhi (Escobar) para acá. Ahí es que han venido algunas personas a interesarse.

A algunos casos como el de Debanhi y otras jovencitas se les ha hecho mucho ruido. Pero a mi, nueve meses después, no me hacían caso. Apenas que pasaron esas desgracias tan grandes han mirado para mí.

Me dicen que confíe en la autoridad, que me van a ayudar, que van a agilizar todas las investigaciones y van a mandar elementos a Sabinas. Yo creo y confío en ellos, pero ojalá que no solo me lo platiquen, sino que lo hagan.

A la autoridad le pedí que me acompañaran a buscar a Frida, porque si no son ellos, ¿quién le respalda a una? Pero nunca he ido a campo porque no se ha dado la oportunidad de que yo vaya. Y sola no me atrevería por la inseguridad.

«Mi hija está viva»

Yo tengo la fe y la certeza de que mi hija está viva. Mi corazón de madre me dice que lo está.

Anoche me dormí como a las 6:00 horas, porque solo duermo como dos o tres horas al día. Cuando me quedé dormida, soñé que Frida había llegado. Y ella, que es muy gritona, me decía: «Ya llegué, mami, estoy bien, ya estoy contigo». Y me abrazaba. Me abrazaba con tantas ganas…

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Así como tengo mi de fe de que va a volver, también quiero que termine esta pesadilla, como Dios la mande.

Aquí está lleno de casos de desapariciones que llevan años y años. Yo no quiero ser una más y vivir toda la vida con eso de que no la veo, buscando y buscando, que no llega y no te resuelven nada. Pero tengo tanta fe de que ella va a volver, tanta certeza de que mi hija va a regresar bien, solita…

Lo que quiero es que el caso de Frida no se quede impune, que no termine como otros que tienen 10 o 15 años y sus carpetas de investigación se quedan olvidadas.

Pediría al señor gobernador que pida refuerzos. Que entre la Marina a Nuevo León para que se compongan las cosas, que entren elementos especializados para que nos protejan de tanta cosa que se está viviendo.

En definitiva, quiero que me escuchen. Yo no busco culpables. Y si la persona que tiene a Frida me escucha, que se toque el corazón y sepa que su madre está sufriendo mucho por ella, igual que sus hermanitas. Que Dios toque su corazón para que ella pueda regresar a casa.

Fuente: BBC.

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Pero el anuncio, que en última instancia supone creación de empleo, tiene un alcance simbólico y político que va incluso más allá. Se produce en plena negociación de un marco migratorio entre los dos países y Canadá y en medio de los reclamos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de un mayor desembolso directo de fondos para paliar el fenómeno.

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, convocó a los gobernadores y altos representantes de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz para escenificar el compromiso de la Administración de Joe Biden con esa región y Centroamérica. En un acto al que se han sumado el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros, ha quedado claro que Washington ha profundizado su interés por ese territorio y quiere mostrarlo. La zona acoge algunas de las obras estratégicas del Ejecutivo mexicano, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Pero también, especialmente en los focos turísticos de la costa, uno de los destinos favoritos de los estadounidenses, el sureste afronta una nueva crisis de seguridad que preocupa a ambos lados de la frontera.

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“El presidente Biden está comprometido con el éxito económico de América del Norte, incluyendo el sureste de México. El éxito de Mexico es el éxito de Norteamérica”, ha resaltado Salazar. La iniciativa de USAID, una agencia gubernamental, busca “promover el desarrollo e inversión sostenible”. El diplomático ha mostrado sintonía con el Gobierno de López Obrador y con el secretario de Hacienda y les ha agradecido la oportunidad de impulsar un proyecto -bautizado como Sur de México Generando Empleo y Sustentabilidad (Surges)- que cuenta con la participación del sector privado. “Esta actividad invertirá en mercados sostenibles, generando ventas e inversión por más de 250 millones de dólares, comenzando a finales de verano de 2022″, ha informado la Embajada estadounidense.

Este mensaje se enmarca, además, en la próxima celebración de la novena Cumbre de las Américas, convocada del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. Al margen de las dudas sobre la participación de López Obrador y de la disposición de Biden a invitar a todos los Gobiernos del continente, la Casa Blanca quiere definir una posición común con México y Canadá, una suerte de frente de América del Norte con coincidencias en materia económica, de seguridad y migración. La importancia de los contactos está reflejada también por la agenda. Salazar se ha ido del acto para sumarse a otro, con su homólogo canadiense y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, un hombre clave para la relación con Washington.

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El llamado Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración presentaba un informe sobre la crisis migratoria que repercute en las fronteras sur y norte de México. El reporte llama al respeto de los derechos humanos y pide atender el fenómeno a partir de un enfoque regional, ya que la inmensa mayoría de los migrantes sale de Centroamérica en busca de oportunidades en Estados Unidos; también concluye que las autoridades deben implicarse en la revitalización de la economía de la región, erradicar la corrupción, cambiar la narrativa negativa sobre los migrantes y que Estados Unidos y Canadá “deben ampliar la disponibilidad de vías legales para que las personas centroamericanas migren”.

El canciller Ebrard ha insistido, en línea con el presidente López Obrador, en la necesidad de aumentar las inversiones. “Mientras se decide el tema de fondo, ¿por qué no organizamos una inversión a mucho mayor escala que nos permita reducir el sufrimiento humano que hoy se está provocando por esta indecisión, por este mantener el paradigma del siglo pasado con una realidad demográfica totalmente diferente?”, ha preguntado. El desembolso de fondos siempre ha sido un motivo de fricción entre México y Estados Unidos porque Washington suele supeditar el envío de ayudas directas al desempeño de los receptores. Por eso también, el gesto de USAID tiene especial relevancia en la coyuntura política.

Fuente: El País.

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Han transcurrido más de dos años del inicio de la pandemia de COVID-19 y el virus que produce la enfermedad continúa propagándose, como en China y ahora en Corea del Norte, donde se impusieron estrictas medidas de aislamiento.

Además de tener un repunte de casos, Estados Unidos se convirtió oficialmente en el primer país del mundo en reconocer un millón de muertos por coronavirus.

“(…) alcanzamos un trágico hito: un millón de vidas estadounidenses perdidas por el COVID-19″, lamentó el presidente Joe Biden, quien pidió mantenerse ‘vigilantes’ frente a la pandemia y hacer ‘todo lo posible’ para salvar vidas.

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La impactante portada a doble página del domingo en la edición impresa de The New York Times lo dimensionó en su titular: “Un millón. El dolor inconmensurable de una nación”.

De acuerdo con el influyente diario, en dos años “han muerto más estadounidenses de COVID-19 que en dos décadas de accidentes automovilísticos o en campos de batalla en todas las guerras del país combinadas”.

Aun cuando “un millón de muertos es un número impresionante, incluso para un país del tamaño de Estados Unidos, el número real es casi con seguridad mayor debido a la subestimación” de casos, apuntó el NYT.

EU es el país con más víctimas mortales por la pandemia, seguido de Brasil, India, Rusia y México, que a su vez mantiene el poco honroso primer lugar en letalidad.

México tiene el número más alto de muertes (5.6) por cada 100 casos confirmados de covid y es sexto del mundo en defunciones (254) por cada 100 mil habitantes.

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En paralelo a EU, Europa rebasó los dos millones de muertos por coronavirus, según la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud:

“Se ha alcanzado un hito macabro al confirmarse que las muertes por COVID-19 en los (53) países de la región europea han sobrepasado los dos millones”,

informó el organismo de Naciones Unidas en un comunicado.

Un informe reciente de la OMS concluyó que el número de fallecidos por la pandemia fue subestimado y que el total en el mundo se eleva a 14.9 millones, contra los casi 6.3 millones notificados oficialmente.

Los 14.9 millones representan el punto medio entre un mínimo de 13.3 millones y un máximo de 16.6 millones de decesos contabilizados del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

La OMS estimó que en México se registra un exceso de mortalidad por covid de 626 mil personas, cerca del doble de las casi 325 mil defunciones documentadas por las autoridades federales de Salud.

El organismo considera que en nuestro país hubo entre un mínimo de 611 mil y un máximo de 640 mil muertes en exceso por la pandemia.

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Las cifras incluyen personas que fallecieron directamente por la enfermedad, otros problemas de salud e interrupciones de la atención médica derivados de la pandemia, según se desprende del informe sobre exceso de mortalidad global publicado por la OMS hace dos semanas.

Oficialmente, el exceso de mortalidad en México es de 726 mil defunciones desde 2020, de las cuales el 67.9 por ciento (493 mil) se asocia a covid-19.

Parafraseando al NYT, ¿cómo México perdió más de 700 mil personas? Aun ‘controlada’, covid se convirtió en la primera causa de muerte en el país.

A pesar de las mayores tasas de vacunación, la pandemia continúa afectando no sólo la salud de millones de personas, sino también la economía a nivel global.

En semanas recientes, el repunte de contagios en China llevó a su gobierno a adoptar medidas de confinamiento en varias provincias y ciudades importantes, como parte de la severa política de ‘cero COVID’.

Los controles en megaciudades como Shanghái, que tiene un potente centro financiero y uno de los puertos más activos del mundo, ya le cobraron factura a la economía china.

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En abril las ventas minoristas en el gigante asiático se desplomaron 11.1 por ciento respecto a igual mes del año anterior, mientras que la producción industrial se contrajo 2.9 por ciento en el mismo periodo comparable.

Ambos indicadores anticipan una desaceleración de la actividad económica en China durante el segundo trimestre del año.

Dada la importancia de China en los suministros y sus vínculos con otras economías grandes, como la estadounidense, ya se advierten impactos sobre la actividad de EU, que de por sí corre el riesgo de entrar en recesión el próximo año.

Fuente: El Financiero.

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El Estado de derecho en México, medido desde las entidades federativas, es “precario”, está “estancado” e, incluso, registra “retrocesos”; estos son los principales hallazgos del Índice del Estado de Derecho en México 2021-2022, que elabora la organización World Justice Project.

El director de Proyectos de Estado de Derecho del World Justice Project, Alejandro González, al presentar los resultados del índice en el Senado, explicó que existen tres tendencias que explican lo anterior:

El debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos a nivel estatal; la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia penal y civil para poder cumplir con su responsabilidad, y el estancamiento de la capacidad de las entidades federativas para controlar la corrupción.

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Puso énfasis en que 14 entidades federativas retrocedieron del año pasado a 2022 en su puntuación general (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco), 12 se mantuvieron sin cambio (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) y sólo seis incrementaron su puntaje (Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas).

“Esto nos dice que nos estamos moviendo entre el retroceso y el estancamiento”,

destacó y anotó que ni siquiera la entidad federativa con el nivel más alto (Querétaro) llega al .5 en una escala de 0 a 1.

De acuerdo con el índice, las cinco entidades mejor calificadas son Querétaro, con un puntaje de 0.49; Yucatán, con 0.47; Guanajuato, con 0.46; Aguascalientes, con 0.46, y Sinaloa, con 0.46; en tanto, las peores calificadas son Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo, con 0.36; Morelos, con 0.35, y Guerrero, con 0.34.

El promedio de las 32 entidades federativas se ubica en un puntaje de 0.41, lo cual, de acuerdo con González Arreola, establece el tamaño del reto que se tiene por delante.

Detalló que el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos tiene que ver con “una contracción” del Poder Judicial y el Poder Legislativo para ejercer sus capacidades de control sobre el Ejecutivo, acompañado de una contracción del espacio cívico que limita las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil.

Explicó, además, que la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia tiene que ver con tres factores: la falta de garantía de los derechos de las víctimas; la independencia, la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial, y la falta de capacidad de los ministerios públicos para investigaciones efectivas.

MEJORÍA MARGINAL

Pese a que el país enfrenta una crisis severa de seguridad pública, ante el aumento de homicidios dolosos y feminicidios, el factor relacionado con el orden y la seguridad mostró una marginal mejoría.

De acuerdo con González Arreola, existen dos variables que explican esta mejoría: la primera, en un contexto pandémico, en 24 entidades federativas, la percepción de seguridad personal en el contexto público se redujo; es decir, mejoró.

Y, por otro lado, los delitos patrimoniales, algo que está muy influido por las condiciones pandémicas de convivencia, también vio reducción.

“Estas dos variables finalmente nos llevan ahí. Es posible que sea algo casuístico, pero vamos a ver qué sucede el año que viene, pero era importante compartirlo”,

agregó.

Fuente: El Financiero.

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Este lunes 16 de mayo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señaló que hay más de 100 mil personas en México en esta situación. La cifra debería ameritar por sí misma toda la atención pública. También obliga a que el gobierno aclare lo que no nos dicen sus cifras: exactamente, ¿cuántas personas no se cuentan en estos registros?

Los datos disponibles nos permiten dimensionar el tamaño de una tragedia sin comparación en el mundo. Tan sólo entre 2006 y 2022, 83,761 personas han entrado al eufemismo de las estadísticas oficiales de ser consideradas personas desaparecidas o no localizadas. Desde 2006 en México todos los días desaparecen 14 personas para no volver a ser vistas.

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No hay excusa que alcance para justificar la irresponsabilidad de los gobiernos en México frente al aumento en el número de personas desaparecidas en los últimos tres sexenios. Aunque la ausencia de mujeres y hombres de todas las edades ha trastocado la vida de miles de familias y amigos, no ha habido gobierno que las localice y que tome acciones para prevenir que más personas desaparezcan. Tampoco ha resuelto las marcadas diferencias de género: el grupo de edad que menos regresa a casa son las mujeres adolescentes entre 12 y 17 años. 

El Estado Mexicano nos ha fallado a todas y todos por su incapacidad para resolver qué sucedió con el paradero de estas personas, encontrar a los responsables y reparar el daño de cientos de miles de familias. Sin acciones coordinadas para que los diferentes gobiernos se hagan cargo de su responsabilidad, en México seguirá prevaleciendo la impunidad.

Miles de familias mexicanas exigen hoy una justicia que no llega. Cuando el gobierno les niega además un espacio público para conmemorar a las personas que les faltan, las revictimiza. Les niega la justicia y les impide la memoria.

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No habrá justicia en este país hasta que no sepamos qué pasó con cada una de las personas que los registros oficiales consideran como desaparecidas y no localizadas. No hay compromiso que no sea más que promesas vacías hasta que el Estado pueda garantizar búsquedas profesionales por los desaparecidos y no relegue su responsabilidad a las familias de las víctimas. No tendremos certezas sobre la dimensión del problema hasta que no conozcamos el número de personas que no se cuentan en estos registros. Ninguna autoridad en el gobierno puede estar tranquila hasta que a todas las familias se les garantice el derecho de saber qué pasó con los suyos. 

¡Hasta encontrarles no habrá justicia!

Fuente: .

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En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.

Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.

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Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.

Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora. EL PAÍS se ha desplazado a ambas regiones para comprender mejor los matices de la tragedia.

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Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía sobre esta situación: “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Priorizar la búsqueda

El registro de desaparecidos era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, explica que “antes de 2019, el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”. Nombrada con el nuevo Gobierno, su primer paso fue pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. “Lo que se ha hecho es comenzar a crear una institucionalidad”, dice Quintana. ¿Qué tan real es entonces el registro? “Mi lectura”, dice la comisionada, “es que las fiscalías tienen más información de la que han dado en los últimos años; pero también podrían tener información desactualizada”.

Aún así, esa información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Debanhi Escobar o Yolanda Martínez han puesto el foco en los fallos del sistema, el número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el resto de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y uno de los que cuenta más desaparecidos (6.405 personas), el porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los Estados y de todas las instituciones en el país con el registro “es muy dispar”, según Quintana, que apunta: “Todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional”.

A la crisis de los desaparecidos se suma otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. “El sistema tradicional requiere identificar [los cuerpos] uno a uno. Eso está bien en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares con crisis como México”, señala Quintana.

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Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos tres años se concentra en cinco Estados, que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa suman más de 15.700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más o menos 15.000 personas de las que se ignoran datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible, es posible identificar al menos tres zonas donde la situación es especialmente grave: la central, que incluye Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.

Los confines de Irapuato

En un taller a las afueras de Irapuato, dos operarios muestran divertidos una pegatina. Es el plástico que envuelve las bolsitas de marihuana que compran habitualmente en el barrio, donde un niñito rubio, con un enorme fusil en las manos, sonríe al cliente. Dos palabras dominan la imagen arriba y abajo del muchacho: “CJNG” y “Élite”. “Así la venden ahora”, dice unos de los operarios.

La pegatina resume una guerra por el dominio de la venta de droga al por menor en los barrios de Irapuato, en Guanajuato, ciudad golpeada por la violencia en los últimos años. Los operarios, vecinos de estos mismos parajes híbridos entre lo agrícola y lo industrial, dicen que es justo aquí donde más se ha notado la violencia, en los ranchos que hacen de esponja entre Irapuato y Salamanca. Aunque no es solo por la droga.

Preguntados por los motivos, ambos señalan además los ductos de combustible, riqueza de la región. En la vecina Salamanca, Pemex opera una refinería y en el subsuelo funcionan enormes tubos que conducen gasolina a León, la capital del Estado. Irapuato queda en medio. Desde hace años, cuadrillas de criminales locales apoyados por trabajadores de la petrolera han ordeñado los ductos, almacenando combustible para venderlo en el mercado negro.

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“Antes estaban los de El Marro, pero luego llegaron los jaliscos e hicieron limpia”, dice el otro operario. Sus nombres verdaderos no salen aquí por su seguridad. El Marro y los Jaliscos son los nombres coloquiales del cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las marcas criminales más mediáticas de los últimos años. En la narrativa criminal mexicana, las limpias son procesos por los cuales un grupo criminal expulsa a otro de un territorio más o menos acotado. Cuando hablan de la limpia de Irapuato, los operarios se refieren a un proceso que inició hace unos cuatro o cinco años, cuyo fin viven actualmente.

El simbolismo de las pegatinas es evidente. No son tanto un reclamo, sino una demostración de poder, un recordatorio de lo que ha ocurrido. Genaro, uno de los operarios, recuerda el principio de todo aquello en su barrio. Fue en noviembre de 2020. “Hubo una semana completa de balaceras. Un lunes empezaron a balacear una casa, martes igual, miércoles… Es que ahí estaba El Marro, por el huachicol [el robo de combustible de los ductos]. Y en una casa vendían droga y se iban y le tiraban, hasta granadas y todo… Mataron a varios”, dice, mientras muestra un mosaico en su móvil de sus muertos, sus amigos muertos del barrio. “Ahí en el rancho, entre muertos y desaparecidos son como unos 50 de cinco años para acá”.

Es la guerra del extrarradio, ajena a la pompa de las siglas. En la actual Administración, Irapuato se ha convertido en el foco rojo de las desapariciones en el Estado. Es la ciudad que más casos cuenta, por encima de León, la misma Salamanca o Celaya. Son 228 reportes desde diciembre de 2018, por 99 durante los 12 años anteriores. El horror aquí es presente porque muchas veces los perpetradores siguen campando a sus anchas por el barrio.

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Es el caso de Rosalba Granados. En ocho días de agosto de 2019, criminales asesinaron a su hijo mayor y desaparecieron al pequeño, que quería cobrar venganza. “Nosotros somos de un rancho de ahí entre Salamanca y Celaya. Y ahí estuvo la guerra de los marros contra los jaliscos. Ahora parece que ya se calmaron, porque las personas que andan en eso ya se pasaron a la nueva generación”, explica.

En 2019, la situación era distinta. “Mi hijo mayor sí se drogaba y por lo mismo iba con esta gente”, dice, en referencia a integrantes del grupo de El Marro, detenido en agosto de 2020. “A veces bromeaba y me decía, ‘a lo mejor un día me meto con ellos’. Y yo le decía, ‘sí, papasito, tú métete y me recoges tus cosas y te vas, porque ya no tienes mamá’. Pero luego me decía que era broma”. Así, entre broma y broma, se andaba el hijo mayor, Giovanni, que siempre andaba “cargándoles” a sus compañeros de barrio.

Dice Granados que quizá un día las bromas fueron demasiado. “Le parecía que eran tontos, no sé”. Un sábado, el muchacho no volvió a casa. Se fue con uno de “ellos” y apareció muerto, al día siguiente, en un pueblo cercano. Granados sabe quién era la persona con quien se fue. Lo ve de vez en cuando. Nunca se ha atrevido a preguntar.

El que sí preguntó fue José Antonio, su hijo pequeño, que pronto supo quién había matado a su hermano, según Granados. Parece que el muchacho clamó venganza. Se corrió la voz. Ocho días más tarde, los mismos que habían acabado con el primero desaparecieron al segundo. “Fue cerca del panteón”, explica la madre, “ellos habían ido a sepultar a unos fulanos y cuando lo vieron… Él había ido a un taller cerca de ahí a reparar su moto. Sí me dijeron que cuando lo vieron le gritaron, ¿te sientes muy verga? Ya no sé más”.

Los gritos de las madres en el desierto de Sonora

Sinthya Gutiérrez tiene 40 años y una tristeza que le dobla el cuerpo. Desde 2017 no sabe nada de su hijo Gustavo, que tenía 15 años cuando fue desaparecido. El chico salió con un amigo y no regresó: lo último que se supo de ambos –el otro joven también falta– fue que la policía los tenía esposados en una calle de Guaymas, un municipio de Sonora de 150.000 habitantes. Ella y su marido recorrieron las celdas municipales sin encontrarlo. “Ahí es cuando empezó mi angustia”, dice la mujer, chiquita en la esquina del sofá. En un mueble de madera a su lado, Gutiérrez honra a su hijo desaparecido. Entre latas de Tecate y crisantemos amarillos, también homenajea a su hijo Marco Antonio, baleado a 50 metros de su casa, y a una compañera que buscaba a su marido cuando fue asesinada.

2017 fue “un año muy pesado”, recuerda Gutiérrez. Desde el inicio del conteo en la década de los sesentas hasta 2016, Sonora registró 1.650 desapariciones. En los siguientes cinco años, se alcanzó un número muy similar en este Estado del norte del país: 1.400 personas desaparecidas en ese período. Antes de que un comando armado baleara el Palacio Municipal de Guaymas durante una manifestación feminista en noviembre de 2021 y matara a tres personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había identificado el corredor que va desde esa ciudad hasta Cajeme, a una hora y media, como “uno de los más violentos” del país.

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Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, atribuye la violencia desatada en los últimos cinco años a “la negligencia e irresponsabilidad” de las autoridades, pero también a la militarización de la seguridad pública, que empezó a notarse en la zona a partir de 2018, según Bernal. Los últimos dos comisarios de Guaymas, por ejemplo, fueron capitanes de la Marina y en las calles se ven militares en camionetas de la Policía Municipal. La estrategia, dice Bernal, “está siendo contraproducente”: “Hace 25 o 26 años, Sonora era zona segura. La gente venía de Nuevo León, de Coahuila, de todas las zonas azotadas por la violencia”. Y ahora, en cambio, suben los homicidios y se acumulan las fichas de búsqueda.

Otro factor, dice la analista, es la geografía del lugar. Guaymas, que nace en el mar y se extiende entre cerros del color del piloncillo plantados de sahuarios, es un área privilegiada para el tráfico de drogas, de mercancías, de personas. Su puerto recibe barcos internacionales; está rodeada de grandes extensiones de tierra; la frontera con Estados Unidos se ubica a 500 kilómetros. El crimen organizado se disputa desde hace algunos años ese territorio. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ocho grupos operan en Sonora. Los Salazares y los Chapitos, una escisión del Cártel de Sinaloa, son los que actúan en Guaymas y los municipios de alrededor, según periodistas y activistas de la zona.

Cuando el número de desaparecidos empezó a crecer, Sinthya Gutiérrez fue una de las madres que se organizó para crear Guerreras Buscadoras, un colectivo que en Guaymas llegó agrupar a 40 familias y hoy solo reúne a 15. Por temor hay personas que han dejado de buscar, dice. A las que quedan, sobre todo madres, esposas, primas, hermanas, les dicen que son unas chivas locas: “Porque andamos en los cerros”. Cuando buscan, normalmente orientadas por datos que les envían de forma anónima, salen bien temprano y caminan durante kilómetros a temperaturas que pueden superar los 40 grados. Si hunden una varilla en la tierra y al quitarla trae el olor de un cuerpo, empiezan a cavar.

Hace tiempo que Gutiérrez dejó de ir a la Fiscalía para conocer avances sobre el caso de su hijo. Rosario Gutiérrez, que busca desde hace un año y nueve meses al suyo, también se cansó de acudir al ministerio público. “No los buscan como nosotros. Ellos llegan [a las fosas], recogen lo que quieren y se van. Y nosotras llegamos al otro día y encontramos muchos restos”, critica la mujer de 53 años. Jesús Gabriel, de 29, se fue a la playa en Semana Santa y ella no ha sabido nada sobre él desde entonces. Si no lo busca, no sabe qué más hacer: “Mi mundo se torna cuatro paredes y un rostro mojado”.

Como ella, otras madres sienten que rastrearlos es el único consuelo. Guadalupe Loaiza, de 48 años, busca a su hija, Yosineidy Hernández, y al papá de la joven, que se fue con ella cuando dos hombres vinieron a su casa a llevársela. Loaiza sonríe cuando recuerda cómo le gustaba a su hija el carnaval y enseguida llora. Los ve a los dos de espalda, yéndose por la puerta, abrazados. “Hemos encontrado a muchos niños, pero a veces digo ‘cómo encuentro a otros y no la encuentro a ella”. En el desierto, en la orilla del mar, en el monte, donde sea que estén buscando, conversan, se ríen como no lo hacen en sus casas, gritan los nombres de sus desaparecidos: “¡Gustavo! ¡Jesús Gabriel! ¡Yosineidy!”. “No andamos buscando justicia”, dice Sinthya Gutiérrez. Ni quién lo hizo, ni quién lo va a pagar: “Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.

Fuente: El País.

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México ha superado la cifra de 100.000 personas desaparecidas desde 1964, según el contador oficial donde el Gobierno va registrado una de las listas más ignominiosas que enfrenta el país. Un conteo que experimentó un incremento a partir de las políticas de militarización de Felipe Calderón en 2006. La cifra, sin embargo no ha tenido más eco que el del silencio en la conferencia matutina del presidente, donde se han tratado temas de seguridad nacional. Los organismos internacionales, sin embargo, han recordado este martes la necesidad de que México “redoble los esfuerzos a fin de garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición”. Así se ha expresado en un comunicado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Durante mi visita a México en 2019, pude conocer de primera mano la valentía de las familias de las víctimas, quienes han sido actores clave para organizar y proponer soluciones, y lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de esta problemática en México”,

dice la declaración que llega de la ONU.

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En dicho comunicado se reconocen los “pasos significativos, incluida la aprobación de la Ley General de desapariciones y la creación de comisiones de búsqueda en todos los Estados”, que México viene dando en los últimos tiempos. Pero también es cierto que los cientos de activistas y familiares que luchan cada día por sacar a la luz a estos desaparecidos, vivos o muertos, tienen que comprarse en ocasiones sus propias palas para poder escarbar en la tierra en busca de huesos. Por no hablar de la inseguridad en la que desempeñan esta labor.

Bachelet ha rendido homenaje en su comunicado a todas estas buscadoras “que han perseverado durante décadas en la búsqueda de la verdad y la justicia, incluida Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús Piedra Ibarra fue víctima de desaparición forzada en 1975. Doña Rosario, quien murió en abril, ayudó a localizar con vida aproximadamente a 150 personas desaparecidas y devolverlas a sus familias”.

En México se han creado comisiones para revisar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, así como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y ha establecido el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Pero nada parece suficiente ante un goteo que se incrementa cada día. Agentes públicos de las tres administraciones siguen siendo responsables directos de las desapariciones forzadas, pero también la delincuencia organizada, que cuentan con la “aquiescencia, participación u omisión de los servidores públicos”. Difícil desenvolver una madeja en la que los perseguidos por el delito se confunden con los perseguidores del delito.

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Es reconocido que en esta Administración se ha ganado en transparencia respecto a estos casos. Entre 2020 y 2021 el país ha tomado algunas decisiones relevantes, como reconocer la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) para examinar estos asuntos. El pasado noviembre, México “se convirtió en el primer país en aceptar la visita del CED, que estuvo en 13 Estados y atendió más de 150 reuniones con autoridades, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil”, según detalla el comunicado de Bachelet.

La Alta comisionada sigue de cerca este enorme problema que enfrenta el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “una tragedia humana de enormes proporciones”, ha dicho.

“Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”,

señala en su comunicado.

Por eso, desde la ONU se recomienda apoyar con todos los recursos necesarios a estas familias que remueven la tierra en busca de sus desaparecidos, una tragedia, que a decir de ellos mismos tiene efectos más perniciosos que la asunción de una muerte. Las Naciones Unidas hacen un llamamiento “a mejorar el acceso a la justicia y garantizar los derechos de las víctimas”.

Fuente: El País.

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