El presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de la petición del periódico The Washington Post, medio que hizo un llamado a Joe Biden a condenar “los ataques a los periodistas mexicanos y hacer un llamado a nuestros aliados democráticos para que apoyen a la prensa libre”.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario mexicano se mofó de la solicitud del diario estadounidense y aseguró que su gobierno no reprime ni vulnera los Derechos Humanos del gremio periodístico.

“Estaba yo leyendo que el Washington Post está pidiendo al presidente Biden que me llame la atención por el acoso a los periodistas. Qué no sabe el Washington Post cómo funciona la mafia del poder en México, qué no sabe cómo imperaba la corrupción, cómo un grupo se sentía el dueño de México, cómo fueron los causantes de la desigualdad, de la pobreza, de que se desatara la violencia en el país, ¿no lo sabe el Washington Post?”,

preguntó el titular del Ejecutivo entre risas.

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Este martes, el periódico The Washington Post publicó una editorial en su sitio web en el que acusó a AMLO de atacar a “una de las figuras mediáticas más destacadas del país”, en lugar de abordar temas como la violencia contra el gremio periodístico.

“México está experimentando uno de los períodos más letales para los periodistas, con cinco asesinatos en lo que va del año. Pero en lugar de abordar estos peligros, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó gran parte de su conferencia matutina habitual del viernes 11 a atacar a una de las figuras mediáticas más destacadas del país”,

afirma la editorial.

AMLO pide que periodistas ‘famosos’ transparenten sus ingresos

En este contexto, hizo un llamado a comunicadores “famosos” a no aparentar que están representando al pueblo de México, cuando en realidad lo que están haciendo es un “periodismo al servicio de privilegiados y corruptos”. Así como a transparentar sus ingresos por ser un tema de interés público.

“Todos tenemos que informar, todos debemos estar sujetos al escrutinio público por eso es importante ahora el debate en el caso de periodistas famosos porque representan grupos de intereses creados”,

manifestó.

Fuente: El Financiero.

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El asesinato de un periodista en el estado de Michoacán conmocionó nuevamente a México y al mundo. El reportero Roberto Toledo fue baleado el último lunes (31.01.) por tres sujetos en el estacionamiento del edificio de la redacción del portal Monitor Michoacán donde trabajaba. Con él, ya son cuatro los comunicadores asesinados en el país en las primeras cuatro semanas de 2022.

Días antes, la organización Artículo 19, que defiende la libertad periodística en el mundo, contabilizaba 148 periodistas mexicanos asesinados desde el 2000 hasta la fecha. 28 de esos crímenes ocurrieron durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en 2018. DW habló con Paula Saucedo, oficial del programa Protección y Defensa de la oficina mexicana de Artículo 19, que, además del reciente asesinato, ha seguido los casos de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa.

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DW: Señora Saucedo, el director del portal Monitor de Michoacán ha declarado que su medio ya venía recibiendo amenazas. ¿Por qué exactamente y quién se podría haber incomodado con el trabajo de Toledo?

Paula Salcedo: Lo que sabemos hasta el momento es que, por lo menos, desde el 27 de enero el equipo recibía amenazas. Fue justo tras publicar un video en la página de Monitor de Michoacán, que cubría principalmente algunos casos de detenciones arbitrarias y extorsión que habría realizado la Policía Municipal en Zitácuaro. Roberto Toledo colaboraba de distintas formas en el medio, saliendo a reportear o tomando fotografías. Pero es muy importante mencionar que las amenazas iban contra todo el medio. Por eso es esencial que en las investigaciones se incluya la labor informativa del medio, no importando de qué manera colaboraba Roberto Toledo.

Ante las amenazas, ¿sabe usted si el periodista o sus colegas estaban tomando algunas medidas de seguridad?

Al parecer había entre ellos un cierto tipo de monitoreo y el mismo 27 de enero querían contactar al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Personas Defensoras, de la Secretaría de Gobernación. Pero, desafortunadamente, no lo hicieron antes del lunes, cuando asesinaron al periodista. Ahora ya están en contacto con las autoridades. Sin embargo, justo en este punto, hay un problema del Mecanismo, al que le falta un enfoque más preventivo, porque muchas veces para recibir protección se tiene que haber recibido una agresión.

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¿Qué significa para México el asesinato del periodista Toledo, el cuarto en apenas un mes?

Hoy en día ser periodista en México significa muchos riesgos y se ejerce en un contexto bastante hostil. En Artículo 19 registramos que cada 14 horas un periodista es atacado por ejercer su labor. Existe una estigmatización contra el periodismo, principalmente llevada a cabo por el presidente y otros servidores públicos, además de la precarización en la que se ejerce la labor. Por todo esto, el periodismo en México está bajo asedio y amenaza constante. Y cuando la prensa de un país está en esa situación, la democracia de ese país también está en juego o es una democracia simulada. No se puede hablar de democracia sin una prensa libre.

La Fiscalía de Michoacán informó que ya realiza investigaciones para determinar si el homicidio de Toledo está relacionado con su actividad periodística o con el despacho de abogados en el que también colaboraba. ¿Cree usted que, de cierto modo, se minimiza el caso emitiendo pronunciamientos prematuros?

Una de las principales cosas que establece el protocolo homologado para investigar crímenes contra la libertad de expresión es que se tiene que respetar la línea de investigación. Para eso es muy importante que las autoridades se abstengan de emitir juicios sobre los casos hasta que las líneas de investigación no estén agotadas. Porque si desde un comienzo se está delimitando, restringiendo o ignorando la labor informativa del medio, difícilmente van a llegar a conclusiones robustas.

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Precisamente algo parecido ocurrió tras el asesinato del periodista Margarito Martínez, el 17 de enero en Tijuana, sobre el cual las autoridades comunicaron que, según los primeros datos, podría tratarse de problemas personales entre vecinos…

Estas declaraciones pueden estigmatizar al periodista y desvirtúan la investigación. De esta forma re victimizan y sacan conclusiones sin siquiera haber pasado muchas veces 24 horas de los crímenes. Siendo honestos, ojalá así de rápido avanzaran las investigaciones en México, pero eso no ocurre.

Teniendo en cuenta experiencias parecidas en los últimos meses, ¿por qué las autoridades mexicanas no ofrecen ayuda rápida cuando un periodista alerta que está siendo amenazado?

Como dije, las autoridades no tienen un enfoque preventivo. Además, hay una gran burocratización dentro de los Mecanismos, como de otras instancias estatales, para brindar protección. Muchas veces, cuando se conjuga la necesidad de los medios de sacar varias notas y más fuentes de ingresos, debido a la precarización de los medios, es difícil para muchos periodistas cumplir con los requisitos que solicitan las autoridades para que se les brinde protección. El Estado está obligado a proteger no solo a la prensa, sino a cualquier persona en territorio mexicano.

Precisamente, el actor que más agrede a la prensa en México es el Estado y sus funcionarios públicos. Entre un 40 y 45 por ciento, en promedio anual, de las agresiones a comunicadores están directamente vinculadas a servidores públicos. Y la mayoría de los periodistas que son atacados cubren temas de corrupción y política, como en el caso de Toledo, Maldonado, Martínez y Gamboa.

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¿Qué seguridad da estar inscrito en el Mecanismo de Protección para Periodistas, como lo estaba Lourdes Maldonado? Ella, incluso, le llegó a decir cara a cara al presidente López Obrador «Temo por mi vida”.

El Mecanismo de por sí es necesario, pero es insuficiente. Por ejemplo, este no tiene las facultades que tienen las fiscalías. Y la impunidad, justamente, permite la reproducción de esta violencia. Atacar a un periodista en México es muy barato. No hay garantías de que no vuelva a ocurrir, no hay reparación al daño y no hay acceso a la justicia para las víctimas. Entonces, difícilmente los mecanismos van a poder implementar todas las cuestiones necesarias para prevenir la violencia, cuando hay otras autoridades de los tres niveles de gobierno que no están actuando.

Además de abstenerse de estigmatizar a la prensa y rechazar públicamente estos crímenes, las autoridades tienen que fortalecer los mecanismos de forma financiera y técnica. Sin olvidarse de las fiscalías, donde, por ejemplo, no hay capacidades forenses porque están saturados.

Fuente: DW.

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Solo han pasado unos días desde que comenzó el 2022 y dos periodistas ya han sido asesinados en México. El director del medio digital Inforegio, José Luis Gamboa, fue apuñalado el 10 de enero en el Puerto de Veracruz, y este lunes por la mañana, el fotógrafo Margarito Martínez recibía varios disparos en la puerta de su vivienda en Tijuana. Ellos son el nuevo rostro de la violencia que sufren los periodistas en el país, que es el más letal del mundo para la prensa. En 2021, nueve reporteros murieron de forma violenta.

Unas horas más tarde de que la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) confirmara la muerte de José Luis Gamboa en Veracruz, en la otra punta del país, el grupo Cadena despedía a su reportero gráfico Margarito Martínez en Baja California. Las asociaciones de periodistas han exigido a las fiscalías investigar si los crímenes fueron a causa de su trabajo.

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Vestía pantalón de mezclilla y camisa color café cuando encontraron en el suelo el cuerpo de José Luis Gamboa en una calle del fraccionamiento Floresta, al sur del Puerto de Veracruz, según han informado medios locales. Gamboa provenía de una reputada familia de periodistas en Veracruz. Su padre, Apolonio Gamboa, fue fundador del diario La Noticia, del que José Luis fue director; su hermano Polo también era un distinguido comunicador en el Estado.

El reportero había fundado en 2003 una página de noticias semanales llamada El Regional del Norte o Inforegio, en la que colgaba artículos de información política y de sucesos. Además, era muy activo en su cuenta de Twitter y subía editoriales en vídeo a YouTube. En estos tres medios, Gamboa compartía las supuestas conexiones entre el crimen organizado y las élites políticas de Veracruz: “La tragedia de México es que lo que está sometiendo al país por municipios es el narcotráfico, a la inversa de combatirlo, toda la estructura de poderes gubernamentales está vinculada en una gran asociación delictuosa”.

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Sus señalamientos eran directos y llegaban hasta el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y sus familiares, todos ligados a las alcaldías de distintos municipios del Estado. “El Puerto de Veracruz tiene 35 años bajo el dominio del crimen internacional. El CJNG opera en la zona portuaria, donde se vinculan familias de poder político entre ellos los Yunes”, escribió el periodista, que insistía una y otra vez en sus artículos en que Veracruz se había convertido en la puerta de entrada del fentanilo a Estados Unidos.

Aunque la CEAPP ha confirmado que no había denuncias previas de amenazas al reportero, Gamboa era consciente del peligro de sus afirmaciones: “Desde el momento que la prensa mexicana exhibe o señala vínculos de actores políticos o empresariales con el narcotráfico, la autoridad debe proceder a la investigación, y sucede a la inversa el Estado y sus instituciones investigan y persiguen al periodista, si es que antes no lo matan”.

Balazos en la puerta de la vivienda de Margarito Esquivel

Esta mañana, alrededor de las 12.45 horas, el fotógrafo Margarito Esquivel salía de su casa en Tijuana, en la colonia Sánchez Taboada. Allí fue abatido con arma de fuego. El reportero gráfico, de 49 años, estaba especializado en sucesos y noticias policiales. Trabajaba para el Grupo Cadena y el semanario Zeta, además colaboraba con medios internacionales como la BBC.

“Información revelada por testigos señalan que uno de los vecinos de Martínez Esquivel, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes, identificado solo con el nombre de Juan, fue quien disparó a Margarito Martínez”, 

apunta el semanario donde laboraba el fotógrafo.

Según los testigos, los dos hombres tenían una disputa por la propiedad de unos terrenos. “Lo cual, señala la autoridad en la primera línea de investigación, sería el móvil del asesinato. El identificado como sospechoso, Juan, huyó del lugar con rumbo desconocido”, publica el medio.

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México es el país más mortífero del mundo para la prensa, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Jan-Albert Hoosten, representante del CPJ, explicaba a EL PAÍS que México es la única nación donde los niveles de violencia letales contra los periodistas no han cambiado, sino que se mantienen con los distintos Gobiernos:

“La violencia es una constante. Y la conclusión después de tres años de Gobierno de López Obrador es que no solo no ha podido resolver las decenas de asesinatos de periodistas, defensores y activistas, sino que ha hecho muy poco para prevenirlos”.

La organización, que lleva desde 1992 un conteo global de estos ataques, registró hasta final del 2021 138 asesinatos en México. Artículo 19, una organización mexicana defensora de la libertad de expresión, computa cifras todavía más altas: 145 desde 2000.

Fuente: El País.

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Las amenazas explícitas que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación han lanzado contra la periodista mexicana Azucena Uresti y una serie de medios merecen una condena unánime no solo de la profesión, sino de toda la sociedad mexicana.

El vídeo en el que un narco amenaza a Uresti evidencia hasta qué punto los informadores corren peligro en México, el país más mortífero del mundo para ejercer el periodismo, donde en lo que va de año han muerto ya siete reporteros. Las amenazas también ponen el foco en las autoridades, que llevan años recibiendo críticas por su inacción ante las amenazas y sin poder frenar la descomposición del país a manos del crimen organizado.

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El vídeo, difundido por redes sociales, muestra a un grupo de sicarios hablando en nombre de El Mencho, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal que avanza sin control por todo el territorio mexicano. Una exaltación de la violencia de quienes se sienten parapetados por un sistema donde prevalece la impunidad y en el que el único lenguaje que pretenden manejar es el de las armas y el terror.

Las imágenes encierran todo lo que un Estado de derecho y el mundo democrático debe condenar y sobre lo que una sociedad debe estar alerta. El ataque contra Uresti y contra grandes medios mexicanos no se puede interpretar como otro más, pues supone un punto de inflexión en un contexto en el que las agresiones y las amenazas contra los periodistas, trabajen donde trabajen, ya son parte de la actualidad del país.

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Es ahora, más que nunca, cuando el Gobierno debe garantizar la seguridad de cuantos se dedican a dar cuenta de lo que ocurre y el pleno derecho a la información. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que el Estado protegerá a Uresti ante las intolerables amenazas. El problema, no obstante, es mucho más profundo. Está demostrado que los mecanismos de protección a los periodistas son muy débiles, fallidos en gran parte, y que los criminales han conseguido introducirse en todas las capas de las instituciones.

México exige un cambio de paradigma inmediato. Más allá de esa urgencia inaplazable, de poco ayuda que el propio mandatario, desde sus conferencias de prensa matutinas, critique una y otra vez a la prensa con descalificaciones que distan mucho de contribuir a un debate plural y sí a alimentar el rechazo a los informadores. Cualquier cambio al que aspire un Gobierno debe pasar por garantizar una prensa libre. No hay tiempo que perder. México se merece un país en paz y con un periodismo sin amenazas criminales.

Fuente: El País.

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