Ciudad de México.– En un contexto donde el acceso a la justicia en México sigue siendo un desafío para millones de personas, el perfil de Manuel Correa Dip destaca por su apuesta decidida a favor de una justicia penal más humana y cercana a la realidad social. Con casi dos décadas de experiencia en el Poder Judicial de la Federación, el jurista se ha consolidado como una voz crítica de los excesos del tecnicismo judicial.

Correa Dip, actual aspirante a Magistrado de Circuito por las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, ha construido una carrera centrada en la defensa de los derechos humanos y la interpretación constitucional con perspectiva social. Su trayectoria en tribunales federales y su formación en derecho constitucional y amparo lo colocan como una figura clave en el debate sobre la transformación del sistema judicial en México.

“Detrás de cada expediente hay una vida. La justicia no puede reducirse a cumplir con requisitos de forma si eso significa negar el fondo de los derechos de las personas”, ha declarado Correa en diversos espacios públicos. En sus resoluciones, ha privilegiado la aplicación del principio pro persona y la interpretación conforme con tratados internacionales, herramientas jurídicas que fortalecen la garantía efectiva de derechos en nuestro país.

Uno de los ejes principales de su propuesta es superar la cultura del expediente frío y del lenguaje inaccesible, para avanzar hacia una justicia que escuche, atienda y comprenda las realidades de los sectores más vulnerables. Este enfoque resulta fundamental en un país donde la desigualdad y la violencia han generado profundas brechas en el acceso a la justicia penal.

La visión de Correa Dip está alineada con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, y con las exigencias actuales de una ciudadanía que demanda un sistema judicial imparcial, transparente y con vocación social. Su candidatura representa una oportunidad para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial de la Federación y recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones.

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“Consideramos que son iniciativas que reivindican los derechos de la población, del pueblo de México y que nuevamente retoma el sentido social de la Constitución de 1917, así que consideramos que es un paquete de reformas que habrá de discutirse ampliamente y que puede llegar a mejorar y a consolidar el bienestar de nuestra gente”, dijo el mandatario durante la presentación de las reformas que ya están en la Cámara de Diputados.

Podrían reformar más instituciones

Desde hace varios meses el presidente advirtió que propondría extinguir a la mayoría de los organismos constitucionalmente autónomos, regresar sus funciones a las Secretarías de Estado y otras instancias. Ayer, propuso eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Sin embargo, la reforma administrativa de AMLO está dividida en dos partes, mientras que la primera se enfoca en estas instituciones “creadas durante los gobiernos neoliberales”, la segunda también considera la eliminación, fusión o integración de al menos 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados o unidades administrativas a fin de simplificar las estructuras orgánicas de las dependencias.

“La reorganización que se propone permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos, para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado, que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional”, señala la iniciativa enviada por AMLO, la cual contempla, pues, los siguientes cambios:

• Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados(Comar): se convertiría en una unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación (Segob)
• Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna): sería una unidad administrativa del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
• Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNIC): pasaría a unidad administrativa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
• Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables: se convertiría en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, un órgano administrativo desconcentrado de la Sader
• Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP): sería una unidad administrativa de la Sader
• Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali): pasaría a ser unidad administrativa de la Secretaría de Cultura
• Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA): sería unidad administrativa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
• Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC): sería unidad administrativa de la Semarnat
• Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee): se transformaría en unidad administrativa de la Secretaría de Energía (Sener)
• Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve): sería unidad administrativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS)
• Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes): sería unidad administrativa de la Secretaría del Bienestar
• Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam): pasaría a unidad administrativa de la Secretaría del Bienestar
• Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis): sería unidad administrativa de la Secretaría del Bienestar
• Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA): se eliminaría
• Dirección General de Publicaciones (DGP): pasaría como unidad administrativa al Fondo de Cultura Económica (FCE)
• Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia): sería unidad administrativa de la Secretaría de Salud (Ssa) y junto con la Dirección General de Políticas en Salud Pública se crearía el Centro Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles
• Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef): se fusionarían en una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

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