Ciudad de México.– En un contexto donde el acceso a la justicia en México sigue siendo un desafío para millones de personas, el perfil de Manuel Correa Dip destaca por su apuesta decidida a favor de una justicia penal más humana y cercana a la realidad social. Con casi dos décadas de experiencia en el Poder Judicial de la Federación, el jurista se ha consolidado como una voz crítica de los excesos del tecnicismo judicial.

Correa Dip, actual aspirante a Magistrado de Circuito por las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, ha construido una carrera centrada en la defensa de los derechos humanos y la interpretación constitucional con perspectiva social. Su trayectoria en tribunales federales y su formación en derecho constitucional y amparo lo colocan como una figura clave en el debate sobre la transformación del sistema judicial en México.

“Detrás de cada expediente hay una vida. La justicia no puede reducirse a cumplir con requisitos de forma si eso significa negar el fondo de los derechos de las personas”, ha declarado Correa en diversos espacios públicos. En sus resoluciones, ha privilegiado la aplicación del principio pro persona y la interpretación conforme con tratados internacionales, herramientas jurídicas que fortalecen la garantía efectiva de derechos en nuestro país.

Uno de los ejes principales de su propuesta es superar la cultura del expediente frío y del lenguaje inaccesible, para avanzar hacia una justicia que escuche, atienda y comprenda las realidades de los sectores más vulnerables. Este enfoque resulta fundamental en un país donde la desigualdad y la violencia han generado profundas brechas en el acceso a la justicia penal.

La visión de Correa Dip está alineada con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, y con las exigencias actuales de una ciudadanía que demanda un sistema judicial imparcial, transparente y con vocación social. Su candidatura representa una oportunidad para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial de la Federación y recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones.

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Desde este jueves 19 de octubre, y hasta el próximo martes 24, habrá un paro nacional en el Poder Judicial, como protesta por la extinción de 13 fideicomisos y la reducción del presupuesto a la institución en 2024. Así lo dio a conocer el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial.

Señaló que dichos casos extraordinarios son “ordenar la aprehensión, en caso de personas desaparecidas, amparos”. Estas serían las tareas que no se suspenderán, ya que, señaló, “tenemos un compromiso con la sociedad”.

El paro, señaló, tiene el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional y de todos los secretarios generales. “Va a ser un paro a nivel nacional, de hecho nunca nos habíamos manifestado tan fuerte, es con una votación de 93% de los que estábamos en la asamblea”. 

Con el paro, dijo, se espera que sean escuchados con respecto al presupuesto que se va a debatir en los próximos días, y que no se les altere ninguna prestación.

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Zulma González pidió como regalo de cumpleaños la vacuna contra la COVID-19. Para la menor, de 12 años, el biológico supone un balón de oxígeno para sobrellevar la diabetes tipo 1 que padece y la pandemia. En plena tercera ola del virus, sus padres presentaron un amparo para conseguir la dosis y a pesar de que un juez federal falló a su favor ni las autoridades estatales ni federales los han buscado para concretar la inmunización. Frente al desdén de las autoridades, Zulma y sus padres han emprendido una campaña en las redes sociales para conseguir el biológico.

“Me siento triste, decepcionada, porque en serio no pensé que iba a costar tanto una vacuna. Me están prohibiendo un derecho, el derecho a la salud y eso no está bien. Y también me siento confundida porque el juez me dijo que sí me puede vacunar, pero la Secretaría de Salud dijo que no. ¿Dónde vamos a acabar si las autoridades no se ponen de acuerdo?”,

cuestiona la menor desde su casa en Xalapa, Veracruz.

Aunque en junio pasado el Gobierno mexicano autorizó la primera vacuna contra la covid-19 para mayores de 12 años, Pfizer, la Administración de López Obrador no contempla la inmunización de los menores. A juzgar por las autoridades sanitarias no son población de riesgo. Ante la negativa institucional, cientos de padres en México han buscado el derecho a que sus hijos sean vacunados en los tribunales. La semana pasada, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que existen, al menos, 250 amparos por este motivo, principalmente en Veracruz, Oaxaca, el Estado de México y Ciudad de México. Sin embargo, el mandatario desacreditó estos amparos asegurando que detrás de estos recursos están las empresas farmacéuticas.

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“Imagínense el negocio para las farmacéuticas. Es legítimo que todos quieran vender y promover que a los recién nacidos hay que vacunarlos”, declaró.

Zulma fue uno de los 300 niños que en abril pasado participó en una conferencia remota con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, con motivo del Día del Niño. En ese entonces, la menor le preguntó al funcionario sobre el riesgo que corren los enfermos de diabetes si contraen el virus a lo que el funcionario reconoció una vulnerabilidad similar a la de un adulto mayor. Ahora, la menor ha recuperado el momento en un video junto con la resolución del amparo a su favor.

“El Poder Judicial de la Federación ha confirmado que por el riesgo que tengo debo ser vacunada con la vacuna Pfizer, que es la que Cofepris ha autorizado para vacunar a niños de mi edad. Por lo tanto, solicito a usted que me indique la ciudad, el día, la hora y el lugar donde me puedan vacunar”,

pidió la menor a través de las redes sociales.

A más de una semana de la publicación del video, Zulma sigue sin recibir la vacuna. “Vivo con mucho miedo de contraer covid grave porque si con síntomas de gripa me ha ido muy mal no me quiero imaginar con covid”, admite la menor. Debido a su enfermedad, ella y su familia han transitado la pandemia en un confinamiento riguroso para esquivar cualquier riesgo de contagio.

“No he podido visitar a mi familia porque cualquiera puede tener el virus. Sí, llegué a un poco de ansiedad unos meses y la combatía comiendo y eso no estaba bien, ha sido un rollo de emociones desde la felicidad hasta la tristeza y el enojo porque no podemos salir”, reconoce.

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El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, volvió a defender esta semana el manejo de la pandemia del Ejecutivo respecto a los menores.

“Nos parece completamente legítimo que cada familia quiera ser la primera en ser vacunada, pero no hay que perder de vista que por cada dosis que por acción judicial se desviara hacia un niño, cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor”,

insistió durante la habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El padre de Zulma, Alejandro González, rechaza con ahínco estas acusaciones y asegura que no desean politizar el problema de salud de su hija como lo quiere hacer ver López Obrador. “No fue nuestra intención confrontar al Gobierno, para nada. Fue una solicitud directa al doctor Gatell, retomando sus palabras, que dijo que ella [Zulma] está en riesgo”, asevera. La norma establece que una vez concedido el amparo las autoridades tenían 24 horas para hacerlo valer, es decir, para inmunizar a la niña. Nunca recibieron la llamada de la contraparte, por el contrario, tras una espera de más de una hora en el edificio de la Secretaría de Salud estatal y una retahíla de excusas, fueron notificados de un recurso de queja presentado por las autoridades que impidió la inmunización. El proceso sigue en tribunales.

González reconoce que a partir de que el video se hizo viral han recibido ofertas privadas para inmunizar a su hija en Estados Unidos, sin embargo, ellos confían en obtener el biológico en México. “Cuando me vacunen voy a estar muy feliz porque se abrirán muchas puertas, voy a visitar a mi abuela, voy a poder ir a clases presenciales, pero sin riesgo de contraer covid grave, ver a todas las personas que no he podido ver, poder salir de mi casa me haría muy feliz, sería algo muy bueno”, asegura con entusiasmo Zulma.

“Llevamos más de 600 niños muertos, ¿qué más quiere el Gobierno?”

A más de 450 kilómetros de distancia, en el Estado de Oaxaca, la abogada y madre, Alma Franco Vargas, tiene más de un mes luchando por obtener una vacuna contra el coronavirus a través también de los tribunales para su hijo Maximiliano Ruiz, de 12 años. Franco Vargas reprocha que el Gobierno recibe miles de biológicos cada semana y tiene almacenadas las dosis mientras los niños siguen sin ser vacunados en el país. “Ya llevamos más de 600 niños muertos, qué más quiere el Gobierno federal, una lista de 1.000 niños para que abran la vacunación”, zanja. México registró hasta el 5 de septiembre 70.063 casos positivos de coronavirus en menores y 685 defunciones infantiles por el virus, según el más reciente reporte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

La propagación de la variante Delta y el alza de contagios en su Estado, Oaxaca, fueron el punto de inflexión que llevó a Franco Vargas a presentar el amparo, en agosto pasado. El menor no tiene alguna comorbilidad, no obstante, su madre esgrimió el derecho a la salud que tiene la infancia al presentar el recurso legal.

Como en el caso de familia González García, aunque un juez falló a su favor, a la fecha no ha podido concretar la aplicación de la vacuna para Maximiliano. La respuesta tanto de las autoridades federales y estatales es la misma, que “no están facultados”. Apenas la semana pasada su hijo fue examinado en el hospital pediátrico de Oaxaca, uno de los tantos pasos que se requieren para conseguir la inmunización. “Es frustrante porque cada día que pasa es un día más de riesgo para mi hijo”, denuncia la abogada.

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En su más reciente criterio de vacunación emitido por la Organización Mundial de la Salud, el pasado 16 de julio el organismo internacional establece que los niños y adolescentes con comorbilidades crónicas graves los colocan en un riesgo significativamente mayor por lo que deben figurar como una población prioritaria en las campañas de vacunación de los países.

El documento de la OMS es uno de los principales fundamentos con los que cientos de padres en el país siguen luchando ante los jueces por la vacuna. Dos países en el mundo ya han abierto la vacunación contra la covid-19 en menores: Estados Unidos a partir de los 12 años con Pfizer y Chile desde los 6 años con la vacuna de Sinovac.

En México, Franco Vargas asegura que hay más amparos de esta índole que los que habló el Ejecutivo. Solo ella está llevando denuncias unitarias y colectivas de 70 niños en el Estado. La abogada reclama que el Gobierno lejos de buscar la protección de la infancia minimizan el peligro que suponen los contagios en este grupo poblacional y descalifican la lucha de los padres.

“Esta lucha la hago por amor a mi hijo, porque mi amor es tan grande que yo prefiero mil veces que él tenga salud”, concluye.

Fuente: El País.

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“Yo estoy más tranquilo porque hoy es un proceso en los tribunales de México, y mi confianza al judicial es total, yo prefiero que esté en manos del judicial que en manos de la Fiscalía”,

dijo en entrevista de radio para el programa Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.

Más temprano, la FGR informó sobre la vinculación del exfuncionario. Afirmó que la misma se obtuvo debido a que “durante los años 2014 a 2018 este individuo, como servidor público, probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen”.

Al respecto, Guajardo explicó que, con la administración actual, se decidió investigarlo en relación a la compra de Agronitrogenados. En dicha investigación, afirmó, se le realizaron cinco observaciones a las que respondió.

Sin embargo, aseguró que la FGR no aceptó sus argumentos tanto en la observación sobre un depósito por 300 mil dólares, así como en la adquisición de una pintura.

“Me están acusando por un enriquecimiento ilícito de 9 millones. Cada uno de esos temas tiene una respuesta específica”, explicó.

Guajardo afirmó también que se trata de una persecución política en su contra por formar parte de la oposición.

“Tengo una imagen pública de honorabilidad y simplemente considero que esto es una persecución política, porque incluso tuvo la osadía la Fiscalía que me impidiera mi toma de protesta en la Cámara de Diputados”, declaró.

El ex funcionario apuntó que los argumentos y las explicaciones las presentará ante el Poder Judicial.

“Cada una de las cosas que están utilizando tiene perfecta explicación y bajo ninguna circunstancia corresponde a un comportamiento ilícito”, dijo.

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Fuente: LatinUS.

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