La decisión de reactivar el programa “Quédate en México” (Remain in Mexico) en la frontera con Estados Unidos expondrá a los solicitantes de asilo nuevamente a riesgos de secuestro, extorsión, violación sexual y otros abusos, señaló hoy Human Rights Watch. También violará su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.

Si bien el programa ha sido modificado por la administración Biden, hay pocas razones para creer que las agencias gubernamentales responsables de implementar Quédate en México puedan hacerlo de un modo que respete los derechos humanos, explicó Human Rights Watch. Las agencias fronterizas, a ambos lados de esta, han estado implicados en un número de abusos que son intrínsecos al programa y siguen actuando con casi absoluta impunidad. 

“En el marco del programa Quédate en México, Estados Unidos y México han adoptado medidas a sabiendas de que ponían en riesgo la vida de miles de solicitantes de asilo”, señaló Ari Sawyer, investigadora fronteriza en Human Rights Watch. “No hay forma de que un programa diseñado para postergar el derecho a solicitar asilo obligando a las personas a esperar en sitios peligrosos pueda operar de modo que respete sus derechos. Los gobiernos de Estados Unidos y de México deberían dar marcha atrás de inmediato”.

Te puede interesar: México divide segunda caravana migrante.

Los gobiernos de EE. UU. y de México anunciaron que, a partir del 6 de diciembre, empezarían a inscribir a solicitantes de asilo en Quédate en México, incluyendo a personas que no hablan español, como haitianos, brasileños y personas indígenas, y los enviarían a siete ciudades en la frontera mexicana para que esperaran allí el resultado de sus solicitudes.

La nueva iteración del programa no toma en cuenta que muchos de aquellos enviados a México como parte de la iniciativa han sido blancos sistemáticos de violencia por organizaciones delictivas y, a veces, por policías y agentes migratorios mexicanos. Si bien el gobierno de EE. UU. afirma que mejorará el proceso de identificar solicitantes con vulnerabilidades para evitar que sean enviados a México, esto seguirá dependiendo de que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los remitan a una entrevista con un funcionario de asilo.

Human Rights Watch ha concluido que, tanto en el contexto de Quédate en México como fuera de él, los agentes generalmente no realizan las remisiones que exige la ley. El programa ha agudizado las falencias que ya tenía el sistema de tribunales de migración estadounidense, incluyendo la falta de acceso a asesoramiento jurídico, obstáculos a la representación legal, falta de transparencia y garantías legales limitadas.

Te recomendamos leer: ¿Cómo es el “Permanecer en México” renovado?.

Además, el programa seguirá enviando a solicitantes de asilo a dos ciudades en el estado de Tamaulipas, un lugar particularmente peligroso. Allí, organizaciones delictivas y policías del estado han perpetrado ejecuciones masivas de migrantes. Tanto las autoridades estadounidenses como mexicanas reconocen que los secuestros son frecuentes en la zona de Tamaulipas cercana a la frontera estadounidense. El Departamento de Estado de los EE. UU. ha emitido una alerta de “No viajar” para el estado, en la cual indica que “miembros fuertemente armados de organizaciones delictivas suelen patrullar zonas del estado y actúan con impunidad, sobre todo a lo largo de la región de la frontera”. Human Rights Watch y otros actores han instado reiteradamente al gobierno de EE. UU. a que no envíe solicitantes de asilo a Tamaulipas.

En la versión previa del programa, ambos gobiernos aseguraron que solo enviarían solicitantes de asilo que hablaran español a México, pero Human Rights Watch determinó que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) también enviaban a solicitantes de asilo que no hablaban el idioma, incluyendo personas indígenas. Muchos solicitantes de asilo que no hablan español y fueron enviados a México por el gobierno de Biden han sufrido discriminación y han tenido dificultades para trabajar y acceder a servicios públicos.

Entre enero de 2019 y enero de 2021, la administración del expresidente Donald Trump envió más de 71 mil solicitantes de asilo a México como parte del programa Quédate en México, incluyendo decenas de miles de niños y niñas y personas con discapacidad y condiciones de salud crónicas. La administración Biden puso fin al programa oficialmente en junio. El presidente Biden calificó al programa de “peligroso” e “inhumano” y un memorando del Departamento de Seguridad Nacional explicó que la decisión del gobierno se debía al reconocimiento de sus “falencias generalizadas” y “costos humanos injustificables”.

Te compartimos: Migrantes se agolpan ante opción de salir del sur de México.

La administración Biden señaló que se ve obligada a reanudar el programa debido a una decisión de la Suprema Corte, pero que lo hará con “mejoras de carácter humanitario”. Estas incluyen resolver la mayoría de los casos de asilo en un plazo de seis meses, asegurar que los solicitantes de asilo tengan acceso a asesoría legal y verificar que las “personas particularmente vulnerables” no sean inscritas en el programa.  También ha prometido que aquellos enviados a México tendrán acceso a albergues y medios de transporte seguros y podrán obtener permisos de trabajo y acceder a centros de salud y otros servicios en México.

Tanto Estados Unidos como México prometieron muchas de estas presuntas mejoras durante primera instancia del programa, pero nunca se concretaron. El gobierno de EE. UU. expuso a solicitantes de asilo al riesgo de ser torturados en México, pese a reconocer desde el inicio del programa su obligación de asegurar que esto no sucediera conforme a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Estados Unidos también se comprometió previamente a no enviar a solicitantes de asilo de grupos vulnerables a México, pero Human Rights Watch comprobó que los agentes fronterizos no evaluaban si las personas tenían vulnerabilidades o bien, a sabiendas, enviaban a México a solicitantes de asilo particularmente vulnerables, incluyendo personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), personas con discapacidad o condiciones de salud crónicas y mujeres embarazadas. El gobierno mexicano tampoco identificó a personas con discapacidad o condiciones de salud crónicas que Estados Unidos había enviado a México en el marco del programa.

Te invitamos a leer: Biden prevé Volver a instalar el programa ‘Quédate en México’ y ya tiene fecha.

Cuando inicialmente aceptó participar en el programa Quédate en México, el gobierno mexicano se comprometió a encargarse de la seguridad de los solicitantes de asilo que esperaran en el país y a garantizar que tuvieran acceso a trabajo, atención de la salud, educación y el sistema de justicia. Sin embargo, Human Rights Watch concluyó que el gobierno mexicano no brindó estas protecciones y dejó a miles de personas varadas en México sin posibilidades de mantenerse económicamente ni de acceder a servicios básicos, y sin vías de recurso cuando sufrían abusos por parte de carteles delictivos o autoridades mexicanas.

El gobierno de Biden dijo que se cerciorará de que los solicitantes de asilo inscritos en el programa tengan acceso a asesoría legal. Anteriormente, Human Rights Watch concluyó que el programa había impedido que tuvieran un acceso efectivo. Diversos abogados dijeron a Human Rights Watch que los riesgos a su seguridad y dificultades logísticas les impedían viajar a México, y que generalmente los solicitantes de asilo en el programa no tenían domicilios ni números de teléfono fijos.

Previamente, tan solo un 10 por ciento de los solicitantes de asilo en el programa contaron con representación legal. Ahora, muchos abogados se están negando a que el gobierno incluya sus nombres en las listas de abogados ad honorem distribuidas a solicitantes de asilo, sosteniendo que no van a ser cómplices de un programa que viola las leyes estadounidenses y el derecho internacional de los derechos humanos.

Ni el gobierno de EE. UU. ni el de México han precisado cómo prevén cumplir sus compromisos bajo la nueva iteración del programa ni han explicado por qué no lo hicieron anteriormente.

Lee más al respecto: México detecta a 36 migrantes traficados en una ambulancia.

El gobierno de López Obrador señaló en una declaración en noviembre que solo aceptaría reanudar Quédate en México si la administración Biden abordaba ciertas “preocupaciones de índole humanitaria”, incluyendo el compromiso de no asignar solicitantes de asilo de grupos vulnerables al programa y a aportar fondos para programas de desarrollo económico para América Central. En diciembre, el gobierno mexicano informó que había aceptado reanudar el programa porque la administración Biden había abordado estas cuestiones.

Ninguna de esas dos  declaraciones abordó los abusos ampliamente documentados que policías y agentes de migración mexicanos cometieron contra solicitantes de asilo en el programa. En el pasado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha negado que ocurrieran abusos en el marco del programa y sostenido que había sido “muy bueno el resultado”.

“Es claro que el presidente López Obrador tan solo pretende estar preocupado por las violaciones de derechos humanos que ocurrirán al reanudar el programa Quédate en México”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si realmente le importara poner fin a los abusos atroces que han padecido los solicitantes de asilo en el programa, se habría negado clara e inequívocamente a participar en él desde el principio”.

Fuente: Human Rights Watch.

La entrada EE. UU. y México: Reanudar “Quédate en México” es una aberración se publicó primero en México 24 siete.

Se reactivó inicialmente en El Paso, Texas, donde a diario se enviará a unos 50 migrantes de regreso a Ciudad Juárez, México, según un funcionario del gobierno federal que habló a condición de guardar el anonimato debido a que los detalles no fueron dados a conocer.

Te puede interesar: Biden prevé Volver a instalar el programa ‘Quédate en México’ y ya tiene fecha.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el envío de migrantes hacia el lado mexicano de la frontera comenzó en un lugar y se expandirá a otros seis. Se negó a identificar cuál es esa ciudad y el número de migrantes que serán procesados, argumentando “motivos de seguridad operacional”.

La reanudación de la política “Permanecer en México” llega a pesar de que el gobierno de Biden maniobra para ponerle fin de una forma que salga airosa al escrutinio jurídico. Biden suspendió la medida, pero una demanda presentada por Texas y Missouri lo ha obligado a restablecerla, siempre y cuando tenga la aceptación de México.

¿QUÉ ES LA MEDIDA “PERMANECER EN MÉXICO”?

Aproximadamente 70.000 solicitantes de asilo se han visto obligados a aguardar en México a que llegue la fecha de su audiencia en una corte migratoria de Estados Unidos, en virtud a la política que estableció Trump en enero de 2019 y que Biden suspendió en su primer día de gobierno.

Los cruces fronterizos ilegales disminuyeron drásticamente después de que México, ante la amenaza de Trump de imponer aranceles más elevados, consintió en 2019 a la rápida expansión de la medida. Los solicitantes de asilo fueron víctimas de graves actos de violencia mientras aguardaban en México y enfrentaron una serie de obstáculos de índole jurídica, como el acceso a abogados y a la información de sus casos.

Sólo aproximadamente el 1% de los solicitantes de asilo sujetos a la medida recibieron refugio, según la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Cerca del 60% de las solicitudes fueron rechazadas o desestimadas, y el resto de los casos continúan pendientes.

Sólo uno de cada 10 solicitantes de asilo contaba con representación jurídica, muy por debajo del promedio en un tribunal migratorio de Estados Unidos.

Funcionarios del gobierno de Trump insisten en que la política fue fundamental para desalentar los cruces ilegales. Alejandro Mayorkas, actual secretario de Seguridad Nacional, dijo que posiblemente la medida contribuyó a un descenso en el número de cruces en 2019, pero con “costos humanos sustanciales e injustificables” para solicitantes de asilo que quedaron expuestos a la violencia mientras aguardaban en México. Los críticos dicen que la política, conocida oficialmente como “Protocolos de Protección a Migrantes”, hace caso omiso a las leyes federales de Estados Unidos y a las obligaciones internacionales en materia de asilo, afirmación que Trump llamó “una farsa”.

¿EN QUÉ ES DIFERENTE ESTA NUEVA VERSIÓN DE “PERMANECER EN MÉXICO”?

La versión de Biden expande la medida a migrantes de países del hemisferio occidental, mientras que Trump la limitó en gran medida a las naciones de habla hispana del hemisferio. Los mexicanos continúan estando exentos de ella.

La expansión es particularmente significativa para los haitianos, que formaron un enorme campamento en la localidad fronteriza de Del Rio, Texas, en septiembre. Los brasileños, que en buena medida resultaron exentos durante el mandato de Trump, también podrían resultar sumamente afectados.

Estados Unidos intentará completar los casos en un plazo de 180 días, una respuesta a las inquietudes del gobierno mexicano de que languidecerán sin resolverse en un sistema judicial que tiene 1,5 millones de casos pendientes.

Las autoridades estadounidenses les preguntarán a los migrantes si tienen miedo de regresar a México, en lugar de aguardar a que sean ellos los que expresen cualquier inquietud sin que se les solicite. Si los migrantes dicen tener temor, se les evaluará y contarán con 24 horas para encontrar un abogado o representante.

Los migrantes también tendrán una oportunidad para reunirse con abogados antes de cada audiencia, aseguran funcionarios federales. El Departamento de Estado trabaja de manera conjunta con México para establecer lugares con acceso vía telefónica y por video a abogados en Estados Unidos.

Muchos grupos de asistencia jurídica con sede en Estados Unidos que han representado a solicitantes de asilo que aguardan su turno en territorio mexicano dicen que ya no tomarán este tipo de casos. Los activistas se muestran sumamente escépticos de las afirmaciones de las autoridades estadounidenses y mexicanas de que probablemente otros abogados se ofrecerán a asumir los casos.

¿QUÉ DICE MÉXICO?

El juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk, designado al puesto por Trump en Amarillo, Texas, escribió en su fallo del 13 de agosto que el restablecimiento de la medida dependía de que el gobierno mexicano la aceptara. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó el jueves que permitiría los retornos por motivos humanitarios después de que se efectúen los cambios y adiciones prometidos por el gobierno de Biden.

Todos los migrantes sujetos a la política serán vacunados contra el COVID-19. Los adultos recibirán la vacuna de Johnson & Johnson, la cual sólo requiere una dosis. A los menores de edad que sean elegibles de acuerdo a los lineamientos federales estadounidenses se les aplicará la vacuna de Pfizer, y la segunda dosis una vez que lleguen a Estados Unidos para sus primeras audiencias.

Durante las negociaciones, las autoridades mexicanas expresaron preocupación acerca del envío de migrantes de regreso a la franja norte del estado de Tamaulipas, una zona fronteriza con Texas particularmente peligrosa y el corredor de cruces ilegales con mayor actividad. Solicitaron apoyo financiero de Estados Unidos para la instalación de más albergues, pero sólo recibieron compromisos en términos vagos.

Te recomendamos leer: Sugieren a México decir no a Quédate en México.

A la larga la medida será extendida a otras seis ciudades: San Diego y Calexico, en California; Nogales, Arizona, y las localidades fronterizas de Brownsville, Eagle Pass y Laredo, en Texas.

Ya se trabaja en acuerdos para brindar transporte en México desde y hacia la frontera. Los migrantes enviados de regreso a Tamaulipas desde Brownsville, Eagle Pass y Laredo podrían ser llevados a otras partes del interior del territorio mexicano para su seguridad personal.

Fuente: Los Angeles Times.

La entrada ¿Cómo es el “Permanecer en México” renovado? se publicó primero en México 24 siete.

El gobierno del presidente Joe Biden inició el viernes un segundo intento para acabar con un programa de la época de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias ante los tribunales de inmigración en Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas dijo que “Permanecer en México” probablemente contribuyó a un descenso en los cruces ilegales en 2019, pero con “costos humanos sustanciales e injustificados” para los solicitantes de asilo expuestos a la violencia mientras esperaban en México.

Te puede interesar: México inicia la repatriación de migrantes haitianos para afrontar la crisis en la frontera.

El anuncio se hizo más de dos meses después de que un juez federal en Texas ordenó que el programa se reanude “de buena fe”, mientras dejó una puerta abierta para que el gobierno intentara otra vez justificar su medida.

El gobierno dijo hace unas semanas que esperaba reanudar el programa, oficialmente llamado “Protocolos de protección al migrante”, para mediados de noviembre, sujeto a la aprobación del gobierno mexicano. México quiere que los casos concluyan en aproximadamente seis meses y que mejore el acceso de los solicitantes de asilo a asesoría legal e información de su caso.

Algunos de los aliados más reconocidos a favor de la inmigración del gobierno, señalaron que el tiempo que demoró Mayorkas en emitir su opinión del viernes demostraba una falta de sentido de urgencia, algo que funcionarios estadounidenses niegan.

Te recomendamos leer: El video que muestra a unos agentes en México que patean en la cara a un migrante.

Muchos grupos de apoyo basados en Estados Unidos que han representado a solicitantes de asilo en México que fueron sujetos al programa, dicen que ya no aceptarán dichos casos, lo que genera dudas sobre cómo Estados Unidos podrá satisfacer la insistencia de México de que tengan mejor acceso a asesoría. Funcionarios del gobierno dicen que consideran que hay suficientes abogados más para representar a los solicitantes de asilo que son regresados a México.

Aproximadamente 70.000 solicitantes de asilo han sido sujetos al programa, que Trump introdujo en enero de 2019 y Biden suspendió en su primer día al mando. Mayorkas puso fin a la norma en junio después de que una revisión interna demostrara “efectividad mixta”.

Fuente: Independent.

La entrada Casa Blanca intenta de nuevo acabar con Permanecer en México se publicó primero en México 24 siete.