El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una mentira que con la reforma a las pensiones, su gobierno vaya a expropiar los ahorros de los trabajadores.

“Nosotros no somos rateros, tenemos defectos como todos los seres humanos, pero no somos corruptos, ¿cómo vamos a despojar a los trabajadores? si estamos aquí por su apoyo, para servir al pueblo, a los más necesitados, a los trabajadores, a los pobres”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Hoy se espera que la Cámara de Diputados discuta en su pleno una reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. En dicha reforma se propone generar un fondo con 40 mil millones de pesos de los ahorros no reclamados de las Administradoras de Fondos para el Retiro de personas de 70 años o más.

El mandatario aseguró que su gobierno “no es ratero” y que este Fondo busca beneficiar a los trabajadores para que obtengan por completo sus ahorros a la hora de jubilarse.

Los que no reclamaban (antes), las Afores se quedaban con el dinero, entonces por ley ese dinero lo tienen que entregar al Seguro Social, como son muy acaudalados y tienen mucho poder económico los que manejan las Afores, tienen muy buena relación con los mediosaseguró AMLO

López Obrador dijo que el viernes, en la conferencia matutina, estarán presentes Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social; Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación y todos los funcionarios que están trabajando en esta iniciativa para explicarla.

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“El día 5 de febrero no voy a asistir a Querétaro (Día de la Constitución), porque vamos a conmemorar aquí en el recinto donde se aprobó la Constitución de 1857, y voy a presentar ese todas las iniciativas de reforma a la Constitución”.

De acuerdo con el mandatario mexicano, lo ideal es quedarse para anunciar sus propuestas en el lugar donde se aprobó la “Constitución de 1857″. Hay que recordar que el 5 de febrero se conmemora el aniversario de la Constitución Mexicana, la cual fue promulgada en el teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro; sin embargo, fue discutida en el recinto parlamentario de Palacio Nacional.

“Considero que es un recinto histórico. Siempre hablamos de la Constitución del 17, pero muchos de los fundamentos se definieron en la Constitución liberal”, dijo.

Se trata de las 4 iniciativas de reforma que el mandatario prometió que presentaría antes de que termine su sexenio. Se trata de la reforma del Poder Judicial, Electoral, Guardia Nacional y personas con discapacidad.

“Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el Bienestar, con salarios, pensiones, con la reforma al poder judicial, la reforma electoral, la democracia. Todo el día 5 de febrero”.

Debido a su ausencia, el político tabasqueño dio a conocer que será la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, quien encabece la ceremonia de conmemoración de la Constitución en el estado de Querétaro el próximo 5 de febrero.

Sin embargo, dijo que asistirá a ese estado un poco antes de la celebración, no dio fecha exacta, pero dijo que será en al menos 10 días.

“Vamos a llevar a cabo una reunión del gabinete de seguridad y una conferencia para que no se sienta que no voy a estar, voy a estar antes”.

¿Cuáles son las iniciativas?

*Pensiones

La propuesta es reformar el programa de la Pensión del Bienestar para garantizar la entrega de este beneficio y estipularlo en la Constitución. También se buscará que se eleve a rango constitucional el derecho de las personas con discapacidad de recibir una pensión y terapias de rehabilitación.

*Iniciativa Electoral

Así como las iniciativas de una serie de cambios del sistema electoral, bajo el principio de “austeridad” en la organización de los comicios.

*Reforma al poder Judicial

En este caso, se propone que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por la ciudadanía, es decir, que las personas los elijan a través de su voto.

*Guardia Nacional

Se prevé la total adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el fin de que continúen en las tareas de seguridad, aunque hay que recordar que ya hubo una reforma que se aprobó para darle esta posibilidad hasta 2028. Por ello, la idea es que pueda hacerse a través de este control operativo de la Guardia a la Sedena.

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En la inauguración de la Semana de Seguridad Social en la Cámara de Diputados “Análisis y perspectivas del sistema de pensiones en México”, que inició ayer, los legisladores hicieron un llamado a reflexionar los sistemas de pensiones que existen en el país, pues algunos de ellos ya no son viables económica y financieramente.

Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, comentó en su participación que se tiene que repensar los sistemas de pensiones en México porque tienen desafíos para lograr mantenerse.

“Necesitamos repensar los sistemas de pensiones, no sólo tenemos un sistema. Tenemos diversos sistemas y algunos que todavía se mantienen con una organización solidaria, como es el caso del sistema de pensiones del estado de Veracruz, y otros más que tienen desafíos para lograr mantenerse. Hoy en esta semana de seguridad social vamos a repensarlo”, dijo Cisneros Luján.

El sistema de seguridad social se encuentra altamente fragmentado, en cerca de 3,000 programas de pensiones contributivos y no contributivos, sin conexión entre sí, lo cual incrementa el costo de otorgar pensiones, ya que se presentan diferentes coberturas, de acuerdo con un informe del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria elaborado en la pasada legislatura.

Existen múltiples instituciones responsables de diferentes sistemas de pensiones, como la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Bienestar, los institutos estatales y las universidades públicas.

Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Baja, mencionó que si bien la seguridad social es una pieza toral para el porvenir de los trabajadores, también representa una encrucijada en viabilidad económica del gasto público y de la política fiscal del país.

El Presidente de la Jucopo mencionó que lo anterior también impacta al ámbito estatal y municipal dado que el sistema de pensiones está colapsando las finanzas de las entidades federativas y de organismos estatales como los institutos de seguridad social de los trabajadores en los estados.

“También ya está impactando en, al menos 50 municipios del país, por eso es uno de los retos más importantes de este siglo. No sólo para nuestro país, sino para buena parte de los países en los que el bono demográfico enfrenta el problema de las pensiones”, dijo Mier Velazco.

Previamente a la inauguración en la Cámara de Diputados se realizó la apertura de las actividades en la ex-sede del Senado de la República en la casona de Xicoténcatl. En dicho recinto, Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), habló sobre el tema.

“Es un hecho y una realidad que la mayoría de los estados han realizado cambios en los últimos 15 o 20 años a sus leyes de pensiones. También es una realidad que han cambiado parámetros, pero el problema es que no han cambiado de modelo y esto lleva a que las pensiones se paguen con recursos públicos”, dijo Zamarripa Escamilla.

El ex funcionario público precisó que, hace cuatro años, en 13 estados del país la edad de retiro era de 63 y 65 años, pero en cerca de la mitad de las entidades la edad de jubilación era de 58 años o menos, mientras que a nivel estatal, la expectativa de vida era mayor a 73 años, dijo.

Ya platicaron muchísimo (en este foro) de la reforma –a la ley de seguridad social– del 2020 y de lo buena que es y que realmente es un paso adelante, pero cuando se compara con lo que está sucediendo en otros regímenes de pensiones del gobierno, principalmente a nivel estatal, municipal y en las universidades, existe un problema muy grave de pensiones en el país”, dijo Zamarripa.

Organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, han propuesto crear una ley de pensiones y un instituto de pensiones que otorgue institucionalidad y gobernanza a todo el sistema, que diseñe los cambios al mismo y que coordine su administración.

En su oportunidad, Iván Pliego Moreno, presidente de la Consar, explicó que el Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) está en recuperación de las minusvalías registradas en el 2022 y es por ello que por el momento no se pueden finiquitar las solicitudes de traspaso de cuentas entre las administradoras de fondos para el retiro (afores).

“La gran responsabilidad que tiene la Consar es velar por el buen recaudo de los recursos de los trabajadores y por eso en este momento no es posible concluir las solicitudes de traspaso, porque todavía estamos en la recuperación de las enormes minusvalías que atestiguamos el año pasado”, explicó Pliego Moreno en el panel “Reforma del régimen pensionario de 2020, y los sistemas pensionarios estatales».

Desde diciembre, la Consar informó que se suspendían los traspasos por las minusvalías que impactan al sistema. Sin embargo, los trabajadores pueden iniciar el trámite aunque éste no se finalice porque la afore tiene que liquidar la cartera para traspasarla y con ello la minusvalía se convertiría en una pérdida.

El año pasado las minusvalías en el SAR sumaron 215,477 millones de pesos con lo cual anotaron un monto histórico en los 25 años de existencia del sistema.

“Por la naturaleza de las inversiones el Sistema del Ahorro para el Retiro ha registrado periodos de alta volatilidad y lo vimos recientemente en el 2022 (…) Las minusvalías no representan pérdidas, a pesar de que veamos montos reducidos en nuestro estado de cuenta o en los resultados que la Consar publica mensualmente”, mencionó Pliego Moreno.

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Al cierre de 2021, seis de cada 10 mexicanos reconocieron que en su vejez quieren ser mantenidos por el Gobierno federal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el INEGI, estas personas planean cubrir sus gastos de vejez con apoyos del gobierno, tales como pensiones para adultos mayores u otros programas sociales.

Al presentar la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, el instituto precisó que la población que espera ser mantenida por la administración va desde los 18 hasta más de 60 años.

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Por el contrario, solamente 32.7 millones de personas de 18 a 70 años dijeron tener una cuenta de ahorro para el retiro o Afore, cifra que corresponde al 39.1 por ciento de dicha población.

En 2018, el último año en que fue levantada la ENIF, sólo 31.3 millones de personas contaban con ahorros para el retiro y Afore.

Por otra parte, el estudio del INEGI, elaborado en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reveló que en 2021 seis de cada 10 personas ahorraron, aunque la mayor parte de estos recursos se concentraron en métodos informales, como tandas, alcancías o ahorro en el hogar.

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Únicamente dos de cada 10 personas utilizaron algún método formal de ahorro durante el año pasado, como una cuenta bancaria, Afore, fondos de inversión, entre otros, precisó el INEGI.

Durante la presentación de la ENIF 2021, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, destacó que los resultados de la encuesta reafirman la necesitad de contar con finanzas sustentables en México.

«Queda claro que el reto que aún no hemos podido abordar son las brechas de género. Tenemos que aprovechar y cerrar estas brechas en el diseño de política pública y de productos financieros»,

comentó el funcionario.

Fuente: El Sol de México.

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El pago de pensiones en México es una bola de nieve que crece año con año. De acuerdo con cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 aprobado en la Cámara de Diputados, se destinará 1.172,2 millones de pesos para el pago de pensiones, un crecimiento de 6,2% respecto a lo autorizado para este año. Esta cifra incluye el pago de pensiones para los trabajadores de toda la Administración pública, así como a los del IMSS, ISSSTE, Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Se trata de una cifra histórica, ya que 16,5% del total de los recursos públicos aprobados para este año serán destinados al pago de jubilaciones de las personas pensionadas bajo el esquema de pensiones de 1973. “Se trata de una mala planeación en el sistema de pensiones que se corrigió hasta 1997 y que seguirá creciendo durante los próximos cinco o seis años”, dice en entrevista Ricardo Velázquez Luna, experto en pensiones y director general de la firma Asesores Patrimoniales.

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Tan solo del presupuesto aprobado para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de más de un billón de pesos, se tomará 636.461 millones de pesos para cubrir estos pagos, es decir, 63% del presupuesto será para los jubilados. “Si se toma en cuenta que se designaron 8.552 millones de pesos para la construcción de nuevos hospitales, el pago de pensiones es demasiado alto, se tienen que destinar recursos que bien podrían emplearse en la salud de los mexicanos”, refiere Velázquez.

En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se repite la historia: El 70% de su gasto será destinado a cubrir los pagos para las personas mayores, al destinar 278.180 millones de pesos de los 396.948 que le serán otorgados el próximo año. En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se contempla 69.376 millones de pesos para pensiones; mientras que para la CFE serán 48.831 millones de pesos.

Según un análisis del Centro de Investigación de Economía Presupuestaria (CIEP), la proporción de gastos ineludibles ha aumentado cada año, lo que disminuye el presupuesto disponible para hacer política pública. “Es necesario que los recursos disponibles se dirijan a los sectores que tengan un impacto positivo en el desarrollo social y el bienestar de la población, como la salud o educación”, dice Lizeth Mondragón, investigadora del CIEP.

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En el caso del programa Pensiones para el Bienestar de los Adultos mayores, uno de los programas insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se tienen contemplados pagos por más de 238.014 millones de pesos en 2022, un aumento de 76% respecto al monto otorgado este año, que fue de 135.065 millones de pesos. “La única alternativa viable es aumentar la base para la captación de impuestos”, comenta Velázquez.

Tras la crisis por el coronavirus en el país, los niveles de informalidad, es decir, de personas que no hacen ningún pago al fisco ni contribuciones de seguridad social, llegó al 56% de la población económicamente activa, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una bola de nieve que pone en riesgo el manejo de recursos públicos y de crecimiento económico.

Fuente: El País.

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Más de 5.810 millones de dólares en valores en poder de los fondos de pensiones en México estarían en jaque si el Congreso aprueba el proyecto de reforma energética enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, según un análisis de la firma estadounidense REDD Intelligence. Los fondos que administran las pensiones invirtieron en proyectos de energía que nacieron con la reforma del sector eléctrico de la Administración federal anterior, misma que el actual Gobierno quiere revertir para dar al Estado el control del mercado.

REDD estima que el monto total de la inversión privada en el sector afectado por el proyecto de ley alcanza los 45.000 millones de dólares, de inversores nacionales e internacionales. La cifra que afectaría a los fondos que administran las pensiones de los mexicanos, conocidos como Afores, es menor, pero la pérdida impactaría a los millones de mexicanos que tienen una pensión y no solo a inversores como grandes bancos o empresas.

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“Es solo el 2% de todos los activos que tienen las Afores, pero sigue siendo un mundo de dinero”, explica Xóchitl Herrera, coautora del reporte. “Las Afores ya están cobrando comisiones anuales y encima de estos costos tienes estas minusvalías, que, en su momento, eran una buena inversión, pero ahora, si la reforma pasa como está, es menos dinero para el retiro de los mexicanos”.

A partir de la apertura del mercado energético en el país en 2013, compañías privadas emprendieron en parques eólicos, solares y proyectos petroleros para los cuales buscaron capital. El 90% del financiamiento de proyectos en energías renovables se hizo a través de deuda, ya sea en bonos u otros instrumentos financieros. Las Afores invirtieron en estos instrumentos financieros por los atractivos rendimientos a largo plazo que prometían una vez que entraran en operación. Ahora, si sus licencias son suspendidas o sus contratos cancelados como tiene contemplado la reforma constitucional de López Obrador, ese dinero se perdería y los afectados serían los jubilados.

“Fondos de pensiones extranjeros también han invertido en este mercado”, dice el reporte, firmado también por el especialista Édgar Sigler, “por ejemplo, el CDPQ de Canadá y el fondo de pensiones mexicano CKD IM compraron una participación del 80% en ocho parques operados por la empresa italiana Enel en 2018. El fondo estadounidense BlackRock y el fondo de inversión Actis también poseen grandes porciones de algunos de estos tipos de proyectos, dijeron dos fuentes de la industria”,

asegura REDD. Esto quiere decir que las pensiones de ciudadanos en estos países también pudieran verse afectadas.

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El presidente López Obrador busca reformar la Constitución de manera que solo el 46% de la generación eléctrica del país esté en manos de empresas privadas, en comparación con el 62% que aportan actualmente. El Gobierno busca hacer de la empresa del Estado Comisión Federal de Electricidad (CFE) el actor preponderante en el sector, para garantizar su monopolio. Si el proyecto de ley se aprueba, resultaría en la cancelación inmediata de todos los permisos y contratos de generación de electricidad de empresas privadas, lo cual contraviene el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, por lo que las empresas pudieran acudir a cortes arbitrales. La iniciativa también limita la generación de electricidad a través de energías limpias.

“Sería casi imposible para la CFE cancelar sus contratos de compra de energía con plantas de gas natural, ya que sin ellos, la empresa estatal no podría cubrir el 100% de la demanda de energía con sus propias plantas”, asegura el reporte de REDD. “Sin embargo, en su forma actual, el proyecto de ley le daría al Gobierno la capacidad de poner fin a todos los contratos y permisos entre el sector privado y la CFE”.

Calificación crediticia

El martes, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O dijo en un evento virtual que está “atento” al impacto que tendría la reforma en la calificación crediticia del país, la cual se utiliza en los mercados para definir la tasa de interés que se cobra a quien emite deuda. La calificadora de riesgo Moody’s dijo en un comunicado el 6 de octubre que la propuesta es negativa en términos crediticios ya que pudiera “disminuir la transparencia operativa, desalentar la inversión privada en la generación de energía, frenar la generación de energías renovables y probablemente aumentar el costo de la electricidad”.

“Estamos muy atentos tanto a las reacciones de las agencias de calificación del mercado como de asegurarnos de estar doblemente seguros que tenemos un modelo consistente, que también sea consistente con reglas del mercado”,

dijo Ramírez de la O en el evento organizador por el Atlantic Council, según reportó el diario Reforma.

Fuente: El País.

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