Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó que entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y en la Ciudad de México utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela.

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Según registros de comercio exterior las empresas facturaron más de 64 millones de dólares, equivalentes unos mil 200 millones de pesos.

Esta nueva red es diferente a la que surgió a finales del sexenio pasado, cuando la entonces PGR implicó a 25 empresas y personas físicas en el lavado de 156 millones de pesos, y que fueron perdonados en el 2018 tras un «acuerdo reparatorio» que consistió en un donativo de 3 millones de dólares para la ONU.

REFORMA informó ayer que la UIF denunció ese acuerdo por ilegal y avalado por ex funcionarios del Gobierno de Enrique Peña.

La nueva estructura también es operada por Alex Saab -actualmente preso en EU- y compra alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP).

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En 2018, las compras de México para los CLAP se detuvieron al exhibirse la mala calidad de alimentos vendidos con sobrecosto y con un aparente esquema de corrupción, lavado y evasión fiscal.

Pero entre 2019 y 2020 revivió una nueva estructura con importadoras ubicadas en Fresnillo, Zacatecas, Veracruz y CDMX, y empresas de lácteos, granos y abarrotes de Nuevo León y Guanajuato.

Los dueños de esos negocios se asociaron con Patricia Mundarain Guzmán, acusada de desvío de fondos públicos en Venezuela y con Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa del ex alcalde chavista Jonnathan Teodoro Marín Sanguino, también acusado de corrupción en aquel país.

Fuente: Heraldo.

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Con la etiqueta de ser un país que privilegia el diálogo para la solución de conflictos, hoy México se convierte nuevamente en sede para instalar una mesa de pláticas entre dos partes confrontadas desde hace casi una década: el gobierno de Venezuela y la oposición a éste. 

Este fin de semana comienza un nuevo diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición encabezada por Juan Guaidó, con mediación de Noruega y en territorio mexicano. Es el quinto intento, fuera de Venezuela, para lograr una ruta de salida al conflicto que se vive en aquel país. 

Con la esencia de tener en práctica, de manera permanente, la Doctrina Estrada, de que el gobierno de México solamente se limita a mantener o retirar (a sus diplomáticos) cuando lo crea procedente, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir  a sus gobiernos o autoridades, en territorio mexicano se han llevado a cabo, en más de dos ocasiones, conversaciones para solucionar conflictos que se viven más allá de las fronteras mexicanas. 

Durante los últimos 20 años del siglo XX, por iniciativa de otras partes, y también propia, México fungió como actor importante para poner fin a guerrillas como la de Centroamérica.

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Es muy reconocido el Grupo de Contadora, una instancia multilateral que se creó en 1983, a partir de un llamado del primer ministro de Suecia y los premios Nobel de la paz. Gabriel García Márquez, Alfonso García Robles y Alva Mydral, para buscar dar fin a la guerrilla en Centroamérica. A propuesta de México y Colombia, que invitaron a Panamá y Venezuela, se creó un grupo para promover de manera conjunta, la paz en Centroamérica. Así se llegó a la isla de Contadora, en Panamá, de donde salió un compromiso. 

México colaboró también para acabar con el conflicto interno en Guatemala y en 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec, con los que se logró parar la confrontación entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. 

El territorio mexicano también fue sede para que el gobierno de Colombia se sentara a dialogar con la Coordinadora Guerrillera, conformada por las FARC, el ELN y EPL. No prosperó el diálogo debido a que durante el desarrollo de las pláticas, la violencia continuó. 

“Esto habla de que México está volviendo a rescatar ese espacio de diálogo que siempre tuvo a disposición y que no significa injerencia”,

señaló Nayar López, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. 

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El especialista en temas de América Latina y El Caribe subrayó que con este diálogo México rescata ese espacio de diálogo que antes del siglo XXI tuvo para el exterior. 

“Responde a un giro de la política exterior de México hacia América Latina, abandonando esa lógica de injerencia que se dio durante los últimos 3 sexenios”, comentó. 

Nayar López subrayó que, con este diálogo, México puede reposicionar su papel de gran influencia a nivel internacional, de manera geopolítica.  

“México tiene una dimensión geopolítica e influencia internacional muy importante. Cuando México se sumó al concierto de intervencionismo de Estados Unidos, se desdibujó en el sentido del respeto en la diplomacia internacional. Esto es un giro importante e incorporará a México en un ámbito en donde su voz puede tener mayor respeto”, añadió. 

Por su parte, la internacionalista Aribel Conteras, celebró que México sea sede del diálogo entre el gobierno de Maduro y sus opositores. 

“México lo visualiza como una gran oportunidad para consolidarse como líder en la región, hecho que había perdido”, indicó. 

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Se trata, dijo, de dar continuidad a una tradición política. 

Si el diálogo funciona, subrayó, será de gran trascendencia para México, toda vez que le beneficiará en su imagen internacional; pero si no hay acuerdo alguno, se debe analizar el por qué y no dar culpa al gobierno mexicano. 

“Aquí lo importante es que México entiende que no es juez y parte, no tiene por qué serlo, simplemente pone la plataforma y se mantiene neutral”, mencionó. 

Sobre el caso de Estados Unidos, Aribel Contreras consideró que la Unión Americana puede visualizar que mejor sea México quien intente hacer algo, a que lo haga el propio gobierno estadounidense. 

“Seguramente Estados Unidos estará muy atento a ver qué ocurre, pues le interesa que haya un proceso de pacificación”, puntualizó. 

Fuente: El Universal.

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Un grupo de empresarios mexicanos comenzó hace dos años a desarrollar una opaca red con el Gobierno de Venezuela que intercambió petróleo del país caribeño por alimentos. Después, comercializaría con carbón y aluminio, y buscaría ampliar su portafolio a otros negocios. Creó un entramado que movió millones de euros por todo el mundo sin apenas dejar rastro, siempre evadiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos a la cúpula chavista.

¿Cuánto sabe el gobierno de México?

Cuál es el grado de conocimiento que el Gobierno de México ha tenido de las operaciones de estos empresarios todo este tiempo ha sido un misterio. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación hace un año sobre algunos de los implicados, sin que haya tenido mayores avances en la justicia mexicana.

Una investigación de EL PAÍS y Armando.info atestigua que Libre Abordo, una de las compañías involucradas, se presentaba como una empresa nombrada por el Gobierno de México para hacer este tipo de operaciones. La comercializadora, además, asegura haber realizado negocios con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la agencia gubernamental para la producción y distribución de comida. Documentos en poder de ambos medios y entrevistas con diversas fuentes confirman una relación entre el joven empresario Joaquín Leal, en el vértice de la trama, y el subsecretario de Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes.

Las declaraciones del número dos de la cancillería mexicana

El número dos de la Cancillería defiende que en su responsabilidad es fundamental apoyar a “toda empresa mexicana, se llame como se llame, sin consultar su posición política ni partidaria”.

“Partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región”, agrega Reyes.

“Libre Abordo fue nombrada por el Gobierno mexicano para entrar en el programa humanitario de intercambios de petróleo por comida con Venezuela con el propósito de ejecutar la venta de una variedad de productos alimenticios para ser comercializados entre ambos países”, asegura la empresa en una presentación corporativa elaborada en enero de 2020, que forma parte de los documentos a los que accedió esta investigación.

En el documento, la empresa explica que el acuerdo se fraguó en una serie de conversaciones bilaterales entre ambos gobiernos.

La misma presentación apunta que Libre Abordo llegó a un acuerdo con Segalmex, un órgano que se desprende de la Secretaría de Agricultura. “Segalmex recibe instrucciones del Gobierno federal de México para proseguir con la ayuda humanitaria, con la intención de beneficiar a los pueblos de México y Venezuela”, se lee en el documento.

Según la versión de Libre Abordo, la Administración de Andrés Manuel López Obrador instruyó a Segalmex para venderle 210.000 toneladas de maíz con destino a Venezuela. La cantidad coincide con la operación que, en junio de 2019, Libre Abordo realizó con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex): se firmaron dos contratos para suministrar esas toneladas de maíz y 1.000 camiones cisterna de agua potable a cambio de petróleo, una operación valorada en 200 millones de euros.

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El Gobierno de Nicolás Maduro necesitaba canjear petróleo por alimentos ante la presión que sufre por las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2014 y que le impiden comercializar con facilidad sus ingentes reservas de crudo. Así, se pactó el pago de ambos contratos con dos millones de barriles de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Esos dos millones de barriles se acabaron convirtiendo en al menos 30 millones en embarques que zarparon entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. De acuerdo con correos en poder de EL PAÍS yArmando.info, Libre Abordo justificó el salto de dos millones a 30 millones de barriles por la caída internacional del precio del crudo. La empresa mexicana se asesoró con despachos para completar las operaciones por medio de trueques que se justificaban como “ayuda humanitaria”, para así tratar de evadir las posibles sanciones.

Las implicaciones internacionales

A los ojos de Estados Unidos, las llamadas transacciones de ayuda humanitaria no solo se cobraron, sino que implicaron un negocio de cientos de millones de dólares para un grupo de empresarios a expensas del pueblo venezolano, “malbaratando” sus recursos naturales.

Esa operación provocó que el 18 de junio de 2020 el Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a Libre Abordo y a Joaquín Leal por hacer negocios con Venezuela. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana inició una investigación para seguir el rastro de los 200 millones de euros. La pesquisa no tuvo apenas avances hasta que el 18 de mayo la UIF envió una denuncia a la Fiscalía en la que pedía el aseguramiento (bloqueo) de un centenar de cuentas de Leal y Libre Abordo, según pudo comprobar este diario. De los supuestos acuerdos con Segalmex, sin embargo, no hay una sola mención.

La relación del Presidente de México

El Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una posición ambigua respecto a la crisis de Venezuela desde que llegó al poder. Evitó reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, aunque ha contribuido a refugiar opositores y a sacarlos del país.

Las relaciones entre oposición y Gobierno venezolanos con la diplomacia mexicana son estrechas y frecuentes, hasta el punto de que México se perfila como la posible sede de una negociación entre ambas partes para buscar una salida a la crisis.

En el caso del presidente, que abarca todos los asuntos de México en su conferencia mañanera, se ha referido a Venezuela en muy pocas ocasiones. Una de ellas fue tres días antes de la sanción del Tesoro a los empresarios mexicanos para decir que estaría dispuesto a colaborar con ayuda humanitaria con Venezuela si fuese necesario:

“No nos ha hecho ninguna solicitud. En el caso que nos hiciera la solicitud y fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos”. La Presidencia de México no ha respondido a las solicitudes de comentarios para este reportaje.

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Fuente: El País.

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