Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que se desplegarían 6.060 agentes para vigilar la extensa red de metro debido a que “han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal”.

Sheinbaum pareció sugerir, aunque no lo dijo, que podría tratarse de algún tipo de sabotaje y por eso pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador quien, fue más específico y hablo de evitar preocupaciones por accidentes que pueden “ser provocados”. “Lo que queremos es que no haya psicosis”, dijo.

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Los oficiales de la Guardia Nacional, el cuerpo estrella creado en esta administración y que está bajo las órdenes del ejército, vigilarán las estaciones de metro y “algunas otras instalaciones” en el sistema de transporte “durante algunos meses”, agregó Sheinbaum.

La alcaldesa es una de las aspirantes a ser candidata presidencial en 2024 por el partido oficialista Morena y, al igual que el mandatario, a menudo ha denunciado una guerra sucia contra ella por parte de sus críticos.

Pero no está claro cómo elementos militares podrán resolver un problema que, según los trabajadores del metro, es fundamentalmente técnico, como han demostrado accidentes recurrentes en la extensa red que tiene 226,5 kilómetros de vías con 195 estaciones y da servicio a una media de 4,6 millones de pasajeros al día.

“Es política la decision”, señaló Mario Alberto Hernández, un jefe de estación que lleva 31 años en servicio. Según explicó, faltan repuestos o son viejos y los mecánicos “andan tomando (piezas) de trenes que son cascajos para sacar refracciones”.

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La medida alimentó la polémica por el creciente poder que ha dado este gobierno a los militares, que ahora se encargan desde la lucha contra el narcotráfico a la construcción de grandes infraestructuras, la gestión de las aduanas o el cultivo de árboles.

Colectivos de derechos humanos como el Centro Agustín Pro Juárez mostró su preocupación porque “es patente que esta corporación reproduce las inercias castrenses de opacidad y uso excesivo de la fuerza”. Por ello pidió “que se activen mecanismos extraordinarios de supervisión”.

“Vamos a tener vigilancia y si a eso le llaman militarización… asumimos la responsabilidad”, advirtió el mandatario por la mañana anticipándose a las críticas.

El último accidente se produjo el sábado cuando dos trenes chocaron en un tramo entre estaciones matando a una persona e hiriendo a decenas más. Medios locales informaron que anteriormente había habido problemas de señalización en ese tramo de la vía.

En mayo de 2021, una sección elevada del metro se derrumbó causando 26 muertos y casi 100 heridos. Una investigación atribuyó el fallo a deficiencias en el proceso de construcción y 10 exfuncionarios han sido acusados de homicidio involuntario, lesiones y daños a la propiedad, pero ninguno ha sido encarcelado.

En el pasado, se han achacado los problemas a las malas soldaduras, la falta de mantenimiento, anticuados sistemas electrónicos, frecuentes terremotos y el suelo blando de la ciudad, pero nunca antes se había hablado de sabotajes.

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Sin embargo, en los últimos días Sheinbaum dijo que se habían encontrado tres problemas “no normales” en vagones o vías, incluido el fallo de un neumático “que acababa de ser inspeccionado”. Los vagones de metro de la ciudad funcionan tanto con neumáticos como con raíles.

Según aseguró, el metro “tiene presupuesto y si es necesario habrá más a partir de un diagnóstico integral que ya está en curso”.

El transporte capitalino es uno de los metros más baratos del mundo, cuesta el equivalente a unos 25 centavos de dólar, y las denuncias de falta de presupuesto han estado presentes con distintas administraciones.

Carteles pegados en muchas estaciones con la firma de un sindicato de trabajadores denuncian la “carencia de herramientas y refacciones” necesarias para brindar a la ciudadanía “un transporte eficiente y seguro”.

En 2021, una persona murió y otras 32 resultaron heridas en un incendio en un centro de control de la red que, además, dejó sin servicio a la mitad de las líneas. Parte de la tecnología de ese centro parecía ser un equipo analógico de los años setenta.

“El apoyo al Metro no se ve”, explicó otro jefe de estación, Juan Carlos Hernández González tras recibir a primera hora de la tarde a los dos guardias nacionales que iban a estar destinados en su ubicación.

Los agentes se desplegaron sin armas y mayoritariamente paseaban por los andenes en lo que ellos mismo calificaron de labores “de disuasión” .

Pero el jefe de estación insistía en que el problema no está en los andenes sino en los trenes. “Los conductores se suben a los trenes y piden a Dios no tener problemas”.

La publicación tecnológica “Rest of World” citaba a empleados que se quejaban de la red de comunicaciones y de cómo debían recurrir a veces a aplicaciones de mensajería en sus teléfonos para contactar con otros operadores.

Una conductora con más de una década de experiencia confirmó a AP estos problemas y agregaba que, a veces, ni los celulares funcionan porque hay lugares sin señal.

“Hoy, por ejemplo, en uno de mis trenes, en la cabina, no había extintor, lo comunicamos pero ya no está está en nuestras manos hacer más”, comentó pidiendo el anonimato por temor a represalias de sus jefes. “A diario hay fallas de este tipo, no hay sabotaje, no tenemos las herramientas”.

Entre los usuarios cundía el escepticismo.

A Isabel Mendoza no le pareció mal que estuvieran los uniformados y confió en que pueda mejorar la seguridad pero dijo que las autoridades “deberían ocuparse más de arreglar desperfectos porque lamentablemente tiene que pasar algo para que le den seguimiento a las líneas”.

Tarcisio Montaño, un trabajador de mantenimiento de edificios que generalmente apoya a López Obrador consideró que algunas de las críticas son un intento de “desprestigiar” al gobierno pero reconoció que el sistema carece de fondos y que no funciona adecuadamente. ”¿Adónde va todo el dinero de los boletos?”, se preguntó.

Tampoco vio necesidad de la Guardia. “Están para defender al país, no para que te cuiden el metro”.

La Guardia Nacional cuenta con una fuerza operativa de unos 106.000 agentes en todo el país. Con el despliegue anunciado el jueves, habría más agentes asignados al metro de la capital que a 29 de los 32 estados mexicanos, algunos con mucha violencia.

Lilly Téllez, senadora del opositor Partido Acción Nacional, lamentaba que se diera esta situación solo “para satisfacer una paranoia sobre sabotajes”.

Fuente: Los Angeles Times https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2023-01-12/guardia-nacional-se-despliega-en-metro-de-ciudad-de-mexico

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Las autoridades reportan estos más de 5 mil feminicidios en los últimos siete años: un total de 412 en 2015; 608 en 2016; 742 en 2017; 896 en 2018; 947 en 2019; 949 en 2020 y 969 en 2021. No obstante, si se suman los homicidios dolosos cometidos contra mujeres en ese mismo periodo (17 mil 842), la cifra de mujeres muertas de forma violenta asciende a los más de 23 mil asesinatos.

No hay una cifra o dato oficial por parte del Gobierno que dé cuenta del total de mujeres asesinadas en la última década. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) reporta homicidios dolosos de mujeres y feminicidios a partir del año 2015; sin embargo, si se toman en cuenta los datos de la ONU Mujeres México, obtenidos a partir de las estadísticas vitales de mortalidad del INEGI, el número de víctimas ascendería a los 33 mil 916, ya que, de acuerdo con la ONU, entre el 2011 y 2014 se registraron al menos 10 mil 477 fallecimientos de mujeres con presunción de homicidio.

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Aunque las cifras de feminicidios registradas en las estadísticas oficiales, a partir de 2015, muestran una tendencia al alza, su investigación y clasificación aún no supera el 27 por ciento del total de asesinatos de mujeres.

En el año 2015, del total 2 mil 146 asesinatos de mujeres sólo el 19.19 estaban clasificados como feminicidios; para el año posterior, del total de 3 mil 716 asesinatos de mujeres, el 26.07 por ciento (969) fue investigado con perspectiva de género.

La deficiente clasificación de los feminicidios, que propicia a que pueda existir un alto subregistro de feminicidios, es un problema que persiste en México y que organizaciones de la sociedad civil y víctimas han denunciado por años, debido a que provoca que las cifras no permitan dimensionar la magnitud real de la violencia feminicida, señala el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

“Una de las cosas por las que hemos venido luchando es porque se acredite el delito […] siempre ha sido muy complicado tener datos muy actualizados. Lo que vemos es que los números de femicidios no reflejan la realidad de la violencia feminicida en México porque la autoridad sigue teniendo resistencias para acreditar el delito”, expresó en entrevista con SinEmbargo, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

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La activista se dijo convencida de que, de los más de 23 mil asesinatos de mujeres, más de la mitad tienen características de feminicidios, pero no todos son clasificados correctamente porque —dijo— aún hay resistencias de las autoridades para acreditar el delito, porque esto les genera mala fama o no les da votos.

“Como en el caso de Guanajuato, prefieren tener más de 300 asesinatos de mujeres, pero es irrisorio que sólo tengan 29 feminicidios”.

María de la Luz Estrada reiteró que el Observatorio —como organización que ha acompañado varios casos— ha encontrado que las autoridades optan por clasificar o dejar como suicidios crímenes que en realidad son feminicidios.

“La autoridad siempre va retrasada en estadística”, destacó la activista.

“CAMPO ALGODONERO”, EL ANTECEDENTE

El término de feminicidio se empezó a nombrar en México y surgió como una respuesta política del movimiento feminista en la década de los 90, luego de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero no fue hasta el año 2007 cuando por primera vez ésta violencia contra las mujeres fue reconocida en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

El caso “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, Chihuahua —referente a la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez— llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar en noviembre de 2009 un fallo histórico en el que condenó al Gobierno mexicano por negligencias en las investigaciones; este fue uno de los casos que generó mayor presión para que el feminicidio fuera reconocido y tipificado.

El feminicidio fue tipificado en México en el año 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal en el artículo 325, pero llevarlo a la práctica costó mucho más tiempo. Por medio recomendaciones y presiones de organizaciones nacionales e internacionales para el año 2014, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género recomendó al Estado Mexicano aplicar el protocolo en “todos los casos de muertes violentas de mujeres”, es decir, investigarlas con perspectiva de género.

LAS PRINCIPALES RESISTENCIAS

María de la Luz Estrada explicó que una de las principales resistencias que aún existen con las autoridades, es el hecho de que las fiscalías no quieren clasificar los asesinatos de niñas como feminicidios, sino que lo clasifican como homicidio dolosos o parricidio.

La negativa a clasificar como feminicidio a las mujeres que fueron localizadas sin vidas y contaban con un reporte de desaparición es parte de otras de las prácticas dilatorias a las que se enfrentan los colectivos, indicó Estrada.

“Por lo general esos casos se van a reserva o archivo porque la autoridad ya no los quiere investigar. Muchas de las autoridades nos han dicho que ese tipo de casos los expone a un mayor riesgo y ellos no están protegidos o no cuentan con suficiente personal para seguir una investigación de lo que significa este tipo de delitos”, detalló.

La falta de personal especializado en las fiscalías, como peritos que hagan análisis del contexto de violencia del primer círculo de la víctima, es otro de los retos y pendientes.

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La directora del OCNF explicó que contar con peritos es necesario porque las pruebas periciales, no solamente las de criminalística sino también las forenses, son fundamentales para que las hipótesis en las líneas de investigación lleven a la verdad y justicia que requieren las víctimas; “pero realmente no contamos con expertos y la autoridad no tiene metodologías de investigación para este tipo de delitos”, dijo.

Además, los familiares de las víctimas de feminicidio también padecen de la indolencia, irregularidades y violencias institucionales en el proceso de la investigación. Entre ellas, explicó María de la Luz, es que no les dan acceso a las carpetas de investigación, a pesar de ser un derecho que tienen las víctimas.

“Nosotras tenemos que estar metiendo recursos de amparo para que la víctima pueda tener derecho o acceso a la carpeta de investigación”.

La directora del Observatorio Nacional del Feminicidio indicó que aún hay grandes desafíos y pendientes porque los jefes de Estado y los gobiernos siguen sin reconocer la gravedad de la violencia contra las mujeres, tema central en la agenda y que sí tiene que ver con un contexto de discriminación de la cultura machista

“No han entendido que esta cadena de impunidad, que protege y es permisiva, es una violencia institucional porque al final la misma autoridad está generando las condiciones (para que sigan los feminicidios). ¿De qué sirve tener tantas fiscalías sino cuentan con las personas adecuadas? Y, por el otro lado, no están investigando para lograr la política de prevención del delito. Siguen minimizando, sin entender que los problemas son diversos y por eso debemos tener esos diagnósticos”, apuntó.

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La defensora destacó que debe de haber un compromiso real por parte de los gobiernos para diagnosticar adecuadamente los diversos contextos en que está inmersa la violencia que pone en riesgo a las mexicanas.

“Sí están tratando de hacer algunos esfuerzos, pero esos esfuerzos siguen quedando cortos para la gravedad de las violencias contra las mujeres”,

sentenció.

Finalmente, la especialista abundó que también es necesario que los gobiernos, federal y estatales, incorporen herramientas y políticas de evaluación de los resultados.

“Necesitamos resultados que se evalúen, de cuánto se invirtió y qué impacto de mejora hubo en la atención prevención y sanción de la violencia”,

mencionó.

Fuente: Zona Franca.

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La Secretaría de Salud (SSa) reportó que hasta este miércoles 11 de agosto, se han registrado 3,020,596 casos de contagios acumulados de COVID-19. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 246,203 defunciones por la enfermedad.

Lo anterior representa que hubo un incremento de 22,711 contagiados y 727 muertes en las últimas 24 horas. Dicha cifra de infectados es el pico más alto desde que llegó la pandemia al país, sobrepasando los 22,339 que se registraron el pasado 21 de enero, durante la llamada “segunda ola”.

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Asimismo, la dependencia informó que se registró incremento de 3% en el número de casos estimados en comparación con la semana previa.

Además, estimó que la epidemia a nivel nacional está conformada por 137,052 casos activos, es decir, personas que han presentado síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días y que de no cumplir con todas las medidas sanitarias, podrían contribuir potencialmente a la transmisión del virus.

En ese sentido, de acuerdo con el comunicado técnico diario, la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla, Guanajuato y Nayarit, son las entidades con mayor número de casos activos (más de 3,000 casos), seguidos de Quintana Roo, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Sonora, Oaxaca, Hidalgo, Querétaro, Sinaloa, Coahuila, Durango, Yucatán, Baja California Sur, Zacatecas y Chiapas, como las entidades con más de 1,000 casos de este tipo.

Con estos registros, México es el cuarto país del mundo con más muertes por COVID-19, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y es decimosexto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Semáforo COVID

Lo anterior también se refleja en los colores del semáforo epidemiológico que la SSa definió hasta el próximo 22 de agosto.

En color “rojo” (máximo riesgo de contagio) estarán siete estados, seis más que hace dos semanas: se mantiene Sinaloa y se suman Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Guerrero, Colima y Nayarit. Por el contrario, en color “verde” (bajo riesgo) solo se logró mantener una entidad: Chiapas.

En “naranja” (alto riesgo) estarán 15 entidades: se sumaron Sonora y Durango. Se mantienen Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Quintana Roo.

Mientras que en “amarillo” o riesgo moderado, estarán nueve estados: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, Morelos, Campeche, Tabasco y Yucatán.

Por otro lado, la ocupación hospitalaria de camas generales se mantiene sin cambios, para ubicarse en 54% en las últimas 24 horas; el uso de camas con respirador mecánico se incrementó un punto para ubicarse en 46%.

Los estados con mayor porcentaje en ocupación de camas general son Colima (92%), Nayarit (83%) e Hidalgo (79%). A su vez, los de mayor porcentaje en camas con ventilador son Colima (71%), Ciudad de México (67%) e Hidalgo (65%).

Avance de la vacunación

La Secretaría de Salud informa que este 10 de agosto, con corte de las 21:00 horas, fueron aplicadas 781,021 vacunas para alcanzar un total de 73,771,750 dosis suministradas como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2.

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En México, 58% de la población mayor de 18 años tiene al menos una dosis, es decir, 51,914,599 personas, de las cuales 28,011,649, que representan 54%, cuentan con esquema completo; y 46%, es decir, 23,902,950, tienen medio esquema de vacunación.

Las 10 entidades federativas que reportan mayor cobertura de población vacunada son Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California, Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Yucatán y Sonora.

Fuente: Infobae.

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