En un video aparentemente grabado por un residente de la localidad de San José de Gracia, en el estado occidental de Michoacán, y publicado en las redes sociales, estallaron ráfagas de disparos y el humo cubrió la escena.

La grabación se corta, pero algunos asumieron que todos los hombres, tal vez hasta 17, murieron fusilados.

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La fiscalía de Michoacán afirmó que no puede decir cuántas personas pudieron haber sido asesinadas en ese lugar porque los atacantes habrían limpiado la escena, lavaron la acera y supuestamente se llevaron los cuerpos. En el lugar, los investigadores sólo encontraron casquillos de bala y una bolsa llena con restos de cerebro.

El ataque del domingo ocurrió afuera de un funeral de la madre de un presunto sicario del cártel de Jalisco Nueva Generación.

Esta organización criminal, una de las más poderosas de México, ha estado librando sangrientas batallas territoriales en Michoacán contra un grupo local rival, los Viagras, también conocido como Cárteles Unidos.

Adrián López Solís, fiscal de Michoacán, señaló que miembros de un grupo contrario al que estaba en el velorio acudieron al lugar en busca del presunto sicario, a quien las autoridades solo identificaron como Alejandro.

Según López Solís, ese hombre aparentemente murió en el lugar y los demás cuerpos fueron apilados en camionetas y se los llevaron los atacantes. Otros videos publicados en las redes sociales mostraban dos o tres cuerpos arrojados a una camioneta.

El fiscal agregó que el ataque ocurrió a pocas cuadras de la alcaldía, donde estaban de servicio tres policías locales, pero la policía no fue al lugar ni hizo sonar una alarma, y argumentaron que no tenían fuerza suficiente para intervenir.

Autoridades federales indicaron que ya enviaron un equipo para colaborar en las investigaciones, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana en un comunicado.

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La policía local en México a menudo es superada en armamento y en número por los integrantes de las bandas delincuenciales.

No es la primera vez que los cárteles aprovechan los velorios y funerales de familiares de sus contrarios para atacar contra ellos y tampoco es extraño que estos grupos se lleven a los muertos para hacerlos desaparecer.

Jorge Luis Anguiano, el alcalde del municipio en donde está la comunidad de San José de Gracia, indicó que antes del ataque se vio entrar un gran convoy de vehículos desde el vecino estado de Jalisco, sede del cártel del mismo nombre, y los agentes locales no tenían armamento para intervenir.

Fuente: Los Angeles Times.

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A los 10 años, siendo una niña, empezó a ayudar a su madre a vender droga. Solo cuatro años después, ingresó en un cartel del narco y aprendió a matar.

La historia de Susana* es una de tantas que demuestra que los tentáculos del narcotráfico en México se extienden también, y cada vez más, sobre quienes ni siquiera han cumplido la mayoría de edad.

Sin embargo, la falta de datos concisos -diferentes organizaciones y autoridades estiman que los niños y adolescentes con vínculos con el crimen organizado en México pueden oscilar entre los 35.000 y 460.000- hace que su realidad se torne casi invisible y pareciera que no existe.

Pero sus experiencias, algunas realmente estremecedoras, están ahí. Muchos son utilizados como carne de cañón y captados por los carteles porque saben que sus condenas, en caso de ser capturados, serán mucho menores.

La ONG Reinserta, que trabaja con jóvenes que entran en contacto con el sistema de justicia penal, escuchó decenas de estos duros relatos en centros de internamiento y arrojó luz sobre su realidad gracias a su reciente estudio «Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada».

La de Susana, ahora con 17 años, es una de esas historias de «niños del narco» y que BBC Mundo reproduce con autorización de Reinserta.

Nací en Monterrey, Nuevo León, en una familia estricta. Mi mamá siempre quiso lo mejor para mí y mis hermanos, por eso era muy dura con nosotros en cuestiones de educación y valores.

Ella tenía dos trabajos: en el primero era ayudante de cocina, trabajaba de siete de la mañana a siete de la noche. Después entraba a su segundo trabajo como bailarina en un bar, de ahí salía a las cuatro de la mañana. Estábamos solos mucho tiempo.

No sé mucho de mi papá biológico, solo sé que trabajaba para la delincuencia organizada y que lo mataron unas personas de un cartel contrario cuando yo tenía 3 años. Por eso mi mamá hizo una nueva familia, y mi padrastro fue el que me dio sus apellidos y me adoptó como hija.

Desde pequeña estuve en contacto con armas. Mi mamá tenía una pistola calibre 22 y un revólver 38, eso lo veíamos normal. Mi mamá y mi padrastro peleaban mucho, su relación ya no iba bien porque él se drogaba todo el tiempo y eso no le gustaba a mi mamá, por eso decidieron separarse.

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Como mi mamá no nos podía cuidar, convivimos casi todo el día con la niñera. A mi mamá no le alcanzaba el dinero, y cada vez nos veía menos, empezó a buscar una forma de conseguir algo extra.

Un hermano de ella le dijo que podía conseguir más dinero vendiendo droga. Así se fue metiendo en eso, vendía crack y cocaína. Como era buena vendiendo la contrataron los del cartel, primero los Zetas y luego los Sinaloas.

Yo era muy apegada a mi mamá, era muy cariñosa conmigo, siempre andaba diciendo que me iba a hacer mis 15 años. La admiraba, quería ser como ella, era muy fuerte en todas las cosas, salía adelante ella sola.

Pero, así como mi mamá, nosotros [mis hermanos y yo] también empezamos a meternos en el narcomenudeo. A los 10 años empezamos a vender droga para ayudarle con los gastos de la casa. Era el negocio familiar.

Cuando el cartel del Golfo se apoderó de la zona, mi mamá empezó a trabajar para ellos. Ahí la regó, porque a los del otro cartel no les gustó nada que ella se haya ido con el enemigo, por eso dieron la orden de asesinarla.

A mi mamá la mató un sicario, le dio tres disparos. Yo tenía 12 años cuando me quedé huérfana, había perdido a la persona más importante en mi vida: mi madre.

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A partir de ese día, cada uno de mis hermanos tomó caminos diferentes. Yo me quedé en la casa de mi mamá y empecé a consumir drogas, fumaba marihuana, me metía píldoras, cocaína… Poco a poco me fui haciendo adicta a ellas, yo era una niña, no sabía cómo salir adelante, era cobarde con la vida, no sabía cómo enfrentarla.

A los 14 años conocí a un hombre que se volvió mi novio, él era mucho más grande que yo, fue quien me envició con drogas más fuertes como el tolueno [una sustancia inhalante que tiene efectos narcóticos y alucinógenos] y el crack. Empecé a drogarme diario.

El mundo en el que me sumergí me envolvió, mis nuevos amigos me enseñaron a robar tiendas de autoservicio y autos. Poco a poco me empecé a volver famosa porque era «muy temeraria», asaltaba y robaba sola.

Hasta que un día llegó un muchacho que me dijo que era del cartel del Noroeste, me enseñó fotos donde yo estaba robando y me dijeron: «¿Qué onda, te metes a jalar o te doy cuello?». Tenía 14 años, no tuve de otra. «Dame armas, droga, carros, yo le entro».

Al poco tiempo de entrar al cartel me detuvieron y me acusaron de delitos contra la salud, pero solo estuve internada un mes. Cuando salí lo tenía muy claro: no quería vender droga, yo quería matar gente. El cartel tiene diferentes áreas: venta de droga, secuestro o extorsión, trata de personas y sicariato. Ese era el grupo al que quería entrar.

Para eso tenía que pasar varias pruebas. La primera fue asesinar a un hombre afuera de un bar. Me dieron un arma calibre 40 color negro, sabía cómo se utilizaban las armas por lo que veía en las películas, pero en realidad nunca había disparado una. Eso no me detuvo: sabía que tenía que realizar el encargo porque de eso dependía mi vida y la posibilidad de trabajar para el cartel.

Le disparé cuatro veces. Salí corriendo, con la adrenalina a tope. Me gustó, quería más, se me hizo una adicción. Finalmente había encontrado algo me hacía sentir mejor que la droga: asesinar.

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La segunda prueba fue torturar a un muchacho, le tenía que cortar la mano. Ahí sí me quería desmayar, pero la persona que me estaba enseñando me dijo que era normal, que le siguiera.

Fui entrenada para disparar, asesinar, mutilar y vender droga, pero lo que más me llamaba la atención era asesinar personas. Me llevaban a matar a puras mujeres. Yo preguntaba si tenían familia, cuando me decían que sí, les decía: «Con más razón».

[Para mí] era una forma de liberar el enojo que había sentido cuando mataron a mi mamá. Pensaba: «Pues si ellos le hicieron eso a mi mamá, ¿por qué yo no lo voy a hacer?». Mis víctimas eran mujeres que tuvieran hijos, quería que ellos sintieran lo que yo había sentido, las mataba enfrente de los niños.

También me encargaba de reclutar a nuevos integrantes. Buscaba a aquellos que no les importara morir o matar, no importaba la edad. Aunque nunca recluté niños, sabía que eran una herramienta útil, ya que el cartel puede aprovecharse de ellos y culparlos de los delitos que cometan otros, porque ellos salen pronto de los centros de internamiento. Yo creo que por eso me agarraron a mí.

Me sentía poderosa dentro del cartel, sentía que tenía más valor que muchos otros hombres con los que trabajaba. Unos se paniqueaban y gritaban al momento de disparar, pero yo no, no sentía miedo ni remordimientos. Teníamos una cuota de dos homicidios diarios, se nos daba la información y teníamos todo el día para cumplir. Si no, no se nos pagaba.

Tenía 15 años cuando me mandaron a vigilar la casa de un hombre al que íbamos a matar, pero alguien dio aviso a la policía y me agarraron por segunda vez.

Me costó cinco meses de cárcel. Durante el tiempo que estuve internada, no escuché noticias del cartel, me dieron la espalda. Por eso quise salirme.

Cuando salí, me fui a vivir nuevamente con mi papá y su esposa, pero ellos no me querían. Él prefirió estar con ella a estar conmigo.

Me regresé a casa de mi mamá, tenía 16. Para esto, el cartel del narco me andaba buscando para que regresara a trabajar y me encontraron. Les dije que yo no había desertado, que ellos me habían dejado morir en el tutelar.

Para perdonarme la vida me llevaron a casa de una señora para que le sacara información, me dijeron que le mochara los dedos, yo no quería, ya no quería matar, los meses que estuve internada me cambiaron… pero ni modo, era la vida de ella o la mía, así que hice lo que tenía que hacer.

Seguí trabajando para el cartel y un día nos mandaron, a mí y a unos compañeros, a robar un carro que traía «pacas de ropa». Yo era la encargada del grupo, así que di órdenes, pero mis compañeros hicieron lo que quisieron, destruyeron el carro, perdieron las armas y a mí me dieron diez tablazos como castigo. Los golpes eran tan fuertes que me hice del baño encima, me acuerdo de ese día y me hierve el coraje.

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Después de ese incidente, dejé de recibir mi pago. Cuando vi que pasaban y pasaban las quincenas, decidí desertar definitivamente y dedicarme a la venta de droga de manera independiente junto a mi hermano. Pero como la policía me tenía en la mira, me agarraron y me metieron nuevamente a la cárcel por delitos contra la salud.

Ahorita estoy en un centro de internamiento cumpliendo un año de medida privativa de la libertad. Viene a visitarme uno de mis hermanos y disque mi papá también me está apoyando. Para mí, estar aquí es una oportunidad de rehacer mi vida y reforzar la relación con mi familia, es lo único que quiero.

Quiero seguir estudiando y cumplir el sueño que tenía de niña: ser criminóloga. Pero, sobre todo, quiero alejarme por completo del mundo de la delincuencia organizada. Para mí, estar en internamiento significa estar en paz. Mi vida dejó de correr riesgo cuando entré aquí, además he hecho buenas amistades y tengo el apoyo que no tuve de niña.

Si yo puedo dar un consejo a un niño o adolescente es que no se meta en esto, porque nada más lo van a utilizar. En esta vida es el encierro o la muerte, no hay de otra. Si a mi mamá no la hubieran asesinado, no habría pasado todo lo que estoy viviendo hoy.

* El nombre real de la protagonista de esta historia ha sido modificado para proteger su identidad.

«Contextos violentos y de maltrato»

Lo que más llamó la atención de los responsables del estudio de Reinserta que escucharon historias como la de Susana fue el impacto psicológico sufrido por la gran mayoría de entrevistados en forma de ansiedad, depresión o estrés postraumático tras haber estado expuestos a tal grado de violencia.

«Casi todos venían de contextos violentos, de maltrato hacia ellos. Muchos fueron abandonados a temprana edad, desertaban de la escuela y tenían acceso a drogas incluso a los 10 años, lo que era un escalón previo para vincularse a la delincuencia organizada»,

destaca Marina Flores Camargo, directora de investigación de la ONG y quien lideró el estudio.

Otros factores comunes hallados fueron las dificultades económicas de unas familias mayoritariamente disfuncionales.

«Este escenario les hace ver que, tras dejar la escuela, o están en su casa o se vinculan a la delincuencia. Y esta es la opción que les permite ganar dinero. No hay metas ni expectativas», le dice a BBC Mundo.

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Sus testimonios permitieron entender los diferentes modos de operar según la zona del país. En el norte, por su cercanía con la frontera de EE.UU., es donde los jóvenes confesaban mayor facilidad para transportar droga y donde los entrenamientos para ser sicarios, con apoyo de exmilitares, son más violentos y largos (de hasta seis meses).

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Sin embargo, entre sus roles asignados no había grandes diferencias en función de género, como el caso de Susana. «Lo que sí les diferencia es que las historias de ellas son mucho más violentas. Algunas ya habían vivido abuso sexual, embarazos no deseados, abortos, maltrato… Eran historias en términos de violencia de género mucho más crudas», recuerda Flores Camargo.

La experta lamenta la carencia de programas sociales que faciliten la reinserción social de los menores de edad, lo que contribuye también a que tras su detención continúen en el mundo de la delincuencia, al igual que muchas de sus familias.

«Es necesario crear centros comunitarios sobre todo donde ya se ha identificado la violencia, detectar casos a tiempo en las escuelas para poder canalizarlos… no ver esta problemática de forma integral es un error»,

concluye la experta de Reinserta.

Fuente: BBC.

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Una bebé de entre 7 y 9 meses de edad fue hallada muerta envuelta en una cobija azul en un paraje rural habitado mayoritariamente por indígenas, en el Estado de México. Es el último caso que busca esclarecer la activista mexicana conocida como Frida Guerrera. A través de las redes sociales y de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado, la activista lanzó un llamado para localizar a los familiares de «La beba de los conejitos«, así llamada por llevar puesto un pantalón rosa con motivos de conejos y una sudadera morada con la palabra «love».

«La mayoría de estos bebés son asesinados por sus padres, padrastros o madres. Obviamente no habrá quien busque justicia. Hemos tenido varios casos que hemos trabajado en conjunto con otras mujeres. En cuanto sabemos de casos como el de «La beba de los conejitos», encontrada en noviembre de este año, en una zona mazahua, indígena, en la sierra, empezamos nuestra labor, para impedir que estas pequeñas se queden sin justicia ni verdad, y que estos crímenes queden impunes»,

afirma Frida Guerrera en conversación con DW.

La activista protege su identidad y las de sus compañeras de lucha debido a las múltiples amenazas que ha recibido desde que asumió un primer caso en 2017. Trabaja junto con una artista forense que reconstruye los rostros de las víctimas con dibujos a lápiz y con la líder de la ONG «Siguiendo tus Huellas».

El caso de Lupita encontró justicia parcial

«En el caso de Lupita, que fue el primer caso que acompañamos bajo circunstancias parecidas, nos tardamos ocho meses en dar con su identidad y con la familia de los asesinos». Lupita, una niña de 3 años hallada muerta y con signos de violación en Ciudad Netzahualcóyotl, en los suburbios de la capital mexicana, recibió inicialmente el sobrenombre de «calcetitas rojas», por ser ésto lo único que llevaba puesto. El violador sigue libre, aunque no sus asesinos.

«El desenlace es que su madre y su padrastro están sentenciados a 88 años de cárcel cada uno por haberla asesinado. Lupita no estaba registrada y hubo que registrarla post mortem. Lo más grave del caso de Lupita es que fue asesinada a golpes por su padrastro y su mamá, la fueron a tirar a un terreno baldío, y un tercer agresor, que hasta el momento se ignora quien es, ya muerta, la violó. Ese es el terror que viven las bebés en este país», dice Frida.

La activista decidió desde entonces dar voz a quienes sufren violaciones graves a los Derechos Humanos. Su foco son los feminicidios y la violencia contra las mujeres, niñas y niños. «Los más vulnerables están siendo cada vez más asesinados, con más saña, con mucha brutalidad. A menudo por las personas que deberían cuidarlas. Algo que se está extendiendo a las ancianas, los feminicidios de mujeres de la tercera edad».

A través de un blog, de su canal de YouTube, la activista lucha desde hace años contra la impunidad en casos de feminicidio, sobre todo de menores de edad. Acude regularmente a las conferencias matutinas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para cuestionar la estrategia de su gobierno en el combate del feminicidio. Entre sus reclamos figura la creación de una fiscalía especializada para esclarecer los casos de feminicidio. López Obrador asegura que su gobierno es el que más protege a las familias, a las mujeres, a las niñas y a los niños.

Los asesinatos por razón de género siguen al alza después de registrarse 842 casos entre enero y octubre de 2021, un aumento de un 4,9% con respecto al mismo período en 2020, según ONU Mujeres. México ha registrado los años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinatos en 2019 y 34.588 en 2020.

Aumento de feminicidios, impulsados por el encierro

La investigadora de la Universidad de Guadalajara Silvia Valencia Abundiz, estudia el feminicidio desde la psicología social; un problema que se extiende a toda América Latina en donde el 98% de los casos siguen impunes. Entre los más vulnerables figuran no solo las mujeres, con diez asesinatos diarios, según cifras oficiales, sino también los niños, los jóvenes y los ancianos.

«El feminicidio es uno de los delitos que se ha incrementado, favorecido por factores relacionados con la pandemia, como fue el encierro, el trabajo en casa. Tengo la impresión, como muchos otros investigadores, de que no hay un interés genuino por cambiar el rumbo. Hay un discurso que no concuerda con los hechos, es un desinterés no solo del presidente, sino de los titulares de las instituciones a los que no parece importarles ni la seguridad ni la protección de las mujeres».

Ejemplo de ello, según la investigadora, fue el cierre de las estancias infantiles, así como de los albergues para mujeres maltratadas. Ambos figuraron entre las primeras medidas adoptadas por López Obrador al llegar al poder en diciembre de 2018.

«El cerrar las estancias infantiles, una gran ayuda a las madres trabajadoras, tuvo una gran afectación al proceso de desarrollo de los niños, porque significó dejarlos en cualquier lado, o encerrarlos, o dejarlos con las abuelas. No todos los abuelos están en condiciones de hacerse cargo de sus nietos. Luego cerraron los albergues para mujeres maltratadas; esto también ha sido un golpe porque mina la posibilidad de que las mujeres que son amenazadas o que viven procesos de agresión muy fuerte, tengan un lugar en donde cobijarse y protegerse»,

explica.

Retroceso en el Estado de derecho

La académica destaca que pese a que México fue uno de los primeros países de la región en tipificar el feminicidio como delito, hay mucha incomprensión del fenómeno. «Por el simple hecho de ser mujer, se vive en esta condición de agresión permanente y en muchos casos se llega a la muerte. Sobre todo en entornos como el crimen organizado, la trata de personas y el narcotráfico».

Silvia Valencia sostiene que hay un retroceso en el Estado de derecho en México, sin una concepción sobre el problema. «Ciertamente en toda América Latina estamos enfrentando este fenómeno. En México el retroceso empieza en que ya no se escucha a las mujeres. A las protestas de las mujeres se les pone vallas de contención. Les importa más que pongan pintas o que no hagan una manifestación ordenada, que escucharlas, darles foro, entender cómo se afecta su vida. Las madres que están buscando a sus hijas e hijos desaparecidos tampoco son escuchadas».

No hay un plan que, según Valencia Abundiz, puede ser la clave del éxito en otros países al atacar el problema: «En este punto también hemos perdido. El gobierno está en conflicto con universidades y centros de Investigación. Se acusa a la ciencia de ser neoliberal. Sin una política pública no hay forma de revertir el problema, al contrario, se acelera. Hay un enorme margen de feminicidios que desconocemos, hay jueces a quienes todavía les cuesta entender que la acción de la agresión es en función de ser mujer».

La investigadora concluye señalando que las personas transgénero son los que más sufren la violencia de género, pero no hay políticas que busquen entender el fenómeno. «Agreden a la investigación, cierran los fondos, los fideicomisos y se acusa a la ciencia de ser neoliberal».

Fuente: DW.

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Los cuerpos de cinco hombres fueron localizados el martes a un costado de un camino en el sur de México, informaron las autoridades.

Los cuerpos se encontraban tendidos en un camino cerca de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, en la costa del Pacífico.

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La fiscalía estatal señaló que los cinco hombres tenían heridas de arma blanca en el rostro y cuello, lo que suponía que les habían cortado la garganta.

Los cuerpos también fueron localizados en una zona en donde existen disputas territoriales entre grupos del narcotráfico. En el área también hay actividad de las autodefensas, que en ocasiones están vinculadas al crimen organizado.

Además el martes, las autoridades informaron que los restos óseos encontrados en noviembre en en el estado de Sonora, limítrofe con Estados Unidos, pertenecen a 25 personas distintas.

Buscadores voluntarios encontraron 14 fosas comunes en un matorral que contenían huesos, algunos de ellos calcinados, y cuerpos en descomposición. Los restos estaban tan revueltos que les tomó más de un mes a los investigadores determinar el número de cuerpos.

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Grupos voluntarios de búsqueda, conformados por familiares de personas desaparecidas, encontraron las fosas comunes cerca de una autopista al oeste de Hermosillo, capital del estado.

Sonora ha sido escenario de disputas por las rutas del narcotráfico entre facciones del Cártel de Sinaloa, aliados al Cártel Jalisco Nueva Generación, y un grupo aliado del capo Rafael Caro Quintero.

Fuente: Voz de América.

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El cártel de Jalisco, la banda del narco más fuerte en términos militares en México, ha comenzado a organizar a gente del pueblo para que actúen como escudos humanos contra los militares, que ahora solo tratan de mantener separados a los cárteles rivales.

“Si ellos entran otra vez, ponemos 2.000 personas aquí para pararlos”, dijo Habacuc Solórzano, un agricultor de 39 años que lidera el movimiento civil asociado con el cártel.

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Su declaración, como la mayor parte de lo que sale del lado de Jalisco, no es mera jactancia: ya tenía unos 500 vecinos marchando la semana pasada —luego vadeando un río— para enfrentarse a un escuadrón militar que bloquea un camino de terracería para salir del territorio de Jalisco.

Los habitantes de Aguililla están hartos de la estrategia del Ejército de simplemente separar al cártel de Jalisco de los Viagras, sus rivales que operan en el estado vecino de Michoacán. La política del Ejército permite que los Viagras, más conocidos por secuestrar y extorsionar, coloquen barricadas y retenes que han bloqueado todo el comercio con Aguililla. Los limones y el ganado que salen, o los suministros que llegan, deben pagar un impuesto de guerra a los Viagras.

“¡Preferimos que nos maten ustedes a que nos maten los criminales!”, gritó un manifestante a los soldados durante un tenso enfrentamiento de una hora entre personas que protestaban y una docena de soldados que se resguardaron detrás de una barricada de neumáticos de automóviles. Muchos de los manifestantes llevaban piedras y hondas, pero no las usaban.

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Los residentes quieren que el Ejército luche contra ambos cárteles o al menos deje que las dos organizaciones criminales se enfrenten.

“Que dejen que los cárteles se matan solos”, gritó otro manifestante. ”¡El cártel Jalisco va a topar con todos!”.

Esa opinión está muy extendida. “Lo que necesita este pueblo es que un cártel fuerte entre y tome el control e imponga algún semblanza de calma”, dijo un sacerdote local. “Hasta el momento, todo parece indicar que ese grupo es Jalisco”.

Sobre todo, lo que quieren los residentes es que se quiten los retenes de los Viagras y se vuelva a abrir la carretera. Debido a que ocasionalmente deben transitar por esos caminos cerrados, ninguno de los habitantes quiso dar su nombre por temor a represalias.

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Pero uno lo explicó así a los militares: “La única entrada nacional que tenemos hacia el pueblo de Aguililla está bloqueada y está controlada por un cártel, el cual está a escasos 500 metros de ustedes (el Ejército), y ustedes no están haciendo nada para que se cumpla nuestro derecho de libre tránsito”. Y agregó: “Ustedes no saben lo difícil que es para nosotros tener que estar costeando una guerra que viene a matarnos a nosotros”.

Esa es en realidad una descripción bastante precisa de la política gubernamental: preservar el status quo y hacer que cada cártel permanezca en su territorio.

Pero Jalisco no aceptará al gobierno como árbitro de las divisiones territoriales de los grupos de la droga; el líder local del cártel de Jalisco dice que el Ejército solo está tratando de proteger al más débil de las dos agrupaciones, los Viagras, por razones de corrupción.

Jalisco está en todas partes en Aguililla, desde camionetas y carros blindados caseros con las iniciales del cártel hasta los pequeños trampolines que la organización instaló para los niños en cada pueblo.

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Algunos residentes dicen que los presionan mucho para participar en las protestas, por temor a que les corten el agua o la electricidad si no lo hacen. Otros simplemente están cansados de pagar los impuestos de guerra de los Viagras y de estar aislados del mundo exterior. Una manifestante describió cómo murió su padre a principios de 2020 porque los Viagras no les permitieron llegar al hospital.

Decenas de sicarios del narco usan abiertamente chalecos antibalas estampados con las iniciales “CJNG” (Cártel Jalisco Nueva Generación) en la parte posterior, y en el frente, “FEM” (Fuerzas Especiales de Mencho), una referencia al apodo del líder, Nemesio Oseguera.

Jalisco es el único cártel en México que no oculta lo que es y no juega con la política de las relaciones públicas con la prensa o la moderación.

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“Nosotros somos narcos”, dijo el líder local de Jalisco, quien no dio su nombre. “Que cada quien se dedique a lo suyo”. Y agrega que el problema con los Viagras y otras bandas locales con las que están enfrentados es porque “ellos quieren todo para ellos”.

Jalisco mantiene su considerable ejército funcionando con una importante mezcla de dinero —el cártel tiene mucho proveniente del tráfico de fentanilo y metanfetamina que envía a Estados Unidos— y cocaína, que transporta por aire desde Costa Rica.

Mientras el jefe local se encuentra en un puesto de mando improvisado en la calle, se detiene una camioneta llena de hombres de Jalisco armados con fusiles de asalto AR15. El conductor dice: “Dice el escorpión que necesita mercadería”, y el jefe mete la mano en su propia camioneta y le entrega al copiloto una bolsa de plástico con lo que parece ser un kilogramo de cocaína, aparentemente para “las tropas”.

Fuente: Los Angeles Times.

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En Sinaloa, la tierra donde gobierna el Cartel de Sinaloa, el 30 de junio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en un tono indolente y casi sarcástico, reiteró las supuestas bondades de su política de «abrazos no balazos” hacia los carteles de la droga en México. Mientras, éstos aumentan día a día su violencia dejando una estela de miles de víctimas en todo el país.

«Cuando dije abrazos no balazos hasta se burlaron, y todavía, pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano, enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia, es un desafío, es un reto, pero vamos a lograr salir adelante”,

dijo el Presidente en el territorio de Ismael «El Mayo” Zambada el jefe del Cártel de Sinaloa, dos días antes de la consulta popular a la que él mismo convocó para enjuiciar a ex presidentes por actos de contubernio u omisión, como ahora hace él.

«Para que se tenga una idea de cómo la estrategia nuestra es distinta. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede, no funciona y no es humano enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”,

añadió el mandatario con descarnada demagogia.

La realidad es que los programas sociales de AMLO para contrarrestar la pobreza, que según él son la causa de la inseguridad, han fracasado. Según la información dada en julio pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una institución del propio gobierno, aunque en 2020 aumentaron las dádivas gubernamentales- repartidas en un contexto de opacidad- éstas en concreto no compensan la disminución de ingresos de las familias ni evitaron el aumento de pobres en México a causa del COVID-19.

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Más allá de los programas sociales, en la estrategia de la política de «abrazos no balazos” está incluida la negociación con los carteles de la droga de la llamada pax mafiosa o paz narca, como se reveló en esta columna en el mes de junio pasado.

A la par que el gobierno hace esas negociaciones, el partido político de AMLO, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), gobierna en más territorios dominados por el narco.

Mientras el Presidente dice en el discurso que «el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, los carteles de la droga en México se frotan las manos ante la política de «abrazos” que les permite incursionar en  un nuevo y muy jugoso negocio: el aumento de producción del fentanilo para su consumo en México.

El fentanilo y similares es el peligroso opioide sintético que aumenta la adicción y ha provocado en Estados Unidos una epidemia que ha causado en los últimos tres años decenas de miles de muertos por sobredosis. Tan solo 2019 causó la muerte de más de 36 mil personas.

De acuerdo con información obtenida por fuentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y México, está aumentando la venta local de esta droga sintética.

Si el gobierno de AMLO continúa con su política de total tolerancia hacia los carteles de la droga, en el mediano plazo México, además de la crisis de violencia e impunidad, podría enfrentar una epidemia como la de EU.

La crisis que viene

El Departamento de Estado de EU ha comenzado a detectar con alarma el aumento de la producción y consumo del opioide sintético en México.

De acuerdo con información obtenida de fuentes del Departamento de Estado de EU y confirmada directamente por informantes de la Guardia Nacional de México, el aumento de producción de esta droga sintética y su bajo costo de elaboración, han hecho que los carteles ya no solo dediquen el fentanilo y similares al consumo foráneo, sino que han comenzado a distribuirlo en México mezclándolo con todo tipo de drogas.

La información obtenida asegura que en México se vende mariguana, heroína, cocaína y metanfetaminas, mezclada con opioides sintéticos, en la gran mayoría de casos sin conocimiento del consumidor.

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Aunque las áreas de inteligencia y combate al narcotráfico en México tienen también esta información, hasta ahora el gobierno de AMLO no ha implementado alguna acción preventiva o advertencia a la sociedad mexicana.

Si ni siquiera existen campañas nacionales masivas contra el consumo de drogas en general, menos existen sobre el riesgo que conlleva consumir cualquier tipo de droga mezclada con fentanilo u otro opioide sintético.

El riesgo para la población aumenta luego de que en junio pasado la Suprema Corte de Justicia dio los últimos pasos para la legalización de la siembra, recolección, transportación y distribución de la mariguana para uso lúdico personal. Muchos ven a la marihuana como una droga blanda ‘inofensiva’, pero desconocen que ahora en el mercado para consumo nacional, los carteles están mezclando ésta con opioides sintéticos. Los usuarios no sólo pueden volverse más adictos, sino que corren el riesgo de morir.

Los carteles de la droga mexicanos utilizan el fentanilo y similares porque hacen su negocio criminal más redituable. Al mezclarlo con una droga matriz puede compensar la falta de calidad y pureza, la hace más potente. Genera mayor adicción en el usuario, y como su producción es menos costosa, aumenta las ganancias económicas al multiplicar su volumen.

La más mínima variación en el gramaje de fentanilo y similares al momento de mezclarlo con otra droga puede causar depresión respiratoria y un paro cardíaco fulminante.

El diagnóstico

Aunque el gobierno federal encabezado por AMLO ha frenado todos los acuerdos de cooperación en materia antidrogas con el gobierno de Estados Unidos, particularmente el Plan Mérida, ese país aún mantiene cooperación con gobiernos estatales en materia de capacitación a sus diversos cuerpos de seguridad.

Esto les ha permitido detectar el aumento del fentanilo en el mercado de consumo nacional y la falta de entrenamiento por parte de las autoridades para hacer los operativos de decomiso y destrucción, y para salvar la vida de las personas intoxicadas o recuperar los cuerpos de las personas muertas por sobredosis de este químico.

Si bien desde 2018 comenzó a haber indicios en México del consumo doméstico de fentanilo en la frontera norte, ahora, gracias al intercambio de información con autoridades locales, el gobierno de EU tiene detectado la existencia de laboratorios clandestinos de producción y consumo local en: Sonora, Sinaloa, Querétaro, Puebla, Morelos, Nuevo León, Baja California Sur y Chihuahua, y que diversas drogas mezcladas con fentanilo están circulando ya en el mercado nacional.

Tuve acceso a uno de los documentos que forman parte del entrenamiento que distintas fuerzas del orden de EU están dando a las policías locales.

En dicha presentación se advierte que «Grupos delictivos han encontrado un mercado nuevo en la producción de fentanilo con ganancias que superan a la venta de drogas tradicionales como cocaína, metanfetamina, marihuana o heroína”.

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Se afirma que el fentanilo y similares es indetectable para los consumidores de drogas tradicionales. Para las propias autoridades también, porque no tiene ningún olor o característica particular que permita identificarlo.

«Es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína”,

se afirma en el documento.

El efecto en el consumidor es demoledor: «El fentanilo se une a los receptores del cerebro que controlan las emociones y el dolor (superdepresivo/ superadictivo). Produce un estado de euforia y relajación y los efectos pueden incluir: nausea, vomito, confusión, somnolencia y depresión”.

Se afirma que el uso del fentanilo por parte de los carteles de la droga es doblemente más peligroso que otras drogas porque «la dosis letal de fentanilo es de 2 miligramos para un adulto de 100 kilogramos”.

Las propias características del fentanilo y similares hacen que los operativos del  gobierno para desmantelar los laboratorios clandestinos en donde se produce, sean más peligrosos. Y se afirma que en México ya ha habido casos de oficiales intoxicados, e incluso que han muerto al estar en contacto con la sustancia, por no tener las precauciones debidas.

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Se recomienda que en cada operativo se actúe como si hubiera presencia de fentanilo para evitar poner en riesgo la vida de los oficiales. Advierten del tipo de equipo especializado que debe ser usado para evitar poner en riesgo la vida de los oficiales, el cual otrora era proporcionado a través del Plan Mérida.

En el documento del Departamento de Justicia de EU se afirma que en diciembre 2018 en la Ciudad de México se decomisó un taller donde fabricaron tabletas de fentanilo M-30 con una maquina industrial con la capacidad de producción de miles de tabletas  por hora. Era solo el inicio.

En 2019 se encontró otro laboratorio en Monterrey, Nuevo León. En la Ciudad de México se encontró en un vehículo 32 kilos de Clorhidrato de Monohidrato, precursor para producir el fentanilo.

Y en el documento al que se tuvo acceso se muestran diversas fotografías de diferentes decomisos de opiáceos sintéticos realizados por la recién creada Guardia Nacional de AMLO, incluso en 2020.

La producción y comercialización aumentó aún más con la crisis del COVID-19.

Entre más abrazos, más negocios

Durante su gira a finales de julio en Sinaloa, AMLO aseguró que en México la producción de cultivos de amapola y mariguana está disminuyendo drásticamente y que el fentanilo no se produce en México sino que viene de otros países. Pero la realidad aplasta la demagogia.

Hace apenas unas semanas, la Oficina Contra la Droga y el Delito de la ONU informó que México es actualmente es el tercer país con mayor superficie de cultivo del mundo, dedicada a la producción de la amapola, de la cual se extrae el opio.

Aseguró que, junto con Afganistán y Myanmar, México controla el 96 por ciento de la producción de todo el planeta.

Y el documento del Departamento de Estado de USA al que tuve acceso muestra que aunque en 2017 México comenzó a restringir la importación de «fenetil”, en 2020 han llegado al país otros precursores como: 4-Anilinopiperidina (4-AP), anhídrido propiónico y cloruro de propionilo, entre otros. Estos son nuevos pre-precursores de fentanilo que permiten que este sí produzca en territorio nacional tanto para consumo interno como externo.

Durante los últimos 20 años está probado en México que la fórmula de complicidad, permisividad y complacencia por parte del gobierno hacia los carteles de la droga, no más dóciles, sino los hace más violentos. No genera menos muertos ni desaparecidos.

Lo único que causan los «abrazos” de AMLO en las organizaciones criminales es la multiplicación de sus negocios y sus víctimas.

Fuente: Deutsche Welle.

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La coalición Va por México (PAN, PRI, PRD) denunciará hoy ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la intromisión del crimen organizado en complicidad con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la elección intermedia, y en particular en las elecciones de la costa del Pacífico, anunció Marko Cortés, líder nacional del PAN, a través de un comunicado de prensa.

“En el pasado proceso electoral, hubo complicidad del gobierno de México con el crimen organizado, pues lamentablemente durante todo el proceso electoral no hubo una sola acción para garantizar la seguridad en la República, dejando que ocurrieran amenazas, secuestros y asesinatos de operadores, líderes políticos, así como también de candidatas y candidatos, unos incluso en actos públicos”, señaló.

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“Esos hechos reprobables hicieron que se viviera uno de los procesos más violentos en la historia de nuestro país”, aseguró.

El panista hizo referencia al Informe de Violencia Política en México 2021 de Etellekt Consultores, que registró 737 víctimas, de las cuales 89 perdieron la vida en atentados (35 eran candidatas o candidatos).

Entre los aspirantes asesinados en el pasado proceso electoral destacaron los casos de Alma Rosa Barragán, candidata a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, por Movimiento Ciudadano; Abel Murrieta, candidato a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, y Alfredo Sevilla, quien buscaba la reelección a la presidencia municipal de Casimiro Castillo, en Jalisco.

La denuncia

La denuncia será acompañada por Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, presidentes del PRI y PRD, respectivamente.

El objetivo es sentar un precedente y presentar una relatoría sobre la amenaza que significa la intervención del crimen organizado en el sistema democrático, el hostigamiento de las instituciones y la persecución política a los opositores, argumentó.

“La costa del Pacífico merece especial atención por parte del gobierno, porque son innumerables los indicios de que no sólo se trató de la injerencia del crimen organizado en las elecciones, sino que, incluso, pudo haber una alianza entre estos grupos y el gobierno morenista para favorecer a sus candidatos”, subrayó.

Lo anterior, en referencia a los procesos electorales de entidades como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero, donde Morena, partido del Presidente, le arrebató dos gubernaturas al PAN, cuatro al PRI y una al PRD.

En el documento, el líder blanquiazul incluso acusó terrorismo, pues consideró que éste es una forma violenta de lucha política.

El blanquiazul resaltó que el objetivo es defender y proteger la democracia y el derecho de los mexicanos a decidir libremente a sus representantes.

No es la primera vez que se denunciará la intromisión del crimen organizado en la elección pasada. En julio, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán emanado del PRD, presentó una denuncia y presuntas pruebas de la participación del crimen en la elección estatal.

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Durante mayo, Marko Cortés también denunció al presidente López Obrador por intromisión en el proceso electoral.

La decisión de los partidos se dio luego de la reunión plenaria que sostuvieron el fin de semana, de cara al arranque de la próxima legislatura en la Cámara de Diputados.

Los líderes partidistas se reunirán con Luis Almagro, secretario general de la OEA, a las 11 de la mañana tiempo de México, y con Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, a las 12 y media de la tarde.

Fuente: El Financiero.

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