Aunque México podría tardar hasta 20 años en extraer litio, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la creación de la empresa estatal LitioMx, que se encargará de explotar este mineral clave para el almacenamiento de energía.

“El objeto de Litio para México (LitioMx) es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en territorio nacional”,

explicó la Secretaría de Energía (Sener) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

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De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM), se estima que en 18 estados de México existen yacimientos de litio, también llamado “el petróleo del futuro”, que impulsarán la electromovilidad y el almacenamiento de la energía para la realización de varias actividades.

Sin embargo, expertos en el tema han advertido que el gobierno mexicano tendrá que invertir miles de millones de pesos y le tomará al menos 20 años comenzar a extraer este recurso natural,además de que los riesgos de no encontrar litio en las minas suelen ser muy altos.

“Los procesos de exploración para encontrar depósitos de litio pueden llevar al menos 12 años, una vez que se encuentra el yacimiento es necesario diseñar la mina y el proceso para separar el litio de las rocas.

“Esto tarda alrededor de cuatro años más, es decir, que la empresa del Estado podría rendir frutos en un periodo de hasta 20 años, no menos”,

explicó Armando Alatorre Campos, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

Actualmente, México no produce litio, componente elemental para la fabricación de baterías de autos eléctricos. No obstante, la entrada de operaciones de la firma Bacanora Lithium, prevista para 2023, “alimenta las esperanzas”.

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Dicha empresa y su socio Ganfeng Lithium, hasta marzo de este año, habían destinado cerca de 420 millones de dólares en una mina de Sonora. Este es el proyecto más avanzado para la extracción de este recurso en el país, pues se prevé que las operaciones inicien a principios del próximo año.

Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos, apuntó que la tecnología para la extracción de litio en terrenos arcillosos, como los de México, no está probada, por lo que estima que un solo proyecto para exploración podría costar miles de millones de dólares, debido a que se tendría que comenzar desde cero y desarrollar nuevas tecnologías.

“Los procesos de exploración pueden tardar más de 10 años, lo que implica inversiones muy elevadas; un solo proyecto de exploración podría costar más de 11 mil millones de dólares”,

advirtió.

También alertó que, luego de invertir millones de dólares, muchas empresas no tienen éxito. Tal fue el caso de la candiense One World Lithium, que en enero de este año anunció que, debido a los bajos resultados de exploración en su mina en Baja California, la empresa ya no tenía interés en ese negocio en México.

LitioMx estará bajo el cargo de la Sener y de un Consejo de Administración, que se conformará por los titulares de las secretarías de Energía (que lo presidirá), Hacienda, Economía, Gobernación y Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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El decreto de la nueva empresa estatal entró en vigor el pasado 24 de agosto, por lo que LitioMx tiene un plazo para iniciar funciones en 180 días naturales. En los siguientes años, los recursos serán cubiertos con las asignaciones que la Cámara de Diputados otorgue en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es importante recordar que cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno, en diciembre de 2018, prometió que Pemex sería un caso de éxito y una fuente millonaria de fondos para sus programas sociales.

Sin embargo, aquel sueño se transformó en pesadilla para el mandatario. Hoy la empresa petrolera es una de las más endeudada del mundo y sus bonos han sido colocados como basura para algunos inversores.

Extracción del litio… ¿un riesgo ambiental?

Leticia Merino Pérez, coordinadora del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, advirtió que antes de que el Estado comience con la exploración de litio, el gobierno debe realizar evaluaciones de impacto ambiental y a las comunidades, mismas que deben ser llevadas a cabo por especialistas independientes.

“La exploración y explotación del litio debe establecerse dentro de un marco de transparencia, sin importar si se trata del Estado o no, ya que, de no hacerlo así, podrían violar la Constitución, así como los derechos de las comunidades aledañas a las zonas de explotación”,

sentenció.

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La Ley Minera establece que la explotación, extracción y procesamiento del litio es una actividad de interés público, lo que amenazaría los derechos de acceso al agua, anticipó Aleida Azamar Alonso, investigadora de la UAM Xochimilco.

“Para extraer litio en algunas minas de Chile, son necesarios 600 litros de agua por minuto, lo que equivale al consumo diario de dos personas de la Ciudad de México; la extracción de litio en el país requerirá de mayores cantidades de agua”,

explicó.

Asimismo, agregó que las empresas involucradas en este sector “estén utilizando grandes cantidades de agua, pero también grandes cantidades de madera; la población aledaña al proyecto de Bacanora Lithium dice que sí hay afectaciones, sobre todo en la cantidad de agua que reciben”.

Fuente: El Financiero.

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El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no da tregua en su combate por estatizar los recursos del país. Apenas dos días después de su fracasado intento de dar marcha atrás a la apertura del sector eléctrico, logró que el Parlamento aprobara en tiempo récord su reforma minera.

El corazón de la nueva legislación publicada el miércoles (20.04.2022), gira alrededor del litio. La exploración y la explotación de ese mineral fueron decretadas de «utilidad pública» y se creará un organismo público para su gestión. Con este modelo estatal, inspirado en el ejemplo boliviano, México entra a la batalla por la movilidad de futuro; pero tarde y con ciertos riesgos, advierten expertos consultados por DW.

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Durante el debate en el Congreso, se oyeron voces muy entusiastas, despertando expectativas sobre un nuevo boom de la minería. Los legisladores del gobernante movimiento Morena dijeron que los recursos generados por el litio podrían pagar cuatro veces la deuda externa. El comentarista Alejo Sánchez Cano calificó esa estimación como «cuentas alegres» en el diario El Financiero. «Olvidaron considerar el costo de extracción y todos los gastos directos e indirectos que implica entregarlo al consumidor final», escribe en su columna ‘El mito del litio mexicano’.

«Lo bueno es que finalmente tenemos una ley sobre el litio», dijo Juan Pablo Aguirre, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado y autor de un estudio sobre el tema. El investigador comenta en entrevista con DW que hace apenas cinco años empezó la discusión sobre el litio en México, mientras que en Chile tienen más de tres décadas explotando dicho mineral.

Aguirre observa varias lagunas en el texto: «Hay silencio sobre los impactos y peligros ambientales», advierte. En México, el litio no es fácilmente accesible en salares como en el altiplano de Chile o Bolivia, sino que se encuentra en rocas arcillosas que habrá que fracturar, para luego separar con procesos químicos el litio.

«El mayor yacimiento de México está en (la región desértica de) Sonora, donde, lamentablemente, se han tenido muy malas experiencias con contaminación de agua»,

comenta el investigador a la DW.

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«Ni siquiera sabemos cuánto litio hay en México», remata Octavio Aguilar, consultor y exgerente de administración de la estatal empresa petrolera Pemex. «Y tampoco tenemos tecnología para explotarlo», dijo a DW el experto en energía, e hizo un paralelo con la empresa estatal petrolera: «Algo parecido nos pasó en Pemex con el petróleo en aguas profundas. No teníamos la tecnología, y por eso había que hacerlo de la mano de socios extranjeros.»

En el mundo energético y minero, los caminos son esencialmente tres: O uno invierte en el largo proceso del desarrollo de una tecnología propia, o contrata una empresa que tenga la tecnología y le paga -en general son costos altísimos- o uno se asocia con una empresa experta en el sector y luego se reparten las ganancias.

Bolivia optó en 2008 por el primer camino. Pero hasta hoy, la producción de carbonato de litio por la empresa estatal no supera las 400 toneladas al año, y apenas despegó cuando el país se asoció con una empresa china. Un consorcio australiano-argentino-japonés en la vecina Argentina, que comenzó en la misma época, hoy produce unas 12 mil toneladas.

El presidente López Obrador anunció que las ocho concesiones de exploración de litio, otorgadas por su predecesor, serán revisadas. «Vamos a ir desarrollando la tecnología (para explotarlo), o se adquiere, pero el litio es nuestro», subrayó el presidente.

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Todavía no queda muy claro si las licencias podrían ser revocadas. Pero este procedimiento no mejora la ya dañada reputación de México en el mundo empresarial nacional e internacional.

Los ataques del gobernante a las empresas españolas, a las que tildó de «explotadores y colonialistas», y su intento de dar marcha atrás a la apertura del sector eléctrico, -donde había más de 40 mil millones de dólares de inversión extranjera en energías renovables- dejaron la imagen de un país hostil para las empresas extranjeras.

Sin embargo, las empresas estatales mexicanas tienen reputación de ser ineficientes, altamente endeudadas y con serios problemas de corrupción.

La explotación del litio será entonces cuesta arriba, vaticinan los expertos. «México llega tarde a la carrera del litio», dijo Aguirre. «El reto es mayor y se va a requerir conocimiento, capital humano y, sobre todo, ser competitivo.»

Para el investigador «el tiempo corre» ya que otros minerales como el níquel o el cadmio podrían en el futuro sustituir al litio como ingrediente principal en las baterías de los autos eléctricos. «Podemos terminar como en el caso del uranio», dijo Aguirre. Ese mineral, esencial para la industria nuclear, fue nacionalizado en 1950, pero a pesar de tener una central nuclear mexicana, por falta de inversiones y transferencia tecnológica, nunca se desarrolló una industria.

Fuente: DW.

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La nacionalización del litio en Bolivia ocurrió en 2008, dos años después de que Evo Morales se convirtiera en presidente. Aunque su industria debiera estar establecida siete años después, en pleno 2022 Bolivia no es un competidor en el mercado mundial de baterías de litio. En el camino se ha topado con obstáculos de todo tipo, desde falta de recursos, personal poco capacitado, desencuentros políticos e incapacidad tecnológica.

Ahora, el nuevo estimado oficial es que Bolivia por fin tenga una producción industrial de baterías para 2024 o 2025, diez años más tarde de lo inicialmente planeado.

Bolivia, rico en litio

Bolivia pertenece al «triángulo del litio», la zona geográfica compuesta por Argentina, Chile y el mismo Bolivia, en que se estima esté el 85% del litio del planeta. El Servicio Geológico de Estados Unidos asegura que en Bolivia hay 21 millones de toneladas métricas de litio, lo que le colocaría como el país con más litio del mundo.

A Bolivia le siguen Argentina con estimación de 19 millones de toneladas, Chile con 9, Estados Unidos con 6.8 y Australia con 6.3. A México se le estiman 1.7 millones.El litio es un metal muy ligero y poco denso que tiene usos en industria farmacéutica, aeronáutica y, principalmente, en baterías para dispositivos de tecnología de consumo y autos eléctricos

Dada la enorme cantidad del litio en suelo bolivariano es fácil entender que su explotación se haya convertido en una misión cuya esperanza era sacar de la pobreza al país. El proceso lo detalla la especialista en relaciones internacionales, Agustina Sánchez, en un artículo publicado por el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales. En él se lee que el proceso de explotación nacionalista de las gigantescas reservas que están en las salmueras del Salar Uyuni, comenzó en 2008 con la Ley Número 3720.

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Ese mismo año se aprobó el Proyecto de Desarrollo Integral de Salmueras del Salar Uyuni y la puesta en marcha de una planta piloto para el procesamiento del litio. Una nueva constitución fue aprobada en 2009 en la que se incluyó que todos los recursos naturales del país serían considerados a partir de ese momento de interés público y carácter estratégico.

En papel el avance fue pronto, en la práctica no lo fue tanto. Cinco años después de la entrada en vigor de la ley, en enero de 2013, fue creada la Planta Piloto de Carbonato de Litio. Tomó otros largos cuatro años que se creara la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB por sus siglas), la responsable de toda la cadena de productiva del litio.

Diez años después de la nacionalización pareciera que Bolivia se dio cuenta de que la tarea era tan titánica que necesitaba de alianzas comerciales, así que Evo Morales anunció que sí permitiría la iniciativa privada en el proyecto del litio, siempre y cuando la administración y explotación corrieran mayoritariamente a cargo del gobierno.

Así, en 2018, Morales terminó por firmar con la empresa alemana ACI Systems, en un acuerdo que incluía que la empresa dotara de tecnología y financiamiento para la primera planta de producción de materiales catódicos. El que parece que sería el plan definitivo tuvo un nuevo contratiempo cuando Evo Morales dejó la presidencia en noviembre de 2019.

La carrera contra el tiempo de Bolivia

Evo Morales acusó que su salida se debía a un «golpe de litio«, por el que empresas extranjeras interesadas en el mineral habrían confabulado para expulsarlo como mandatario. Luego, el propio ex presidente de YLB, Juan Carlos Zuleta, dijo en una entrevista con DW que la producción de la fábrica creada con ACI Systems era limitada principalmente porque el proyecto «se encomendó a personas que no tenían conocimiento ni experiencia«.

En sus palabras «se usó tecnología inapropiada para las condiciones climáticas del Salar de Uyuni«, lugar en donde están los depósitos más grandes de litio de Bolivia, y criticó abiertamente el acuerdo por ser uno «entreguista«, con todo y que Bolivia conservara el 51% de la producción.

Justo antes de su salida el trato con ACI Systems fue paralizado por el propio Morales. Sin embargo, un informe del gobierno de Bolivia detalló que para 2020 en la planta de inversión mixta ya se producían 6,000 baterías al año. El número es uno insuficiente para colocar a Bolivia como vendedor internacional de baterías, pero la apuesta seguirá siendo por el proyecto con inversión extranjera; el actual presidente, Luis Arce, anunció en 2021 que Bolivia retomaría conversaciones con Alemania con miras en que por fin el país pudiera escalar la producción y comercializar baterías.

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Con ese proyecto, que pareciera sería el definitivo de una vez por todas, el plan es que Bolivia produzca baterías a nivel industrial en otros dos o tres años más. Si el plan funciona a la perfección Bolivia será un competidor real en la venta de baterías hasta 2024 o 2025, según su propio viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez.

El caso es que, entre tensiones, indecisiones políticas y señalamientos de personal poco preparado, Bolivia lleva 14 años desde la nacionalización del litio y sigue sin ser un competidor en el mercado de baterías. El problema es que, en tanto pase más tiempo, el futuro de las baterías ion-litio se pronostica más incierto. Bolivia ya produce industrialmente carbonato de litio, cloruro de potasio y sulfato de potasio, pero no baterías de iones-litio, un mercado que se estimó en 7,000 millones de dólares en 2018 y se prevé aumente a 58,000 millones de dólares para 2024, según la Organización de las Naciones Unidas.

Incluso si el pronóstico más halagüeño se cumple, Bolivia definitivamente se habrá perdido de la ventana de crecimiento del mercado de baterías de litio.

Después del 2024 el futuro del mercado de baterías de litio es todavía más difícil de pronosticar, cuanto más si se considera que varios fabricantes dicen tener desarrollos de baterías de estado sólido para vehículos eléctricos. Entre las ventajas de la nueva tecnología tras baterías está el que son más baratas de producir y por tanto reducirían también los costos de los autos eléctricos.

Mientras el futuro no se ve claro, el pastel de las baterías es de alguien más. El país que más produce litio en el planeta no es Bolivia o ningún otro país sudamericano, sino Australia, el quinto lugar en reservas de litio. Solo en 2019 sus exportaciones fueron de casi 1,600 millones de dólares y la gran mayoría se destina a China. En toneladas, Australia produjo 40,000 toneladas métricas en 2020 mientras que Bolivia no figura en los primeros siete países, según cifras de statista.

YLB en su momento firmó para crear otra planta con China. La planta fue acusada de construirse con sobreprecio y el entonces gerente de YLB se vio obligado a renunciar

México puede aprender del camino de Bolivia

México tiene una serie de ventajas que Bolivia no. Bolivia es un país de 12 millones de habitantes en el que, según dijo a The New York Times Robert Mintak, director ejecutivo de la empresa especializada en litio, Standar Lithium, no hay mano de obra, tiene muchos riesgos políticos y al no contar con salidas al mar se dificultan las tareas de exportación.

México es solvente en varios de esos temas. Esencialmente comparte con Bolivia los problemas de capacidad tecnológica y procesamiento e industrialización del litio. Si México cierra alianzas estratégicas en esos temas podría aventajar los diez años que le tomó a Bolivia cerrar esos acuerdos. El principio no es diferente. México carece de las tecnologías necesarias para el procesamiento del litio y el problema se ve acentuado con un detalle técnico: en México el litio encontrado en la mina de Sonora es uno mezclado con arcilla, lo que vuelve al proceso particularmente complejo.

La propia ex-secretaria de Economía, Graciela Márquez, aseguró en octubre del 2020, cuanto todavía ocupaba el cargo, que el proceso para extraer litio en México «no es eficiente«, principalmente porque el litio encontrado en la mina de Sonora está mezclado con arcilla. La declaración coincidió con que el presidente dijera, también en 2020, que en México no se preveía que el gobierno explotara el litio porque sería un proceso muy caro. «Esto tendrá que hacerse con la participación de la iniciativa privada porque requiere de presupuesto«, dijo.

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No queda claro qué ha pasado en el camino para que, dos años después, las decisiones sobre el litio sean totalmente otras. Tampoco queda claro si, tal y como está escrita la ley minera, habría espacio suficiente para cerrar acuerdos de colaboración con empresas extranjeras tal y como ocurrió en Bolivia, siempre que se mantuviese la participación mayoritaria del estado. Si fuera así el caso, cierto es que México todavía enfrentaría el reto de generar alianzas transparentes para no tener cuestionamientos relacionados con incapacidad técnica de las empresas (al estilo de lo que pasó con ACI Systems) o sobreprecios (al estilo de lo que pasó entre Bolivia y China).

De una u otra forma, México tiene una carrera contra reloj que hace palidecer la que tiene Bolivia. El país sudamericano ya tiene convenios con empresas extranjeras y ha reconocido que su capacidad técnica no es suficiente para generar una industria del litio. Tras la nacionalización en México habrá que esperar si ese reconocimiento ocurrirá pronto o si hasta en ello el caso de Bolivia será profeta.

Fuente: Xataka.

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