Las modificaciones a la legislación en Nuevo León, efectuadas el 8 de enero de 2024, abordaron específicamente la necesidad de brindar apoyo a las mujeres que experimentan dificultades durante su menstruación.

A través de ajustes en las fracciones XIX y XX del artículo 36, la adición del artículo 24 Bis 7 y la inclusión de la fracción XXI al artículo 36, se establecieron las condiciones bajo las cuales las mujeres pueden acceder a una incapacidad laboral con remuneración completa.

Esta medida, sin embargo, no es exclusiva de Nuevo León, ya que otros estados también han reconocido la importancia de adaptar la legislación laboral para satisfacer las necesidades específicas de las mujeres.

Medios de incapacidad laboral

La incapacidad laboral en México aborda situaciones en las cuales un trabajador se encuentra temporal o permanentemente incapacitado física o mentalmente para realizar sus funciones laborales.

Puede derivar de un riesgo laboral, como un accidente o una enfermedad relacionada con el trabajo. La incapacidad temporal se refiere a la pérdida temporal de facultades que impide a una persona trabajar durante un período definido.

La incapacidad permanente parcial ocurre cuando una persona ha perdido algunas facultades de manera definitiva, disminuyendo su capacidad para trabajar.

La incapacidad permanente total se presenta cuando una persona ha perdido todas sus facultades, volviéndola incapaz de realizar cualquier trabajo durante el resto de su vida.

Las incapacidades derivadas de riesgos laborales dan lugar a indemnizaciones, las cuales se pagan directamente al trabajador, sus dependientes o beneficiarios en caso de fallecimiento.

Los empleadores deben cumplir con el pago de indemnizaciones durante el tiempo de reposo necesario. Según la ley, el salario base para calcular estas indemnizaciones debe ser el salario diario que el trabajador percibía al ocurrir el riesgo.

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“Estoy a favor de las mujeres, y ya va a corresponder al INE y a los partidos siempre darle más preferencia a las mujeres”, dijo sobre la propuesta del Instituto Nacional Electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas para los gobiernos de ocho estados y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La semana pasada, las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos, y de Igualdad de Género y No Discriminación del INE emitieron un comunicado proponiendo que para garantizar la paridad en el proceso electoral de 2024, los partidos políticos debían postular a cinco mujeresen las candidaturas para las nueve entidades que elegirán gobernante(Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México).

El pasado jueves 19 de octubre, sesionó el Consejo General del INE y en la orden del día estaba prevista la votación de este acuerdo para garantizar la paridad en las candidaturas, sin embargo, una confusión llevó a que seis consejeros votarán en contra cuando en realidad estaban en favor de la propuesta discutida. Ante ello, el proyecto fue desechado en lo general y, en consecuencia, ya no fue analizado en lo particular.

Sin embargo, los consejeros pidieron a Guadalupe Taddei, presidenta del INE, enmendar el error y citar a sesión extraordinaria esta semana para discutir y aprobar el acuerdo de paridad de género. De ser avalado, los partidos políticos deberán definir en qué estados postularán hombre y mujeres y en cuáles únicamente habrá candidatas, para luego enviar sus convocatorias a los Organismos Públicos Locales y éstos deberán remitirlos al Instituto Nacional Electoral.

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En los últimos cinco años Quintana Roo mejoró en cuanto a ofrecer condiciones laborales dignas a las mujeres. Ya que cuatro de cada 10 féminas en el Estado afirmaron haber accedido en ese tiempo a empleos de mayor calidad y con ingresos más altos.

La información del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) refiere que por esta razón cada vez más mujeres están dispuestas a trabajar en el Caribe Mexicano

Quintana Roo ocupa la posición número nueve en este rubro, con el 56.3% de las mujeres mayores de 18 años se encuentra laborando, una cifra superior al promedio nacional que es de 42.1%, y no muy lejos del primer lugar, que es del 65%, en la Ciudad de México.

El porcentaje de mujeres preparadas, es decir, de mayores de 18 años o más que tienen al menos educación media superior, pasó del 45.8% al 49% en ese mismo periodo, ocupando la posición número cinco.

El desglose de la información sobre este dato revela que seis de cada 10 féminas afirmó que estudió materias relacionadas con el trabajo que actualmente desempeñan, principalmente en el ramo turístico.

Otro 24% señaló haber estudiado en el último lustro alguna carrera o curso para mejorar su desempeño laboral o tener acceso a mejores puestos, principalmente licenciaturas relacionadas con administración de empresas o lenguas extranjeras.

Mujeres dispuestas a trabajar en el Caribe Mexicano ante mejor condición laboral / (Foto: Daniel Tejada)

La proporción de mujeres que piensa que ganan menos que los hombres se redujo de un 26.3% a un 15.2%.

También la mayoría de ellas estimó que durante los últimos años notaron un incremento de hasta un 18% en sus salarios formales.

Sin embargo, este dato no toma en cuenta los ingresos extra, como las propinas, las cuales representan las principales entradas de dinero de más de 120 mil mujeres que trabajan en el sector turístico.

En cuanto al porcentaje de mujeres que quieren trabajar y no pueden, este redujo del 22.1% al 14.2%, siendo Quintana Roo la cuarta entidad con menos tasa de mujeres en esta situación. La mayoría refirió que estar dedicada a los hijos es la principal razón por la que no pueden emplearse.

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El acceso al trabajo digno no es igual para todas las personas en México. El acceso a las oportunidades de trabajo con prestaciones establecidas en la ley y bien remuneradas está directamente relacionado, entre otros factores, con la clase social, el nivel educativo y, por supuesto, el género.

Históricamente, diversos trabajos realizados en su mayoría por mujeres han tenido poco reconocimiento social, mala remuneración económica, han sido ejercidos sin derechos laborales que protejan a las trabajadoras, e incluso han sido espacios de violencia y discriminación contra ellas.

Un ejemplo es el trabajo en la industria indumentaria: ropa, calzado y accesorios. El Índice de la Transparencia de la Moda en México 2021 muestra que, a nivel internacional, entre 70 y 80% de la fuerza laboral del sector de las prendas de vestir confeccionadas en los países productores son mujeres con bajos niveles de educación y, con frecuencia, menores de edad y personas migrantes.

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Conforme a este índice, dos de cada tres personas que trabajan en la industria de la moda sin remuneración son mujeres y casi seis de cada diez personas laborando en esta industria bajo una subcontratación abusiva, también son mujeres. A esto se suma que la Cámara Nacional de la Industria del Vestido destaca que en México las mujeres representan 68% de la fuerza de trabajo en la industria de la confección de prendas de vestir.

Otra muestra de la precarización laboral en una actividad ejercida mayoritariamente por mujeres es el trabajo del hogar. Si bien hay avances importantes que se han obtenido gracias al esfuerzo de las trabajadoras de este sector, ésta sigue siendo una actividad feminizada y precarizada. De acuerdo a la Encuesta Sobre Derechos de las Personas Trabajadoras del Hogar, 88% de las personas trabajadoras del hogar son mujeres, 99 de cada 100 trabajan sin contrato y ganan un aproximado de 38 pesos por hora.

Otro ejemplo es el trabajo sexual. De acuerdo con la Alianza Mexicana de Trabajadorxs Sexuales, la clandestinidad en la que se ejerce este trabajo hace que el acceso a la justicia y los derechos laborales sean en muchas ocasiones casi imposible. Además, a nivel social es común que se desconozca la diferencia entre el trabajo sexual y el delito de trata de personas, lo que pone a las trabajadoras sexuales en una situación de vulnerabilidad en la que si no se declaran como víctimas del delito de trata pueden ser acusadas de ser victimarias. Esto además las enfrenta ante un sistema de justicia plagado de estereotipos de género en el que lejos de obtener justicia, sufren revictimización y violencia institucional.

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Actualmente en México existen normas jurídicas fortalecidas para atender las problemáticas que se presentan en el ámbito laboral, incluso desde la perspectiva de género. La reforma en materia laboral en la que se prevé la obligación de los centros de trabajo de contar con protocolos para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo y la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso son avances importantísimos para el marco legal que debe proteger a todas las personas trabajadoras en México.

Sin embargo, a pesar de tener normas con los más altos estándares de respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres en el área del trabajo, la realidad suele estar alejada de lo que nuestras leyes señalan. Se deben reforzar las acciones implementadas por el Estado y las empresas para mejorar las condiciones laborales, sobre todo de los sectores más precarizados.

Igualmente, se debe seguir trabajando para que el nuevo sistema de justicia laboral sea implementado desde una perspectiva de género, contemplando las interseccionalidades que profundizan la desigualdad. 

Es necesario que lo que hoy está escrito en el marco jurídico se transforme en un contexto de justicia social y en el que el acceso a los derechos laborales sea igual para todas las personas, especialmente de las mujeres.

Fuente: El Economista.

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La violencia contra las mujeres en México, que cobra la vida de más de 10 de ellas al día, fue reconocida como un problema de Estado, pero para seguir avanzando, faltan muchas otras cosas, entre ellas recursos económicos, señaló este martes la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto.

Entre otros pendientes está la cobertura de los servicios que brinda el Estado, que no es suficiente, así como tampoco la capacidad que tienen los servidores y servidoras públicas, ni los recursos, añadió.

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En un evento virtual de cooperación, Ferreto y Merike Blofield, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área (GIGA en inglés) participaron en la mesa “Violencia contra las mujeres en América Latina”.

Para el caso de México, Ferreto dijo que “sí hay cambios positivos” y señaló que el país “se ha dotado de todo un andamiaje jurídico e institucional que reconoce la violencia contra las mujeres como un problema de Estado, como una responsabilidad del Estado”.

Puso como ejemplo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de leyes en las 32 estados que integran México, y señaló como “grandes avances la construcción de tipos penales y una serie de instituciones como institutos, centros de justicia y fiscalías especializadas para las mujeres”.

Dijo que todo ese andamiaje jurídico e institucional “es un gran avance y hay que reconocerlo como un esfuerzo del Estado”, pero recordó que ello “deriva de las exigencias de las organizaciones y de las víctimas”.

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Relató que en los últimos años las mujeres en México, como las de otros países latinoamericanos, se han organizado cada vez más para luchar contra la violencia de género y, para ello, hacen públicas las agresiones, exigen medidas de protección del Estado y buscan formas de ayudarse entre sí.

Recordó que en México fueron las propias madres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, hace algunos lustros, “quienes encabezaron la protesta y la indignación y las que dieron a conocer al mundo lo que ahí estaba sucediendo”.

La representante de AI dijo que una cosa importante “es que la cobertura de los servicios no es suficiente y la capacidad que tienes los servidores y servidoras públicas tampoco es suficiente”.

Señaló que diversas organizaciones internacionales y comités han señalado al Estado mexicano que “no basta con sensibilizar al personal de los servicios de atención, yo digo que la sensibilidad está muy bien pero que hay deberes y uno de ellos es investigar con perspectiva de género, si son sensibles o no ya es ganancia, pero hay que recordar que entre esos deberes está asignar a las fiscalías especializadas recursos suficientes”, apuntó.

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México afronta una crisis de violencia machista con más de 10 mujeres asesinadas cada día, según ONU Mujeres.

El Gobierno mexicano registró mil 4 víctimas de feminicidio en 2021, como se tipifica el asesinato motivado por violencia de género, un 2.66 por ciento más que en 2020.

Según organizaciones, el Estado comparte la responsabilidad de la violencia contra las mujeres debido a las inadecuadas medidas de protección y falta de investigación. Los agresores rara vez son perseguidos.

Fuente: El Financiero.

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Una bebé de entre 7 y 9 meses de edad fue hallada muerta envuelta en una cobija azul en un paraje rural habitado mayoritariamente por indígenas, en el Estado de México. Es el último caso que busca esclarecer la activista mexicana conocida como Frida Guerrera. A través de las redes sociales y de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado, la activista lanzó un llamado para localizar a los familiares de «La beba de los conejitos«, así llamada por llevar puesto un pantalón rosa con motivos de conejos y una sudadera morada con la palabra «love».

«La mayoría de estos bebés son asesinados por sus padres, padrastros o madres. Obviamente no habrá quien busque justicia. Hemos tenido varios casos que hemos trabajado en conjunto con otras mujeres. En cuanto sabemos de casos como el de «La beba de los conejitos», encontrada en noviembre de este año, en una zona mazahua, indígena, en la sierra, empezamos nuestra labor, para impedir que estas pequeñas se queden sin justicia ni verdad, y que estos crímenes queden impunes»,

afirma Frida Guerrera en conversación con DW.

La activista protege su identidad y las de sus compañeras de lucha debido a las múltiples amenazas que ha recibido desde que asumió un primer caso en 2017. Trabaja junto con una artista forense que reconstruye los rostros de las víctimas con dibujos a lápiz y con la líder de la ONG «Siguiendo tus Huellas».

El caso de Lupita encontró justicia parcial

«En el caso de Lupita, que fue el primer caso que acompañamos bajo circunstancias parecidas, nos tardamos ocho meses en dar con su identidad y con la familia de los asesinos». Lupita, una niña de 3 años hallada muerta y con signos de violación en Ciudad Netzahualcóyotl, en los suburbios de la capital mexicana, recibió inicialmente el sobrenombre de «calcetitas rojas», por ser ésto lo único que llevaba puesto. El violador sigue libre, aunque no sus asesinos.

«El desenlace es que su madre y su padrastro están sentenciados a 88 años de cárcel cada uno por haberla asesinado. Lupita no estaba registrada y hubo que registrarla post mortem. Lo más grave del caso de Lupita es que fue asesinada a golpes por su padrastro y su mamá, la fueron a tirar a un terreno baldío, y un tercer agresor, que hasta el momento se ignora quien es, ya muerta, la violó. Ese es el terror que viven las bebés en este país», dice Frida.

La activista decidió desde entonces dar voz a quienes sufren violaciones graves a los Derechos Humanos. Su foco son los feminicidios y la violencia contra las mujeres, niñas y niños. «Los más vulnerables están siendo cada vez más asesinados, con más saña, con mucha brutalidad. A menudo por las personas que deberían cuidarlas. Algo que se está extendiendo a las ancianas, los feminicidios de mujeres de la tercera edad».

A través de un blog, de su canal de YouTube, la activista lucha desde hace años contra la impunidad en casos de feminicidio, sobre todo de menores de edad. Acude regularmente a las conferencias matutinas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para cuestionar la estrategia de su gobierno en el combate del feminicidio. Entre sus reclamos figura la creación de una fiscalía especializada para esclarecer los casos de feminicidio. López Obrador asegura que su gobierno es el que más protege a las familias, a las mujeres, a las niñas y a los niños.

Los asesinatos por razón de género siguen al alza después de registrarse 842 casos entre enero y octubre de 2021, un aumento de un 4,9% con respecto al mismo período en 2020, según ONU Mujeres. México ha registrado los años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinatos en 2019 y 34.588 en 2020.

Aumento de feminicidios, impulsados por el encierro

La investigadora de la Universidad de Guadalajara Silvia Valencia Abundiz, estudia el feminicidio desde la psicología social; un problema que se extiende a toda América Latina en donde el 98% de los casos siguen impunes. Entre los más vulnerables figuran no solo las mujeres, con diez asesinatos diarios, según cifras oficiales, sino también los niños, los jóvenes y los ancianos.

«El feminicidio es uno de los delitos que se ha incrementado, favorecido por factores relacionados con la pandemia, como fue el encierro, el trabajo en casa. Tengo la impresión, como muchos otros investigadores, de que no hay un interés genuino por cambiar el rumbo. Hay un discurso que no concuerda con los hechos, es un desinterés no solo del presidente, sino de los titulares de las instituciones a los que no parece importarles ni la seguridad ni la protección de las mujeres».

Ejemplo de ello, según la investigadora, fue el cierre de las estancias infantiles, así como de los albergues para mujeres maltratadas. Ambos figuraron entre las primeras medidas adoptadas por López Obrador al llegar al poder en diciembre de 2018.

«El cerrar las estancias infantiles, una gran ayuda a las madres trabajadoras, tuvo una gran afectación al proceso de desarrollo de los niños, porque significó dejarlos en cualquier lado, o encerrarlos, o dejarlos con las abuelas. No todos los abuelos están en condiciones de hacerse cargo de sus nietos. Luego cerraron los albergues para mujeres maltratadas; esto también ha sido un golpe porque mina la posibilidad de que las mujeres que son amenazadas o que viven procesos de agresión muy fuerte, tengan un lugar en donde cobijarse y protegerse»,

explica.

Retroceso en el Estado de derecho

La académica destaca que pese a que México fue uno de los primeros países de la región en tipificar el feminicidio como delito, hay mucha incomprensión del fenómeno. «Por el simple hecho de ser mujer, se vive en esta condición de agresión permanente y en muchos casos se llega a la muerte. Sobre todo en entornos como el crimen organizado, la trata de personas y el narcotráfico».

Silvia Valencia sostiene que hay un retroceso en el Estado de derecho en México, sin una concepción sobre el problema. «Ciertamente en toda América Latina estamos enfrentando este fenómeno. En México el retroceso empieza en que ya no se escucha a las mujeres. A las protestas de las mujeres se les pone vallas de contención. Les importa más que pongan pintas o que no hagan una manifestación ordenada, que escucharlas, darles foro, entender cómo se afecta su vida. Las madres que están buscando a sus hijas e hijos desaparecidos tampoco son escuchadas».

No hay un plan que, según Valencia Abundiz, puede ser la clave del éxito en otros países al atacar el problema: «En este punto también hemos perdido. El gobierno está en conflicto con universidades y centros de Investigación. Se acusa a la ciencia de ser neoliberal. Sin una política pública no hay forma de revertir el problema, al contrario, se acelera. Hay un enorme margen de feminicidios que desconocemos, hay jueces a quienes todavía les cuesta entender que la acción de la agresión es en función de ser mujer».

La investigadora concluye señalando que las personas transgénero son los que más sufren la violencia de género, pero no hay políticas que busquen entender el fenómeno. «Agreden a la investigación, cierran los fondos, los fideicomisos y se acusa a la ciencia de ser neoliberal».

Fuente: DW.

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En el escritorio de su clínica en la ciudad de Culiacán, la doctora Rafaela Martinez Terrazas tiene una pila de solicitudes de clientes potenciales: mujeres que quieren cirugía plástica. La mayoría de ellas busca hacerse procedimientos asociados con lo que se conoce como ‘narcoestética‘.

«Una cintura más pequeña y definida… Caderas más anchas con glúteos más grandes… Y si hablamos de senos, generalmente son grandes»,

dice Martínez.

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A una mujer con esta silueta hiper feminizada y exagerada se la conoce a menudo en México como la buchona, especialmente si le gustan los artículos llamativos y de diseño y tiene un amante narco.

«La edad promedio de mis pacientes es de entre 30 y 40 años. Pero con mucha frecuencia vienen mujeres mucho más jóvenes, incluso menores de 18 años»,

explica la médica.

«Compiten entre sí, a ver quién tiene el mejor cuerpo o la cintura más pequeña».

Las mujeres y las adolescentes pueden venir para una consulta con sus madres o amigas. Otras llegan con un hombre o solas.

«Muchas veces vienen con un novio que paga por la cirugía. Y tengo varios caballeros que me llaman y me dicen: ‘Oiga, doctora, le voy a enviar a una chica para que la opere'».

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«Un hombre me llamó y me dijo: ‘Va a llegar fulanita. Me la pela. Y lo hace así como ya sabe que me gusta. No le vaya a hacer caso a ella, que para eso le pagué'»,

dice Martínez.

«Pues arréglate con ella», le respondí, «porque dentro del quirófano, la paciente toma las decisiones».

Fuente: BBC.

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Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó este miércoles que la embajada mexicana en Irán ha comenzado a procesar solicitudes de refugio de personas provenientes de Afganistán.

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“Con la activa participación de Guillermo Puente Ordorica, Embajador de México en Irán, hemos iniciado el procesamiento de las primeras solicitudes de refugio de ciudadan@s afgan@s, especialmente de mujeres y niñas que lo han así solicitado”,

indicó en su cuenta de Twitter.

Tras la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, los talibanes comenzaron a tomar las provincias. El domingo, el presidente Ashraf Ghani huyó del país y los talibanes entraron en Kabul, la capital.

El martes, el Talibán declaró una “amnistía” en todo el país e instó a las mujeres a unirse a su Gobierno.

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Bajo el gobierno talibán, que se rige por una estricta interpretación de la ley islámica, las mujeres están confinadas en gran medida a sus casas. Los insurgentes han tratado de proyectar una mayor moderación en los últimos años, pero muchos afganos y afganas siguen siendo escépticas.

Fuente: El Financiero.

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