Como parte de esta iniciativa, se destaca el caso de Fernanda Cayetana, quien se encuentra en la lista de búsqueda como la primera persona. Este mecanismo consiste en ofrecer recompensas a aquellas personas que brinden información útil y efectiva que conduzca a la ubicación de las víctimas.

En este sentido, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha anunciado una recompensa de un millón quinientos mil pesos para cualquier individuo que brinde información veraz y efectiva que permita encontrar a Fernanda Cayetana Canul Blanco.

La publicación en Twitter de la Fiscalía invita a las personas que cuenten con información relevante a llamar al número 998 221 7474.

El Fiscal General resaltó que es la primera vez que se implementa este tipo de mecanismo en la historia de Quintana Roo para la localización de menores desaparecidos.

Asimismo, subrayó la colaboración conjunta con el Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad de Quintana Roo, con el objetivo de garantizar un entorno libre de violencia para esta población, en línea con la política pública del Gobierno del Estado.

Además de este nuevo mecanismo de recompensas, la Fiscalía ha llevado a cabo otras acciones como la difusión de fichas de búsqueda en el marco de la Alerta Amber y el Protocolo Alba, con el fin de localizar a víctimas de desaparición o no localizables.

Este acuerdo, que entró en vigor el 15 de mayo de 2023 y fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, se aplica en casos de búsqueda de niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas directas de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares. Con esta medida, se busca generar mayores oportunidades para localizar a las personas desaparecidas y brindar justicia a sus familias.

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Se solicita al Estado que ajuste su marco jurídico para que cumpla con los estándares internacionales.

Además de la prisión preventiva oficiosa, se hace mención al arraigo domiciliario en la sentencia del caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz.

La Corte Interamericana sostiene que el Estado de México es responsable de la violación de diversos derechos en este caso, incluyendo la integridad personal, la libertad personal y las garantías judiciales, entre otros.

Se terminará que los acusados, Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, sufrieron tortura durante su detención durante y estuvieron en prisión preventiva oficiosa 17 años.

La CIDH ordena a México que termine los procesos penales, revise la pertinencia de mantener las medidas cautelares y excluya los antecedentes obtenidos bajo tortura. Asimismo, se solicita la eliminación de la figura de la prisión preventiva automática en el orden jurídico interno en casos de delitos graves, según lo establecido en la constitución.

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Afganistán y México fueron los países más peligrosos para los periodistas en 2021, con 12 y 10 asesinatos respectivamente, indicó el informe anual de la Campaña Emblema de Prensa (PEC), que registró al menos 77 muertes violentas de reporteros en 28 países.

Entre los periodistas asesinados en México, país que casi todos los años ocupa los primeros lugares en esta lista negra, hay nombres como Fidel Ávila (La Ke Buena radio), Teresa Aracely Alcocer (radio La Poderosa), María Elena Ferral (Diario del Xalapa/El Quinto Poder) o Víctor Fernando Álvarez (Punto x Punto Noticias).

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En el acumulado de los últimos cinco años, México es el país del planeta con más periodistas asesinados (66), por delante de los 53 de Afganistán y los 40 de la India.

Otros países destacados en la lista de 2021 fueron Pakistán (siete periodistas asesinados), la India (seis) y Filipinas y Yemen, con cuatro cada uno.

En Latinoamérica, donde se registraron un 22% de los asesinatos confirmados por PEC (17, diez menos que en 2020), también murieron dos reporteros en Brasil, otros tantos en Colombia y al menos hubo una víctima mortal en Ecuador, Guatemala y Haití.

Más de la mitad de las muertes se produjeron en Asia (40), mientras que en África hubo 14, cinco en Europa y una en Norteamérica (el estadounidense Zachary Stoner, fundador del canal de YouTube ZackTV).

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“El número de periodistas asesinados ha disminuido un 8% con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que supone una ligera mejora“,

subrayó el secretario general de PEC, Blaise Lempen, quien señaló que el descenso de muertes en países latinoamericanos (exceptuando México) ha explicado en parte ese descenso.

Más de un tercio de los periodistas asesinados (29) fallecieron en zonas en conflicto como Afganistán, Azerbaiyán, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Etiopía, Palestina, Somalia, Siria o Yemen.

En este grupo figuran los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile, fallecidos en un ataque yihadista perpetrado el pasado abril en Burkina Faso.

Los grupos terroristas fueron responsables de al menos 20 asesinatos, lo que supone un aumento con respecto a años anteriores.

“El PEC condena enérgicamente estos ataques y pide que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia”,

destacó la organización en su informe.

Fuente: Forbes.

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La hermana de Cecilia Cubas, enterrada viva por las Farc bajo el asesoramiento de Rodrigo Granda, cuestionó la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de haberlo dejado libre, pese al pedido de extradición de Paraguay para ser sometido a la Justicia.

“Quedó claramente demostrado que no hubo la voluntad política (del Gobierno mexicano) de dar cumplimiento a la orden de captura internacional y alerta roja de Interpol. Para nosotros, en todo momento fue una actitud colaborativa hacia Granda, cuando la actitud debería haber sido la de colaborar con el gobierno paraguayo por el juicio que tiene pendiente por el asesinato de mi hermana”,

señaló Silvia Cubas en la radio de Asunción 1000 AM.

El fiscal de la unidad Antisecuestro, Lorenzo Lezcano, aseguró que Paraguay envió a tiempo a México el exhorto de extradición del exjefe de las FARC Rodrigo Granda.

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Lezcano señaló en el programa Momento Justo de radio ABC Cardinal 730 AM que el documento exigido por México llegó a ese país incluso antes de que despegara el avión en el que Rodrigo Granda regresó a Colombia.

El fiscal no dudó en opinar que las autoridades mexicanas simplemente no quisieron cooperar con la justicia paraguaya, publica el periódico ABC de Paraguay.

El comisario Nicolás González, jefe de Interpol Paraguay, confirmó que “la parte de Migraciones difundió el código rojo; lo que hizo Migraciones (de México) fue demorarlo, no dejarlo entrar y devolverle por donde vino”, explicó. El Gobierno de México pudo haberlo detenido, no quiso.

El embajador de México en Paraguay Juan Manuel Nungaray dijo que Landa “nunca fue detenido por las autoridades mexicanas porque nunca ingresó a territorio mexicano”. Sin embargo confirmó que la documentación de solicitud de detención y extradición sí la envió la cancillería paraguaya, pero “no hubo tiempo”; Granda ya estaba en el avión.

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Cecilia Cubas fue secuestrada al salir de su trabajo el 21 de septiembre de 2004. Rodrigo Granda asesoró a quienes llevaron a cabo el secuestro, miembros del llamado Ejército Paraguayo del Pueblo.

Como pruebas del involucramiento de las Farc, en particular de Rodrigo Granda, son una serie de correos electrónicos entre el colombiano con el cabecilla del Ejército Paraguayo del Pueblo, Osmar Martínez.

Granda los asesoró, dio instrucciones y hasta cobró 10% del dinero que pagaron por la liberación de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas Grau, que nunca ocurrió. La enterraron viva.

Los secuestradores citaron a familiares de Cecilia Cubas en el centro comercial Shopping Multiplaza, en la capital de Paraguay. Debían ir al baño, y detrás de un WC buscar una nota con el correo a través del cual se comunicarían en adelante: cantagrillo2000@yahoo.com.ar, y la clave era amanezien2.

El error

“No nombre más a la chica, diga la fruta, ni nombre a la cana (policía)”, eran las instrucciones. Los mensajes, aterradores: “Por su salud no se preocupe, la fruta (Cecilia) está bien, preocúpese por su vida, les doy una semana para que respondan en su totalidad”,

reveló el hebdomadario colombiano Semana.

Cometieron un error y ahí se empezó a desenredar la madeja. En el correo electrónico de contacto, dentro de la carpeta de enviados encontraron un correo que olvidaron borrar, dirigido a la cuenta musguero@hotmail.com. Para ese momento, las acciones de inteligencia no permitían acceder a cuentas, así que fue necesaria una solicitud a Microsoft para conocer quién estaba detrás.

Usaba el nombre de Gerardo Acosta, pero se trataba de Osmar Martínez, secretario general del Partido Patria Libre, cuyo brazo armado era el EPP. Martínez fue condenado a 35 años de cárcel por este secuestro y asesinato, y murió en prisión por un paro cardiorrespiratorio en 2015. Ahí se encuentran conversaciones con una persona denominada Rosendo Martínez, quien en realidad era Rodrigo Granda.

Fuente: El Economista.

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La titular de este órgano también señaló que la investigación busca cumplir con el mandato presidencial de erradicar la corrupción entre jueces y magistrados en México.

Caso Arianna Cervantes Gómez

De acuerdo con el portal SDP, la denuncia contra el juez fue levantada el pasado 6 de febrero por parte de Rosaura Arianna Cervantes Gómez ante la Fiscalía Desconcentrada para la Investigación de los delitos cometidos por Servidores Públicos. La denunciante acusó al juez de actuar con parcialidad en el trámite de un expediente de 2018, en un juicio de guarda de custodia y pensión alimenticia en contra de la ex pareja de Cervantes Gómez.

Según se establece en la nota, el juez tardó en acordar las promociones relativas, incluso en apelaciones en contra de autos que causan perjuicio a Ariana Cervantes Gómez, ya que su proceso no había sido resuelto.

Por este motivo, el pasado 7 de junio, la Agencia Investigadora del Ministerio Público A de la unidad de investigación A-4 realizó el trámite de aceptación y protesta del cargo de asesor jurídico de Rosaura Arianna Cervantes Gómez, quien continúa con el proceso y designó a su propio equipo.  

A esta carpeta de investigación se suma otra abierta el 16 de junio en contra del juez, también por delito de prevaricación, la cual fue promovida por el abogado Daniel Flores Márquez, quien manifestó:

“Hay jueces que realizan muy bien su trabajo y otros que, de forma evidente, son parciales y buscan otras cosas para beneficiarse. Yo levanté esta denuncia que busca que se investigue a un juez y comenzar a limpiar el sistema judicial en los temas familiares, donde existe mucha corrupción”

Con información del portal SDP noticias.

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