Un grupo de 10 personas, conformado por tres familias con niños y adolescentes, fueron las primeras en refugiarse en uno de los albergues de la Unidad Deportiva Reforma, acondicionada por autoridades municipales y del estado mexicano de Baja California y ubicada a unos 15 kilómetros del puerto fronterizo de San Ysidro.

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Enrique Lucero, director de Atención al Migrante de Tijuana, dijo a EFE que el principal desafío que enfrenta la ciudad con la llegada y retorno de migrantes es el alojamiento, “el poder brindarles un techo y que no duerman en la calle”.

Por ello, las autoridades acondicionaron con todos los servicios y atención esta unidad deportiva, que tiene capacidad para alojar a 300 personas y servicios de atención médica y psicológica disponibles hasta el próximo 1 de diciembre.

“Los apoyaremos mientras determinan su situación, ya sea que decidan retornar a su país, incorporarse a la vida laboral en Tijuana o continuar con el proceso de asilo a Estados Unidos”,

dijo el funcionario.

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Mencionó que los venezolanos llegan a Tijuana en circunstancias adversas y en mal estado emocional por la travesía desde su país hasta esta frontera, además de que en centros de detención no se les informa a dónde los llevan y por dónde los están retornando.

La incertidumbre ha aumentado desde que Estados Unidos anunció el mes pasado que otorgaría más de 20.000 visas humanitarias para venezolanos que lleguen por aire y tengan un patrocinador, pero, a la par, expulsará de inmediato a quienes crucen la frontera terrestre.

Jesús Bonillo, migrante venezolano alojado en el albergue, compartió a EFE que está en la ciudad con su esposa y sus dos hijos, quienes fueron retornados la noche del martes después de que el pasado domingo se entregaran a las autoridades migratorias estadounidenses por la frontera de Ciudad Juárez.

“Por ahora estamos aquí y mi familia se siente bien, tenemos dónde dormir, dónde bañarnos y estamos positivos, con la frente en alto y con ganas de seguir luchando y lograr nuestro objetivo”,

sostuvo.

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Bonillo dijo que a su país no regresa porque lo abandonó por la inestabilidad económica y lo que quiere es “darle un mejor futuro a los hijos en Estados Unidos, que es el país de las oportunidades.

Desde el pasado 13 de octubre, cuando comenzaron a retornar a migrantes por la frontera de Tijuana, hasta la fecha han llegado 1.057 venezolanos y, según autoridades, la mayoría ha desistido de quedarse en la ciudad.

El hecho refleja la migración récord en la región hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detuvo en el año fiscal 2022 a un número inédito de más de 2,76 millones de indocumentados, una cifra que incluye incrementos sustanciales en las capturas de cubanos y venezolanos.

Fuente: The San Diego Union-Tribune https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/bc/articulo/2022-11-02/abren-albergues-en-la-fronteriza-tijuana-para-venezolanos-deportados-a-mexico.

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Se agolpan por toda la frontera de México con Estados Unidos, llenan campamentos improvisados y caminan en el polvo bajo un puente internacional con afiches que piden ayuda: “S.O.S. HELP”.

En Honduras, Guatemala y Nicaragua duermen en las calles, piden comida y se preocupan por su destino. Algunos han recurrido a las autoridades locales para solicitar un salvoconducto de regreso a casa. Otros han prometido perseverar y llegar hasta Estados Unidos.

Un cambio abrupto en la política de inmigración del gobierno de Joe Biden en este mes ha dejado, prácticamente de la noche a la mañana, a decenas de miles de migrantes venezolanos —que recorren desde el sur de Centroamérica hasta la frontera entre México y EE. UU.— varados en un limbo burocrático.

El país que muchos habían dejado atrás, Venezuela, ha caído en el autoritarismo y la ruina económica, ocasionando la mayor crisis migratoria en el hemisferio occidental. Desde 2015, alrededor de uno de cada cuatro venezolanos ha salido de su hogar.

El país al que intentan llegar, Estados Unidos, les cerró la puerta a la mayoría de ellos el 12 de octubre, al imponer una regla que obligó a muchos a volver a México, una respuesta radical frente a un problema humanitario complejo que ha enviado a una cantidad récord de personas a la frontera este año.

“Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar”, dijo Darrins Arrechedra, de 31 años, un hombre de Venezuela que dijo que había atravesado 10 países para llegar a Estados Unidos y arribó a la frontera un día después de que la gestión de Biden dejó de admitir venezolanos.

Arrechedra, quien había intentado vivir en Chile antes de emprender el viaje al norte, estaba detrás de una oficina de ayuda a los migrante en Ciudad Juárez con vista al perfil de El Paso al otro lado del río Bravo, en Texas.

Dijo que tenía amigos en Estados Unidos que le habían prometido trabajo y que para llegar tan lejos había vendido sus pertenencias y agotado sus ahorros. “En realidad no tengo como que un plan ahorita”, dijo.

En los últimos meses, grandes cantidades de migrantes venezolanos han salido de Sudamérica al correrse la voz de que Estados Unidos no tenía un modo fácil de mantener fuera a la mayoría de ellos y que se les permitiría entrar al país y pedir asilo.

Casi todos han pasado por el Tapón del Darién, un tramo selvático peligroso que conecta Centro y Sudamérica y que se ha convertido en escenario de una batalla lacerante en el que los migrantes enfrentan deshidratación, hambre e incluso la muerte.

El aumento ayudó a impulsar un intenso debate en Estados Unidos por la inmigración. Gobernadores republicanos enviaron migrantes a comunidades demócratas en el norte por avión y autobús, lo que ocasionó que la ciudad de Nueva York construyera un campamento y declarara un estado de emergencia para poder enfrentar su llegada.

El 12 de octubre, tras una presión política cada vez mayor, el gobierno de Biden anunció que ampliaría la aplicación de una regla de salud pública de la presidencia de Donald Trump que le permite expulsar a los venezolanos que llegan a la frontera.

La meta, según una explicación de la política publicada en la gaceta oficial de la federación, era “mejorar la seguridad” en la frontera “al reducir la migración irregular de ciudadanos venezolanos”.

México había aceptado recibirlos tras un acuerdo que incluía una mayor cantidad de visas estadounidenses para migrantes de México, Centroamérica y Haití.

La medida fue criticada de inmediato por muchos grupos de defensa de los migrantes, que dijeron que representaba una ampliación de una política que despojaba ilegalmente a las personas del derecho a pedir asilo así como una respuesta inhumana ante una crisis devastadora.

Al anunciar que cerraría el paso a la mayoría de los venezolanos, Estados Unidos creó un programa humanitario para que 24.000 de ellos puedan ingresar al país si hacen la solicitud de manera remota.

Se espera que las expulsiones de venezolanos superen por mucho esa cantidad y más de 50.000 personas atravesaron el Darién en las primeras tres semanas de octubre, según las autoridades panameñas.

“Esta política no reconoce que el desplazamiento venezolano está en el mismo nivel que el de cualquier país devastado por la guerra”, dijo Maria Corina Vegas, parte del liderazgo de ABIC Action, un grupo de defensoría estadounidense que impulsa una reforma migratoria que beneficie a las empresas. “No atiende nuestro sistema disfuncional de inmigración ni tampoco la escasez de mano de obra que afecta nuestros negocios y economía”.

Sin embargo, el gobierno de Biden argumentó que estaba fomentando una vía de entrada más segura para algunos migrantes venezolanos.

“Quienes sigan el proceso lícito tendrán la oportunidad de viajar de forma segura a Estados Unidos y ser elegibles para trabajar aquí”, dijo el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, al presentar el programa.

Antes de la nueva medida, a la mayoría de los venezolanos que cruzaban la frontera se les permitía comenzar la solicitud asilo, un proceso que puede llevar años en decidirse y para el que solo califica un pequeño porcentaje de migrantes.

Unos 1200 venezolanos cruzaban la frontera suroeste al día antes de que el gobierno de Biden anunciara la nueva política, dijeron las autoridades estadounidenses. En días recientes, la cantidad cayó a unos 150 diarios.

Durante los primeros 10 días de la política, alrededor de 5100 venezolanos fueron devueltos a México, según Naciones Unidas.

Pero la medida parece haberse concebido sin un plan claro para quienes son expulsados a México.

Muchos vendieron sus hogares y pertenencias para hacer el viaje y gastaron los últimos ahorros para poder llegar hasta la frontera.

El viernes, el gobierno mexicano organizó una reunión de emergencia con las organizaciones de ayuda para discutir los pasos siguientes.

En un mensaje a los medios, el gobierno de México anunció que estaba aumentando la capacidad de sus albergues y que contemplaba trabajar con organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas y la Cruz Roja, para permitir a los migrantes permanecer en México, lo que podría incluir otorgar permisos de trabajo.

Pero en los últimos días, los venezolanos en Ciudad Juárez que habían sido devueltos de la frontera recibieron una forma de la autoridad migratoria mexicana que indicaba que tenían que salir del país “por sus propios medios” en los siguientes 15 días. Cuando se le pidió comentar, un funcionario de inmigración dijo que los migrantes podrían prolongar su estadía si solicitaban asilo.

Por todo México y Centroamérica, muchos venezolanos intentan dilucidar qué sigue ahora y hay pocas respuestas.

En Guatemala, Panamá y Honduras, las autoridades de migración trabajan con los consulados venezolanos y las Naciones Unidas para ayudar a las personas que desean volver a Venezuela.

Pero la situación se complica debido a que muchas personas no cuentan con pasaportes ni con dinero para costear un boleto de avión.

Tras el anuncio de la nueva política estadounidense, el gobierno de Guatemala dijo que más de 90 migrantes venezolanos habían decidido recientemente volver a casa, y que se les asignarían vuelos luego de que amigos o familiares accedieran a pagar sus pasajes.

La crisis en Venezuela empezó hace casi una década cuando la corrupción y la mala gestión de un gobierno autoritario de inspiración socialista ocasionaron una debacle económica, que ha sido exacerbada por las sanciones de Estados Unidos.

Durante años, los venezolanos migraron a países vecinos en Sudamérica, pero dado que la pandemia y la inflación global han golpeado a esas economías, muchas personas partieron rumbo a Estados Unidos.

Este mes, las Naciones Unidas dijo que más de 7,1 millones de personas han salido de Venezuela desde 2015, lo que convierte al éxodo del país en el más numeroso del mundo.

El programa creado por las autoridades estadounidenses que permite a algunos venezolanos solicitar el ingreso legal desde otros lugares sigue el modelo de una iniciativa diseñada para los ucranianos. Requiere que los venezolanos tengan un pasaporte válido y a alguien en Estados Unidos dispuesto a auspiciarlos.

Mientras que el programa ucraniano está abierto para una cantidad ilimitada de personas, la versión para los venezolanos tiene un límite de 24.000 participantes.

Este año, al menos 150.000 venezolanos han llegado a la frontera con Estados Unidos.

Algunas organizaciones que trabajan con temas migratorios elogiaron la creación de un camino legal, aunque sea estrecho. Cuatro venezolanos llegaron al país recientemente gracias al nuevo proceso.

Pero los críticos dicen que el programa va a descalificar a los venezolanos más pobres, muchos de los cuales carecen de los documentos requeridos y no conocen a nadie en Estados Unidos. El programa también descalifica a las personas que ingresaron a Panamá o México después del 19 de octubre, lo cual incluye a muchas de las que actualmente viajan hacia la frontera estadounidense.

“Es algo devastador el saber que de nada sirvió toda esta travesía”, dijo Margaret Diaz, de 28 años, quien llegó a la frontera de Estados Unidos dos días después de que se anunció la política de expulsión.

Diaz dijo que su esposo y las hijas pequeñas de ambos vendieron “lo poco que teníamos” y pidieron dinero prestado antes de salir de su hogar en Chile el mes pasado.

Cuando Diaz y su familia se presentaron ante las autoridades estadounidenses el 14 de octubre, fueron trasladados a un centro de detención. Recuerda haber pensado: “Si nos reciben es porque ya somos ganadores”.

Varios días después, no obstante, los subieron a un autobús que ya llevaba a otros venezolanos y los dejaron en Ciudad Juárez.

Recordó voltear a ver a su esposo, quien estaba llorando.

Para llegar a Estados Unidos, Jonnaleth Hidalgo, de 22 años, había caminado con su esposo y su hija pequeña por el Darién, que describió como “infierno en la Tierra”.

En el camino casi se ahogaron.

La semana pasada, en Ciudad Juárez, mientras la fuerza del sol empezaba a calentar una mañana fría, Hidalgo era una de alrededor de 60 venezolanos que avanzaron a una zona de la frontera que se halla justo enfrente de un puesto migratorio estadounidense del otro lado del río.

Bajo la mirada de los agentes, el grupo desplegó mantas que pedían ayuda.

Vestida con una camiseta blanca, describió la protesta como un intento desesperado “para mostrar a los que están del otro lado que tenemos derechos humanos”.

Fuente: The New York Times https://www.nytimes.com/es/2022/10/24/espanol/venezolanos-estados-unidos-mexico.html.

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Entrar a México para los colombianos es como lanzar una moneda al aire. Daniel Campos, de 24 años, prefiere no dar su nombre real por temor a posibles represalias de las autoridades. En junio de este año, asegura, fue secuestrado por Migración en Mexicali (Baja California). “Todo empezó cuando llegué al aeropuerto con mi familia. Estábamos mi hermana, mi sobrina de 10 años y mi cuñado. Íbamos de vacaciones”, recuerda. En Migración les quitaron el pasaporte y el celular. Los separaron del grupo y los metieron en el llamado “cuarto de rechazo”, una habitación donde los agentes examinan por última vez la situación legal de los viajeros antes de tomar la decisión de deportarlos o de dejarlos entrar en el país.

A Campos le salió cruz. Después de varias horas retenido, lo subieron junto a varios acompañantes a un autobús y los llevaron a Tijuana.

“Me metieron en el Instituto Nacional de Migración (INM), pero aunque al comienzo eso me dio tranquilidad porque pensé que era un lugar seguro, después al ver cómo me trataban sentí mucho miedo”,

cuenta.

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Una de las guardias de la institución le dijo que tenía que pagar para poder salir: “Me pidieron mil dólares por dejarme libre”. Cuando Campos aceptó, le presentaron a un supuesto abogado, que respondía al nombre de Rodolfo Muñoz. Lo primero que hizo el letrado fue preguntarle a qué se dedicaba en Colombia. La pregunta, señala Campos, solo tenía una intención: hacer un cálculo rápido de cuánto dinero ganaba, para pedirle más o menos por su libertad. Finalmente, le aplicaron la tarifa estándar: 1.000 dólares por entrar en México.

La Asociación de Colombianos en Tijuana denuncia que este abogado es cómplice del Departamento de Migración y que su trabajo consiste en extorsionar a los asustados viajeros para cobrarles por dejarlos libres.

Contactado por teléfono con el pretexto de hacerle una consulta para sacar a un familiar de Colombia, Muñoz se muestra dispuesto. “Es un procedimiento muy sencillo. Apenas estemos seguros de que no lo van a deportar, ahí hablamos de honorarios”, afirma.

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Cuelga y al rato vuelve a llamar:

—¿Oye, es un detenido colombiano nada más, no?

— Sí.

—Te lo dejamos en 800 dólares. Estamos cobrando 1.200 dólares por colombiano. Hasta por dos personas estamos cobrando 2.500, pero te hago una rebaja.

—¿Cómo podemos estar seguros de que lo sueltan?

—Mándame la mitad ahora y la otra mitad cuando lo hagan. Es muy importante asegurar la suspensión de la deportación.

Muñoz cuelga y llama a su contacto en Migración para mover la liberación.

Ante esta situación, la Cancillería de Colombia ha publicado una serie de recomendaciones para los colombianos que desean viajar a México. En la propia web se aclara que existe riesgo de que estos sean deportados aunque cumplan todos los requisitos para entrar en el país.

Las autoridades migratorias mexicanas se limitan a exponer, a través de un comunicado, que en el momento en el que llega una persona extranjera se le puede solicitar documentación para comprobar el motivo de su viaje. Defiende que la institución opera con una atención “de calidad” en sus operaciones para que, acorde a la ley, se permita el ingreso, la estancia, el tránsito y la salida de extranjeros. Este diario también pidió información a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, pero que no obtuvo respuesta.

Secuestrado por migración

Santiago Angulo, de 25 años, fue en marzo de este año a la boda de su hermana. Cuando llegó al aeropuerto de Mexicali (Baja California) con toda su familia, unos agentes de migración los obligaron a hacer una fila diferente en cuanto vieron sus pasaportes colombianos. A pesar de que tenía todos sus papeles en regla y que era la tercera vez que iba a ese país, su entrada fue denegada. Fue solo el comienzo de su pesadilla. Su situación fue la misma que la de Campos apenas unos meses antes.

Los agentes lo subieron a él y a su novia a unos autobuses y los llevaron al INM. Antes, le dijeron a su familia que no se les ocurriera seguirlos por carretera. “Nunca nos dijeron por qué nos detenían, dónde nos llevaban o qué estaba pasando”, recuerda Angulo.

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De entre lo poco que vio, pudo leer un letrero que rezaba: “Vía a la Rumorosa”. Ahí supo que se los llevaban a Tijuana, en el Estado de Baja California. Angulo pudo contar ocho autobuses y unas 15 personas por cada uno, y asegura que la mayoría de ellas eran colombianas y de otros países de Latinoamérica. Estos transportes, explica, van y vienen del aeropuerto al menos un par de veces al día para trasladar a migrantes detenidos.

Nada más llegar a su destino les informaron de que los iban a deportar. Nunca les permitieron tener una entrevista con un agente o un abogado. En el centro de detención, Angulo y quienes llegaron con él tuvieron que quitarse los cordones y entregar sus maletas y su pasaporte. Finalmente, quedaron incomunicados.

La celda, recuerda, era de unos 10 metros cuadrados, y en ella tuvo que compartir espacio con decenas de personas que quedaron hacinadas. En su mente, grabado para siempre, ha quedado el olor de aquel lugar, que carecía de las mínimas condiciones higiénicas, pues los retenidos se ven obligados a buscarse la vida para hacer sus necesidades durante las horas que duró su cautiverio.

Entre 1.000 y 2.000 dólares para liberarse

Tras pasar la peor noche de su vida y no poder comer apenas, el cansancio acumulado, el hambre y el asco agudizaron el ingenio de Angulo, que empezó a preguntar aquí y allá qué había que hacer para salir. Sin darle demasiada importancia al hecho, como si se tratara de una rutinaria gestión administrativa más, le explicaron que los detenidos suelen pagar 2.000 dólares a los oficiales de migración para que los dejen salir y no los deporten.

Finalmente, tras 29 horas retenido sin explicación, pudo salir gracias a la ayuda de la asociación de colombianos que trabaja denunciando estos casos de violaciones de los derechos humanos en Tijuana. “Me sentí como si hubiera sido secuestrado”, dice como balance de lo que vivió.

En lo que va de año, México le ha negado el ingreso a 21.829 colombianos a pesar de que estos cumplen con todos los requisitos migratorios, según la Cancillería de Colombia. Esta cifra es tres veces mayor que la registrada durante el mismo periodo de 2021, cuando 5.238 colombianos fueron inadmitidos por las autoridades migratorias mexicanas.

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Por su parte, desde el INM mexicano defienden que el proceso de ingreso e inadmisión a México se da de conformidad a la ley y el reglamento en la materia, sin distinguir el país de origen y respetando los derechos humanos. La autoridad migratoria cifra en 1.101 el número de personas devueltas a Colombia.

Este lunes, los gobiernos de Colombia y México se reunirán para abordar las continuas denuncias de maltrato a viajeros colombianos por parte de las autoridades migratorias mexicanas y el preocupante aumento de inadmisiones a viajeros que cuentan con toda la documentación requerida. De manera oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano señala que la mesa de trabajo servirá para discutir “asuntos sensibles de carácter migratorio”.

El cuarto del rechazo y del terror

El sitio más temido por miles de viajeros sudamericanos en su ruta a México es el “cuarto de rechazo”, una pequeña habitación de la que se ha escuchado mucho y se ha visto poco. Al menos, hasta ahora. El conferencista y youtuber colombiano Pablo Rabelo logró colar una cámara oculta para denunciar las condiciones en las que fue retenido.

El bogotano iba a dictar una conferencia en la Ciudad de México. Viajó desde Lima, Perú, pero para su sorpresa, cuando llegó no lo admitieron. Lo llevaron a una sala en donde lo dejaron incomunicado y sin pasaporte. “Nunca me dijeron qué estaba pasando”, asegura.

Rabelo comenzó a grabar el lugar con una pequeña cámara escondida. En la grabación se ve una habitación con camarotes y unos orinales que debían repartirse más de una treintena de personas: “Cuando a usted le abren esa puerta, le golpea un olor a sobaco y un calor muy grande. Había un baño, pero no había papel y algunas personas orinaban en los basureros”.

“Pasas de ser un turista que viaja en primera clase a un criminal en cuestión de minutos”, asegura. La mayoría de las personas que estaban retenidas eran colombianas. Además, cuenta que no le dieron ni un vaso de agua y lo tuvieron sin comer durante 10 horas con la excusa de que eso le correspondía a la aerolínea.

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Un funcionario mexicano, que pide omitir su nombre, reconoció a EL PAÍS en marzo que la política migratoria del país es una fuente de reclamo permanente de parte de sus socios comerciales en la Alianza del Pacífico: Colombia, Chile y Perú. Aunque la integración económica trajo la eliminación de los visados entre estos Estados en 2012, eso paradójicamente dio un mayor margen de discrecionalidad a los agentes del INM, explica la fuente. “Muchas veces, México se queja con Estados Unidos del trato que reciben sus migrantes mientras que con los países centroamericanos y sudamericanos los roles se invierten”, agrega.

Gabriel Ochoa, de 53 años, fue víctima de ello. Llegó al Aeropuerto de Ciudad de México para hacer una conexión y seguir hacia a El Salvador: “Cuando entregué mis papeles en migración, me trataron como a un preso”. Lo tuvieron retenido 24 horas hasta que logró que lo devolvieran en un vuelo. Tal fue su miedo y su angustia que en un primer momento vivió la deportación como una victoria, como el fin de una experiencia que ni por asomo quería repetir. Sin embargo, cuando se iba a subir al avión, unos agentes de seguridad lo acompañaron hasta su asiento para advertir al resto de pasajeros que aquel hombre había estado toda la noche retenido en el cuarto de rechazo.

Tras un día entero aterrorizado sin saber siquiera por qué, Ochoa sintió todo aquel miedo de vuelta en forma de suspicaces miradas lanzadas de cuando en cuando por el resto de pasajeros. Fue la particular venganza de unos agentes que lo habían declarado culpable de un delito que cada vez es más grave en los aeropuertos mexicanos: ser colombiano.

Fuente: El País https://elpais.com/america-colombia/2022-10-24/colombianos-denuncian-extorsiones-al-entrar-a-mexico-me-secuestraron.html.

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Las autoridades encontraron a 366 migrantes de 16 nacionalidades a bordo de un camión de carga en el sur de México, según informaron el jueves.

El vehículo transportaba migrantes de Bangladesh, India, Nepal, Yemen, Uzbekistán y Sudáfrica, indicó el Instituto Nacional de Migración (INM). También había personas de Cuba, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, El Salvador y Venezuela.

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Del total de migrantes, 249 son hombres, 55 mujeres y 62 menores de edad, de los cuales 25 viajaban solos, informó el INM en Twitter.

Los agentes encontraron el camión estacionado a un costado de una carretera en el estado sureño de Chiapas, fronterizo con Guatemala.

Los migrantes se han visto desesperados por salir de Tapachula, otra ciudad cercana a Guatemala, donde las autoridades los han hecho esperar por sus visados. Debido a esa demora muchos de ellos tratan de caminar o viajar de dedo hacia el norte.

Fuente: Voz de América.

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Hace casi seis meses el haitiano John Telisma se vio forzado a cambiar de planes y esperar en la ciudad industrial de Monterrey, en el norte de México, antes de seguir su recorrido hacia Estados Unidos, donde pretendía solicitar refugio tras un recorrido continental.

Sin saberlo Telisma, de 36 años, su esposa Violene Marseille, de 42, y sus dos hijos John y Rebeca, de 4 y 9 años, emprendieron una nueva travesía: recorrer la burocracia mexicana para regularizar su estancia en el país.

“Ha sido difícil conseguir trabajo, papeles para trabajar”,

dijo Telisma a The Associated Press en su apartamento en el bullicioso centro de esta ciudad en Nuevo León, estado colindante con Texas.

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AP ha seguido el caso de Telisma y su familia desde su arribo a Monterrey en septiembre para conocer cómo ha sido su proceso de integración y regularización en el país.

En el albergue Casa INDI, donde recibieron alimento y vivienda temporal durante unos meses tras su llegada, le informaron que debían iniciar un largo proceso con el fin de obtener autorizaciones para permanecer y trabajar en México.

Días antes Telisma y su familia habían decidido permanecer en Monterrey ante los operativos migratorios del gobierno estadounidense para contener el ingreso de miles de haitianos. Por entonces unos 14.000 haitianos se habían apostado debajo del puente fronterizo entre Ciudad Acuña, en el norteño estado de Coahuila, y Del Rio, en Texas.

Telisma, su esposa y sus hijos se instalaron en Santiago de Chile en 2016, donde lograron regularizar su estancia y obtuvieron empleo. Sin embargo, la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 y el endurecimiento de las políticas migratorias en la nación sudamericana los obligó a migrar nuevamente.

En la última década Haití ha experimentado una salida masiva de sus habitantes que comenzó tras el devastador terremoto de 2010 y sucesivos desastres naturales, inestabilidad política y estancamiento económico.

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En Monterrey, Telisma comenzó un largo proceso de trámites ante las autoridades mexicanas. Primero solicitó una cita ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que desde el año pasado está saturada de peticiones. En 2021 la comisión recibió 131.362 solicitudes, un incremento de 219% en comparación con las presentadas en 2020, de acuerdo con cifras oficiales.

Telisma consiguió una audiencia en la oficina de la agencia en Monterrey que le fue concedida a fines de diciembre. Ahí agentes de la COMAR le informaron que no era elegible para recibir el estatus de refugiado.

El caso de Telisma no es el único que ha sido rechazado. En una entrevista Andrés Ramírez, titular de la COMAR, dijo a AP que la mayoría de las solicitudes de haitianos son rechazadas ya que no califican para ser considerados refugiados.

Según Ramírez muchos de ellos abandonaron su país hace años y buscan mejores oportunidades laborales tras vivir un período en otras naciones como Brasil o Chile, no huyen de la violencia o la persecución.

“Estamos trabajando en condiciones sumamente complicadas. Más de la mitad de esta administración hemos estado bajo el COVID y con un mayor número (de solicitudes) con muy reducido personal”,

dijo Ramírez.

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Sin embargo, una constancia que le fue entregada a Telisma en la COMAR le permitió continuar su recorrido burocrático. Con ella acudió a las oficinas del registro civil en Monterrey, donde le concedieron la clave oficial llamada CURP que en México sirve como número de identificación personal y que le permitió conseguir su primer empleo como guardia de una tienda.

“Luego me dieron una cita en migración y ahí ya a principios de marzo me dieron la visa humanitaria pero sólo a mí, porque no recibieron a mi esposa ni hijos, ellos tuvieron que hacer citas aparte”,

explicó Telisma.

Ya con la visa descubrió nuevas trabas. Los empleadores le solicitaron una clave fiscal que aún no ha conseguido y que debe tramitar ante las autoridades de hacienda mexicanas.

“Todo ha sido de hacer citas y citas, me preocupa cómo pagar la renta, no he tenido un trabajo estable”,

declaró el haitiano que recientemente abandonó el empleo como guardia por el que recibía apenas 200 dólares mensuales.

Pese a las trabas burocráticas dijo que desde su llegada él y su familia han tenido una experiencia positiva en Monterrey, donde asociaciones civiles y albergues como Casa INDI les han proporcionado ayuda.

Sus dos hijos, por ejemplo, comenzaron a acudir a escuelas públicas cerca de donde viven y para ello sólo tuvieron que presentar los CURP que les dieron en el registro civil.

“Nos gusta Monterrey, nos han tratado bien, pero aún queremos ir a Estados Unidos en unos años”,

declaró.

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Cerca del apartamento de Telisma en el centro, donde se ha concentrado un gran número de haitianos y es común escuchar conversaciones en creole, André Ceneus, de 26 años, explicó a AP que su recorrido también ha incluido innumerables trámites para regularizar su situación en México.

“No ha sido fácil estar aquí, pero me gusta la ciudad”,

dijo Ceneus en una tienda de conveniencia Oxxo, donde fue contratado en noviembre tras conseguir una visa humanitaria.

También llegó a Monterrey atraído por los comentarios de amigos y conocidos que habían arribado en septiembre y le hablaron de las oportunidades en la región, donde empresas han lanzado programas para contratar a migrantes y refugiados.

Una de esas compañías es el gigante FEMSA, propietario de la cadena de tiendas Oxxo, que desde 2019 ha contratado a más de 800 migrantes y refugiados en sus tiendas, de acuerdo con cifras proporcionadas a AP por la empresa.

Sin embargo, en otros lugares como la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas, colindante con Guatemala, cientos de migrantes haitianos y de otras nacionalidades no han corrido con la misma suerte que Ceneus y Telisma.

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Desde mediados de enero grupos de migrantes han organizado protestas casi a diario frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en esa ciudad para exigir agilidad en sus trámites de regularización y libre tránsito hacia el norte de México.

Defensores de derechos de los migrantes han denunciado que Tapachula se ha convertido en una especie de corral, ya que muchas personas han permanecido varadas allí durante meses a la espera de que sus solicitudes sean procesadas.

Ceneus, quien vivió y trabajó desde 2019 en Brasil, también dijo que esperará unos años en Monterrey pero que su objetivo es llegar a Estados Unidos.

“Allá tengo familiares y los quiero alcanzar algún día para poder enviar dinero a parientes que siguen en Haití”,

dijo Ceneus.

Fuente: Independent.

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Decenas de migrantes de Haití, Cuba y países africanos, que llegaron a México, arrojaron piedras y palos a policías y funcionarios de migración en la ciudad sureña de Tapachula.

El incidente estalló después de las quejas de que el procesamiento de las solicitudes de asilo o visa humanitario estaba tardando demasiado.

El Instituto Nacional de Migración, en un comunicado, dijo que los que atacaron a la policía insistieron en que tomen su propia acción ante quienes ya tienen citas impidiéndoles ingresar a una oficina de migración.

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Unas 100 personas quemaron neumáticos y basura, bloqueando una carretera en la zona durante varias horas, después de que la policía obligara a los migrantes a abandonar la zona.

Algunos arrojaron piedras y palos a la policía y los funcionarios de migración.

Y no se hizo ninguna declaración oficial sobre heridos en el enfrentamiento.

Fuente: TRT Español.

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Una decena de migrantes indocumentados se cosió la boca el martes como una medida desesperada que busca llamar la atención de las autoridades a fin de obtener un prometido permiso para transitar por México sin ser detenidos, mientras intentan llegar a Estados Unidos.

Los migrantes, en su mayoría centro y sudamericanos, tomaron aguja e hilo de plástico y se ayudaron entre sí a hilvanar sus labios, dejando apenas un pequeño espacio para poder consumir líquidos, según videos vistos por Reuters y el testimonio de un fotógrafo en el sitio.

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Sólo usaron alcohol para limpiar las gotas de sangre que salían de las puntadas y aguantaron estoicamente el dolor. Algunos llevaban a sus hijos en brazos cuando realizaron la dramática protesta en Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, que desde hace meses está rebasada por la presencia de miles de migrantes contenidos a la espera de papeles.

“Lo hago por mi hija, hasta esta hora no ha comido nada y no veo solución (…) de las autoridades”,

dijo Yorgelis Rivera, una venezolana a quien se le veían los hilos colgando de su boca.

“Estamos como unos presos aquí”, agregó la joven quien aseguró que ha esperado por más de un mes en Tapachula una respuesta del Instituto Nacional de Migración (INM) para obtener un documento que le permita libre tránsito por el país para llegar a Estados Unidos.

El INM no comentó inmediatamente de la protesta pero dijo que a diario reciben a más de un centenar de solicitantes en las oficinas de la sureña ciudad.

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En los últimos años, el número de migrantes que han llegado a México -huyendo de la violencia, pobreza y otras problemáticas en sus países- se ha disparado. En 2021 la nación registró un incremento de casi 87% en el número de solicitudes de asilo, principalmente de haitianos y Hondureños. Lee la historia.

Recientemente la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) dijo que México debe considerar nuevos esquemas de ayuda para personas en movilidad, ante un inminente aumento en la llegada de extranjeros, muchos de ellos venezolanos, a quienes recientemente México impuso visa para su ingreso al país. Lee la historia.

“Se cosen los labios los migrantes en señal de protesta, comienzan también una huelga de hambre y esperemos que el Instituto Nacional de Migración pueda ver que sangran, que son seres humanos”, 

dijo a Reuters Irineo Mujica, un activista de derechos humanos que acompañó la manifestación.

Fuente: Forbes.

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Las decenas de migrantes muertos en accidentes viales en los últimos años en México y los miles interceptados cuando viajaban hacinados en remolques visibilizan la imposibilidad de controlar el flujo migratorio y reflejan el peligro que entraña la ruta migratoria hacia Estados Unidos.

En diciembre pasado un total de 56 migrantes fallecieron al volcar el camión en el que viajaban hacinados en una carretera del sureño estado mexicano de Chiapas.

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Mientras que esta semana, cuando aún continúan las labores de repatriación de cadáveres de este trágico accidente vial, otros 38 migrantes resultaron lesionados en un accidente en Veracruz, en el oriente de México.

Estos casos reflejan la tragedia que esconde la ola migratoria que azota México y que se ha cobrado multitud de vidas en los últimos años. Solo desde finales de 2018 a la fecha, cuando comenzaron las caravanas migrantes, se contabilizan decenas de fallecidos en accidente parecidos.

“El paso por las carreteras se ha vuelto muy peligroso para los migrantes, pero el riesgo es igual que quedarse en sus países con violencia, grupos de maras (pandillas), inseguridad y sin empleo”,

dijo este viernes a Efe Eduardo González, profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey y especialista en migración.

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Estos son solo algunos motivos por los que muchos migrantes, según González, dejan atrás sus realidades y ponen en riesgo sus vidas para llegar a Estados Unidos, a menudo adquiriendo deudas estratosféricas e incluso perdiendo la vida en el camino.

“Buscan rutas seguras o menos peligrosas y por ello se ven obligados a trasladarse en tráilers o cabinas falsas. O en rutas más alejadas, donde suelen ser víctimas no solo de polleros (traficantes de personas) sino del crimen organizado”,

lamentó.

NO ES ALGO NUEVO

México es una ruta casi indispensable para los migrantes que buscan alcanzar desde Centroamérica el llamado sueño americano.

Actualmente, la región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.

Aunque los indocumentados también han utilizado desde hace décadas vías marítimas y el ferrocarril, como el tren conocido como La Bestia, el cruce ilegal del territorio mexicano por carretera, un procedimiento que se emplea en el 86 % de los casos, “se hace evidente” cuando se produce un accidente”, afirmó Leticia Calderón, doctora en Ciencias Sociales y experta en migración.

“Está documentado. Lo han sabido otros gobiernos y lo sabe el Gobierno actual. Esto habla de corrupción desde el propio Estado”,

comentó.

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Lo grave, dijo, es que muchos migrantes han encontrado la muerte en su intento por buscar una mejor vida.

Según documentos del Gobierno, entre 2014 y julio de 2019 se identificaron las muertes de 1.270 de estos flujos de migrantes en Estados Unidos, la mayoría en la frontera con México, otros 662 en territorio mexicano y 66 en el norte de Centroamérica, lo que supone que un promedio de 30 mueren mensualmente en su tránsito al país vecino.

Pero la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cifró en al menos 3.575 las muertes ocurridas en la frontera entre México y Estados Unidos, un número superior al del Gobierno.

DOBLE DISCURSO

Para Eduardo González, el aumento de la migración es resultado de un doble discurso del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien “por un lado, busca cumplir con el acuerdo con el expresidente (de EEUU) Donald Trump y, por el otro, da libertad a que los migrantes sigan avanzando hacia Estados Unidos”.

En diciembre pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM), informó que entre 2019 y 2021 efectuó 502 “rescates masivos” en los que se auxilió a 42.692 extranjeros de diferentes nacionalidades.

Para Ana Saiz, directora de la ONG Sin Fronteras, estos flujos migratorios se mantendrán mientras las economías de los países se sigan beneficiando de las remesas, y recordó que “se han cerrado vías regulares de migración”, como la exigencia de una visa a los venezolanos para estar en México..

La activista recalcó que las políticas migratorias han estado sustentadas hasta ahora en el miedo, la discriminación y no tienen en cuenta los derechos humanos, y aseguró que pese a las tragedias, las autoridades reaccionan cuando hay un accidente, pero “no vemos qué hay detrás del delito”.

Fuente: Hola News.

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Varias decenas de migrantes haitianos realizaron este jueves su tercera jornada de protesta pidiendo que autoridades mexicanas regularicen su situación, lo que provocó un enfrentamiento con agentes policiales.

“Aquí en Ciudad de México no tenemos trabajo y tenemos que mantener a nuestras familias, pero no tenemos documentos. Estamos protestando hasta que las autoridades nos entreguen papeles”,

dijo uno de los aproximadamente 30 migrantes a los medios de comunicación.

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Realizaron una protesta frente al edificio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y pidieron ser atendidos por algún representante de la institución y también del Instituto Nacional de Migración.

Los haitianos cortaron la entrada a las instalaciones e intentaron entrar en el edificio, momento en el que intervinieron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Entonces se vivieron momentos de tensión con enfrentamientos entre los policías y los migrantes, quienes arrojaron algunos palos y cubos, pero pronto cesó el choque porque personal de la Comar les aseguró que serán atendidos.

Los manifestantes insistieron en la urgencia de que las autoridades atiendan su situación, ya que muchos llevan meses en la capital mexicana y no logran encontrar un trabajo que les permita pagar el alquiler de un lugar donde vivir ni cubrir las necesidades de sus familias.

“Queremos vivir aquí en México y por eso necesitamos tarjeta temporal. Pedimos una comisión de migración para resolver nuestros casos, queremos documentos legales para nosotros”,

añadieron.

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Cerca de 13.000 migrantes irregulares, en su mayoría de Haití, se quedaron varados en septiembre en un campamento improvisado bajo el puente internacional que une Del Río (Texas) con la mexicana Ciudad Acuña, en Coahuila.

Los haitianos provienen de Brasil y Chile después de que, en agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó de la ampliación del programa del Estatus de Protección Temporal (TPS), un anuncio que los traficantes tergiversaron, según dijo el martes el canciller de México, Marcelo Ebrard.

Ante las dificultades, algunos decidieron acudir a Ciudad de México para intentar permanecer de manera legal en el país latinoamericano.

Sin embargo, hasta el momento continúan esperando una respuesta positiva por parte de las autoridades mexicanas.

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La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

Mientras que México ha interceptado a más de 252.000 migrantes indocumentados de enero a noviembre y deportó a más de 100.000 en el mismo periodo, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió un récord de 131.488 solicitudes de refugio en 2021.

Fuente: Hola News.

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A partir del 21 de enero, todas las personas originarias de Venezuela deberán tramitar una visa para poder ingresar a México, así lo determinó la Secretaría de Gobernación (Segob) en un acuerdo que publicó en la edición vespertina de este jueves 6 de enero del Diario Oficial de la Federación.

En dicho acuerdo, la dependencia justifica la imposición del visado a los venezolanos como una medida para contener la ola migratoria hacia Estados Unidos.

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En el acuerdo, por el que se da a conocer la aplicación de visa en pasaportes ordinarios a los nacionales de Venezuela en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas en México, la Segob estima que entre enero y septiembre del año pasado el tránsito proveniente del país sudamericano aumentó en más de 1,000% en comparación con el mismo periodo de los cinco años previos.

“Se ha identificado un incremento sustancial de nacionales de la República Bolivariana de Venezuela que ingresan al territorio nacional con supresión de visa con una finalidad distinta a la permitida por la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (…) como lo es el tránsito irregular hacia un tercer país”, indicó la dependencia, que calcula que más de un tercio de los venezolanos que ingresaron a México entre enero y septiembre lo hicieron con ese fin.  

La Segob también advirtió sobre el “incremento en declaraciones falsas sobre sus motivos de viaje (de los nacionales de Venezuela en México), la diversificación de rutas de tránsito y la identificación de algunos delitos asociados a la movilidad internacional, como la trata de personas y el tráfico de migrantes, lo cual refleja un uso inadecuado de la medida de facilitación con distintos impactos”.

Por estos motivos, dijo, el gobierno mexicano decidió imponer visado a los venezolanos.

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“A partir de la entrada en vigor del presente acuerdo (21 de enero), los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela que pretendan ingresar al territorio nacional en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, deberán tramitar la visa en términos de los Trámites 1 y 2 de los Lineamientos Generales para la expedición de visas que emiten las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores”,

se lee en el documento.

La Secretaría de Gobernación precisó que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se llevarán a cabo “acciones conjuntas con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar flujos migratorios seguros, ordenados y regulares que permitan en su momento, suprimir el requisito de visa a nacionales de la República Bolivariana de Venezuela”.

Es así como Venezuela se suma a otros países a los que México ha decidido imponer visa para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos, como Brasil y Ecuador.

Fuente: Forbes.

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