México disolvió una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el combate al crimen organizado, dijeron dos fuentes, en un duro golpe a la cooperación bilateral en seguridad.

El grupo era una de las unidades de investigaciones especiales (SIU, por sus siglas en inglés) que operan en unos 15 países y que los funcionarios estadounidenses consideran invaluables para desmantelar poderosas redes de contrabando y atrapar a innumerables capos de la droga en todo el mundo.

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Las SIU son entrenadas por la DEA, pero están bajo el control de los gobiernos nacionales.

En México, los más de 50 oficiales de esa unidad policial fueron considerados entre los mejores del país y trabajaron en los casos más importantes, como la captura en 2016 de Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces el jefe del poderoso Cártel de Sinaloa.

El cierre amenaza con poner en peligro los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los grupos del crimen organizado dentro de México, uno de los epicentros del multimillonario comercio mundial de narcóticos, y dificultar la captura y el enjuiciamiento de los líderes de los cárteles.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador notificó formalmente a la DEA en abril del año pasado que la unidad había sido clausurada, según un agente de la DEA con conocimiento del asunto que se negó a ser identificado porque no estaba autorizado a hablar sobre el tema. Una segunda fuente familiarizada con la situación confirmó el cierre del grupo.

La Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana no respondieron a reiteradas solicitudes de comentarios. La DEA se negó a hablar de la cuestión. Nadie había informado hasta ahora sobre la clausura de la dependencia. Reuters no pudo averiguar por qué el gobierno mexicano no lo anunció públicamente en su momento.

“La estrangularon”, afirmó el agente, refiriéndose a la unidad. “Hace añicos los puentes que tardamos décadas en armar”.

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El cierre podría resultar costoso en las calles de Estados Unidos, donde las autoridades luchan por reducir un aumento en las sobredosis que el año pasado provocó más de 100,000 muertes, en su mayoría vinculadas a una nueva ola de drogas sintéticas producidas por carteles mexicanos.

El equipo de élite, fundado en 1997, fue el principal conducto para que la DEA compartiera con el gobierno de México pistas sobre envíos de drogas e indicios obtenidos en suelo estadounidense.

La agencia antidrogas de Estados Unidos habría llevado a los nuevos integrantes mexicanos de la unidad policial a sus instalaciones de última generación en Quantico, Virginia, para capacitarlos en las últimas técnicas de vigilancia. Les habrían examinado, incluso con pruebas de polígrafo.

Una segunda unidad mexicana de la SIU, con sede dentro de la oficina del Fiscal General de la República e independiente del Gobierno, continúa operando.

Para Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, el cierre de la SIU y la restricción de la cooperación en seguridad por parte del mandatario dañarán a ambos países.

“Significará más drogas yendo a Estados Unidos y más violencia en México”,

advirtió.

DISPARO EN EL PIE

La clausura de la SIU es el ejemplo más reciente de la ruptura de la cooperación entre la DEA y México desde que López Obrador asumió el poder en 2018 y prometió reformar la política de seguridad nacional.

Enfurecido por el vertiginoso derramamiento de sangre que atribuyó a las tácticas de mano dura de sus predecesores, el gobernante buscó implementar un estilo policial menos beligerante y se comprometió a abordar lo que, según él, son las causas profundas de la violencia, como la pobreza, en lugar de perseguir a los jefes de los cárteles.

El presidente también puso trabas para que los funcionarios de seguridad extranjeros operaran dentro de México, reprendiendo a la DEA por un modus operandi que, según opinó, equivale a pisotear la soberanía de su país.

En privado, los funcionarios estadounidenses señalan que el papel vital de México en el bloqueo del flujo de migrantes de América Latina, una prioridad para Washington, les deja una influencia limitada para presionar a López Obrador en otros temas, como la cooperación en seguridad.

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Aunque la reputación de la SIU quedó dañada cuando su exjefe Iván Reyes fue detenido en 2017 y se declaró culpable en un tribunal estadounidense de aceptar sobornos para filtrar información a una banda de narcotraficantes, los funcionarios de la DEA consideraban que la unidad era vital y necesitaban agentes mexicanos para apoyar en sus investigaciones en el país.

Las campanas de alarma para el futuro de la unidad sonaron en 2019, cuando López Obrador suspendió la actividad de la Policía Federal, dentro de la cual se encontraba la SIU, para crear una nueva fuerza llamada Guardia Nacional.

Los agentes de la DEA siguieron trabajando con sus homólogos mexicanos durante un tiempo, especialmente en el aeropuerto de Ciudad de México, donde los integrantes del grupo interceptaban el contrabando de fentanilo, una droga sintética hiperpotente a la que se atribuye el aumento vertiginoso de las sobredosis en Estados Unidos.

Pero la cooperación en materia de seguridad entre la DEA y México se desplomó a un nuevo mínimo en octubre de 2020, cuando fue detenido en Los Ángeles el exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, alegando que estaba en connivencia con un cartel de la droga.

Los fiscales estadounidenses liberaron rápidamente a Cienfuegos, citando consideraciones de política exterior “sensibles”, pero López Obrador acusó a la DEA de tener “poco profesionalismo” y de fabricar pruebas en el caso.

En diciembre de 2020, el gobierno mexicano despojó a los agentes extranjeros de la inmunidad diplomática y obligó a los funcionarios locales a redactar informes sobre interacciones con agentes de seguridad del exterior.

“Ese fue el clavo en el ataúd”,

consideró el agente de la DEA. Meses después se cerró la SIU.

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Para el momento en que la unidad se disolvió formalmente, según esa fuente, ya había estado inoperativa durante algún tiempo porque la Guardia Nacional de México antepuso la disuasión de la violencia a las investigaciones de los cárteles de la droga.

Pero con más de 33,000 homicidios registrados en la nación latinoamericana el año pasado, Vigil indicó que no tiene sentido cerrar una unidad de élite que persigue a los grupos del crimen organizado responsables de la mayoría de los asesinatos.

“México se está disparando en el pie”,

sentenció.

Fuente: Forbes.

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Va de lo sutil a lo evidente. Está en las goteras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en los baches de las carreteras federales, en la deserción académica. Está, también, en el miedo que crece dentro de las mujeres en México por ser violentadas, tanto en la calle como en su casa. Está en el empleo, cada vez más precario, y en la dificultad por encontrar medicamentos se evidencia el deterioro de la vida en México.

En los últimos años ha habido un deterioro en la vida de los 127 millones de mexicanos, ocasionado, en parte, por la pandemia de la COVID-19; por ajustes al gasto del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los datos lo respaldan: cifras recabadas por el propio Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y analizadas por organizaciones independientes, muestran que ha habido un deterioro en salud, seguridad, infraestructura, bienestar y empleo.

Salud

El desabastecimiento de medicamentos, incluyendo el tratamiento de quimioterapias para niños con cáncer en el país, ha sido quizás el síntoma más visible del deterioro en el sistema de salud de los mexicanos, pero no es el único. Los hospitales sufren de falta de mantenimiento y de desabastecimiento de fármacos de otros tipos, no solo oncológicos.

Una investigación realizada por las organizaciones civiles Impunidad Cero y Justicia Justa, para la cual consultaron iniciativas y reformas de ley así como documentos internos muestran que el desabasto de medicinas se dio a partir de que el Gobierno Federal, en una confrontación con empresas distribuidoras, deterioró el sistema de compras del Instituto Mexicano del Seguro Social sin un plan piloto o estrategia que lo reemplace.

Con la desaparición del Seguro Popular, por decisión del Gobierno Federal, la población que se dijo beneficiaria de alguna institución pública de salud se redujo 14,7 millones de personas — al pasar de 102 millones en 2018 a 87 millones en 2020, de acuerdo con la organización civil Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Por falta de dinero, por haberse automedicado o porque no era necesario, el número de personas que no buscó atención en salud al enfermar aumentó en 5,4 millones de personas entre 2018 y 2020.

Seguridad

La percepción de seguridad en el país ha mejorado ligeramente en el último año… Entre los hombres. De acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI el 66,6% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. El porcentaje representa una mejoría con respecto del 68% registrado en diciembre de 2020, pero la percepción de inseguridad entre las mujeres ha sido persistentemente alta. En junio, el 71,3% de las mujeres dijeron que se sienten inseguras en su ciudad, comparado con el 60,1% de los hombres.

A principios del año, el Gobierno Federal informó que en 2020 los casos de homicidio doloso cayeron 0,4% en relación con 2019, una tendencia que continúa en lo que va del año. Es decir, de acuerdo a los datos más recientes de la Comisión Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos se han mantenido a niveles similares a 2019, sin mayores incrementos. El problema es que 2019 ha sido el año más violento para el país, si se mide por número de homicidios.

Además, la pandemia empeoró la situación de violencia familiar y de género. Mientras los homicidios en general se han sostenido, en los primeros cinco meses del año los feminicidios han incrementado un 7,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la secretaria de Seguridad Pública en una conferencia de prensa en junio. De enero a mayo, 423 mujeres han sido asesinadas por razón de su género. Las violaciones también aumentaron, en un 30% en comparación con los mismos meses de 2020. Por su parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 326,634 casos de violencia de género en un año, entre mayo de 2020 y el mismo mes en 2021.

Infraestructura

Carreteras federales, hospitales y, de manera particularmente evidente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, muestran ya un enorme deterioro en los últimos tres años por falta de mantenimiento. Miles de escuelas, vacías por la pandemia, han sufrido más de 7.000 robos de material escolar y saqueos de tuberías y cables, entre otros materiales.

Más allá de la pandemia, este deterioro en la infraestructura que forma parte de la vida diaria de los mexicanos, tiene que ver con dos decisiones del presidente López Obrador. La primera es que el mandatario ha asignado al ejército, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional la construcción y el mantenimiento de muchas obras Federales, incluyendo bancos, una extensión del aeropuerto en Santa Lucía y canales de riego, entre otras. No solo no es el Ejército una constructora especializada, sino que también está a cargo de tareas como administración de aeropuertos y aduanas, instalación de cajeros en la red del nuevo Banco del Bienestar, la siembra de árboles y detención de migrantes.

La segunda decisión del presidente que contribuye a este deterioro es haber recortado el gasto para priorizar sus obras emblemáticas, como el turístico Tren Maya y una refinería en su natal estado de Tabasco, asignando la mayor parte de su presupuesto en infraestructura a estos. Además, ha dado preferencia a inyectar con recursos a la emproblemada Petróleos Mexicanos, la petrolera más endeudada del mundo. Esto se ha traducido a una considerable caída en la inversión pública, motor de la economía.

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Mientras la inversión privada se contrajo casi 5% en el primer trimestre del año y en comparación con el mismo trimestre el año anterior, la inversión pública mostró mayor debilidad, con una caída de 6%. De acuerdo con un análisis de datos trimestrales del especialista Eugenio Sánchez, desde que empezó el sexenio de López Obrador no ha crecido ni la inversión pública ni la privada. Es, hasta ahora, el único periodo presidencial en el que ha habido nueve trimestres consecutivos de bajas en la inversión y el que ha tenido las caídas más pronunciadas. De acuerdo con sus estimaciones, durante el primer trimestre del 2021 la inversión pública fue 33% menor que la del último trimestre del sexenio de Enrique Peña Nieto y 61% menor a su máximo histórico, alcanzado en 2010.

“La inversión representa un motor fundamental para la economía, ya que permite que las empresas y la actividad económica crezcan, se vuelvan más productivas y generen más empleos para la población”, apuntó en un reporte el centro de investigación independiente México ¿Cómo Vamos? (MCV).

“En la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 el gobierno no ha utilizado la inversión como medida contracíclica para la recuperación económica. La inversión pública como porcentaje del PIB se encuentra en sus niveles más bajos para un primer trimestre de año desde 2001. En contraste, en crisis como la de 2008-2009 se observa un fuerte impulso por parte de la inversión del gobierno”, agregaron los expertos de la organización.

Bienestar

La medición del bienestar sigue siendo un tema abierto en la academia, pero MCV ofrece una aproximación: el índice de progreso social (IPS). El indicador toma en cuenta factores como el acceso a agua y saneamiento, la nutrición, el acceso a información y la libertad personal y de elección, entre otros. El último reporte para 2020 muestra que entre 2011 y 2020 el índice ha subido, pero este incremento se ha desacelerado en los últimos años. Entre 2015 y 2020, el puntaje aumentó en 1.02 puntos, mientras que, entre 2011 y 2015, el incremento fue casi tres veces mayor, de 2.48 puntos.

“La fuerte caída en la economía mexicana a raíz de la crisis ocasionada por el Covid-19 en 2020 inevitablemente causará estragos en el bienestar de las personas y en el progreso social del país”, aseguran los autores del reporte de MCV, ”lo cual se reflejará en las próximas ediciones del Índice de Progreso Social”.

Si se considera el acceso a la educación como fuente de bienestar, la pandemia ya tuvo un impacto negativo en este rubro. El Inegi reveló en marzo que más de cinco millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar actual por razones relacionadas a la crisis desatada por la pandemia. En el ciclo escolar actual, aseguró el instituto, se inscribieron 32,9 millones estudiante, es decir, el 60,6% de la población de entre 3 a 29 años.

Empleo

Con la publicación de los datos recabados por el INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo salió a la luz un panorama desolador para el empleo en México. De los empleos que se perdieron por los confinamientos obligados de la pandemia, restan 2,3 millones por recuperar. Los vacíos se encuentran, mayoritariamente, en las zonas urbanas. Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo han sido los estados con más deterioro en este aspecto, mientras en el norte y la zona del Bajío, los empleos ligados al comercio exterior ya se recuperaron. Esto ha exacerbado la desigualdad en el país.

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Para todos, sin embargo, el empleo se ha vuelto más duro. La encuesta arroja que 25% de la población económicamente activa trabaja en condiciones inadecuadas, ya sea por que trabaja más de las horas que es recomendable o porque el trabajo ahora está peor pagado que antes de la pandemia. Esto se compara con el promedio histórico que ronda entre el 12% y 13%, según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Quizás una de las decisiones más ampliamente celebradas del presidente López Obrador ha sido el incremento del salario mínimo, el cual ha hecho por decreto desde que asumió el poder a finales de 2018. Esto sin duda había comenzado a impactar de manera positiva la pobreza laboral, la cual refiere a tener un ingreso que no alcanza para comprar la canasta alimentaria básica. En el 2019 hubo una ligera caída, sin embargo, la pandemia borró la ganancia y empeoró la situación. De acuerdo con un análisis del CEEY, 13 millones de mexicanos cayeron en pobreza laboral por la pandemia, mostrando un mayor deterioro en la calidad de vida de los mexicanos.

Fuente: El País.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este jueves que no hay riesgos por contagios de COVID-19 en el país ante el regreso a clases presenciales en agosto.

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“Se reinician las clases a finales de agosto en todo el país (…). No vamos a tener para entonces problemas de contagios que puedan poner en riesgo a los niños, jóvenes, maestros y maestras y al personal educativo porque está demostrado que la pandemia afecta a las personas mayores”, dijo en la ‘mañanera’.

El mandatario reiteró que el retorno a las aulas será en agosto a nivel nacional, como lo marca el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esto debido a que hay condiciones para ello y el Gobierno actual está trabajando en un plan para mejorar las escuelas.

En ese sentido, indicó que es raro que fallezcan menores de edad tras enfermar de COVID-19.

Además, López Obrador hizo un llamado a los padres y madres de familia a reunirse para organizar el retorno presencial a las aulas.

“Aprovecho para convocar a todo el pueblo de México, en especial a los padres y madres de familia que ya se empiezan a organizar. Que nos ayuden con esto, desde luego que empecemos los preparativos para el regreso a clases. Que no nos reunamos una semana antes, sino con tiempo”, agregó.

La fecha de inicio del ciclo escolar 2021-2022 para nivel básico será el 30 de agosto del 2021 y concluirá el 28 de julio de 2022.. Asimismo, las inscripciones y reinscripciones se llevarán a cabo del 16 de agosto al 10 de septiembre.

Este calendario será vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Tercera ola COVID toma ‘fuerza’ en México

El miércoles, las muertes por COVID-19 en México ascendieron a 235 mil 507, mientras que los casos confirmados llegaron a 2 millones 616 mil 827.

En 24 horas, la Secretaría de Salud registró 12 mil 116 nuevos contagios de coronavirus, la cifra más alta en cinco meses.

En tanto, los casos positivos estimados, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días subieron a 70 mil 132.

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Fuente: El Financiero.

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