El enfrentamiento por el control de la cementera cercana a la localidad de Tula, Hidalgo, se dio tras al menos una década de airadas y a veces violentas disputas al interior de la cooperativa de empleados que es propietaria tanto de la planta de cemento como de uno de los principales equipos de fútbol de México.

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El gobernador de Hidalgo Omar Fayad tuiteó que condenaba enérgicamente la violencia en la cementera de la cooperativa Cruz Azul. Señaló que nueve sospechosos fueron detenidos en relación con lo ocurrido.

La secretaría de seguridad pública de Hidalgo informó en un comunicado que empezó a recibir llamadas de emergencia de la planta el miércoles temprano. La cementera se ubica a 95 kilómetros (60 millas) al norte de Ciudad de México. Las instalaciones y vehículos que se encontraban allí resultaron dañados.

Las autoridades sólo identificaron a los involucrados como dos grupos de personas, pero medios locales señalaron que el enfrentamiento estaba relacionado con una añeja disputa por el liderazgo de la cooperativa.

Desde hace más de una década, un exlíder de la cooperativa supuestamente se apropió o malgastó fondos de la cooperativa. El hombre, Guillermo Álvarez, es ahora prófugo de la justicia, pero sus partidarios aparentemente retuvieron el control de algunos activos, incluida la fábrica.

El procurador general de Hidalgo, Alejandro Habib, comentó a los medios de comunicación locales que aparentemente hasta cinco camiones o camionetas y 200 personas participaron en el asalto a la planta.

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Álvarez enfrenta cargos equivalentes a lavado de dinero y malversación. Al parecer, utilizó al equipo de fútbol Cruz Azul, que juega en la primera división de la liga mexicana, como fachada para realizar tratos ilícitos, supuestamente exagerando la cantidad de dinero pagada para contratar a los mejores jugadores y embolsándose después la diferencia entre ese precio y el real.

El grupo que se opone al viejo liderazgo rechazó en un comunicado que fueran los responsables de la violencia, señalando que habían utilizado canales legales para tratar de recuperar el control de la instalación.

La cooperativa fue formada por trabajadores en la década de 1930 para adquirir la cementera.

Fuente: The San Diego Union-Tribune.

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La activista indígena me’phaa tiene 44 años y a partir de 2021 ya no recorre ese trayecto sólo para hacer compras o trámites en Ayutla; ahora lo hace para llegar a un refugio que ella misma ayudó a construir: La “Casa de los Saberes” (Gúwa Kúma, en lengua me’phaa), un lugar que se inauguró a finales de septiembre para atender a mujeres víctimas de violencia, incluida sexual, como la que sufrió Inés.

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El 22 de marzo de 2002, cuando tenía 25 años, Inés fue víctima de abuso sexual a manos de efectivos del Ejército mexicano. Al denunciar, asegura, se enfrentó a la discriminación por ser mujer e indígena y a la ineficiencia de las autoridades mexicanas. El tiempo pasó y al no obtener la justicia a través de un proceso penal, Inés buscó otras alternativas, lo mismo que se ven obligadas a hacer muchas otras mexicanas, cuyas denuncias por violencia sexual no derivan en una sentencia contra su agresor. Algunas llevan su caso a instancias internacionales o denuncian públicamente, otras se acompañan entre sí durante el proceso de denuncia y algunas más simplemente intentan resignificar lo que vivieron. En la “Casa de los Saberes”, éstas y más opciones están al alcance de quien las necesite.

“Este centro representa una parte de la justicia que he estado esperando por casi 20 años. He tenido que recorrer un camino muy difícil para llegar aquí. En estos años de lucha, viví amenazas y hostigamientos, mi esposo fue amenazado y perdí a mi hermano Lorenzo, lo mataron porque yo exigí justicia”, dice Inés.

Esta historia fue realizada con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.

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De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, organismo que ha dado seguimiento al caso de Inés, al acudir al Ministerio Público municipal, un día después de la violación que refiere Inés, las autoridades se negaron a tomar su declaración e iniciar su denuncia. Argumentaron que estaba mintiendo y tuvo que solicitar acompañamiento a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero para poder acudir a la fiscalía estatal. Sin embargo, añade el CDHM, en algún punto del proceso esa comisión perdió las pruebas ginecológicas que se realizan obligatoriamente en este tipo de casos para probar los hechos.

Eventualmente las autoridades civiles transfirieron el caso al fuero militar de la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero. El ejército dice que investigó, pero concluyó que no se había cometido ningún delito y que los nueve militares acusados eran inocentes. El caso fue cerrado.

En 2005, cuando se agotaron los recursos internos en México tras haber apelado en diversas instancias, Inés llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con apoyo del CDHM. De ahí pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que el 30 de agosto de 2010 emitió una sentencia en la que declaró al Estado mexicano culpable de ejercer violencia institucional castrense en su contra.

La CoIDH ordenó al Estado mexicano, entre otras cosas, que todos aquellos casos en los que elementos del Ejército se vean involucrados en violaciones a derechos humanos sean remitidos a instancias civiles, es decir, que sean juzgados como cualquier otra persona y no en un tribunal militar. A raíz de esto, el gobierno restableció el proceso y en 2013 se arrestó a dos de los presuntos agresores de Inés. Años más tarde, según informaron las autoridades, uno de ellos falleció en la prisión del Campo Militar, en las afueras de Ciudad de México, y otro permanece ahí mismo sin ser sentenciado.

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El proceso continúa abierto e Inés sigue esperando a que el Estado castigue a quienes hace 19 años la agredieron. “Lo que estoy viviendo hoy es sólo una parte de la justicia que busco. Yo quiero que esta persona pague y sigo esperando a que el gobierno se haga cargo”, dice Inés.

Otra de las medidas de reparación que estableció la CoIDH en su resolución fue la construcción de un centro comunitario para promover los derechos humanos y los de la mujer. Once años después de la sentencia y casi veinte después de la agresión, el Estado concretó la reparación del daño a Inés y así nació la “Casa de los Saberes”.

“La creación de este centro es un poco de la justicia que he buscado para mí y para quienes viven situaciones de violencia en nuestras comunidades para que no vivan lo que yo viví, que no tuve un espacio en el que fuera escuchada y en el que encontrara justicia”, expresa Inés. “Esta parte de justicia la encontré yo con la sentencia de la Corte Interamericana porque no se dio por voluntad del gobierno mexicano sino que (el Estado) fue sentenciado a reparar los daños que me ocasionó”.

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LOS IMPACTOS DE LA DENUNCIA EN LAS VÍCTIMAS

La CoIDH ayudó a visibilizar internacionalmente la violencia que Inés sufrió por parte de los militares y de las autoridades mexicanas, pero también evidenció la impunidad que se vive en el fuero civil al momento de denunciar violencia sexual. Testimonios de víctimas de ese tipo de agresiones recopilados por The Associated Press de marzo a octubre de 2021 muestran que la justicia penal en estos casos es revictimizante, es decir, que cuando las mujeres acuden a las dependencias a denunciar, son tratadas como si hubieran provocado el abuso en su contra y las autoridades no actúan para atender adecuadamente sus reclamos.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) de 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de todas las causas para no denunciar, el 61% lo atribuye a la autoridad. Y del total de este porcentaje, un 34% lo considera una pérdida de tiempo, 14% desconfía de la autoridad, 7% cree que los trámites son largos y difíciles, 4% no lo hace por la actitud hostil de los funcionarios y un 1% teme ser extorsionado.

En México, las denuncias que se hacen por violencia sexual son muy pocas. De acuerdo con datos publicados por el INEGI a finales de 2020, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8%). La información se obtiene de tres instrumentos de información clave que genera el INEGI: La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y los registros administrativos de los Censos Nacionales de Gobierno.

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Según los datos de los censos nacionales de procuración e impartición de justicia realizados por el INEGI de 2014 a 2018, casi 145.000 víctimas de presuntas violaciones y abusos sexuales presentaron una denuncia formal en contra de sus agresores ante una agencia del Ministerio Público. No obstante, sólo cinco de cada 100 de esos casos derivaron en una sentencia. Del resto, una gran parte se quedó en las agencias del MP como indagatorias que “siguen en curso” o fueron archivadas por distintas causas.

Ana Katiria Suárez, penalista defensora de género que en 2013 representó a una joven acusada de homicidio calificado por matar a su violador en defensa propia, considera que lo anterior responde a los estándares de misoginia en los que se basan las investigaciones y a la falta de estructura que existe en México para atender este tipo de casos.

En México las denuncias por violencia sexual se presentan en la agencia del Ministerio Público más cercana al lugar de los hechos o al domicilio de la persona denunciante y de ahí se le remite a la oficina de la Fiscalía del estado que corresponda. Alrededor del 90% de éstas cuentan con un área especializada en Delitos Sexuales.

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Ya sea ahí o en la oficina general, la víctima relata lo sucedido y luego acude con un médico legista para que se le realice una revisión ginecológica. Después un perito debe realizarle una entrevista y pruebas psicológicas, y la persona afectada se entrevista con un miembro de la policía de investigación para que se recopilen datos sobre el tiempo y espacio en el que ocurrió el hecho y sobre el presunto agresor que cometió el delito. Con esa información se integra una carpeta de investigación que la víctima podrá consultar aproximadamente 15 días después. Entonces se le designará a un MP que dará seguimiento a su caso.

Sin embargo, el proceso no es tan sencillo como parece.

“En este país, el primer obstáculo de las víctimas de delitos sexuales es que se enfrentan a la criminalización por parte de quien tendría que brindarles protección. La idiosincrasia de las autoridades gira en torno a cómo la víctima provocó lo que sucedió y a cómo lo pudo haber evitado, cuando en realidad nada justifica la conducta del agresor”, explica Ana Katiria Suárez, que también se especializa en derechos humanos.

La litigante detalla que las personas que vivieron este tipo de violencia muchas veces no denuncian o no concluyen el proceso porque creen que tienen que protegerse incluso de las autoridades ante las que denuncian. “El proceso es muy lascivo. La mayoría de las veces, desde que llegan a la barandilla, ya hay prejuicios culturales en su contra y por lo general se encuentran con la minimización de estas conductas (abusos sexuales)”, destaca la abogada. “‘No fue tan grave’. ‘Hay asuntos más delicados’. ‘Toma tu turno y regresa en seis horas’. ‘No tenemos médico legista’. Es entonces cuando volteamos a ver al aparato organizacional y operativo de las autoridades y nos damos cuenta de que no se tiene la infraestructura para atenderlas”.

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Por otro lado, el impacto psicoemocional que provoca en las personas reconocerse como víctimas de violencia sexual es devastador y el presentar una denuncia, en ocasiones, llega a intensificarlo. “En cuanto una persona abre temas como éstos, inmediatamente vienen las preguntas y cuestionamientos hacía la víctima y no necesariamente de personas distantes o de publicaciones de las redes sociales. A veces de parte de personas cercanas”, expresa Valeria Moscoso, psicóloga especialista en atención y trabajo psicosocial.

“Son como distintas rupturas de corazón una tras otra, distintos duelos uno tras otro. Se dan cuenta de que no hay una capacidad de conectar con las personas en las que confiaban y de que entiendan lo que implica un hecho de violencia sexual”, comenta la experta. “Si eso es difícil, imagínate estar siendo cuestionada constantemente por distintas autoridades y revisitar la situación violenta una y otra vez. Implica un desgaste emocional muy fuerte”.

La especialista explica que estas experiencias llegan a provocar ansiedad, problemas psicosomáticos, depresión, desconexión y momentos de despersonalización que afectan en sus relaciones interpersonales y laborales. “Por eso hay quienes deciden parar o bien compaginar su proceso con otras alternativas que les permitan acceder a la justicia que el estado de cierta forma les niega”, añade la psicóloga.

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MÁS ALLÁ DE LA JUSTICIA PENAL

Han pasado más de 15 años desde que Claudia Hernández, licenciada en Ciencias Políticas de 39 años, fue arrestada durante una manifestación en el centro de México mientras, como parte de su tesis profesional, documentaba la protesta.

El 3 y 4 de mayo de 2006, por orden del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, quien sería presidente del país entre 2012 y 2018, se realizó un operativo policial en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, que rodea la capital del país. El objetivo era acabar con una protesta enarbolada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), movimiento que se oponía a la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona. El saldo del operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales del país fue de dos muertos, más de 200 detenidos y decenas de denuncias por detenciones arbitrarias, abusos, tortura y tortura sexual.

Tras su detención, al igual que a otras 50 mujeres, Claudia relata que se le trasladó a un penal para procesarla por los delitos de ataques a las vías de comunicación, terrorismo y asociación delictuosa. Los cargos por los últimos dos delitos se retiraron, pero el primero se mantuvo y aunque se le permitió salir un mes después del arresto, se le sometió a un proceso penal que duró cinco años. En 2011 se determinó que era inocente. La entonces estudiante cuenta que, mientras se defendía de dichas acusaciones, ella y otras 21 mujeres denunciaron formalmente que en su traslado al penal sufrieron abusos y violaciones sexuales por parte de la policía cuando fueron trasladadas.

Al igual que Inés, al agotar todas las instancias judiciales en el país, en 2008 Claudia y otras diez mujeres llevaron su caso a la CIDH. En 2018, la CoIDH condenó a México por no investigar, juzgar ni sancionar a todos los responsables del operativo policial tanto a nivel material como intelectual. Es decir, no sólo a los policías, sino también a la cadena de mando y a los funcionarios públicos que participaron en la planeación del operativo. Sin embargo, a tres años de esa determinación de la CoIDH, la investigación continúa estancada. Se han procesado a decenas de policías y médicos legistas, pero ningún funcionario público ha sido vinculado a proceso y hasta la fecha no hay sentencias condenatorias.

Melissa Zamora es co-coordinadora del área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organismo que representa a Claudia y a sus compañeras. Ella explica que elevar las denuncias de las mujeres a instancias internacionales o de derechos humanos porque el Estado no les responde es un tipo de justicia que se deriva del agotamiento de recursos. “Se busca cuando ya no hubo ninguna otra alternativa o cuando si bien seguían encaminados o seguían abiertos ciertos procesos ya se habían vencido los plazos razonables para que determinada investigación se llevara a cabo”, asegura la abogada.

Sobre la sentencia que emitió la CoIDH por su caso, Claudia asegura haberse sentido liberada aunque al paso del tiempo se dio cuenta de que la condena seguiría pendiente. “Dije: ‘Ya acabó, vamos a obtener justicia. Lo logramos, avanzamos, pero no. Es increíble ver la falta de coordinación administrativa e interinstitucional (del gobierno), la falta de compromiso por cumplir sus competencias y sus atribuciones”, expresa. “Ha sido difícil, pero tenemos la sentencia de la Corte que nos avala y aunque va a ser una lucha muy larga, no vamos a dejar de insistir hasta que se cumpla”.

En paralelo al proceso penal, en 2014 las mujeres de Atenco lanzaron una campaña llamada “Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la tortura sexual” que busca visibilizar esta práctica, promover la denuncia y generar solidaridad con otras sobrevivientes. Desde el punto de vista de Claudia, crear lazos como éste con otras sobrevivientes ayuda a los procesos de sanación de cada una y muchas veces el apoyo y acompañamiento que se gesta es clave para poder acceder a la justicia.

“Cuando a mí me pasó, tuve que enfrentar a mi familia y explicarles que había sido violada y que no había sido mi culpa. Te tienes que enfrentar a ellos, al Estado y demostrar que fuiste víctima de violación”, explica. “Quien me empujó a salir adelante fueron en un principio mis amigas y después ahí estuvieron los colectivos y las organizaciones, esperándonos con los brazos abiertos. Tener la compañía de esa gente que te hace entender que tú no eres culpable de nada te permite seguir luchando”.

Edith Escareño, psicóloga especializada en violencia de género y violaciones a derechos humanos, opina que este tipo acompañamientos se han convertido en otra alternativa a la justicia penal para las víctimas de violencia sexual. “El sistema, así como está, a las mujeres no nos están sirviendo. Por eso se crean estas otras formas de justicia que buscan resignificar sus experiencias con quien sí escucha y entiende y acompañar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Es apabullante porque cuando el sistema falla y no se castiga la violencia como tal, hay un contrapunteo de resistencia”, explica la experta. “La colectividad les ayuda a no vivir el proceso solas y a tomar fuerza para exigir que se respeten sus derechos”.

Para las 11 mujeres de Atenco, la justicia se alcanzará cuando el Estado sancione a todos los implicados en el operativo de 2006, cuando se concrete la creación de un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de la entonces Policía Federal (PF) —hoy Guardia Nacional— y cuando se garantice la no repetición de este tipo de crímenes. “No queremos que ninguna otra mujer pase por lo que nosotras pasamos porque te rompe la vida definitivamente y ninguna mujer tiene que ser violentada a tal extremo”, recalca Claudia.

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JUSTICIA INSTITUCIONAL Y DENUNCIA PÚBLICA

Amy Lira, de 29 años, lo tiene claro: “Ninguna mujer que haya sido víctima de violencia sexual tendría que vivir un proceso de denuncia tan revictimizante como el que se vive en México”. Y lo dice por experiencia propia.

En junio de 2016, la actriz y activista decidió denunciar penalmente por abuso sexual a un director de teatro y profesor mexicano que laboraba en distintas universidades del país. Amy relata que nunca imaginó que además de asimilar la agresión que vivió tendría que enfrentar la “ineptitud” y “la nula perspectiva de género” del sistema de justicia mexicano.

“Desde el momento en el que llegas (al Ministerio Público) te enfrentas a los juicios de todos los funcionarios que te atienden. Desde el MP, hasta los médicos legistas, los auxiliares, los peritos y hasta de los propios abogados”, relata Amy. “Las evaluaciones médicas son terribles y para realizarlas llegas a esperar horas. Redactan las denuncias como quieren, entonces además de estar reviviendo tu experiencia a cada momento, tienes que cerciorarte de que en realidad están escribiendo lo que tú estás diciendo”.

Amy se enfrentó a ese sistema durante tres años. Se presentaba en el MP constantemente para revisar la carpeta de su investigación, pero nada cambiaba. A veces le llegaban a su casa citatorios para acudir al MP aunque ya habían vencido y acudía ante las autoridades a reportar la situación, pero meses más tarde volvía a suceder. Eventualmente optó por no darle continuidad a la denuncia. “Decidí no seguir después de la última queja de inconformidad que metí en junio del 2019 por la revictimización que viví”, afirma.

No obstante, dejar de lado la vía penal no evitó que Amy continuara buscando justicia. Desde finales de 2017, comenzó a colaborar con Casa Mandarina, organización no gubernamental creada hace 21 años para erradicar la violencia sexual y con su ayuda realizó denuncias públicas e institucionales contra el profesor agresor, quien además acumulaba denuncias por parte de otras estudiantes y actrices. “Abarcamos todos los lugares en donde este señor estaba relacionado institucionalmente. Le habían ofrecido un puesto en Tlalnepantla (Estado de México) con el gobierno de ese entonces. Casa Mandarina presentó un escrito como denuncia institucional informando de la situación y ya no le dieron ese trabajo”, cuenta Amy.

“Lo denunciamos frente a la Sociedad General de Escritores de México (Sogem). Nos pusieron muchísimos peros, pero logramos que no le renovaran el contrato de arrendamiento del Teatro Coyoacán. Y pues enviamos la denuncia a las universidades en las que había trabajado pero ahí sólo nos comunicaron que ya no laboraba ahí”, añade. Paralelamente, la activista realizó una denuncia pública que propició que su agresor ya no hiciera producciones teatrales, pues siempre convocaba a personas jóvenes. “Yo lo que creo es que la denuncia penal ayudó a dar un sustento, absurdo, pero había una denuncia en trámite y eso presionó muchísimo a las instituciones porque siempre preguntaban si ésta existía”, detalla.

Amy también optó por acompañar a otras sobrevivientes de violencia sexual. En 2019 se convirtió en la directora de acompañamiento de Casa Mandarina, pues está convencida de que los procesos de sanación no deben transitarse en soledad y de que la vía penal no es la única opción para obtener justicia. “Nuestra recomendación siempre es denunciar para generar un antecedente (penal) y porque tiene mucho que ver con el recuperar la voz, pero no todas quieren eso y hay que respetarlo”, explica. “Hay alternativas como las denuncias institucionales, académicas o las denuncias públicas o masivas que circulan sobre todo en redes sociales”.

Movimientos como el #MeToo y #Yosítecreo que surgieron en 2017 y 2018 para denunciar agresiones y acosos sexuales son para Amy ejemplos de que la denuncia pública funciona. “Lo que pudimos observar es que hay muchísimas sobrevivientes que quieren denunciar a sus agresores y lo hacen buscando justicia social, pero también para generar una advertencia y un antecedente, pues en muchas ocasiones a través del sistema judicial eso no sucede y es importante prevenir a la sociedad de un delito que puede repetirse”, asegura.

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UN PANORAMA DIFUSO EN MÉXICO

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2018 a julio de 2021, en México se han denunciado 151.264 delitos en contra de la libertad y seguridad sexual.

La AP buscó en reiteradas ocasiones a la Fiscalía de Delitos Sexuales y a la Fiscalía Especializada de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (FEVIMTRA) solicitando su opinión sobre la alta incidencia de estos delitos, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, el gobierno ha admitido anteriormente que en denuncias de violencia sexual predomina la impunidad.

En su diagnóstico sobre la atención por violencia sexual de 2016, la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) señala que “existen niveles importantes de impunidad de los delitos de carácter sexual, resultado de diversas causas, entre las que se encuentran la cultura que culpabiliza a las víctimas (…) la desconfianza de las víctimas hacia los(as) operadores del sistema de justicia penal, la inacción de las autoridades ante las denuncias de carácter sexual, el maltrato de algunas autoridades a las víctimas y, otra vez, el desconocimiento de los(as) operadores(as) del sistema de justicia penal que, se limitan a la aplicación de una marco jurídico local —con frecuencia carente de enfoques psicosocial, de género, diferencial y especializado, así como de derechos humanos—”.

La ENVIPE de 2020 realizada por INEGI reveló que en 2019, la cifra de delitos no denunciados o denunciados que no derivaron en carpeta de investigación ascendió a 92.4% a nivel nacional. Considerando que, según la ENVIPE, en promedio sólo el 2% de los casos de violencia sexual se denuncian, es difícil saber exactamente cuántas mujeres han experimentado este tipo de agresiones, cuántas requieren apoyo y cuántas siguen en búsqueda de justicia, aunque ésta no sea penal.

Inés es firme: para todas las mujeres que viven situaciones de violencia sexual denunciar y no quedarse calladas es primordial. “Se necesita de mucha fuerza para exigir justicia pero hay que hacerlo, de la manera que sea. (Las sobrevivientes de violencia sexual) vivimos situaciones muy difíciles todos los días, por eso la justicia que busco no es sólo para mí, es para ellas, es para todas”.

Claudia, por su parte, cree que el proceso de cada sobreviviente es distinto y que las formas de sanar y obtener justicia también lo son. “Algunas están en procesos de sanación, otras de lucha y otras no quieren salir del cascarón y las entiendo. No están solas. Hablar de lo que pasó ayuda mucho porque demuestras que esto existe y que el Estado mexicano no está haciendo nada para solucionarlo”. Tras una breve pausa, Claudia respira y sonríe: “Nunca vuelves a ser la misma, pero te reconstruyes a partir de lo que tienes”.

Fuente: Los Angeles Times.

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El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas recomendó al gobierno de México prevenir, frenar y acabar con la impunidad de las desapariciones forzadas en el país.

La delegación de la ONU, encabezada por Carmen Rosa Villa-Quintana, se reunió ayer con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, para evaluar el fenómeno de las desapariciones y conocer políticas y estrategias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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En respuesta, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que “como lo ha señalado el Presidente, estamos abiertos al escrutinio internacional, y más en particular para enfrentar el enorme reto que tenemos para restaurar un Estado de derecho que nos permita garantizar el pleno respeto y la garantía a los derechos humanos”.

Calificó este hecho como “histórico” y dijo que en México “se está construyendo un nuevo paradigma en materia de las políticas públicas y responsabilidades del Estado para enfrentar la crisis humanitaria”. Indicó que el Comité visitará 12 entidades para celebrar reuniones con autoridades del Estado mexicano y organizaciones de la sociedad civil.

Encinas garantizó que el comité tendrá acceso a la información sobre los más de 94 mil casos de desaparición forzada que se han registrado hasta el momento en el país, y reconoció que la desaparición de personas “es la herencia más dolorosa que enfrenta la actual administración” del presidente López Obrador.

Sostuvo que el gobierno de México busca hacer el mayor de los esfuerzos, junto con las instituciones públicas en los distintos órdenes de gobierno y de todos los poderes de la unión, para superar esta situación, y detalló que la desaparición forzada tiene elementos de corte histórico asociados a la lucha política, la violencia del Estado y la lucha armada.

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Por eso, dijo, “deseo que esta visita sea provechosa, que tenga buenos resultados y que el éxito de su misión implicará el éxito de las políticas que estamos implementando. Estamos dispuestos a abrir las puertas de todo el gobierno federal para que puedan cumplir con su cometido”, sostuvo.

Explicó que este encuentro se había solicitado desde 2013, pero fue hasta la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que finalmente se pudo concretar.

Enfatizó que la visita constituye la más ambiciosa que un comité de la ONU haya realizado al país, no sólo por la complejidad del problema en materia de desapariciones forzadas, sino también por su exhaustividad.

Fuente: El Financiero.

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De poco sirve el combate a la corrupción, la persecución de criminales para reducir las enormes cifras de violencia que soporta México desde hace casi una década —casi 100 asesinatos al día— si la inmensa mayoría de los casos no se resuelven. Un amplio informe de México Evalúa, que revisa la información oficial sobre el trabajo de las fiscalías y jueces en 2020, arroja un dato estremecedor: un 94,8% de los delitos no ve una salida.

Ni una sentencia, pero tampoco un acuerdo entre las partes, ni reparación del daño, en muchos casos ni llegan a juicio y quedan varados en el archivo temporal. La cifra ha aumentado desde 2019, que ya manejaba un 92,4%. La impunidad crece con unas fiscalías asfixiadas por el número de carpetas y alimenta la seguridad de que matar, extorsionar, secuestrar o desaparecer en México sale prácticamente gratis.

La coordinadora del informe, Chrístel Rosales, explica que el principal problema que ha impedido resolver el lastre de la impunidad es que en los Ministerios Públicos no existe un protocolo de priorización de casos. El escaso presupuesto no se maneja de forma eficiente y se atiende la cascada de denuncias sin ningún orden. Según sus estudios, al menos un 30% de los delitos se podrían haber desahogado por la justicia alterna, pero no existe apenas ese filtro.

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“Le dan la misma prioridad a una desaparición u homicidio que a un robo menor”, explica. La falta de visión estratégica en política criminal, cuenta la investigadora, provoca que solo uno de cada dos casos reciba algún tipo de respuesta de la fiscalía, y de los que lo hacen, un 60% son archivados. “En algunos delitos como tortura o desaparición, la impunidad roza el 100%”, agrega.

El documento alerta sobre el colapso de los agentes investigadores. En promedio, los fiscales inician por persona 145 carpetas al año, pero hay casos como el de Nuevo León, donde esta cifra asciende a 456 investigaciones por fiscal; o Sonora, con 326. Y no solo los ministerios públicos se encuentran rebasados, también los peritos —el personal científico encargado de aportar elementos técnicos a la investigación—. A nivel federal, cada técnico atiende al menos 160 solicitudes de análisis pericial o estudios, pero a nivel local, más de 448.

Las cifras desvelan que por tanto, del total de dictámenes solicitados, los peritos atienden menos del 4%. “Esto provoca que los casos no llegan a ser judicializables, no solo por la carga de trabajo, sino por falta de elementos de prueba”, explica Rosales. Otra de las deficiencias del sistema es la falta de jueces. México cuenta con algo más de cuatro por cada 100.000 habitantes. En Colombia la cifra es mucho mayor, 12; y Costa Rica, el país latinoamericano con menor tasa de impunidad, 26.

La investigación revisa la implantación del nuevo modelo de justicia penal, que se instaló definitivamente en 2016 y que pasó de un modelo “inquisitorio” a uno acorde con los derechos humanos, donde se respeta la presunción de inocencia. Hasta ese año, México mantenía un esquema prácticamente medieval, donde la fiscalía tenía todos los instrumentos y no había un debate en el juicio. Antes, el inculpado tenía que probar que era inocente.

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“Lo que observamos después de cinco años es que se mantienen muchas malas prácticas del anterior sistema, que terminan por frenar el avance de los casos. No es un problema del diseño del sistema, sino de operación”, añade Rosales.

Un juez local contaba a este diario un ejemplo de ese tipo de viejas prácticas. En los juzgados ha corrido siempre la broma de que las policías están patrocinadas por la marca de cuchillos Tramontina, el cubierto más común en cualquier casa mexicana. “Solo hace falta un cuchillo para que un robo menor o un presunto narcomenudista entre en prisión preventiva y el ministerio público así gane tiempo para investigar el caso”, relataba. Después, en algunas ocasiones, el acusado logra demostrar que ese cuchillo no era suyo, no hay huellas, “me lo sembraron”. Y queda absuelto por otro juez. Hasta que un detenido llega a ese punto, puede pasar dos años en la cárcel.

El informe alerta de un aumento de la prisión preventiva de un 21% en el último año. Una herramienta que da 24 meses de margen a las fiscalías para engrosar las carpetas de investigación, pero que se buscaba evitar con el nuevo sistema penal pues las cárceles estaban llenas de gente inocente. El documento advierte además del abuso del procedimiento abreviado —un mecanismo mediante el cual un acusado se declara rápidamente culpable sin necesidad de juicio y a cambio obtiene una rebaja de su condena— que ha crecido en un 16%.

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“Esta herramienta da pie a la vieja práctica de la fabricación de culpables. Donde se busca que las personas se asuman responsables y reciban una sentencia aunque no hayan participado, con el objetivo de cerrar el caso y elegir lo menos peor”, añade Rosales.

Los derechos de los procesados tampoco están garantizados. Cada abogado público carga con 152 clientes de media, aunque hay entidades con datos más dramáticos, como Veracruz, donde la defensoría del Estado es casi una utopía. También, el informe registra que una de cada cuatro detenciones fueron ilegales. Y el análisis registra además una brecha entre el género de los acusados.

Las mujeres acusadas de cualquier delito tienen más posibilidades de ser sentenciadas a prisión preventiva (un 50%, frente a un 40% de los hombres). También, el informe ha detectado que se han impuesto penas más altas para ellas, pese a que la cantidad de reclusas es mucho menor que de reclusos. Del total de condenados que reciben penas de más de 21 años de prisión, dos terceras partes son mujeres.

“Se está aplicando una justicia más punitiva contra las mujeres y esto sin contar que desde el primer momento en que una mujer se enfrenta a la justicia, desde su detención, los derechos que le son garantizados son menores que los hombres: sufren más amenazas con hacer daño a un familiar, se les informa menos sobre sus derechos, son más presionadas para dar otra versión de los hechos y tienen menos posibilidades de contactar a un abogado público”,

cuenta Rosales. La información incluye la amplia encuesta que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística.

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Pese a las cifras nacionales, hay algunos Estados en el país que han mejorado sus datos en los últimos años: Zacatecas, Querétaro, Nuevo León y Coahuila, se han convertido en pioneros en la aplicación de protocolos que buscan reducir la impunidad. Pese a que algunos de ellos manejan las cifras de violencia más altas del país, sus instituciones se han fortalecido.

“Ahí están las pistas a seguir para el resto”, apunta Rosales. Y lanza un mensaje al Gobierno federal: “Mientras no veamos la realidad de lo que está sucediendo, difícilmente vamos a revertir esta situación. Más que proclamar el combate a la impunidad y corrupción, deberían fortalecer el sistema, buscar la congruencia. Pues parece que vemos un mundo muy distinto”.

Fuente: El País.

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