De los homicidios registrados, 13.270 correspondieron a hombres, 1.697 a mujeres y del resto no se especificó el género. 

Con ello, la tasa de homicidios de los hombres fue de 21 por cada 100.000, una disminución de 1 punto frente a igual lapso de 2022. 

MIENTRAS QUE EL ÍNDICE DE ASESINATOS DE MUJERES BAJÓ A 2,6 POR CADA 100.000, UNA CAÍDA DE 0,4 PUNTOS.

Los datos del Inegi se publican una semana después del reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno, que reportó un decremento de los homicidios dolosos del 4,18 % anual en 2023 hasta los 29.675.

Esto representa el cuarto año consecutivo de caída tras los dos años más violentos de la historia de México, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 homicidios en 2019 y 34.554 en 2020, según datos de la SSPC, que en 2021 reportó 33.308 y en 2022, 30.968.

Mientras que los datos del Gobierno provienen de las carpetas de investigación de las fiscalías, las estadísticas del Inegi surgen de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas de los estados, incluyendo oficialías del Registro Civil, servicios médicos forenses y agencias del Ministerio Público.

EL ÍNDICE DE ASESINATOS DEL INEGI DIVULGADO ESTE MARTES ES SEMESTRAL Y CORRESPONDE SOLO A LA PRIMERA MITAD DEL AÑO. 

Al considerar los datos de todo el año, la tasa de homicidios anual en México cayó a 25 por cada 100.000 habitantes en 2022, después tener un índice de 28 en 2021 y uno de 29 durante 2018, 2019 y 2020, su nivel más alto en la historia, según el Inegi, que contabilizó 33.287 asesinatos en 2022.

• La gran mayoría de los homicidios en México durante la primera mitad de 2023 ocurrieron con agresiones por armas de fuego (10.615).  Después le siguieron agresiones con objetos cortantes (1.365) y agresiones por ahorcamiento (1.014), de acuerdo con el Inegi.

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El Gobierno mexicano ha presentado este miércoles las últimas cifras de homicidios y ha destacado marzo como el mes más sangriento del año. Unas 3.632 personas han sido asesinadas, es decir, que casi 120 han sido masacradas al día mientras sucedían otros eventos: se protestaba por el Día Internacional de la Mujer, el presidente se enfrentaba a los parlamentarios europeos por los crímenes a periodistas, se observaba con horror la invasión rusa a Ucrania y se inauguraba un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México construido por militares. A esas cifras se suman también los más de 4.000 desaparecidos que hay registrados de enero hasta la fecha. Con esos datos en la mano, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado que pese al pico de este año, se trate del marzo menos sangriento del último lustro. Un puñado de cadáveres menos para el baile de las cifras de muerte. Pero la espiral violenta en la que está sumida México desde hace seis años continúa.

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Concretamente, este mes de marzo ha contabilizado 220 muertos menos que marzo del año pasado. También, 240 cadáveres más que el marzo de 2017, cuando López Obrador aún no había tomado posesión en el cargo —ganó las elecciones en 2018 e inició su mandato en diciembre de ese año—. Cuando una pandemia amenazaba al mundo, en marzo de 2020, y la gente comenzaba a encerrarse en sus casas y a preocuparse por la falta de capacidad de los hospitales, en México en esos 31 días se asesinó a 4.003 personas. Lo que destacan las estadísticas es que en este país no se ha dejado de matar de una forma feroz, independientemente de los meses. Que en México mueren asesinadas —según la media de este año— 112 personas al día.

El informe que ha presentado la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, este miércoles durante la conferencia mañanera del presidente, ha señalado que no en todos los rincones del país se mata por igual. Que solo seis Estados concentran el 50% de los homicidios: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Los habitantes de estas entidades suman más de 42 millones de personas. Es decir, que pese a que el Gobierno señala solo a unos cuantos Estados que viven bajo el yugo de la violencia, la realidad es que un tercio de la población mexicana vive en estas condiciones de terror.

No quiere decir el informe que el resto viva en paz. En México han sido asesinadas, desde 2019, 132.088 personas. Y han desaparecido en ese mismo periodo de tiempo 67.122 y todavía no se sabe dónde están. Como si en poco más de tres años se esfumara la mitad de la población del municipio de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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Las cifras de muerte no han dejado de crecer sin freno desde 2017, cuando la cantidad de homicidios superó a las peores épocas de la guerra contra el narco —la batalla del Ejército contra los cárteles de la droga y sus capos que emprendió Felipe Calderón en 2006, donde las masacres, ejecuciones extrajudiciales de los militares y los pueblos abandonados se convirtieron en las estampas que México enviaba al mundo—. Los gobernantes posteriores, tanto Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) como López Obrador, han comparado siempre sus estrategias de seguridad con las de entonces, pese a que nunca se ha matado tanto como después. Una sangría que continúa hasta la fecha.

López Obrador heredó una crisis de seguridad marcada por la pulverización de cárteles de la droga que resultó de la captura de los capos que inició Calderón y que continuó Peña Nieto. Las divisiones dentro de los grupos delictivos configuraron un nuevo mapa del crimen con cientos de células con capacidad de asesinar, extorsionar y extender sus guerras por todo el territorio. Pese a que todavía conviven dos grandes organizaciones criminales, el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, sus socios y aliados —además de otras decenas de narcos locales, escisiones de los más antiguos— se pelean ciudades y pueblos en cada rincón del país. Frente a este ecosistema violento, la estrategia del presidente ha consistido principalmente en aumentar la presencia militar, tanto del Ejército, como de la Marina en los puertos y el cuerpo de seguridad híbrido civil-militar que él diseñó a su llegada al poder, la Guardia Nacional. Y sobre todo, evitar enfrentamientos directos con el narco.

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Las escenas de la nueva guerra del narco de estos días consisten en pueblos tomados en Michoacán, fusilamientos contra rivales del narco, minas antipersona para evitar el recorrido de los militares, tanques de guerra paseando libremente por las calles, masacres de decenas de personas en una fiesta; en Zacatecas, un escenario similar, decenas de cadáveres amontonados a las puertas de la sede del Gobierno estatal y otras en pena calle, colgados de puentes, municipios que se han quedado sin policías por miedo a que los asesinen a ellos también; en Colima y Sonora, ciudades completas asediadas por los narcos en un intento de cercar a sus rivales. Entre Tamaulipas y Nuevo León, la carretera de la muerte, con decenas de viajeros desaparecidos; en el corredor de la Riviera Maya, de Cancún a Tulum, balaceras en resorts de lujo, turistas asesinados por una bala perdida. Y la lista de Estados afectados por la narcoviolencia se renueva cada semana.

Pese a los bailes de cifras y a los titulares que busca el Gobierno federal, la violencia en México no ha dado tregua. Con una impunidad que ronda el 95% para todos los delitos, la falta de justicia lanza un peligroso mensaje: si en abril se mata más o menos, dependerá de la voluntad del crimen, no de una lucha conjunta de todos los poderes para detenerlo.

Fuente: El País.

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El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que en México se vive una crisis forense y que actualmente hay 52 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes del país.

Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario presentó un informe sobre las acciones que ha realizado el Gobierno de México en materia de Derechos Humanos, en el que se reconoció que no solo se vive una crisis forense, sino humanitaria y de violación de derechos.

“Existe una crisis forense que ha llevado a que no existan las capacidades para garantizar la identificación de las personas y el regreso con sus familiares”,

confesó el subsecretario.

Bajo este contexto, señaló que actualmente hay más de 90 mil reportes de personas desaparecidas, por lo que se tiene la intención de construir un Centro Nacional de Identificación Humana para atenuar esta crisis forense.

“Se han construido tres centros de identificación humana, con un alto nivel en sus capacidades; y cinco centros de resguardo temporal”

informó.

Asimismo, Encinas dio a conocer que hasta el mes de noviembre de 2021, se han realizado 2 mil 200 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas en 28 estados y destacó la inversión de 6 mil 103 millones de pesos en las capacidades institucionales en materia de Derechos Humanos.

Violencia a mujeres y periodistas

Respecto a la infraestructura para atender la violencia hacia las mujeres, el subsecretario señaló un crecimiento significativo. “Se ha planteado la construcción de nuevos centros y en enero tendremos certeza de dónde serán construidos” puntualizó.

De 2019 a la fecha se han construido 26 Centros de Justicia para las Mujeres, con una inversión de 312 millones 713 mil 959 pesos, informó el subsecretario. Además, prometió enfrentar el matrimonio obligado en la Montaña de Guerrero.

Sobre la violencia a comunicadores dijo que hay más de 90% de impunidad en los homicidios de periodistas y defensores de Derechos Humanos. Además, informó que el 45% de las agresiones contra periodistas y/o defensores de Derechos Humanos proviene de autoridades municipales.

Fuente: El Financiero.

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El cártel de Jalisco, la banda del narco más fuerte en términos militares en México, ha comenzado a organizar a gente del pueblo para que actúen como escudos humanos contra los militares, que ahora solo tratan de mantener separados a los cárteles rivales.

“Si ellos entran otra vez, ponemos 2.000 personas aquí para pararlos”, dijo Habacuc Solórzano, un agricultor de 39 años que lidera el movimiento civil asociado con el cártel.

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Su declaración, como la mayor parte de lo que sale del lado de Jalisco, no es mera jactancia: ya tenía unos 500 vecinos marchando la semana pasada —luego vadeando un río— para enfrentarse a un escuadrón militar que bloquea un camino de terracería para salir del territorio de Jalisco.

Los habitantes de Aguililla están hartos de la estrategia del Ejército de simplemente separar al cártel de Jalisco de los Viagras, sus rivales que operan en el estado vecino de Michoacán. La política del Ejército permite que los Viagras, más conocidos por secuestrar y extorsionar, coloquen barricadas y retenes que han bloqueado todo el comercio con Aguililla. Los limones y el ganado que salen, o los suministros que llegan, deben pagar un impuesto de guerra a los Viagras.

“¡Preferimos que nos maten ustedes a que nos maten los criminales!”, gritó un manifestante a los soldados durante un tenso enfrentamiento de una hora entre personas que protestaban y una docena de soldados que se resguardaron detrás de una barricada de neumáticos de automóviles. Muchos de los manifestantes llevaban piedras y hondas, pero no las usaban.

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Los residentes quieren que el Ejército luche contra ambos cárteles o al menos deje que las dos organizaciones criminales se enfrenten.

“Que dejen que los cárteles se matan solos”, gritó otro manifestante. ”¡El cártel Jalisco va a topar con todos!”.

Esa opinión está muy extendida. “Lo que necesita este pueblo es que un cártel fuerte entre y tome el control e imponga algún semblanza de calma”, dijo un sacerdote local. “Hasta el momento, todo parece indicar que ese grupo es Jalisco”.

Sobre todo, lo que quieren los residentes es que se quiten los retenes de los Viagras y se vuelva a abrir la carretera. Debido a que ocasionalmente deben transitar por esos caminos cerrados, ninguno de los habitantes quiso dar su nombre por temor a represalias.

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Pero uno lo explicó así a los militares: “La única entrada nacional que tenemos hacia el pueblo de Aguililla está bloqueada y está controlada por un cártel, el cual está a escasos 500 metros de ustedes (el Ejército), y ustedes no están haciendo nada para que se cumpla nuestro derecho de libre tránsito”. Y agregó: “Ustedes no saben lo difícil que es para nosotros tener que estar costeando una guerra que viene a matarnos a nosotros”.

Esa es en realidad una descripción bastante precisa de la política gubernamental: preservar el status quo y hacer que cada cártel permanezca en su territorio.

Pero Jalisco no aceptará al gobierno como árbitro de las divisiones territoriales de los grupos de la droga; el líder local del cártel de Jalisco dice que el Ejército solo está tratando de proteger al más débil de las dos agrupaciones, los Viagras, por razones de corrupción.

Jalisco está en todas partes en Aguililla, desde camionetas y carros blindados caseros con las iniciales del cártel hasta los pequeños trampolines que la organización instaló para los niños en cada pueblo.

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Algunos residentes dicen que los presionan mucho para participar en las protestas, por temor a que les corten el agua o la electricidad si no lo hacen. Otros simplemente están cansados de pagar los impuestos de guerra de los Viagras y de estar aislados del mundo exterior. Una manifestante describió cómo murió su padre a principios de 2020 porque los Viagras no les permitieron llegar al hospital.

Decenas de sicarios del narco usan abiertamente chalecos antibalas estampados con las iniciales “CJNG” (Cártel Jalisco Nueva Generación) en la parte posterior, y en el frente, “FEM” (Fuerzas Especiales de Mencho), una referencia al apodo del líder, Nemesio Oseguera.

Jalisco es el único cártel en México que no oculta lo que es y no juega con la política de las relaciones públicas con la prensa o la moderación.

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“Nosotros somos narcos”, dijo el líder local de Jalisco, quien no dio su nombre. “Que cada quien se dedique a lo suyo”. Y agrega que el problema con los Viagras y otras bandas locales con las que están enfrentados es porque “ellos quieren todo para ellos”.

Jalisco mantiene su considerable ejército funcionando con una importante mezcla de dinero —el cártel tiene mucho proveniente del tráfico de fentanilo y metanfetamina que envía a Estados Unidos— y cocaína, que transporta por aire desde Costa Rica.

Mientras el jefe local se encuentra en un puesto de mando improvisado en la calle, se detiene una camioneta llena de hombres de Jalisco armados con fusiles de asalto AR15. El conductor dice: “Dice el escorpión que necesita mercadería”, y el jefe mete la mano en su propia camioneta y le entrega al copiloto una bolsa de plástico con lo que parece ser un kilogramo de cocaína, aparentemente para “las tropas”.

Fuente: Los Angeles Times.

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Según indicó la Secretaría de Seguridad Pública del estado en un comunicado, el suceso tuvo lugar en Ciudad Cuauhtémoc, 550 kilómetros a norte de Ciudad de México, en una carretera federal.

Además de los nueve colgados se localizó otro cadáver sobre el asfalto. Todos eran hombres.

El cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación son dos de las organizaciones criminales que se disputan el control de Zacatecas, una región donde la violencia ha crecido considerablemente este 2021 porque es clave en el tránsito de los tráficos ilegales, sobre todo del fentanilo, la droga más letal y lucrativa del momento.

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Según cifras del gobierno federal, en los nueve primeros meses de 2021 se registraron en México más de 25.000 asesinatos una cifra un 3,4% menor que en el mismo periodo del año previo pero que muestra que el nivel de violencia se mantiene más o menos en los mismos niveles desde el inicio de la actual administración en 2018.

Fuente: Los Angeles Times.

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En lo que va del presente año (enero-agosto) se han registrado 692 casos de feminicidios en el territorio nacional y hasta el octavo mes se detecta un incremento del 8% en comparación con el mismo periodo de 2020. Los estados con mayor número de casos de este delito son; Estado de México, Jalisco, Veracruz, la Ciudad de México, Chiapas, Nuevo León y Sonora.

La Organización Semáforo Delictivo que el delito de feminicidio rompió un récord histórico de 104 casos y 107 víctimas. “El feminicidio suele ser un caso extremo de violencia familiar, por lo que no es de extrañarse su incremento, ya que la violencia familiar ha subido en todo el país de manera significativa. Por ello, es fundamental la atención oportuna de la violencia en casa y la protección de la familia en caso de riesgo extremo”, expresó Santiago Roel, director de la organización.

Estados con aumento de feminicidios

• Jalisco 36%
• Veracruz 9.8%
• Chiapas 112%
• Chihuahua 52%
• Sinaloa 94%
• Sonora 107%
• Oaxaca 20%
• Guanajuato 116%
• Querétaro 375%
• Michoacán 30.7%

Estados con más feminicidios por cada 100 habitantes

• Morelos 1.1%
• Sinaloa 1.0% Chihuahua 0.85
• Oaxaca 0.75%
• Veracruz 0.65%
• Jalisco 0.6%
• Ciudad de México 0.6%
• Chiapas 0.6%
• Estado de México 0.5%
• Guanajuato 0.43%

Municipios con más feminicidios

•  San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
•  Tlajomulco, Jalisco
• Culiacán, Sinaloa
• Ciudad Juárez, Chihuahua
• Irapuato, Guanajuato

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Fuente: as.

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En Colombia y México, defender el medio ambiente se ha vuelto casi una sentencia de muerte: los dos países registran el número más alto de asesinatos de defensores ambientales en el mundo, con 65 y 30 homicidios en 2020, respectivamente, según un estudio publicado este lunes por Global Witness.

La organización señala además 2020 como el año más mortífero desde que lleva el recuento, con 227 asesinatos de líderes ambientales en todo el planeta, lo que significa, en promedio, 4 líderes muertos por semana, y superando el récord de 212 muertes violentas de 2019.

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La pandemia, en lugar de reducir los crímenes, hizo de los defensores un blanco más fácil al estar encerrados en sus casas. La organización alerta además de un aumento en el tipo de amenazas, con más arrestos, campañas de desprestigio y criminalización bajo una retórica antiterrorista.

América Latina, la más peligrosa pero combativa

América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para los defensores del medioambiente: 3 de cada 4 ataques registrados en el 2020 sucedieron en la región y 7 de los 10 países más afectados son latinoamericanos.

La alta incidencia sucede en parte porque los casos se pueden documentar con más facilidad, ya que “en otros continentes el acceso a la información es más limitado (…), no es que haya menos casos sino que muchos de ellos no llegan a fuentes públicas”, afirmó Laura Furones, activista de derechos humanos de Global Witness.

La fortaleza de la sociedad civil y de los movimientos indígenas que pervive con fuerza en América Latina, recalcó Furones, permite una “defensa fuerte de los recursos”, pero también conlleva “enfrentamientos y asesinatos por esta oposición pacífica”.

Después de Colombia y México, el tercer puesto mundial lo ocupa Filipinas (29), seguido en su mayoría por países latinoamericanos: Brasil con 20 asesinatos, Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12), Perú (6), India (4), Indonesia (3), Suráfrica (2) y Tailandia (2).

En la cola de la clasificación están Uganda, Irak, Argentina, Costa Rica, Arabia Saudí, Sri Lanka, Nepal, Canadá y Kiribati, con un defensor asesinado por país.

¿Por qué suceden?

Los altos niveles de violencia se suman a la impunidad para perseguir los crímenes. De hecho, esa sigue siendo la gran incógnita: ¿quién los asesina y por qué?

“El caso clásico de asesinato de personas defensoras es aquel en que la persona ejerce una oposición pacífica a un proyecto empresarial, de desarrollo, sea forestal, minero o de agroindustria; en esta labor de oposición pacífica se ven asesinados”,

afirmó Furones.

Los datos de la organización respaldan la tesis: el 30 % de los asesinatos ocurrieron en zonas con proyectos de tala de árboles, represas hidroeléctricas, infraestructura, minería o agroindustria a gran escala. Aún así, en 112 casos no se pudo establecer un vínculo claro.

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La tala y la deforestación fueron los sectores con más ataques, con 23 muertes entre Brasil, Nicaragua, Perú y Filipinas y con un aumento muy importante en México, con 9 casos.

Un tercio de todos los asesinatos fue de indígenas de Latinoamérica y Filipinas.

Grave situación en Brasil, México y Nicaragua

Además de ser el segundo país con más asesinatos, México vivió un aumento del 67 % de estos crímenes respecto a 2019, mientras que en Brasil la organización destaca cómo COVID-19 amenazó en “extinguir” a las comunidades indígenas, con una escasa protección por parte del Gobierno.

También Nicaragua llamó la atención este año –un país de apenas 6 millones de personas–, donde Global Witness registró 12 asesinatos en 2020 en comparación con 5 en 2019, lo que lo convierte en el país más peligroso per cápita.

Fuente: Forbes.

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En Sinaloa, la tierra donde gobierna el Cartel de Sinaloa, el 30 de junio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en un tono indolente y casi sarcástico, reiteró las supuestas bondades de su política de «abrazos no balazos” hacia los carteles de la droga en México. Mientras, éstos aumentan día a día su violencia dejando una estela de miles de víctimas en todo el país.

«Cuando dije abrazos no balazos hasta se burlaron, y todavía, pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano, enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia, es un desafío, es un reto, pero vamos a lograr salir adelante”,

dijo el Presidente en el territorio de Ismael «El Mayo” Zambada el jefe del Cártel de Sinaloa, dos días antes de la consulta popular a la que él mismo convocó para enjuiciar a ex presidentes por actos de contubernio u omisión, como ahora hace él.

«Para que se tenga una idea de cómo la estrategia nuestra es distinta. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede, no funciona y no es humano enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”,

añadió el mandatario con descarnada demagogia.

La realidad es que los programas sociales de AMLO para contrarrestar la pobreza, que según él son la causa de la inseguridad, han fracasado. Según la información dada en julio pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una institución del propio gobierno, aunque en 2020 aumentaron las dádivas gubernamentales- repartidas en un contexto de opacidad- éstas en concreto no compensan la disminución de ingresos de las familias ni evitaron el aumento de pobres en México a causa del COVID-19.

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Más allá de los programas sociales, en la estrategia de la política de «abrazos no balazos” está incluida la negociación con los carteles de la droga de la llamada pax mafiosa o paz narca, como se reveló en esta columna en el mes de junio pasado.

A la par que el gobierno hace esas negociaciones, el partido político de AMLO, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), gobierna en más territorios dominados por el narco.

Mientras el Presidente dice en el discurso que «el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, los carteles de la droga en México se frotan las manos ante la política de «abrazos” que les permite incursionar en  un nuevo y muy jugoso negocio: el aumento de producción del fentanilo para su consumo en México.

El fentanilo y similares es el peligroso opioide sintético que aumenta la adicción y ha provocado en Estados Unidos una epidemia que ha causado en los últimos tres años decenas de miles de muertos por sobredosis. Tan solo 2019 causó la muerte de más de 36 mil personas.

De acuerdo con información obtenida por fuentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y México, está aumentando la venta local de esta droga sintética.

Si el gobierno de AMLO continúa con su política de total tolerancia hacia los carteles de la droga, en el mediano plazo México, además de la crisis de violencia e impunidad, podría enfrentar una epidemia como la de EU.

La crisis que viene

El Departamento de Estado de EU ha comenzado a detectar con alarma el aumento de la producción y consumo del opioide sintético en México.

De acuerdo con información obtenida de fuentes del Departamento de Estado de EU y confirmada directamente por informantes de la Guardia Nacional de México, el aumento de producción de esta droga sintética y su bajo costo de elaboración, han hecho que los carteles ya no solo dediquen el fentanilo y similares al consumo foráneo, sino que han comenzado a distribuirlo en México mezclándolo con todo tipo de drogas.

La información obtenida asegura que en México se vende mariguana, heroína, cocaína y metanfetaminas, mezclada con opioides sintéticos, en la gran mayoría de casos sin conocimiento del consumidor.

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Aunque las áreas de inteligencia y combate al narcotráfico en México tienen también esta información, hasta ahora el gobierno de AMLO no ha implementado alguna acción preventiva o advertencia a la sociedad mexicana.

Si ni siquiera existen campañas nacionales masivas contra el consumo de drogas en general, menos existen sobre el riesgo que conlleva consumir cualquier tipo de droga mezclada con fentanilo u otro opioide sintético.

El riesgo para la población aumenta luego de que en junio pasado la Suprema Corte de Justicia dio los últimos pasos para la legalización de la siembra, recolección, transportación y distribución de la mariguana para uso lúdico personal. Muchos ven a la marihuana como una droga blanda ‘inofensiva’, pero desconocen que ahora en el mercado para consumo nacional, los carteles están mezclando ésta con opioides sintéticos. Los usuarios no sólo pueden volverse más adictos, sino que corren el riesgo de morir.

Los carteles de la droga mexicanos utilizan el fentanilo y similares porque hacen su negocio criminal más redituable. Al mezclarlo con una droga matriz puede compensar la falta de calidad y pureza, la hace más potente. Genera mayor adicción en el usuario, y como su producción es menos costosa, aumenta las ganancias económicas al multiplicar su volumen.

La más mínima variación en el gramaje de fentanilo y similares al momento de mezclarlo con otra droga puede causar depresión respiratoria y un paro cardíaco fulminante.

El diagnóstico

Aunque el gobierno federal encabezado por AMLO ha frenado todos los acuerdos de cooperación en materia antidrogas con el gobierno de Estados Unidos, particularmente el Plan Mérida, ese país aún mantiene cooperación con gobiernos estatales en materia de capacitación a sus diversos cuerpos de seguridad.

Esto les ha permitido detectar el aumento del fentanilo en el mercado de consumo nacional y la falta de entrenamiento por parte de las autoridades para hacer los operativos de decomiso y destrucción, y para salvar la vida de las personas intoxicadas o recuperar los cuerpos de las personas muertas por sobredosis de este químico.

Si bien desde 2018 comenzó a haber indicios en México del consumo doméstico de fentanilo en la frontera norte, ahora, gracias al intercambio de información con autoridades locales, el gobierno de EU tiene detectado la existencia de laboratorios clandestinos de producción y consumo local en: Sonora, Sinaloa, Querétaro, Puebla, Morelos, Nuevo León, Baja California Sur y Chihuahua, y que diversas drogas mezcladas con fentanilo están circulando ya en el mercado nacional.

Tuve acceso a uno de los documentos que forman parte del entrenamiento que distintas fuerzas del orden de EU están dando a las policías locales.

En dicha presentación se advierte que «Grupos delictivos han encontrado un mercado nuevo en la producción de fentanilo con ganancias que superan a la venta de drogas tradicionales como cocaína, metanfetamina, marihuana o heroína”.

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Se afirma que el fentanilo y similares es indetectable para los consumidores de drogas tradicionales. Para las propias autoridades también, porque no tiene ningún olor o característica particular que permita identificarlo.

«Es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína”,

se afirma en el documento.

El efecto en el consumidor es demoledor: «El fentanilo se une a los receptores del cerebro que controlan las emociones y el dolor (superdepresivo/ superadictivo). Produce un estado de euforia y relajación y los efectos pueden incluir: nausea, vomito, confusión, somnolencia y depresión”.

Se afirma que el uso del fentanilo por parte de los carteles de la droga es doblemente más peligroso que otras drogas porque «la dosis letal de fentanilo es de 2 miligramos para un adulto de 100 kilogramos”.

Las propias características del fentanilo y similares hacen que los operativos del  gobierno para desmantelar los laboratorios clandestinos en donde se produce, sean más peligrosos. Y se afirma que en México ya ha habido casos de oficiales intoxicados, e incluso que han muerto al estar en contacto con la sustancia, por no tener las precauciones debidas.

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Se recomienda que en cada operativo se actúe como si hubiera presencia de fentanilo para evitar poner en riesgo la vida de los oficiales. Advierten del tipo de equipo especializado que debe ser usado para evitar poner en riesgo la vida de los oficiales, el cual otrora era proporcionado a través del Plan Mérida.

En el documento del Departamento de Justicia de EU se afirma que en diciembre 2018 en la Ciudad de México se decomisó un taller donde fabricaron tabletas de fentanilo M-30 con una maquina industrial con la capacidad de producción de miles de tabletas  por hora. Era solo el inicio.

En 2019 se encontró otro laboratorio en Monterrey, Nuevo León. En la Ciudad de México se encontró en un vehículo 32 kilos de Clorhidrato de Monohidrato, precursor para producir el fentanilo.

Y en el documento al que se tuvo acceso se muestran diversas fotografías de diferentes decomisos de opiáceos sintéticos realizados por la recién creada Guardia Nacional de AMLO, incluso en 2020.

La producción y comercialización aumentó aún más con la crisis del COVID-19.

Entre más abrazos, más negocios

Durante su gira a finales de julio en Sinaloa, AMLO aseguró que en México la producción de cultivos de amapola y mariguana está disminuyendo drásticamente y que el fentanilo no se produce en México sino que viene de otros países. Pero la realidad aplasta la demagogia.

Hace apenas unas semanas, la Oficina Contra la Droga y el Delito de la ONU informó que México es actualmente es el tercer país con mayor superficie de cultivo del mundo, dedicada a la producción de la amapola, de la cual se extrae el opio.

Aseguró que, junto con Afganistán y Myanmar, México controla el 96 por ciento de la producción de todo el planeta.

Y el documento del Departamento de Estado de USA al que tuve acceso muestra que aunque en 2017 México comenzó a restringir la importación de «fenetil”, en 2020 han llegado al país otros precursores como: 4-Anilinopiperidina (4-AP), anhídrido propiónico y cloruro de propionilo, entre otros. Estos son nuevos pre-precursores de fentanilo que permiten que este sí produzca en territorio nacional tanto para consumo interno como externo.

Durante los últimos 20 años está probado en México que la fórmula de complicidad, permisividad y complacencia por parte del gobierno hacia los carteles de la droga, no más dóciles, sino los hace más violentos. No genera menos muertos ni desaparecidos.

Lo único que causan los «abrazos” de AMLO en las organizaciones criminales es la multiplicación de sus negocios y sus víctimas.

Fuente: Deutsche Welle.

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Ayer domingo fue el tercer día más violento de la administración de Andrés Manuel López Obrador, con 115 homicidios registrados en el país, 4 por hora en promedio.

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Otra muestra de la violencia en el país se refleja en el número de carpetas de investigación que se abrieron por homicidios, secuestros y extorsiones en los primeros 30 meses del gobierno del mandatario federal, casi el doble que con Felipe Calderón en asesinatos específicamente.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2018 a mayo de 2021 se abrieron 110,782 expedientes por homicidios, tanto culposos como dolosos.

La cifra contrasta con los 83,836 expedientes registrados en los primeros 30 meses de la administración del priista Enrique Peña Nieto (diciembre de 2012 a mayo de 2015), y con los 68,135, con el panista Felipe Calderón, quien emprendió una “lucha” contra el narcotráfico.

En cuanto a secuestros, en la administración de López Obrador se registraron 2,561 expedientes; mientras, con Peña Nieto hubo 3,666 carpetas de investigación por este delito, y con el panista Felipe Calderón, 1,905. Esto significa que en el actual gobierno se abrieron 25.6% más

Sobre extorsiones, con el morenista hubo 20,632 carpetas, que pueden incluir a más de una víctimas por expediente; con el priista Peña Nieto, 17,158, y con Calderón, 10,868 expedientes. Es decir, con el actual mandatario hubo 47% más expedientes por este delito que con el panista.

A partir de 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública modificó la metodología para contabilizar crímenes en México, y una diferencia fue que se separó de los homicidios dolosos aquellos asesinatos de mujeres por razón de género, los cuales fueron registrados en feminicidios.

Con 115 homicidios, ayer fue el sexto día más violento en el país; del total, 16 registros fueron en Guanajuato, 12 en Michoacán, 11 en el Estado de México, 11 en Baja California, otros 11 en Morelos y 10 en Puebla.

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Los días más violentos en la administración de López Obrador han sido el 1 de diciembre de 2019, con 127 homicidios; 7 de junio de 2020, 117 muertes; ayer 4 de julio de 2021, con 115 asesinatos; el 20 de abril de 2020, con 114, y el 11 de octubre, también con 114 muertes.

Fuente: Forbes.

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La violencia en México vivió el pasado fin de semana uno de sus capítulos con más homicidios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

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115 personas fueron asesinadas en todo el país el 4 de julio, de acuerdo con datos dados a conocer por la dependencia. Solo 8 de los 32 estados no registraron homicidios.

Guanajuato, con 16 crímenes de este tipo, encabezó la estadística, seguido de Michoacán (12), y Baja California, Estado de México y Morelos (11).

La cifra del domingo se ubicó como la segunda más alta en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador pues repitió lo visto el 25 de abril de este año, cuando las dependencias federales y fiscalías estatales también contabilizaron 115 homicidios.

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El día con más asesinatos en lo que va de la presente administración fue el 7 de junio de 2020, con 117.

Fuente: El Financiero.

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