De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la noche del miércoles, esta aprehensión ocurrió en tan solo seis horas después del hecho.

La dependencia señaló que tras recibir un llamado de apoyo de la Policía Municipal sobre el hallazgo de un cuerpo al interior de una camioneta Toyota, tipo Avanza; de inmediato, personal de la UIIP acudió al lugar.

Aparentemente la víctima circulaba a bordo de su camioneta cuando fue interceptado por motociclistas, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el homicidio, se efectuaron las indagatorias pertinentes con familiares de la víctima y se recabaron los datos que posibilitaron la detención de tres hombres y una mujer. Cabe señalar que en el lugar de los hechos se localizaron 11 casquillos percutidos calibre .223 milímetros.

Es importante informar que datos preliminares señalan que la principal línea de investigación, se relaciona con la invasión del terreno propiedad de la víctima, ya que esta persona no tenía actividad política, ni laboral.

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El Gobierno mexicano ha presentado este miércoles las últimas cifras de homicidios y ha destacado marzo como el mes más sangriento del año. Unas 3.632 personas han sido asesinadas, es decir, que casi 120 han sido masacradas al día mientras sucedían otros eventos: se protestaba por el Día Internacional de la Mujer, el presidente se enfrentaba a los parlamentarios europeos por los crímenes a periodistas, se observaba con horror la invasión rusa a Ucrania y se inauguraba un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México construido por militares. A esas cifras se suman también los más de 4.000 desaparecidos que hay registrados de enero hasta la fecha. Con esos datos en la mano, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado que pese al pico de este año, se trate del marzo menos sangriento del último lustro. Un puñado de cadáveres menos para el baile de las cifras de muerte. Pero la espiral violenta en la que está sumida México desde hace seis años continúa.

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Concretamente, este mes de marzo ha contabilizado 220 muertos menos que marzo del año pasado. También, 240 cadáveres más que el marzo de 2017, cuando López Obrador aún no había tomado posesión en el cargo —ganó las elecciones en 2018 e inició su mandato en diciembre de ese año—. Cuando una pandemia amenazaba al mundo, en marzo de 2020, y la gente comenzaba a encerrarse en sus casas y a preocuparse por la falta de capacidad de los hospitales, en México en esos 31 días se asesinó a 4.003 personas. Lo que destacan las estadísticas es que en este país no se ha dejado de matar de una forma feroz, independientemente de los meses. Que en México mueren asesinadas —según la media de este año— 112 personas al día.

El informe que ha presentado la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, este miércoles durante la conferencia mañanera del presidente, ha señalado que no en todos los rincones del país se mata por igual. Que solo seis Estados concentran el 50% de los homicidios: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Los habitantes de estas entidades suman más de 42 millones de personas. Es decir, que pese a que el Gobierno señala solo a unos cuantos Estados que viven bajo el yugo de la violencia, la realidad es que un tercio de la población mexicana vive en estas condiciones de terror.

No quiere decir el informe que el resto viva en paz. En México han sido asesinadas, desde 2019, 132.088 personas. Y han desaparecido en ese mismo periodo de tiempo 67.122 y todavía no se sabe dónde están. Como si en poco más de tres años se esfumara la mitad de la población del municipio de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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Las cifras de muerte no han dejado de crecer sin freno desde 2017, cuando la cantidad de homicidios superó a las peores épocas de la guerra contra el narco —la batalla del Ejército contra los cárteles de la droga y sus capos que emprendió Felipe Calderón en 2006, donde las masacres, ejecuciones extrajudiciales de los militares y los pueblos abandonados se convirtieron en las estampas que México enviaba al mundo—. Los gobernantes posteriores, tanto Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) como López Obrador, han comparado siempre sus estrategias de seguridad con las de entonces, pese a que nunca se ha matado tanto como después. Una sangría que continúa hasta la fecha.

López Obrador heredó una crisis de seguridad marcada por la pulverización de cárteles de la droga que resultó de la captura de los capos que inició Calderón y que continuó Peña Nieto. Las divisiones dentro de los grupos delictivos configuraron un nuevo mapa del crimen con cientos de células con capacidad de asesinar, extorsionar y extender sus guerras por todo el territorio. Pese a que todavía conviven dos grandes organizaciones criminales, el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, sus socios y aliados —además de otras decenas de narcos locales, escisiones de los más antiguos— se pelean ciudades y pueblos en cada rincón del país. Frente a este ecosistema violento, la estrategia del presidente ha consistido principalmente en aumentar la presencia militar, tanto del Ejército, como de la Marina en los puertos y el cuerpo de seguridad híbrido civil-militar que él diseñó a su llegada al poder, la Guardia Nacional. Y sobre todo, evitar enfrentamientos directos con el narco.

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Las escenas de la nueva guerra del narco de estos días consisten en pueblos tomados en Michoacán, fusilamientos contra rivales del narco, minas antipersona para evitar el recorrido de los militares, tanques de guerra paseando libremente por las calles, masacres de decenas de personas en una fiesta; en Zacatecas, un escenario similar, decenas de cadáveres amontonados a las puertas de la sede del Gobierno estatal y otras en pena calle, colgados de puentes, municipios que se han quedado sin policías por miedo a que los asesinen a ellos también; en Colima y Sonora, ciudades completas asediadas por los narcos en un intento de cercar a sus rivales. Entre Tamaulipas y Nuevo León, la carretera de la muerte, con decenas de viajeros desaparecidos; en el corredor de la Riviera Maya, de Cancún a Tulum, balaceras en resorts de lujo, turistas asesinados por una bala perdida. Y la lista de Estados afectados por la narcoviolencia se renueva cada semana.

Pese a los bailes de cifras y a los titulares que busca el Gobierno federal, la violencia en México no ha dado tregua. Con una impunidad que ronda el 95% para todos los delitos, la falta de justicia lanza un peligroso mensaje: si en abril se mata más o menos, dependerá de la voluntad del crimen, no de una lucha conjunta de todos los poderes para detenerlo.

Fuente: El País.

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Según indicó la Secretaría de Seguridad Pública del estado en un comunicado, el suceso tuvo lugar en Ciudad Cuauhtémoc, 550 kilómetros a norte de Ciudad de México, en una carretera federal.

Además de los nueve colgados se localizó otro cadáver sobre el asfalto. Todos eran hombres.

El cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación son dos de las organizaciones criminales que se disputan el control de Zacatecas, una región donde la violencia ha crecido considerablemente este 2021 porque es clave en el tránsito de los tráficos ilegales, sobre todo del fentanilo, la droga más letal y lucrativa del momento.

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Según cifras del gobierno federal, en los nueve primeros meses de 2021 se registraron en México más de 25.000 asesinatos una cifra un 3,4% menor que en el mismo periodo del año previo pero que muestra que el nivel de violencia se mantiene más o menos en los mismos niveles desde el inicio de la actual administración en 2018.

Fuente: Los Angeles Times.

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En lo que va del presente año (enero-agosto) se han registrado 692 casos de feminicidios en el territorio nacional y hasta el octavo mes se detecta un incremento del 8% en comparación con el mismo periodo de 2020. Los estados con mayor número de casos de este delito son; Estado de México, Jalisco, Veracruz, la Ciudad de México, Chiapas, Nuevo León y Sonora.

La Organización Semáforo Delictivo que el delito de feminicidio rompió un récord histórico de 104 casos y 107 víctimas. “El feminicidio suele ser un caso extremo de violencia familiar, por lo que no es de extrañarse su incremento, ya que la violencia familiar ha subido en todo el país de manera significativa. Por ello, es fundamental la atención oportuna de la violencia en casa y la protección de la familia en caso de riesgo extremo”, expresó Santiago Roel, director de la organización.

Estados con aumento de feminicidios

• Jalisco 36%
• Veracruz 9.8%
• Chiapas 112%
• Chihuahua 52%
• Sinaloa 94%
• Sonora 107%
• Oaxaca 20%
• Guanajuato 116%
• Querétaro 375%
• Michoacán 30.7%

Estados con más feminicidios por cada 100 habitantes

• Morelos 1.1%
• Sinaloa 1.0% Chihuahua 0.85
• Oaxaca 0.75%
• Veracruz 0.65%
• Jalisco 0.6%
• Ciudad de México 0.6%
• Chiapas 0.6%
• Estado de México 0.5%
• Guanajuato 0.43%

Municipios con más feminicidios

•  San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
•  Tlajomulco, Jalisco
• Culiacán, Sinaloa
• Ciudad Juárez, Chihuahua
• Irapuato, Guanajuato

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Fuente: as.

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En Colombia y México, defender el medio ambiente se ha vuelto casi una sentencia de muerte: los dos países registran el número más alto de asesinatos de defensores ambientales en el mundo, con 65 y 30 homicidios en 2020, respectivamente, según un estudio publicado este lunes por Global Witness.

La organización señala además 2020 como el año más mortífero desde que lleva el recuento, con 227 asesinatos de líderes ambientales en todo el planeta, lo que significa, en promedio, 4 líderes muertos por semana, y superando el récord de 212 muertes violentas de 2019.

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La pandemia, en lugar de reducir los crímenes, hizo de los defensores un blanco más fácil al estar encerrados en sus casas. La organización alerta además de un aumento en el tipo de amenazas, con más arrestos, campañas de desprestigio y criminalización bajo una retórica antiterrorista.

América Latina, la más peligrosa pero combativa

América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para los defensores del medioambiente: 3 de cada 4 ataques registrados en el 2020 sucedieron en la región y 7 de los 10 países más afectados son latinoamericanos.

La alta incidencia sucede en parte porque los casos se pueden documentar con más facilidad, ya que “en otros continentes el acceso a la información es más limitado (…), no es que haya menos casos sino que muchos de ellos no llegan a fuentes públicas”, afirmó Laura Furones, activista de derechos humanos de Global Witness.

La fortaleza de la sociedad civil y de los movimientos indígenas que pervive con fuerza en América Latina, recalcó Furones, permite una “defensa fuerte de los recursos”, pero también conlleva “enfrentamientos y asesinatos por esta oposición pacífica”.

Después de Colombia y México, el tercer puesto mundial lo ocupa Filipinas (29), seguido en su mayoría por países latinoamericanos: Brasil con 20 asesinatos, Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12), Perú (6), India (4), Indonesia (3), Suráfrica (2) y Tailandia (2).

En la cola de la clasificación están Uganda, Irak, Argentina, Costa Rica, Arabia Saudí, Sri Lanka, Nepal, Canadá y Kiribati, con un defensor asesinado por país.

¿Por qué suceden?

Los altos niveles de violencia se suman a la impunidad para perseguir los crímenes. De hecho, esa sigue siendo la gran incógnita: ¿quién los asesina y por qué?

“El caso clásico de asesinato de personas defensoras es aquel en que la persona ejerce una oposición pacífica a un proyecto empresarial, de desarrollo, sea forestal, minero o de agroindustria; en esta labor de oposición pacífica se ven asesinados”,

afirmó Furones.

Los datos de la organización respaldan la tesis: el 30 % de los asesinatos ocurrieron en zonas con proyectos de tala de árboles, represas hidroeléctricas, infraestructura, minería o agroindustria a gran escala. Aún así, en 112 casos no se pudo establecer un vínculo claro.

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La tala y la deforestación fueron los sectores con más ataques, con 23 muertes entre Brasil, Nicaragua, Perú y Filipinas y con un aumento muy importante en México, con 9 casos.

Un tercio de todos los asesinatos fue de indígenas de Latinoamérica y Filipinas.

Grave situación en Brasil, México y Nicaragua

Además de ser el segundo país con más asesinatos, México vivió un aumento del 67 % de estos crímenes respecto a 2019, mientras que en Brasil la organización destaca cómo COVID-19 amenazó en “extinguir” a las comunidades indígenas, con una escasa protección por parte del Gobierno.

También Nicaragua llamó la atención este año –un país de apenas 6 millones de personas–, donde Global Witness registró 12 asesinatos en 2020 en comparación con 5 en 2019, lo que lo convierte en el país más peligroso per cápita.

Fuente: Forbes.

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Ayer domingo fue el tercer día más violento de la administración de Andrés Manuel López Obrador, con 115 homicidios registrados en el país, 4 por hora en promedio.

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Otra muestra de la violencia en el país se refleja en el número de carpetas de investigación que se abrieron por homicidios, secuestros y extorsiones en los primeros 30 meses del gobierno del mandatario federal, casi el doble que con Felipe Calderón en asesinatos específicamente.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2018 a mayo de 2021 se abrieron 110,782 expedientes por homicidios, tanto culposos como dolosos.

La cifra contrasta con los 83,836 expedientes registrados en los primeros 30 meses de la administración del priista Enrique Peña Nieto (diciembre de 2012 a mayo de 2015), y con los 68,135, con el panista Felipe Calderón, quien emprendió una “lucha” contra el narcotráfico.

En cuanto a secuestros, en la administración de López Obrador se registraron 2,561 expedientes; mientras, con Peña Nieto hubo 3,666 carpetas de investigación por este delito, y con el panista Felipe Calderón, 1,905. Esto significa que en el actual gobierno se abrieron 25.6% más

Sobre extorsiones, con el morenista hubo 20,632 carpetas, que pueden incluir a más de una víctimas por expediente; con el priista Peña Nieto, 17,158, y con Calderón, 10,868 expedientes. Es decir, con el actual mandatario hubo 47% más expedientes por este delito que con el panista.

A partir de 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública modificó la metodología para contabilizar crímenes en México, y una diferencia fue que se separó de los homicidios dolosos aquellos asesinatos de mujeres por razón de género, los cuales fueron registrados en feminicidios.

Con 115 homicidios, ayer fue el sexto día más violento en el país; del total, 16 registros fueron en Guanajuato, 12 en Michoacán, 11 en el Estado de México, 11 en Baja California, otros 11 en Morelos y 10 en Puebla.

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Los días más violentos en la administración de López Obrador han sido el 1 de diciembre de 2019, con 127 homicidios; 7 de junio de 2020, 117 muertes; ayer 4 de julio de 2021, con 115 asesinatos; el 20 de abril de 2020, con 114, y el 11 de octubre, también con 114 muertes.

Fuente: Forbes.

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